STC10033-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10033-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00155-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el pasado 6 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, ambas de la referida localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2022-00036. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se extracta que, el pasado 21 de enero, Mario Alberto Restrepo Zapata present\u00f3 acci\u00f3n popular contra el \u00abestablecimiento de comercio [\u2026] ALMAC\u00c9N MIL NOVEDADES TODO A MIL\u00bb, debido a que, supuestamente, el sitio donde desarrolla su actividad econ\u00f3mica no cuenta con \u00abconvenio actual con entidad (\u2026), para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2002 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El conocimiento del tr\u00e1mite correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, despacho que luego de admitir la demanda, enterar a la comunidad a trav\u00e9s de aviso acerca de la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n y notificar al convocado, con auto de 13 de junio del a\u00f1o en curso, dispuso la celebraci\u00f3n de la audiencia especial de pacto de cumplimiento para el pr\u00f3ximo 11 de agosto a las 10 de la ma\u00f1ana. <\/p>\n
3. El promotor afirma que pese a la perentoriedad de los t\u00e9rminos en el tr\u00e1mite de las acciones populares, \u00aba la fecha la tutelada no ha informado a la comunidad sobre la existencia de [su] accion ni ha notificado al accionado, desconociendo art 5, ley 472 de 1998 [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, solicita ordenar al despacho enjuiciado (i) \u00abnotificar la accion al accionado e informar a la comunidad a fin de que proceda a citar a pacto de cumpliemnto tal como lo manda la ley 472 de 1998 [sic]\u00bb y (ii) \u00abcumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios y aplicar art 5 ley 472 de 1998 [sic]\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pide que \u00abse ordene a la oficina judicial reparto en Pereira Rda., que admita mis tutelas por el correo institucional de la oficina judicial reparto, por el cual se env\u00edan TODOS LOS PROCESOS A REPARTO [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del despacho convocado asever\u00f3 que no existe la vulneraci\u00f3n aducida por el quejoso puesto que, una vez admitida la acci\u00f3n popular, el 17 de febrero de 2022 se fij\u00f3 aviso a la comunidad informando la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite, mientras que el demandado fue notificado personalmente a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el 17 de mayo siguiente. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que el pasado 13 de junio se cit\u00f3 a audiencia especial de pacto de cumplimiento, se\u00f1al\u00e1ndola para el pr\u00f3ximo 11 de agosto. <\/p>\n
Por lo anterior pidi\u00f3 denegar las s\u00faplicas en tanto \u00abnose han vulnerado los derechos fundamentales del actor\u2026 toda vez que el hecho invocado se encuentra superado [sic]\u00bb <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira, por conducto de apoderada judicial, refiri\u00f3 que, de acuerdo con las directrices emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura, se han puesto a disposici\u00f3n de los ciudadanos diversos canales para la presentaci\u00f3n de demandas judiciales, as\u00ed como un aplicativo para la radicaci\u00f3n de acciones de tutela, que cuenta con su respectivo manual de uso que es de p\u00fablico conocimiento; sin embargo, asegur\u00f3, el gestor evade dichas herramientas tecnol\u00f3gicas y env\u00eda sus acciones de tutela directamente a los correos de los servidores judiciales de la dependencia de reparto. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno por cuanto su actuaci\u00f3n se ha ajustado a las normas expedidas por la autoridad competente, a trav\u00e9s de las cuales se estandariz\u00f3 el procedimiento de radicaci\u00f3n de acciones constitucionales y su reparto a los diferentes despachos judiciales, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 \u00abnegar las pretensiones\u2026 y desvincular [sic] a la oficina judicial adscrita a [esa] direcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Una funcionaria de la Procuradur\u00eda Regional Risaralda precis\u00f3 que, si bien le fue comunicada a esa agencia del Ministerio P\u00fablico la iniciaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular objeto del presente resguardo, la instituci\u00f3n es ajena a la presunta vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, en tanto \u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada\u2026 en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abdesvincular[la] de cualquier tipo de responsabilidad [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. A trav\u00e9s de apoderado, la Alcald\u00eda de Pereira expres\u00f3 que \u00aben su car\u00e1cter de tercero interviniente y por su deber legal, se atiene a lo probado\u2026 para los fines destinados dentro de la presente acci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el resguardo tras considerar que \u00abse bas\u00f3 en hechos inexistentes\u00bb pues el asunto sobre el que vers\u00f3 la queja \u00abse encuentra en tr\u00e1mite, al punto que los reproches del actor constitucional y aquellas actuaciones que denuncia omitidas por el juzgado accionado, fueron realizadas oportunamente, incluso antes de presentarse la demanda de tutela\u00bb <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 que \u00ab[i]mprocedente tambi\u00e9n resulta el alegato contra el Director de la Oficina Judicial -Reparto- de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira, toda vez que adem\u00e1s de que no se acredit\u00f3 que con antelaci\u00f3n a la formulaci\u00f3n del amparo se haya acudido a ese funcionario para poner de manifiesto la queja sobre la falta de tr\u00e1mite a las acciones de tutela que son remitidas a los correos electr\u00f3nicos de esa dependencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso sin realizar ninguna precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada por Mario Restrepo porque, supuestamente, no ha dado el impulso pertinente a la acci\u00f3n popular distinguida con radicaci\u00f3n 2022-00036. <\/p>\n
De otro lado, deber\u00e1 determinarse si la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esa localidad incurri\u00f3 en alguna conducta atentatoria de las garant\u00edas superiores del gestor al no \u00abadmitir [sic]\u00bb las tutelas por \u00e9l radicadas a trav\u00e9s de las direcciones de correo institucional de los servidores de la oficina judicial. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Frente a la lesi\u00f3n atribuida al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa tanto a los argumentos de la queja constitucional como a las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala estima que debe ratificarse la desestimaci\u00f3n del amparo, comoquiera que en el presente asunto se suscita una ausencia de vulneraci\u00f3n, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo con el material de convicci\u00f3n acopiado se observa que, contrario a lo afirmado por el querellante, la autoridad fustigada ha dado el impulso procesal pertinente a la acci\u00f3n popular por \u00e9l instaurada, puesto que, luego de admitida la demanda, el 17 de febrero del a\u00f1o en curso se fij\u00f3 aviso con el fin de informar a la comunidad la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite, asimismo, el 17 de mayo siguiente se notific\u00f3 personalmente al demandado y el pasado 13 de junio se fij\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento para llevarse a cabo el pr\u00f3ximo 11 de agosto. <\/p>\n
Del anterior recuento, se desprende que las actuaciones del juzgado cognoscente, al interior del tr\u00e1mite objeto de escrutinio, se realizaron incluso con anterioridad a la presentaci\u00f3n de este resguardo (16 de junio de esta anualidad), situaci\u00f3n que, como lo advirti\u00f3 la colegiatura a quo, torna inviable el ruego tuitivo, pues se ha dicho y reiterado que \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
3.2. De la conducta reprochada a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial <\/p>\n
Frente a las solicitudes formuladas respecto de la Oficina Judicial, tendientes a que se le \u00abordene\u2026 que admita mis tutelas por el correo institucional de la oficina judicial reparto, por el cual se env\u00edan TODOS LOS PROCESOS A REPARTO (\u2026)\u00bb, se advierte que, en consonancia con lo manifestado por el tribunal de primer grado, no puede abrirse paso el amparo en tanto el gestor no acredit\u00f3 los tr\u00e1mites en los que supuestamente la dependencia administrativa se ha negado a recibirlos y someterlos al respectivo sorteo aleatorio. <\/p>\n
Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por la apoderada de la Direcci\u00f3n Ejecutiva querellada, debe resaltar la Corte que el Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto de diversos canales electr\u00f3nicos para la presentaci\u00f3n de demandas, tanto ordinarias como constitucionales y ha hecho p\u00fablicos los manuales de uso de dichas herramientas, con el fin de estandarizar el proceso de radicaci\u00f3n de este tipo de documentaci\u00f3n y evitar que se generen repartos m\u00faltiples sobre un mismo asunto que en tal virtud es enviado a varios correos electr\u00f3nicos simult\u00e1neamente. <\/p>\n
De manera que la creaci\u00f3n de este tipo de plataformas no obedece a un capricho de la administraci\u00f3n, sino que responde a la necesidad de agilizar y efectivizar el servicio de justicia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar el fallo de primer grado, toda vez que no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas denunciadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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