STC10044-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10044-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02395-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Dar\u00edo Paba Borja contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio declarativo n\u00b0 2014-00240. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que impetr\u00f3 demanda contra el Banco Davivienda S.A. y la sociedad Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor y C\u00eda. S. en C., \u00abcon pretensiones dirigidas al incumplimiento de un contrato de leasing habitacional habido entre el demandante y el Banco, previo a un contrato de promesa de compraventa suscrito en el [actor] y la mencionada sociedad en comandita\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
Que el 30 de abril de 2019 se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia \u00ababsolviendo a los demandados de todas las pretensiones de la demanda\u00bb; apelada la anterior decisi\u00f3n, el 5 de febrero de 2021 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena dict\u00f3 fallo en el cual \u00abacogi\u00f3 parcialmente\u00bb lo pretendido, pues \u00abconden\u00f3 al demandado Banco Davivienda S.A., absolvi\u00e9ndose a la sociedad Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor y C\u00eda. S. en C., por considerar (\u2026) que de haber responsabilidad de \u00e9sta, ten\u00eda que ser pretend\u00eda por [el] Banco Davivienda S.A., por hab\u00e9rsele cedido los derechos contractuales previos al contrato de leasing habitacional\u00bb. <\/p>\n
Que, en obedecimiento a lo resuelto por el superior, \u00abmediante auto de fecha julio 23 de 2021 el Juzgado resolvi\u00f3 fijar como agencias en derecho en primera instancia y en favor de la sociedad Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor S. en C., el 5% de las pretensiones negadas, o sea, sobre $1.014.917.285, considerando ser las mismas para ambos demandados, dando lugar a que las liquidara en la suma de $50.745.891\u00bb. <\/p>\n
Que, con prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2021, el juzgado no revoc\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas, decisi\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n, el tribunal confirm\u00f3 con providencia del 25 de mayo de 2022, por ello, estima que los jueces de instancia \u00abhicieron una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la demanda, comenzando en no distinguir la forma de intervenci\u00f3n o vinculaci\u00f3n de los demandados dentro del proceso, que a nuestro parecer lo fue como litisconsorte cuasinecesario (\u2026), y que la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia por el tribunal hubo condena parcial en favor de la parte demandante, debiendo abstenerse a la condena en costas (\u2026)\u00bb, aunado a que \u00abno se tuvo en cuenta ni se valor\u00f3 (\u2026) la desidia ni las consecuencias de no haber asistido a la audiencia inicial por parte de la [sociedad Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor S. en C.]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que \u00abse ordene [al juzgado y al tribunal] la aplicaci\u00f3n de las normas sustanciales y procesales que conllevan a decidir abstenerse de condenar en costas al demandante (\u2026) dentro del proceso declarativo que este inici\u00f3 contra la sociedad Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor S. en C. y Banco Davivienda S.A.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la resoluci\u00f3n confutada, dijo que esa corporaci\u00f3n \u00abconoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que el apoderado judicial del demandante formul\u00f3 contra el auto 23 de julio de 2021, por el que el [juzgado a-quo] aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas a la que fue condenado el recurrente, [y] mediante auto de 21 de febrero de 2022, (\u2026) resolvi\u00f3 la alzada confirmando el prove\u00eddo apelado, con base en los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen en materia de costas procesales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, manifest\u00f3 que tras revisar las actuaciones procesales objeto de la presente cr\u00edtica, \u00abno ha habido vulneraci\u00f3n alguna a los derechos del accionante, teniendo en cuenta que las decisiones que se cuestionan a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional, sean de 1\u00aa y 2\u00aa instancia, se encuentran ajustadas a legalidad (\u2026). Adem\u00e1s, es a todas luces improcedente utilizar el mecanismo constitucional para revivir debates que ya han sido dilucidados dentro del estadio procesal id\u00f3neo, que lo es el proceso ordinario (leasing habitacional) a que se refiere el accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el demandante, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas dentro del pleito radicado bajo el n\u00b0 2014-00240, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra lo resuelto por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC2459-2022, 4 mar. 2022, rad. 00575-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza al reclamo constitucional y con sujeci\u00f3n a las piezas procesales adosadas al expediente, se establece que la acci\u00f3n incoada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la determinaci\u00f3n censurada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para ratificar el auto proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena el 23 de julio de 2021, mediante el cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas a que fue condenado el hoy accionante, la sala enjuiciada, con prove\u00eddo del 25 de mayo de 2022, expuso una motivaci\u00f3n que no se muestra arbitraria o caprichosa, sino, por el contrario, jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
Precisando que el actual disenso no involucra la condena en costas que \u00aben ambas instancias\u00bb dispuso el tribunal en el fallo adiado 5 de febrero de 2021, ni a la tasaci\u00f3n de las correspondientes a las causadas en segundo grado, sino a \u00ablas agencias en derecho en primera instancia a favor de Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor S. en C., y a cargo del demandante Jorge Paba Borja\u00bb, las cuales tas\u00f3 el juzgado en auto del 23 de julio de 2021 -reiterado en sede de reposici\u00f3n el 23 de noviembre de la misma anualidad-, en \u00abel 5% de las pretensiones negadas en la sentencia de segunda instancia\u00bb, el cuestionamiento del actor se enfila contra la providencia que aval\u00f3 tal postura. As\u00ed, en ella, el tribunal adujo que: <\/p>\n
\u00abEn materia de agencias en derecho, es el numeral 4 del art. 366 del CGP el encargado de regular su fijaci\u00f3n: \u201cPara la fijaci\u00f3n de agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aqu\u00e9llas establecen solamente un m\u00ednimo, o \u00e9ste y un m\u00e1ximo, el juez tendr\u00e1 en cuenta, adem\u00e1s, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales sin que pueda exceder el m\u00e1ximo de dichas tarifas\u201d. <\/p>\n
A su turno, el Acuerdo No. PSAA16-2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en su parte considerativa, define las agencias en derecho as\u00ed: \u201cQue, de conformidad con la descripci\u00f3n legal y la jurisprudencia constitucional, las agencias en derecho corresponden a una contraprestaci\u00f3n por los gastos en que se incurre para ejercer la defensa legal de los intereses dentro de un tr\u00e1mite judicial, en atenci\u00f3n a la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 7 establece en para su vigencia: \u201cEl presente acuerdo rige a partir de su publicaci\u00f3n y se aplicar\u00e1 respecto de los procesos iniciados a partir de la fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u201d. Dicho ello, debe tenerse en cuenta que como el presente proceso tuvo inicio anterior al Acuerdo PSAA-1610554, le resulta aplicable, para este asunto, el Acuerdo 2222 de 3 de diciembre de 2003, en el que las tarifas para fijar agencias en derecho se actualizan as\u00ed: en materia: \u201cI. CIVIL. COMERCIAL. AGRARIO. FAMILIA 1.1. PROCESO ORDINARIO. \u2026Primera instancia. Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Si \u00e9sta, adem\u00e1s, reconoce o niega obligaciones de hacer, se incrementar\u00e1 hasta cinco (5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes por este concepto. En los casos en que \u00fanicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cinco (5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes…\u201d\u00bb. <\/p>\n
Razon\u00f3 que para el caso bajo examen: <\/p>\n
\u00ab(…) la sentencia de 5 de febrero de 2021 en la segunda instancia neg\u00f3 las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas al demandante, siempre desde el entendido que lo reclamado por \u00e9ste a la sociedad demandada superaba los mil millones de pesos. Desde esta base, el a quo procedi\u00f3 a tasar las agencias en derecho en el equivalente al 5% de las referidas pretensiones, porcentaje que corresponde al 75% menos del tope autorizado para ese efecto, en otras palabras, se estableci\u00f3 en el 25% del l\u00edmite m\u00e1ximo previsto en la normativa aplicable. <\/p>\n
Revisado en detalle el expediente digital y las decisiones del despacho, se puede evidenciar que se trat\u00f3 de un proceso que instaurado desde 2014 vino a desatarse en el a\u00f1o 2021, cerca de 7 a\u00f1os tom\u00f3 definir el litigio planteado por el demandante, el que despu\u00e9s de agotar, inclusive, una segunda instancia, es all\u00ed donde la demandada obtiene la raz\u00f3n a de sus defensas, lo que deja en evidencia que el persistente actuar del litigante lo condujo a salir airoso. Aqu\u00ed se suman dos de los aspectos definitivos para la tasaci\u00f3n de las agencias, la duraci\u00f3n y la calidad de la gesti\u00f3n, factores ambos que favorecen una generosa mensura. <\/p>\n
En materia de procesos declarativos -ordinarios de otrora y hoy verbales-, el m\u00e1ximo autorizado del 20% hubiese resultado desmesurado, pues cabe destacar que la condena en costas no puede equipararse a una sanci\u00f3n a la parte vencida en el proceso, pues como lo se\u00f1ala el mismo Acuerdo, corresponde a una contraprestaci\u00f3n por la gesti\u00f3n que se ocasion\u00f3 en el mismo y tiene un criterio meramente objetivo, y su medici\u00f3n deber\u00e1 hacerse siempre con la prudencia que ofrecen la razonabilidad y la proporcionalidad\u00bb. <\/p>\n
Y, con apoyo en precedentes constitucionales, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel valor de las agencias debe ser consecuente con los diversos factores enunciados, pero no puede descartarse el sentido com\u00fan, pues este mecanismo no puede ser objeto de desbordante lucro para una parte con desmedro de los intereses de su contraparte, la que, si bien debe soportar la condenaci\u00f3n, esta debe ser proporcionada, y esa proporci\u00f3n emerge de los derechos patrimoniales en disputa, pues finalmente es el accionante el que fija los extremos del litigio y debe atenerse a las consecuencias de su estimaci\u00f3n\u00bb, concluyendo que \u00abdeber\u00e1 tenerse en cuenta que el valor del derecho de la demandada asciende a $1.014\u2019917.825, de lo que no hay duda, ni permite interpretaciones como lo propone el censor, luego es desde ah\u00ed se deber\u00e1 computar el porcentaje se\u00f1alado por el a quo, que en la tasa del 5% que resulta ajustado a las circunstancias particulares del proceso, a su duraci\u00f3n, su intensidad, el labor\u00edo que demand\u00f3 a los litigantes, as\u00ed como la cuant\u00eda de la aspiraci\u00f3n del demandante, la que hubiera sido aplicada con el mismo rigor en el evento que el ahora impugnante hubiese sali\u00f3 vencedor\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo que acaba de verse, los argumentos y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no constituye yerro susceptible de corregirse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n que el actor censura, la cual no revela arbitrariedad o desmesura sino una divergencia conceptual que por s\u00ed misma no abre paso al amparo como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corte. <\/p>\n
Ciertamente, cuando la actuaci\u00f3n del estrado convocado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, la salvaguarda se torna inviable porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, lo no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC5784-2022, 11 may. 2022, rad. 01389-00). <\/p>\n
En ese mismo sentido se ha sostenido que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC8546-2022, 6 jul. 2022, rad. 00479-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala insiste en se\u00f1alar que las decisiones que obedecen a un criterio razonable, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, inhiben al fallador del resguardo para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de conocimiento, pues es claro que la tutela no es un instrumento alternativo sino una herramienta jur\u00eddica excepcional y residual. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se denegar\u00e1 el auxilio deprecado, habida cuenta que la determinaci\u00f3n refutada, no es producto de un subjetivo criterio que justifique la aplicaci\u00f3n del presente mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo pretendido con la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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