STC10041-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10041-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2022-00386-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 11 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Yorladi Ospina Vallejo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil Municipal de la aludida localidad y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00548. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de tutela -de segunda instancia- de 22 de junio de 2022, mediante la cual el juzgador encartado, con una valoraci\u00f3n que consider\u00f3 equivocada de su demanda de tutela y de las pruebas recaudadas, desestim\u00f3 la solicitud de amparo que ella formul\u00f3 contra la Secretar\u00eda de Movilidad de Bello, con el prop\u00f3sito de que se anulara la actuaci\u00f3n administrativa que se inici\u00f3 en su contra, con base en un comparendo que se le impuso. <\/p>\n
2. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto el fustigado fallo y que se ordene reiniciar esa actuaci\u00f3n, para que esta vez sea resuelta conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio, tras considerar que no se dan los presupuestos que habilitar\u00edan, por v\u00eda de excepci\u00f3n, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para cuestionar una sentencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante, insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la viabilidad de interponer tutela contra tutela y, de superarse lo anterior, si la autoridad convocada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al confirmar la negativa que en primera instancia se dispuso respecto de la salvaguarda que formul\u00f3 la querellante contra la Secretar\u00eda de Movilidad de Bello. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela; y (ii) desatiende el presupuesto igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto que el actual ataque lo dirige la actora a quebrantar la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello el 22 de junio de 2022, en el marco de la acci\u00f3n de tutela promovida por la aqu\u00ed tambi\u00e9n accionante frente a la Secretar\u00eda de Movilidad del aludido municipio. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, se pudo confirmar de las documentales allegadas a las presentes diligencias, que el pasado 7 de julio el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello remiti\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional, as\u00ed mismo, se consult\u00f3 en la p\u00e1gina web de esa corporaci\u00f3n, y a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. En tal sentido, la interesada cuenta con la posibilidad de solicitar al \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n que seleccione el asunto para revisi\u00f3n y, eventualmente, insistir en tal pedimento en caso de ser desestimado. Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a su naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Cabe agregar que tampoco resulta viable acceder al resguardo como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, la solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
4. Tampoco se acoger\u00e1 la solicitud de la accionante relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento de los convocados, pues sobre el punto, de tiempo atr\u00e1s el criterio de esta Corte ha sido, que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; y (ii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10041-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10041-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2022-00386-01 (Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65943","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65943"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65943\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}