STC10034-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10034-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02202-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Agencia Nacional de Infraestructura contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 y los intervinientes en el juicio de expropiaci\u00f3n n\u00b0 2017-00003-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la demora del tribunal encartado en resolver el recurso de apelaci\u00f3n que su contraparte interpuso contra la sentencia de primera instancia de 24 de octubre de 2017, el cual fue admitido por dicha corporaci\u00f3n desde el 6 de febrero de 2018. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene resolver de manera inmediata la referida alzada. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 hizo un breve recuento de lo acontecido en el juicio de expropiaci\u00f3n sobre el que versa la demanda y dijo desconocer si el fallador de segunda instancia ya desat\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2. El magistrado a cargo del juicio objeto de censura manifest\u00f3 que \u00e9l \u00abpreside este Despacho desde el 28 de febrero hoga\u00f1o, data desde la cual se ha procurado imprimir celeridad y movilidad a todos y cada uno de los procesos que se tienen asignados\u00bb; que ya se puso en conocimiento \u00abdel Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar el estado del inventario de procesos a cargo del Despacho, la abundante cantidad de asuntos de la especialidad civil, familia y laboral, que se conoce, acumula esta Corporaci\u00f3n y la poca planta de personal con que se cuenta\u00bb; que \u00abno se evidencia una tardanza antojadiza, ni mucho menos injustificada (\u2026), pues pese al paso del tiempo, se le ha dado el respectivo tr\u00e1mite al proceso\u00bb; y que \u00abconforme al orden de fecha de ingreso de asuntos al Despacho (\u2026), el proceso est\u00e1 en turno 16 para dictar fallo y conforme al plan de trabajo interno (\u2026), se estima como fecha probable para su salida el cuarto trimestre del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas pautas al asunto bajo estudio, advierte la Corte que en este asunto en particular s\u00ed se acredit\u00f3 la transgresi\u00f3n denunciada por la parte querellante, puesto que el despacho accionado no dio cuenta cabal de alguna circunstancia extraordinaria que realmente tenga la aptitud de justificar la demora en que ha incurrido ese estrado en la resoluci\u00f3n de la segunda instancia del juicio sobre el que versa esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Para convenir en lo anterior, es importante memorar que, al pronunciarse sobre la demanda de tutela que en su contra se formul\u00f3, la colegiatura querellada se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando no se desconocen las m\u00faltiples solicitudes de impulso procesal que ha radicado la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI y que se puede colegir que ha pasado un tiempo considerable para resolver el recurso, es de tener en cuenta que el suscrito Magistrado Sustanciador preside este Despacho desde el 28 de febrero hoga\u00f1o, data desde la cual se ha procurado imprimir celeridad y movilidad a todos y cada uno de los procesos que se tienen asignados y que se encontraron al recibir el Despacho, guardando claramente la prevalencia legal que revisten las acciones de tipo constitucional, impedimentos, recusaciones, conflicto de competencia, entre otros asuntos. <\/p>\n
Al punto de verse en la necesidad de poner en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar el estado del inventario de procesos a cargo del Despacho, la abundante cantidad de asuntos de la especialidad civil, familia y laboral, que se conoce, acumula esta Corporaci\u00f3n y la poca planta de personal con que se cuenta en los Despachos para prestar un eficaz servicio de justicia. As\u00ed se puso de presente en la solicitud de medidas de descongesti\u00f3n requerida con oficio No. 7 del pasado 31 de mayo de 2022 y que se despach\u00f3 de manera adversa por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar (oficio anexo CSJCEOP22-485, 15 junio 2022). <\/p>\n
Con todo, es de advertir que del recuento de las actuaciones antes relacionado, no se evidencia una tardanza antojadiza, ni mucho menos injustificada, \u00fanico panorama que admite la intervenci\u00f3n constitucional amparando la garant\u00eda al debido proceso por mora judicial, pues pese al paso del tiempo, se le ha dado el respectivo tr\u00e1mite al proceso, al punto de que a la fecha de este informe, solo se tiene pendiente el informe secretarial que permita tener certeza sobre la ejecutoria del auto de 11 de junio de 2021, que orden\u00f3 sustentar el recurso de apelaci\u00f3n al apelante y correr traslado del mismo al no apelante -pues el primero de ellos, sustento en t\u00e9rmino- y para lo cual ya se requiri\u00f3 de manera formal al secretario de la Sala. <\/p>\n
No sin antes destacar que, conforme al orden de fecha de ingreso de asuntos al Despacho marcado por las actas de reparto, el proceso est\u00e1 en turno 16 para dictar fallo y conforme al plan de trabajo interno establecido en el Despacho y entre los miembros que conforman la Sala de Decisi\u00f3n Nro. 2 Civil Familia Laboral de este Tribunal, se estima como fecha probable para su salida el cuarto trimestre del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
Como puede colegirse de una simple lectura de las citadas explicaciones, el despacho encartado se limit\u00f3 a hacer una escueta relaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, pero sin cotejarlos con los egresos efectivos, ni tampoco detallar cu\u00e1les son esas medidas que se han adoptado para conjurar el evidente represamiento de los litigios puestos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
No debe perderse de vista que, en virtud del art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 al extremo convocado de una actuaci\u00f3n constitucional como la que hoy concita la atenci\u00f3n de la Sala, no le es suficiente, para excusar su responsabilidad, invocar tangencialmente alguna circunstancia que, prima facie, pueda eximirlo de las consecuencias desfavorables de su comportamiento -en principio censurable-, sino que para tales efectos es necesario que ofrezca informaci\u00f3n pormenorizada de los elementos que compongan esa justificaci\u00f3n y adem\u00e1s allegue los elementos de juicio que tenga a su disposici\u00f3n para refrendar su dicho. Solo en tales condiciones es viable establecer la seriedad del pronunciamiento y determinar su trascendencia frente a la trasgresi\u00f3n denunciada en la demanda de tutela. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, en el juicio de expropiaci\u00f3n materia de este tr\u00e1mite constitucional, funge como demandante la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual, como se sabe, reviste naturaleza de establecimiento p\u00fablico perteneciente al sector descentralizado por servicios del orden nacional y administra recursos p\u00fablicos, circunstancia esta que, lejos de resultar intrascendente, demanda una especial consideraci\u00f3n por parte de los administradores de justicia, sobre todo cuando se trata de decisiones que \u2014directa o indirectamente\u2014 puedan incidir en el patrimonio de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia del desconocimiento de los t\u00e9rminos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n tiene dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. <\/p>\n
(\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
Ac\u00f3tese que cuando el juez desatiende los t\u00e9rminos previstos para definir los asuntos a su cargo, incurre en conducta reprochada constitucionalmente por afectar prerrogativas derivadas del debido proceso y constituir omisi\u00f3n a su obligaci\u00f3n de impartir pronta y cumplida justicia, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
En ese orden, por cuanto en el caso bajo estudio el tribunal encartado no comprob\u00f3 estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera resolver la instancia del proceso de expropiaci\u00f3n objeto de censura, se hace patente la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores al debido proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a una eficiente administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone amparar las invocadas prerrogativas superiores al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Por consiguiente, se impartir\u00e1 orden para que el despacho accionado, dentro del t\u00e9rmino de diez d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a resolver de fondo y adecuadamente la segunda instancia del proceso de expropiaci\u00f3n sobre el que versa esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la Agencia Nacional de Infraestructura. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas h\u00e1biles, contados desde la notificaci\u00f3n de la presente providencia, si no lo ha hecho antes, resuelva de fondo la segunda instancia del proceso de expropiaci\u00f3n n\u00b0 2017-00003-01. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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