STC10039-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10039-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00460-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, actuando por medio de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jaime Parra, Rafael Moreno Hoyos, Neyci Quintero Salda\u00f1a y H\u00e9ctor Julio Torres promovieron declarativo en contra del Municipio de Puerto Rico, en procura del reconocimiento de la relaci\u00f3n de trabajo entre ambas partes y, en consecuencia, pidieron el pago de diferentes emolumentos, tales como \u00abcesant\u00edas y prestaciones sociales definitivas\u00bb, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de esa misma ciudad, quien concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad all\u00ed demandada, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo y en su lugar, absolvi\u00f3 a la querellada, en tanto concluy\u00f3 que \u00ablos actores no cumplieron la carga probatoria que les correspond\u00eda, ni la condici\u00f3n de trabajadores oficiales pod\u00eda presumirse con ocasi\u00f3n de su calidad de conductores mec\u00e1nicos\u00bb. <\/p>\n
Inconformes, los aqu\u00ed promotores recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, pues advirti\u00f3 que \u00ablos dos cargos formulados est\u00e1n plagados de imprecisiones que impiden su \u00e9xito\u00bb. <\/p>\n
Indicaron los gestores que la resoluci\u00f3n de segundo grado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, puesto que \u00abla clase de vinculaci\u00f3n no estuvo en discusi\u00f3n en el litigio (\u2026) raz\u00f3n por la cual no se alleg\u00f3 pruebas que dieran cuenta de ello en las oportunidades que se\u00f1ala el fallo impugnado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la determinaci\u00f3n del 13 de mayo de 2019 proferida por el tribunal convocado y en consecuencia \u00abquede en firme [lo dispuesto] (\u2026) por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquet\u00e1, el (\u2026) 02 de abril del a\u00f1o 2013\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS. <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, manifest\u00f3 que \u00abla raz\u00f3n para que no saliera avante el recurso extraordinario consisti\u00f3 en que sus alegaciones no cumplieron requisitos fundamentales del recurso (\u2026) En ese sentido en la sentencia se explic\u00f3 con amplitud cu\u00e1les fueron las carencias del memorial de casaci\u00f3n y, adem\u00e1s, se brindaron razones de fondo para establecer que la sentencia de segundo grado no era susceptible de ser quebrantada, en el entendido de que esos errores formales de los ataques hubiesen sido soslayados por la corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la providencia del 13 de marzo de 2019 y en ese sentido refiri\u00f3 que \u00abel pronunciamiento en torno al cual gira la discusi\u00f3n del amparo constitucional, fue sometido a un segundo an\u00e1lisis jur\u00eddico en el marco del recurso extraordinario de casaci\u00f3n desatado1 por la sala Laboral del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y al cabo del cual permanece inc\u00f3lume\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el Tribunal Superior de Pamplona comporta una v\u00eda de hecho por desconocimiento de las disposiciones que regulan el procedimiento que debe seguirse en asuntos como el sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026) [pues] reconoci\u00f3 que los se\u00f1ores RAFAEL MORENO HOYOS y JAIME PARRA, s\u00ed prestaron sus servicios al municipio de Puerto Rico, pero se\u00f1al\u00f3 que al no regirse la vinculaci\u00f3n laboral por un contrato de trabajo no le correspond\u00eda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria \u2013Jueces Laborales- dirimir el asunto\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi el juez ordinario advierte que carece de jurisdicci\u00f3n o competencia, debe remitir el expediente al funcionario que ostente la atribuci\u00f3n legal para tramitarlo, en este caso, el juez administrativo, que definir\u00e1 si conoce el asunto o plantea un conflicto de jurisdicciones\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con ello, ampar\u00f3 los derechos invocados y orden\u00f3 \u00aba la Sala Laboral (sic) del Tribunal Superior de Pamplona que, (\u2026) deje sin efecto la providencia de 13 de mayo de 2019 y, en su lugar, emita un nuevo pronunciamiento que tome en consideraci\u00f3n las precisiones realizadas en la parte motiva de este fallo respecto al procedimiento que debe seguirse para resolver los conflictos de competencia entre diferentes jurisdicciones\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, destacando que \u00aben la decisi\u00f3n que se impugna el juez constitucional colegiado no define la invalidaci\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n que dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n judicial adoptada en segunda instancia por esta Corporaci\u00f3n dentro del proceso de marras, frente a id\u00e9nticos supuestos de los que hoy se ordena su rehacimiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por los gestores (SL3672-2021, rad. 85583), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 13 de marzo de 2019 y 17 de agosto de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, es decir, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n denunciada, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00ablos dos cargos formulados est\u00e1n plagados de imprecisiones que impiden su \u00e9xito\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, en los que se acus\u00f3 al fallo de segundo grado de \u00abviolaci\u00f3n del Art\u00edculo 292 del Decreto Ley 1333 de 1986, por aplicaci\u00f3n indebida\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n del Art\u00edculo 5 del D.L. 3135 de 1968 y Art\u00edculo 292 del Decreto Ley 1333 de 1986, en este cargo por la v\u00eda indirecta, por haber incurrido en error manifiesto de hecho, \u201cpor la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea en el caso de dar demostrado, sin estarlo que los accionantes no eran trabajadores oficiales\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l problema jur\u00eddico (\u2026) consiste en determinar si el Tribunal incurri\u00f3 en los errores enrostrados al juzgar que los recurrentes no cumplieron con la carga de demostrar el desempe\u00f1o de tareas atinentes a la construcci\u00f3n y sostenimiento de obras p\u00fablicas, lo que dio lugar a negarles los derechos laborales convencionales, dada la ausencia de prueba de su alegada condici\u00f3n de trabajadores oficiales del orden municipal\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estableci\u00f3 que \u00abel primer embate no dice cu\u00e1l es la v\u00eda por la que se encamina, y si bien alude a la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, incurre en la inaceptable alusi\u00f3n a aspectos jur\u00eddicos, como la interpretaci\u00f3n jurisprudencial aplicada por el fallador, pero con invitaci\u00f3n a revisar el contenido de la demanda inicial, su respuesta, las peticiones administrativas y los contratos de trabajo, todos estos, elementos procesales y de convicci\u00f3n, que no deben discutirse en un cargo dirigido por la v\u00eda del puro derecho, en el que se parte de la total anuencia con los hallazgos y conclusiones f\u00e1cticos que haya obtenido el fallador. En ese orden, se entender\u00e1n integrados al segundo cargo los argumentos f\u00e1cticos del primero\u00bb. <\/p>\n
Sobre el embate inicial, por medio del cual, los censores plantearon una \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del art\u00edculo 292 del Decreto Ley 1333 de 1986, la autoridad enjuiciada se\u00f1al\u00f3 que \u00abla norma aplicada por el juez de segundo grado fue la pertinente, y que sus efectos, si bien resultan contrarios al inter\u00e9s del extremo recurrente, no por ello deviene transgredida\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 manifestando que, a diferencia del asunto objeto de estudio, en el precedente invocado por los accionantes \u00abs\u00ed hab\u00eda una clara determinaci\u00f3n f\u00e1ctica acerca de que los conductores estaban adscritos a una dependencia municipal que se encargaba de la \u00abSecci\u00f3n de Pavimentos de la Secretar\u00eda de Obras Municipales\u00bb y, en tal sentido, refiri\u00f3 que \u00abaqu\u00ed, ni siquiera desde el libelo inaugural se narra cu\u00e1les eran las funciones atribuidas a los recurrentes, quienes, en efecto, eran conductores mec\u00e1nicos al servicio del municipio de Puerto Rico, pero sin relatar si laboraban en la conducci\u00f3n de veh\u00edculos de pasajeros, o de carga, o especializados en tareas de construcci\u00f3n y mantenimiento de obras de uso p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que el tribunal \u00abs\u00ed pod\u00eda estudiar [dicha cuesti\u00f3n], dado que ten\u00eda las amplias facultades que le concede la funci\u00f3n revisora oficiosa establecida en el art\u00edculo 69 del CTPSS, bajo el grado jurisdiccional de consulta, y en la medida [en] que la primera pretensi\u00f3n formulada en el introductorio va orientada a que se declare la existencia de contratos de trabajo con un ente territorial del orden municipal, lo que implica determinar si los iniciadores del proceso ten\u00edan la condici\u00f3n de trabajadores oficiales, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 292 del Decreto Ley 1333 de 1986\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Respecto del segundo ataque, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[N]o se explica de manera clara cu\u00e1les fueron los medios probatorios singularizados por la censura para demostrar los eventuales equ\u00edvocos f\u00e1cticos de la sentencia, pues su mismo texto aduce que, como no hab\u00eda discusi\u00f3n sobre la calidad de trabajadores oficiales, \u00abse presupone que se basa en la reclamaci\u00f3n administrativa que se efectu\u00f3, en la cual se pretendi\u00f3 el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales como trabajador de la entidad\u00bb, como si la condici\u00f3n de trabajador oficial se pudiera deducir de indicios o suposiciones, con lo que remata anunciando que \u00abno se alleg\u00f3 (sic) pruebas que dieran cuenta de ello en las oportunidades que se\u00f1ala el fallo impugnado\u00bb, lo que muestra que la censura reconoce la ausencia de verdaderos elementos de convicci\u00f3n del hecho relativo a las funciones desempe\u00f1adas, que fue lo que busc\u00f3 el Tribunal en el acervo probatorio\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel embate no acierta al derruir la raz\u00f3n final del fallo confutado con [las pruebas aportadas], tampoco es completo en su planteamiento, pues no rebate lo deducido por el juzgador a partir de las constancias de folios 188 a 193, expresamente mencionadas en la decisi\u00f3n criticada y sin reparos ante esta sede, en las que la Secretar\u00eda General de Gobierno de Puerto Rico, Caquet\u00e1, precisa que Jaime Parra (f.\u00ba 188) y Rafael Moreno Hoyos (f.\u00ba 189) cumpl\u00edan [determinadas] funciones (\u2026) [que] no puede suponerse, (\u2026) estuvieran destinadas a dichos cometidos, de modo que se concluye que el Tribunal no pudo incurrir en errores f\u00e1cticos, ni a\u00fan si se entendiera que estas pruebas fueron mal apreciadas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, con apoyo en lo establecido en la providencia SL16919-2017, la Corporaci\u00f3n encartada destac\u00f3 que \u00ab[c]omo ante ese argumento guardaron silencio los recurrentes, el fallo no puede ser anulado, en la medida en que a la censura le corresponde demoler todos los basamentos que lo edifican, jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, si quiere obtener su infirmaci\u00f3n. En este caso, por el contrario, como el ataque es parcial, [el veredicto] del Tribunal queda cobijad[o] por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que l[o] caracteriza\u00bb y de esta manera desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, a diferencia de lo indicado por la colegiatura a quo, en esta oportunidad no est\u00e1n dadas las condiciones para la injerencia de esta especial justicia, en tanto que, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquellos frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, en tanto que la determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA la tutela impetrada por Rafael Moreno Hoyos y Jaime Parra, en consecuencia, se deja sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la providencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 21 de julio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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