STC10036-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10036-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01290-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 5 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Paulina Cifuentes de Mar\u00edn, Diana Marcela Mar\u00edn Cifuentes y David Leonardo Mar\u00edn Cifuentes contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma especialidad y ciudad y las partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio 2015-00065 (ED 12597). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en su propio nombre, acuden al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, vida digna y a la propiedad privada\u00bb, que estiman desconocidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Dicen ser propietarios de los inmuebles identificados con matr\u00edculas \u00ab50C-1852527 y 50C1851929\u00bb que adquirieron \u00abmediando la intervenci\u00f3n y asesoramiento de la inmobiliaria OIG Bienes Ra\u00edces y Garant\u00edas\u00bb, los cuales fueron vinculados, por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, al proceso de extinci\u00f3n de dominio indicado en p\u00e1rrafos precedentes \u00abbajo el \u00fanico argumento de que uno de los propietarios vendedores, quien vendi\u00f3 mediante poder conferido a su madre era un reconocido delincuente y que por tanto est\u00e1bamos en la obligaci\u00f3n de conocer dicha situaci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alan que, mediante sentencia de 21 de agosto de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio \u00abdecide no extinguir el derecho de dominio de [su] vivienda\u00bb y que, al no ser apelada, \u00abse surti\u00f3 el tr\u00e1mite de consulta ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb corporaci\u00f3n que con fallo del pasado 10 de junio, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado \u00aby orden\u00f3 extinguir el dominio\u00bb. <\/p>\n
Estiman que el prove\u00eddo de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio \u00abes violatoria del derecho constitucional al debido proceso\u00bb en tanto que \u00abno est\u00e1 sustentada en ninguna norma constitucional o legal que pueda ser considerada como violada y que permita sustentar la revocatoria del fallo a [su] favor\u00bb, pues \u00abbasta con darle una le\u00edda para observar que se basa en simples consideraciones subjetivas de lo que a su juicio debe ser la figura de la buena fe exenta de culpa, haciendo unas conclusiones ex post de los testimonios rendidos por [ellos] ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Agregan que el fallo censurado \u00abdesconoce que act\u00faa[ron] amparados por\u2026 la buena fe exenta de culpa, como se prob\u00f3 ante el juez de primera instancia\u00bb pues para la adquisici\u00f3n de los bienes \u00abacudi[eron] a los servicios de una inmobiliaria y conf\u00eda[ron] en la diligencia de dicha empresa\u00bb siendo que \u00abni la constituci\u00f3n ni la ley [les] exige hacer algo m\u00e1s, o tomar precauciones que consider\u00f3 el tribunal en el sentido de indagar por el propietario o por qu\u00e9 el poder para vender\u2026 hab\u00eda sido expedido en Colombia y a [ellos] la inmobiliaria [les] manifest\u00f3 que vend\u00eda por poder conferido a su se\u00f1ora madre\u2026 ya que se encontraba en el exterior y que eso deb\u00eda ser sospechoso\u2026 exigiendo de [su] parte las destrezas de un investigador judicial\u00bb, argumento que consideran \u00abbastante sesgado e ingenuo al no tener ninguna norma de sustento y que para nada corresponde con el nivel de raciocinio y argumentaci\u00f3n que debe exigirse de unos magistrados [sic]\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente, aducen que tampoco se tuvo en cuenta que acreditaron en debida forma la procedencia de los recursos invertidos en la compra de los inmuebles. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Tercera Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, luego de realizar un breve recuento de las actuaciones adelantadas, dijo que dentro del proceso \u00abno se advierte la existencia de alg\u00fan acto u omisi\u00f3n que haya causado la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, como tampoco se puede evidenciar alg\u00fan tipo de irregularidad en el tr\u00e1mite\u2026 por cuanto este se ha ajustado a las ritualidades de ley\u00bb, al tiempo que el resguardo no puede ser utilizado a modo de tercera instancia. <\/p>\n
2. El apoderado general de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., luego de exponer in extenso las atribuciones de esa entidad como administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Frisco-, en particular las ejercidas sobre los bienes que fueron vinculados a la actuaci\u00f3n extintiva objeto del presente resguardo, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n habida consideraci\u00f3n que \u00abno forma parte del proceso de extinci\u00f3n de dominio\u2026 ni como sujeto procesal, ni como tercero interviniente\u00bb. <\/p>\n
3. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 el director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, aduciendo que, si bien act\u00faa en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, \u00abla intervenci\u00f3n que ejerce esta cartera\u2026 no implica facultad decisoria ni injerencia alguna en las decisiones por parte de los funcionarios judiciales competentes\u00bb. <\/p>\n
4. El registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Centro, tambi\u00e9n pidi\u00f3 ser apartado del presente tr\u00e1mite \u00abpor carecer de objeto actual en lo que ata\u00f1e a la total ausencia de relaci\u00f3n entre los hechos y pretensiones del actor y las actuaciones de esta dependencia [sic]\u00bb <\/p>\n
5. Finalmente, del fallo de primer grado se extracta el informe rendido por la \u00abFiscal\u00eda 43 Delegada\u00bb1, despacho que rememor\u00f3 las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen al proceso extintivo y destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab (\u2026) el derecho a la propiedad privada\u2026 no puede ser considerado como una garant\u00eda absoluta o inalienable pues sus l\u00edmites han sido ampliamente definidos en nuestro estatuto superior y por ello su reconocimiento est\u00e1 supeditado a la observancia de aquellas reglas que nuestra Corte Constitucional ha reconocido como el r\u00e9gimen constitucional de la propiedad que se funda, entre otros factores, sobre una propiedad adquirida a trav\u00e9s de un justo t\u00edtulo obtenido conforme a las leyes civiles y el cumplimiento de una funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica, raz\u00f3n por la cual, s\u00f3lo gozar\u00e1 de protecci\u00f3n constitucional aquellos derechos que se ejerzan dentro de dichos l\u00edmites, protecci\u00f3n que puede perderse, cuando a la propiedad se accede en contrav\u00eda de dichos postulados fundamentales o se coloca en funci\u00f3n de actividades que desconocen las obligaciones inherentes al derecho a la propiedad (\u2026) [sic]\u00bb <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n censurada \u00abse soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de lo que ocurri\u00f3 en el caso concreto\u00bb concluyendo, con apoyo en el material probatorio recaudado que los afectados, ac\u00e1 accionantes \u00abno obraron cobijados por la buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que lo perseguido por los gestores con el presente amparo es que \u00abel juez de tutela acoja sus argumentos como v\u00e1lidos\u2026 pretensiones como m\u00e1s elaboradas, atribuyendo a las autoridades irregularidades que no se advierten\u2026 con un criterio interpretativo distinto, fundamentado en su parecer\u00bb, pretensiones que se oponen a la naturaleza de la acci\u00f3n tuitiva dado que \u00abno es el escenario para imponerle al juez natural adoptar uno u otro criterio ni obligarlo a fallar de una determinada forma\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los quejosos disintieron de la anterior determinaci\u00f3n pues consideran que el fallo adolece de una adecuada motivaci\u00f3n, en la medida que la Sala a quo \u00abrecurre a copiar y pegar los argumentos esgrimidos por\u2026 el Tribunal\u2026 procediendo a una conclusi\u00f3n escueta y sin argumento elaborado\u00bb. <\/p>\n
Insisten, adem\u00e1s, en que \u00abse hace evidente la ausencia de norma constitucional o legal que sustent\u00f3 la revocatoria del fallo de primera instancia por parte del accionado\u2026 lo cual es palmariamente [sic] violatorio del derecho al debido proceso, pues de no existir normas regulatorias frente a una materia determinada, lo que ordena la constituci\u00f3n [sic] es la estricta aplicaci\u00f3n del principio de responsabilidad consagrado en el art\u00edculo 6\u00ba\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1alan que la corporaci\u00f3n accionada \u00abdesconoce la carga de la transparencia y de la argumentaci\u00f3n [sic], es decir la carga de manifestar en la sentencia, que conoce la jurisprudencia\u2026 respecto del tema de la buena fe exenta de culpa, manifestando la raz\u00f3n por la cual este caso ser\u00eda diferente al punto de apartarse del poder vinculante de dicha jurisprudencia y proceder a decidir diferente de conformidad con la ley [sic]\u00bb <\/p>\n
Posteriormente allegaron, por intermedio de apoderado judicial constituido en esta instancia, un escrito a trav\u00e9s del cual insisten en el desconocimiento, por parte del tribunal convocado, del principio de la buena fe exenta de culpa que los amparaba como compradores de los bienes afectados con la medida extintiva, al haber realizado la adquisici\u00f3n mediando asesor\u00eda de una firma inmobiliaria especializada. <\/p>\n
Agregaron, tambi\u00e9n, que la colegiatura al desatar el grado jurisdiccional de consulta, \u00abmodific\u00f3 el problema jur\u00eddico\u00bb propuesto por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n al juzgado de primer nivel, dado que desvi\u00f3 la l\u00ednea de decisi\u00f3n hacia una presunta red de lavado de activos a la que sin prueba alguna los vincul\u00f3, al tiempo que, apart\u00e1ndose de la \u00abfijaci\u00f3n del litigi\u00f3\u00bb realizada con la demanda de extinci\u00f3n, se detuvo a examinar la l\u00edcita procedencia del patrimonio adquirido con anterioridad cuando ello no fue objeto de investigaci\u00f3n y menos de juzgamiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de los accionantes, dentro del proceso 2015-00065 (ED 12597) porque, seg\u00fan dicen, la sentencia proferida en sede de consulta, en la que se dispuso la p\u00e9rdida del derecho de propiedad de los bienes vinculados a dicho tr\u00e1mite, \u00abno est\u00e1 sustentada en ninguna norma constitucional o legal que pueda ser considerada como violada y que permita sustentar la revocatoria del fallo a [su] favor\u00bb, al tiempo que no se efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas recopiladas las cuales daban cuenta de que actuaron amparados por el principio de la buena fe cualificada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se fundament\u00f3 el presente amparo y confrontadas con las pruebas recopiladas por la primera instancia, resalta la Sala que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral de los argumentos defensivos presentados por los ac\u00e1 quejosos, afectados en el tr\u00e1mite extintivo, y de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, el tribunal, luego de efectuar un recuento de las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen al proceso de extinci\u00f3n de dominio, formul\u00f3 como problema jur\u00eddico \u00abdeterminar si se cuenta con prueba del l\u00edcito origen de los inmuebles objeto de este tr\u00e1mite y si los titulares del derecho de dominio obraron cobijados por la buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al abordar el estudio del caso concreto, se ocup\u00f3, en primer lugar, de los testimonios recopilados a lo largo de la actuaci\u00f3n, tanto los recibidos a los afectados (accionantes) como al personal de \u00abOIG Bienes Ra\u00edces Organizaci\u00f3n Inmobiliaria y Garant\u00edas\u00bb, empresa que medi\u00f3 en la adquisici\u00f3n de los inmuebles sobre los que se declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio, adem\u00e1s tuvo en cuenta el material documental que daba cuenta que a nombre de David Leonardo ni de Diana Marcela Mar\u00edn Cifuentes se reflejaba movimiento de cuantiosas sumas de dinero entre los a\u00f1os 2012 y 2014. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, si bien los afectados manifestaron haber utilizado, para la compra de los aludidos los bienes, recursos provenientes de la venta de un apartamento y garaje ubicados en el Conjunto Residencial La Castacada P.H., que hab\u00edan adquirido el 30 de enero de 2013, no explicaron \u00abel motivo de la venta [solo 5 meses despu\u00e9s]\u2026 ni la inmobiliaria tampoco precis\u00f3 desde qu\u00e9 fecha recibi\u00f3 en consignaci\u00f3n dichos inmueble y garaje y el ente investigador tampoco indag\u00f3 esos aspectos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que \u00abno es fruto de la casualidad\u00bb que el nuevo negocio jur\u00eddico se hubiera concretado \u00aben mayo de 2013, misma \u00e9poca en la que fue capturado Rigoberto Arias Castrill\u00f3n y al mes siguiente se registrara dicha compraventa, aspecto que aunado a las negociaciones de los dem\u00e1s inmuebles que conforman esta acci\u00f3n permite colegir fundadamente que su prop\u00f3sito era conservar los bienes que conformaban el patrimonio de Rigoberto\u2026 fruto de las actividades delictivas por las que fue declarado penalmente responsable\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la incursi\u00f3n de Rigoberto Arias Castrill\u00f3n2 en actividades al margen de la ley data del a\u00f1o 2008 y que la adquisici\u00f3n de los bienes por parte de la familia Mar\u00edn Cifuentes ocurri\u00f3 a solo cuatro meses de su captura para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y narcotr\u00e1fico, entre otros, sin que los compradores justificaran, tampoco, la procedencia de los recursos con los que soportaron la negociaci\u00f3n, de donde \u00abno se puede concluir que\u2026 ten\u00edan capacidad econ\u00f3mica para comprar los inmuebles que refirieron, ni que el dinero cancelado proven\u00eda de sus ahorros y trabajo; configur\u00e1ndose las causales 1\u00aa y 4\u00aa del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, dio paso el tribunal accionado al an\u00e1lisis de la buena fe exenta de culpa alegada por los afectados, advirtiendo que no ten\u00edan la condici\u00f3n de \u00abterceros\u00bb, como erradamente lo plantearon, sino de copropietarios, de all\u00ed que el an\u00e1lisis de dicho principio deb\u00eda abordarse desde la perspectiva de \u00absi al momento de comprar los bienes\u2026 lo hicieron de buena fe\u00bb. <\/p>\n
El referido alegato gravit\u00f3 en torno a que, para la adquisici\u00f3n, siempre estuvieron asesorados por personal experto en la compra y venta de bienes ra\u00edces, adscritos a una empresa inmobiliaria; frente a ello, dijo la corporaci\u00f3n que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los elementos probatorios reflejan que\u2026 no se cercioraron ni comprobaron el l\u00edcito origen del apartamento que aspiraban comprar, invirtiendo los ahorros de su vida familiar y laboral; cualquier persona en su lugar no se habr\u00eda conformado por negociar con la mediaci\u00f3n de una inmobiliaria, sino que habr\u00eda demostrado qu\u00e9 acciones adelantaron para verificar que los propietarios eran quienes aparec\u00edan en el certificado de tradici\u00f3n (\u2026) <\/p>\n
Diana Marcela\u2026 afirm\u00f3 que un conocido les colabor\u00f3 con la revisi\u00f3n de los documentos y los acompa\u00f1\u00f3 en el proceso, m\u00e1s no record\u00f3 su nombre, nada dijo de la profesi\u00f3n, experiencia de esta persona, como para avalar que en verdad contaron con una asesor\u00eda profesional, previa o concomitante a la negociaci\u00f3n, o que s\u00f3lo realizaron un estudio de t\u00edtulos (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la falta de cuidado se concret\u00f3 cuando no indagaron con el vendedor \u00ablos motivos de venta, sus ocupaciones, lo que permite obtener informaci\u00f3n que puede ser corroborada utilizando los medios tecnol\u00f3gicos, o en forma personal en las entidades correspondientes previniendo ser v\u00edctimas de delitos, por ejemplo de estafa, sin necesidad de investigar sus antecedentes penales, como erradamente asegur\u00f3 el fallo\u00bb <\/p>\n
Adem\u00e1s, para el Tribunal el hecho de que en la negociaci\u00f3n Rigoberto Arias Castrill\u00f3n hubiera actuado a trav\u00e9s de apoderada (su madre), y que el mandato conferido se autenticara en Colombia a pesar de que se adujo que el otorgante resid\u00eda en el exterior, debi\u00f3 ser un signo de alarma para los compradores, a quienes les correspond\u00eda \u00abadoptar las previsiones del caso, a fin de obtener certeza y conciencia de lo que suced\u00eda\u00bb con aquel, de all\u00ed que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al no cumplirse con los presupuestos jurisprudenciales, ni observar acciones de los afectados que desvirt\u00faen la pretensi\u00f3n de la Fiscal\u00eda, como tampoco contar con prueba de su capacidad econ\u00f3mica para comprar el apartamento 1203 y el garaje 36 del conjunto residencial \u201cLa Castada\u201d, ni de las gestiones que adelantaron para tener certeza del origen l\u00edcito de los inmuebles que adquir\u00edan y les generaron seguridad para invertir los ahorros de toda su vida\u2026 no se considera que obraron cobijados por la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
En virtud del principio de la carga din\u00e1mica de la prueba, como propietarios les correspond\u00eda probar la procedencia legal de sus bienes y omitieron presentarlas, mientras que el ente investigador acredit\u00f3 que los elementos de convicci\u00f3n permiten concluir razonadamente que son producto indirecto de las actividades delictivas de Rigoberto Arias Castrill\u00f3n, por lo tanto, hacen parte de su incremento patrimonial injustificado\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que la decisi\u00f3n objeto de reproche se encuentra debidamente sustentada en tanto que la corporaci\u00f3n demandada indic\u00f3 las razones por las cuales consider\u00f3 que se configuraban las causales 1\u00aa y 4\u00aa del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio para declarar la p\u00e9rdida del derecho de propiedad sobre los bienes reclamados por los gestores, tanto por no haber acreditado fehacientemente la procedencia de los recursos con los que soportaron el negocio jur\u00eddico, ni encontrarse amparados por la buena fe cualificada dado que no advirtieron que quien fungi\u00f3 como vendedor era un reconocido narcotraficante que operaba en Bogot\u00e1 y el Eje Cafetero, bajo el alias de \u00abRigo\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la demandante encamin\u00f3 la presente queja constitucional a tratar de imponer su particular intelecci\u00f3n de las normas que gobiernan la extinci\u00f3n del derecho de dominio y de la jurisprudencia aplicable, por encima de la hermen\u00e9utica de la sala convocada; adem\u00e1s, la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la procedencia de la salvaguarda pues, como enf\u00e1ticamente lo ha reiterado esta Sala, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que esta Corporaci\u00f3n pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la desestimaci\u00f3n del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tal documento no fue adjuntado en el expediente digital remitido por la primera instancia. <\/p>\n
2\u0002 Vendedor de los inmuebles vinculados al tr\u00e1mite <\/p>\n
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STC10036-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10036-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01290-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65938","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65938\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}