STC10045-2022<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10045-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 1 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Justiniano Mari\u00f1o Coronado contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2009-00146. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial denunciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se desprende que Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP instaur\u00f3 proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de gasoducto y tr\u00e1nsito contra el gestor, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, qui\u00e9n, mediante sentencia de 22 de mayo de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n revocada parcialmente el 3 de septiembre de 2020, en segunda instancia, por el despacho accionado. <\/p>\n
A juicio del quejoso, la determinaci\u00f3n proferida en alzada, adem\u00e1s de que, seg\u00fan \u00e9l, no fue notificada, \u00abes equivocada\u00bb y \u00abdesconoce (\u2026) normas de car\u00e1cter constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se deje sin efectos la precitada providencia y, en consecuencia, se mantenga inc\u00f3lume el fallo inicial. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa de Leyva indic\u00f3 que \u00abse debe declarar improcedente el amparo constitucional respecto a este [d]espacho judicial, teniendo en cuenta que la acci\u00f3n impetrada por el [promotor] se interpuso \u00fanicamente contra las decisiones tomadas en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que manifest\u00f3 ser el apoderado principal de la compa\u00f1\u00eda convocante en el litigio en comento, se\u00f1al\u00f3 que \u00abes claro que por v\u00edas de hecho el tutelante pretende modificar una decisi\u00f3n dada en derecho, por lo que [solicit\u00f3] al despacho se desestime la acci\u00f3n constitucional incoada por no cumplir con los requisitos m\u00ednimos del amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
3. Quien adujo actuar como apoderada general de Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, precis\u00f3 que su mandante no ha trasgredido derecho fundamental alguno, y argument\u00f3 la improcedencia del auxilio porque \u00abse cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento\u00bb. <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, arguyendo que no se cumple con el requisito de la inmediatez, \u00abhabiendo transcurrido un periodo cercano a los 2 a\u00f1os desde que se notici\u00f3 el fallo de segundo grado, y m\u00e1s a\u00fan, si se cuenta desde la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, indicando que \u00abel fallo de la primera instancia fue dado en plena pandemia (\u2026) [por lo cual] deb\u00eda ser notificado al suscrito mediante correo electr\u00f3nico, pero el [j]uzgado (\u2026) de segunda instancia no realiz[\u00f3] el m\u00ednimo esfuerzo [para] establecer si exist\u00eda o no correo electr\u00f3nico del demandado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el auxilio satisface el requisito de inmediatez y de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el gestor, al revocar parcialmente, en sede de apelaci\u00f3n, la determinaci\u00f3n proferida por el estrado Primero Promiscuo Municipal de Villa de Leyva en el mentado juicio de servidumbre. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente a la decisi\u00f3n de 3 de septiembre de 2020 \u2013notificada mediante estado n.\u00b0 018 de 4 de septiembre siguiente\u20131, a trav\u00e9s de la cual el estrado fustigado revoc\u00f3 parcialmente el fallo emitido en el referido pleito de servidumbre, no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 16 de junio de 2022, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, por lo tanto, aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Por ello, la alusi\u00f3n a la supuesta indebida notificaci\u00f3n tampoco tendr\u00eda la entidad de variar lo antedicho toda vez que, contrario a lo sostenido por el libelista, se colige que la resoluci\u00f3n confutada s\u00ed fue objeto de enteramiento a trav\u00e9s del enunciado estado electr\u00f3nico de 4 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n