STC10032-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10032-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01959-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 12 de octubre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Justino Saavedra Perdomo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, los Juzgados Primero Laboral del Circuito y Segundo Laboral del Circuito, ambos de esa ciudad y Ecopetrol S.A., tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2011-00542. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, el quejoso reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y \u00abseguridad social por no aplicaci\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales sobre intereses moratorios por la mora en el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci[\u00f3]n proporcional y la no liquidaci\u00f3n correcta de la misma\u00bb, supuestamente vulneradas por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3, en s\u00edntesis que, instaur\u00f3 ordinario laboral contra Ecopetrol S.A., en procura del reconocimiento y pago de la \u00abPENSI\u00d3N [especial] DE JUBILACI\u00d3N PROPORCIONAL a partir del 5 de junio de 2008\u00bb, los intereses moratorios y dem\u00e1s acreencias laborales y prestacionales; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al estrado Primero Laboral de Descongesti\u00f3n de Neiva, quien neg\u00f3 los pedimentos, determinaci\u00f3n confirmada por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, como colegiado de descongesti\u00f3n del hom\u00f3logo de Neiva. <\/p>\n
Expuso que, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4: (i) cas\u00f3 la resoluci\u00f3n del ad quem mediante el fallo SL942-2020 y (ii) profiri\u00f3 en sede de instancia la sentencia SL4939-2020, a trav\u00e9s de la cual accedi\u00f3 a las peticiones y absolvi\u00f3 del pago de los intereses por mora a la compa\u00f1\u00eda convocada en el litigio. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en virtud de su solicitud de adici\u00f3n que alleg\u00f3 con fundamento en que \u00abfrente a varias de las pretensiones de la demanda (\u2026) no hubo pronunciamiento alguno\u00bb, se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n complementaria SL2319-2021. <\/p>\n
Sin embargo, adujo que: (i) la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n es \u00abincorrecta\u00bb, puesto que a la misma \u00ab[n]o se [le] puede descontar [el] factor prestacional\u00bb equivalente al 30% del salario y (ii) \u00abes equitativo y justo que le reconozcan (\u2026) intereses moratorios por la [tardanza] en el pago de la (\u2026) de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, se profiera nuevo fallo ordenando: (i) no efectuar la referida deducci\u00f3n de sus mesadas y (ii) el pago de los mencionados intereses. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva realiz\u00f3 un recuento de los hechos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que el actor no puede \u00abpretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el pretensor reiterando los argumentos y peticiones aducidos en el escrito inicial, adem\u00e1s a\u00f1adi\u00f3 que: (i) \u00ab[s]e incurre en v\u00edas de hecho cuando se desconoce[n] los precedentes jurisprudenciales expuestos en las sentencias C-601 de 2000, SU-065 de 2018, SL-1681-2020, SL-3130-2020, entre otras, sobre el pago de intereses moratorios por la [tardanza] en el [reconocimiento] de todo tipo de pensi\u00f3n\u00bb y (ii) \u00abel art\u00edculo 18 de la ley 100 de 1993 establece que el pago de las cotizaciones se calcular\u00e1 sobre el 70% del salario; pero no en los reg\u00edmenes exceptuados como el existente en Ecopetrol\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (SL942-2020, SL4939-2020 y SL2319-2021, rad. 68883), al: (i) no acceder a su solicitud de reconocer los intereses moratorios por la supuesta demora en el pago de su pensi\u00f3n y (ii) descontarse de la liquidaci\u00f3n de sus mesadas, el 30% del valor del salario devengado, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la primera determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual se resolvi\u00f3 la casaci\u00f3n formulada por el promotor contra el fallo proferido por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali \u2013 en funciones para el Tribunal Superior de Neiva\u2013, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Inicialmente, la Corporaci\u00f3n fustigada estudi\u00f3 el cargo \u00fanico formulado por el censor, encaminado por la v\u00eda directa, \u00abPOR APLICACI\u00d3N INDEBIDA del art\u00edculo 1\u00ba, 9\u00ba, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 65, 67, 68, 69 y 70 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; Arts. 13, 25, 53, 58, 93, 228, 229, 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; Art. 279 de la ley 100 de 1993, Arts. 20, 48, 54, 60, 61, 78, 82, 83 y 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Arts. 4\u00ba, 6\u00ba, 60, 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 8\u00ba de la ley 153 de 1887\u00bb, en virtud de lo cual cas\u00f3 la sentencia del tribunal ad quem (SL942-2020), en tanto coligi\u00f3 que \u00ab[e]n el caso bajo estudio, el recurrente ingres\u00f3 a Ecopetrol S.A. el 18 de noviembre de 1994, debido al vencimiento de la Concesi\u00f3n Neiva 540, por lo que, al ser dicha fecha posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y ser la causa de su ingreso, el vencimiento de un contrato de concesi\u00f3n, se cumplieron los supuestos de hecho que el art\u00edculo 279 de la Ley 100 de 1993 prescribe para beneficiarse del r\u00e9gimen de seguridad social de la empresa demandada. (\u2026) La norma citada brinda a los trabajadores la oportunidad de beneficiarse de un r\u00e9gimen de seguridad social m\u00e1s favorable, contemplado en el Acuerdo 01 de 1977, mediante la celebraci\u00f3n de un [arreglo] que conduzca a la compensaci\u00f3n y equivalencia de ambos sistemas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, adujo que \u00ab[l]a prestaci\u00f3n solicitada por el recurrente, se encuentra regulada en el art\u00edculo 4.5.8 de este [a]cuerdo (\u2026) [y] la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n est\u00e1 [reglamentada] en los art\u00edculos 4.5.1 y 4.5.2 [de dicha disposici\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 explicando que \u00ab(\u2026) la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional [deprecada] por el demandante dista de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n plena. Esta \u00faltima exige para su otorgamiento el cumplimiento de una edad y a\u00f1os de servicios determinados, mientras que la proporcional es otorgada en raz\u00f3n a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo sin justa causa\u00bb, por lo tanto, \u00abpara la Sala, el Tribunal interpret\u00f3 equivocadamente las prestaciones contenidas en [el mencionado] [a]cuerdo pues solo analiz\u00f3 el cumplimiento de los requisitos de la pensi\u00f3n plena y no de la proporcional solicitada\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden, en sede de instancia (SL4939-2020), se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el quejoso en el curso del ordinario laboral, por lo cual, la Corporaci\u00f3n accionada indic\u00f3 que \u00abdebe declararse que Justino Saavedra Perdomo es beneficiario de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional de que trata el Acuerdo 01 de 1977. (…) [en consecuencia], se procede a realizar los c\u00e1lculos matem\u00e1ticos correspondientes a determinar el valor de la prestaci\u00f3n, la cual ser\u00e1 calculada a partir de una tasa de reemplazo de 57.74%, aplicada al ingreso base de liquidaci\u00f3n, equivalente al promedio del 70% de los salarios devengados dentro del \u00faltimo a\u00f1o de servicios, considerando que el actor devengaba un salario integral, raz\u00f3n por la cual el c\u00e1lculo de la pensi\u00f3n debe realizarse excluyendo al factor prestacional -el 30% del salario-.\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que \u00abno se condenar\u00e1 al pago de intereses moratorios de que trata el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 a Ecopetrol S.A., en la medida en que no resultan procedentes frente a prestaciones de car\u00e1cter convencional. En su lugar, se ordenar\u00e1 cancelar las sumas adeudadas debidamente indexadas\u00bb. <\/p>\n
En efecto, resalt\u00f3 precisamente, \u00abla misma decisi\u00f3n que fue citada por el recurrente en su solicitud, la sentencia CSJ SL1681-2020, en la que la Sala dispuso: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 tuvo el prop\u00f3sito de superar las viejas discusiones doctrinales y jurisprudenciales frente a la manera de resarcir los perjuicios ocasionados por la mora en el pago de pensiones. Por consiguiente, estamos frente a una regulaci\u00f3n unificadora, aplicable a todo tipo de pensiones sin importar su origen legal. <\/p>\n
Con lo anterior, la Sala abandona su criterio jurisprudencial anterior y, en su lugar, postula que los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones (resaltado por la Sala)\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel nuevo criterio jurisprudencial hizo extensible la condena al pago de intereses moratorios a las pensiones legales pertenecientes al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, reconocidas con base en normas anteriores a la Ley 100 de 1993, como lo son la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990. (\u2026) La jurisprudencia citada en ning\u00fan momento hizo referencia a las pensiones de car\u00e1cter convencional o extralegal, como la que ata\u00f1e en el presente caso, por lo que \u00e9stas permanecen excluidas de la posici\u00f3n recientemente asumida por la Corte frente al pago de los intereses moratorios de que trata el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, no le asiste raz\u00f3n al recurrente en ese aspecto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aval\u00f3 las precisiones realizadas por Ecopetrol S.A. sobre la improcedencia de los intereses moratorios, \u00abentre otras razones, porque estos son incompatibles con el pago de la indexaci\u00f3n, como ha sido adoctrinado pac\u00edficamente por la Corte\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, las resoluciones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una discrepancia de criterio de aquel frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.4. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se disintiera de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.5. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 19 de julio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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