STC10043-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10043-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01396-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Gordillo Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Trece de Familia de esta capital y los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 2017-00490. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre \u00aby en representaci\u00f3n\u00bb de su hija \u00abinterdicta\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, en relaci\u00f3n con un apartamento y dos garajes ubicados en Bogot\u00e1, Milciades Hern\u00e1ndez Urue\u00f1a, quien es su \u00abex esposo y padre de su hija\u00bb, promovi\u00f3 proceso divisorio sobre los inmuebles con matr\u00edculas 50N-20154397, 50N-20154361 y 50N-20154360, en el cual, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, decret\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem y por tanto su remate. <\/p>\n
Que para proceder de la manera en que lo hizo, el accionado \u00abno tuvo en cuenta ni reconoci\u00f3 los derechos y garant\u00edas de mi hija con discapacidad, (interdicto seg\u00fan la antigua ley) y por lo tanto ella qued\u00f3 desprotegida legalmente para alegar sus derechos sobre la posesi\u00f3n que tambi\u00e9n goza por haber habitado con \u00e1nimo de due\u00f1a y se\u00f1ora los bienes inmuebles (\u2026), por m\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb, toda vez que \u00abno acept\u00f3, por la negativa de reconocer la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, alegando que [esta] no se analizar\u00eda pues simplemente en los procesos divisorios se puede interponer la relativa al pacto de indivisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que por esta v\u00eda se \u00abdeclare la nulidad procesal desde la interposici\u00f3n de la demanda (\u2026), y se investigue disciplinariamente al se\u00f1or Juez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La juez Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que \u00aben auto de julio 21 de 2021 [el reparo ahora aducido] fue definido y no engendra causal de nulidad alguna ni obst\u00e1culo para la venta en p\u00fablica subasta de los predios\u00bb, porque \u00abla comunera fue notificada oportunamente, y aunque formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva para marzo 16 de 2018 (\u2026) y de ella se dio tr\u00e1mite en auto de abril 26 de 2018 (\u2026), posteriormente esa decisi\u00f3n qued\u00f3 sin efecto en prove\u00eddo de junio 28 de 2018 (\u2026) lo que produjo la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda de pertenencia, providencia de agosto 9 de 2018 (\u2026), decisiones que se hallan en firme y no fueron objeto de impugnaci\u00f3n en su momento. Con posterioridad, anunciando la ausencia de exceptivas, se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta de los bienes objeto del proceso en auto septiembre 5 de 2018 (\u2026) que no fue objeto de reproche\u00bb. Que \u00abel secuestro de los bienes se llev\u00f3 a cabo en enero 24 de 2020 (\u2026), diligencia en la que se present\u00f3 oposici\u00f3n en representaci\u00f3n de la \u201cinterdicta\u201d (\u2026), comportamiento que no sac\u00f3 avante lo pretendido, pues la oposici\u00f3n se rechaz\u00f3, y tal decisi\u00f3n result\u00f3 refrendada por [el tribunal]\u00bb. Por ello, afirm\u00f3 que la tutela \u00abno cumple con los principios de inmediatez y subsidiaridad para ser estudiada de fondo\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Trece de Familia de esta ciudad, se\u00f1al\u00f3 que en ese estrado curs\u00f3 proceso 2004-01034, el cual \u00abtermin\u00f3 con sentencia\u00bb, y que, en relaci\u00f3n con lo ac\u00e1 alegado, \u00abesta sede judicial desconoce lo acaecido porque no ha sido parte ni ha sido requerido en ning\u00fan sentido dentro de dicho tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. Milciades Hern\u00e1ndez Urue\u00f1a, demandante en el litigio criticado, se opuso a lo pretendido, aduciendo que la accionante \u00ablo \u00fanico que quiere es apoderarse del apartamento a como d\u00e9 lugar, pas\u00e1ndose por la faja las decisiones judiciales y poniendo a nuestra hija incapaz de escudo, a sabiendas que como padre he cumplido con una cuota alimentaria para [su] sustento\u00bb, y que de ello da cuenta lo actuado por el Juzgado Trece de Familia en proceso ejecutivo de alimentos que ella adelant\u00f3 en su contra \u00aben represa[l]ia\u00bb por haber instaurado el divisorio. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al aducir que \u00abno satisface el \u201cpresupuesto de inmediatez\u201d (\u2026), pues en el entendido que las pretensiones se encaminan a que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso divisorio donde se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta y se fij\u00f3 fecha para lo \u00faltimo, ha de verse que tales determinaciones tuvieron lugar en providencias de 9 de agosto y 5 de septiembre de 2018, donde el juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 lo atinente a la excepci\u00f3n formulada y decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta, respectivamente. Adem\u00e1s, sobre las consideraciones a que se refiere la accionante, [el accionado] ya se pronunci\u00f3 en auto de 21 de julio de 2021, cuando resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que interpuso contra el prove\u00eddo que fij\u00f3 fecha para almoneda\u00bb. Por lo dem\u00e1s, agreg\u00f3 que \u00aben el entendido que se encuentra en tr\u00e1mite la segunda instancia de un proceso de pertenencia promovido por la accionante, en el caso de resultar pr\u00f3speras las pretensiones de usucapi\u00f3n, no ser\u00eda tarde para que recupere la posesi\u00f3n que asegura ostentar sobre el inmueble objeto de divisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, porque al interior del pleito n\u00b0 2017-00490, accedi\u00f3 a la divisi\u00f3n por venta de los inmuebles de que es condue\u00f1a. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio deprecado, comoquiera que incumple el presupuesto gen\u00e9rico de la temporalidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Lo anterior, porque al enfilarse el reproche constitucional contra lo resuelto dentro del proceso divisorio seguido en su contra, en particular frente a la orden de divisi\u00f3n por venta de los inmuebles de los que es copropietaria, el impedimento de procedibilidad en comento se configura porque la definici\u00f3n judicial sobre el punto, excede ampliamente el lapso que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
En efecto, al revisar el expediente contentivo del litigio n\u00b0 2017-00490, se advierte que mediante prove\u00eddo del 26 de julio de 2018 el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dispuso \u00abcontinuar\u00bb el proceso suspendido en raz\u00f3n al adelantamiento del de pertenencia sobre los mismos predios, al advertir \u00abque de todas maneras, la defensa de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, as\u00ed como la necesidad de protecci\u00f3n de la persona discapacitada, son medios exceptivo[s] inapropiado[s] en el presente escenario\u00bb, pues no se invoc\u00f3 el de \u00abpacto de indivisi\u00f3n\u00bb previsto en el art\u00edculo 409 del estatuto adjetivo, y con auto del 9 de agosto del mismo a\u00f1o, levant\u00f3 la medida cautelar de inscripci\u00f3n que hab\u00eda decretado en virtud a dicha excepci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente se avizora que con providencia del 5 de septiembre de 2018, el accionado, tras considerar que habi\u00e9ndose surtido el traslado de la demanda, \u00absin que la demandada propusiera excepciones procedentes en el tr\u00e1mite divisorio, ni se opusiera al dictamen pericial presentado junto a \u00e9sta, ni reclamara mejoras bajo los precisos t\u00e9rminos de los art\u00edculos 409 y 412 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, resolvi\u00f3 \u00abdecretar mediante venta en p\u00fablica subasta la divisi\u00f3n ad valorem de los inmuebles (\u2026), con matr\u00edculas inmobiliarias N\u00b0 50N-20154397, 50N-20154361 y 50N-20154360\u00bb, y para ello orden\u00f3 el secuestro de los bienes y determin\u00f3 que \u00ablos gastos que demande esta divisi\u00f3n, ser\u00e1n a cargo de los comuneros en proporci\u00f3n de sus derechos de cuota, la que corresponde a un 50% respecto de cada uno de ellos\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo anterior, se observa que luego de varios aplazamientos, a trav\u00e9s de comisionado el 24 de enero de 2020 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro de los inmuebles objeto de remate, en la que \u00abse rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n\u00bb formulada por intermedio de abogado de la presunta afectada, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el tribunal con providencia del 10 de agosto de 2020. <\/p>\n
Finalmente, tambi\u00e9n se evidencia que, bajo supuestos de hecho similares a los hoy aducidos, esto es, que en la tutelante y su hija se consolidan derechos derivados de la posesi\u00f3n, plante\u00f3 incidente de nulidad que fue rechazado de plano por el juzgado con auto del 29 de agosto de 2019, y que, en sede de apelaci\u00f3n, el tribunal confirm\u00f3 con prove\u00eddo del 26 de junio de 2020. <\/p>\n
De lo antes descrito emerge con claridad que la salvaguarda implorada por la actora se torne improcedente, porque aunado a que la situaci\u00f3n ac\u00e1 alegada no es novedosa y que dej\u00f3 de ser planteada oportuna y adecuadamente mediante los recursos ordinarios de que eran susceptibles las decisiones adoptadas dentro del juicio, su actual invocaci\u00f3n desatiende el requisito temporal, dado que todas las actuaciones que ahora persigue invalidar invocando este excepcional mecanismo, tuvieron lugar cuando ya hab\u00eda transcurrido un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, pues la presente queja fue radicada el 1\u00b0 de julio de 2022. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, ha dicho y reiterado que la procedencia del ruego tuitivo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo no mayor al semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial. <\/p>\n
Al respecto, se ha venido sosteniendo que: \u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC4333-2022, 6 abr. 2022, rad. 00049-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC9222-2022, 19 jul. 2022, rad. 00431-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la posibilidad de conceder la tutela de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que en el caso sub j\u00fadice se hubieran probado las exigencias para ello, pues para dicha modalidad se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC193-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00320-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la compulsa de copias para que se investigue disciplinariamente a la funcionaria cognoscente, pues sobre el punto la Corte ha dicho que quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, citada, entre otras, en STC7756-2022, 22 jun. 2022, rad. 00380-01). <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone respaldar el fallo de primer grado mediante el cual se declar\u00f3 la improcedencia del resguardo implorado, por cuanto no se satisface el requisito general de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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