STC10047-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10047-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00581-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 6 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Luc\u00eda G\u00f3mez de Rojas contra el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y los intervinientes en el pleito alimentario n\u00b0 2009-00202. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y a vida digna, presuntamente vulnerados por los convocados, al cesar el descuento y pago de la cuota alimentaria tasada a su favor dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abpor auto de fecha 13 de octubre de 2004, proferido por el Juzgado 14 de Familia de Bogot\u00e1 dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico [instaurado en su contra por] H\u00e9ctor Rojas G\u00f3mez, [se] aprob\u00f3 el acuerdo que fij\u00f3 la cuota alimentaria a mi favor\u00bb, pero, ante el incumplimiento del obligado, \u00abel 04 de diciembre de 2007, instaur\u00e9 proceso ejecutivo de alimentos\u00bb. <\/p>\n
Que, dentro de dicho juicio, el juzgado en menci\u00f3n \u00aborden\u00f3 el embargo del 30% de los ingresos (\u2026) que percib\u00eda como pensionado el se\u00f1or H\u00e9ctor Rojas G\u00f3mez, limitando la medida a la suma de $7\u00b4000.000, m\u00e1s las cuotas mensuales que se causen a partir del mes de diciembre de 2007, por valor de $121.123, ordenando librar oficio con destino al pagador de Fiduprevisora S.A.\u00bb, y el 4 de marzo de 2008 \u00abprofiri\u00f3 sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que, en junio de 2018, el juzgado de ejecuci\u00f3n ampli\u00f3 el l\u00edmite de la medida cautelar e increment\u00f3 el embargo \u00abal 40% de lo devengado como pensionado, incluyendo las primas que perciba semestralmente\u00bb, enseguida, \u00abpor auto de fecha 6 de junio de 2019 (\u2026) aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por la suma de $4\u00b4915.605,74 y orden\u00f3 a la Fiduprevisora S.A., para que se informara el motivo por el cual no siguieron realizando los descuentos\u00bb, respuesta que obtuvo el \u00ab20 de septiembre de 2019\u00bb, previa orden de tutela, en el sentido de que \u00aben la base de datos del FOMAG, el docente (\u2026), reporta como fallecido\u00bb, estableciendo luego, en virtud de un derecho de petici\u00f3n, que el deceso acaeci\u00f3 \u00abel 21 de mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 9 de noviembre de 2020 present\u00e9 solicitud de sustituci\u00f3n pensional ante la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santa Marta, informando que exist\u00eda un proceso ejecutivo de alimentos a mi favor (\u2026), y por ser beneficiaria de cuota alimentaria, ten\u00eda derecho a que se me reconociera parte de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb, y previo agotamiento de otra tutela fallada el 23 de abril de 2021, resolvi\u00f3 la petici\u00f3n \u00abneg\u00e1ndome el reconocimiento y pago de un ajuste a la sustituci\u00f3n pensional [indicando] que la solicitante no acredita la convivencia con el causante, por lo tanto no es procedente reconocer la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en calidad de c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente\u00bb. <\/p>\n
Que ante el juzgado querellado, \u00abel d\u00eda 21 de junio de 2021, a trav\u00e9s de mi apoderada, radiqu\u00e9 memorial solicitando se decretara el embargo del 40% de la pensi\u00f3n de sobreviviente del causante H\u00e9ctor Rojas Gomez\u00bb, respuesta que pese a las reiteraciones elevadas el 24 de agosto y 30 de septiembre del mismo a\u00f1o, solo fue respondida \u00abpor auto de fecha 25 (sic) de enero de 2022\u00bb, en virtud a nuevo fallo de tutela -proferido por esta Sala en sede de impugnaci\u00f3n el 19 de enero de 2022-, pero resolviendo \u00abnegar la solicitud de decretar el embargo del 40% de la pensi\u00f3n de sobreviviente [al aseverar] que con la muerte del se\u00f1or H\u00e9ctor Rojas G\u00f3mez se extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n alimentaria que ten\u00eda el mismo\u00bb. <\/p>\n
Que recurri\u00f3 -sin \u00e9xito- la anterior decisi\u00f3n, aduciendo que \u00absoy una mujer de 83 a\u00f1os de edad, no cuento con ingresos econ\u00f3micos y mis \u00fanicos ingresos de subsistencia proven\u00edan de la cuota de alimentos que percib\u00eda mensualmente con cargo a la pensi\u00f3n que devengaba mi ex c\u00f3nyuge (\u2026), adem\u00e1s que mi situaci\u00f3n de alud y de vida sigue empeorando (\u2026)\u00bb, y que \u00abdurante nuestro matrimonio [celebrado el 25 de enero de 1964] siempre estuve dedicada a las tareas del hogar y a la crianza de nuestras tres hijas [Mar\u00eda Ang\u00e9lica, Diana Marcela y Martha Luc\u00eda Rojas G\u00f3mez], por lo que no tengo pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n (\u2026), dar cumplimiento a [la] sentencia de fecha 13 de octubre de 2004, proferida por el Juzgado Catorce de Familia de Bogot\u00e1, y [atender] sus propias \u00f3rdenes comunicadas (\u2026), al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a Fiduprevisora S.A.\u00bb, consistentes en \u00abdescontar [el] 40% sobre la pensi\u00f3n de sobrevivientes [del causante] H\u00e9ctor Rojas G\u00f3mez\u00bb, y con ello, que \u00abrealice el pago de las cuotas alimentarias [de manera] inmediata y vitalicia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que al conocer del deceso del ejecutado, quien \u00abno contaba con apoderado judicial (\u2026), se dispuso a trav\u00e9s de auto del 22 de octubre de 2021 interrumpir el proceso conforme al art\u00edculo 159 del C. G. del P., ordenando a la parte actora que diera cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 160 ibidem\u00bb, y que \u00abel proceso a\u00fan se encuentra interrumpido\u00bb; as\u00ed mismo, que \u00abes evidente que no existe inmediatez en la s\u00faplica constitucional, debido a que el se\u00f1or H\u00e9ctor Rojas G\u00f3mez falleci\u00f3 el 21 de mayo de 2018, el 6 de febrero de 2019 se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de sustituci\u00f3n pensional en favor de 7 personas diferentes a la accionante, por lo que han pasado m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde dicho fallecimiento y expedici\u00f3n del acto administrativo, situaci\u00f3n que hace presumir que la se\u00f1ora Ana Luc\u00eda G\u00f3mez de Rojas no tiene ning\u00fan derecho vulnerado ni afectado\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00absi existe alg\u00fan derecho pensional que quiera cobrar la se\u00f1ora Ana Luc\u00eda G\u00f3mez de Rojas deber\u00e1 iniciar las acciones legales pertinentes ante los Jueces Laborales, as\u00ed mismo, podr\u00eda ser violatorio de derechos fundamentales el embargar derechos reconocidos a terceras personas ajenas al proceso que no han sido vinculadas por inactividad del proceso, aunado a que no es posible reconocer por este Estrado Judicial derechos alimentarios sobre una pensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb. <\/p>\n
2. Fiduprevisora S.A., se opuso a lo pretendido aludiendo \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n de tutela por v\u00eda de hecho \u2013 ausencia de las causales gen\u00e9ricas y espec\u00edficas de procedibilidad\u00bb, y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, esto \u00faltimo, porque en su sentir, la demandante \u00abdirige la acci\u00f3n en contra del juzgado [y] no se encuentra prueba alguna de la cual se pueda establecer que Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), se encuentre vulnerando sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Distrito de Santa Marta, manifest\u00f3 que esa entidad \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales a la accionante, toda vez que lo que se pretende no es de [su] competencia\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abse exonere o desvincule a la Secretar\u00eda del fallo que profiera esta agencia judicial dentro de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Catorce de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que \u00aben este despacho curs\u00f3 el proceso ejecutivo de alimentos (rad. 2009-00202), mismo que en cumplimiento del Acuerdo PSAA13-9984 de septiembre 05 de 2013, fue remitido al Juzgado 2 de Familia de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 en calenda enero 17 de 2014 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. Sandra Mireya Tovar Caribe, quien funge como ex compa\u00f1era permanente del causante H\u00e9ctor Rojas y madre de 6 hijos comunes a aquel -hoy mayores de edad-, refut\u00f3 los argumentos de la actora aduciendo que \u00aba pesar de que el matrimonio [de Ana Luc\u00eda y H\u00e9ctor Rojas] fue en el a\u00f1o de 1964, la accionante s\u00f3lo convivi\u00f3 con el finado hasta el a\u00f1o 1970, desde entonces se acab\u00f3 esa relaci\u00f3n\u00bb, y que \u00abser\u00eda imposible que la Fiduprevisora cumpliera [lo pedido por la actora], pues estar\u00eda violando el derecho de los hijos menores del finado que para esa \u00e9poca eran ocho (8) y estaba regulada la cuota de alimentos por el Juzgado Tercero de [Familia] de Santa Marta\u00bb; que al fallecer el pensionado, dicha prestaci\u00f3n fue sustituida a ella -como compa\u00f1era-, \u00aby a los hijos [menores del se\u00f1or Rojas G\u00f3mez]\u00bb. Solicit\u00f3 se declare \u00abla improcedencia de la acci\u00f3n\u00bb por estar pendiente que el juzgado resuelva recursos, porque \u00abexiste un proceso ordinario laboral [para] reclamar la sustituci\u00f3n pensional\u00bb, y \u00abpor no existir vulneraci\u00f3n de derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio aduciendo que \u00abno se cumple los requisitos generales de subsidiariedad y el de inmediatez, porque, desde el 22 de octubre de 2021, el Despacho cuestionado le impuso a la citada la carga prevista en el art\u00edculo 160 del C.G. del P., con el fin de procurar el pago de sus acreencias, pero lo cierto es que no ha desplegado acci\u00f3n alguna para realizar las notificaciones encomendadas; a lo anterior se suma que tampoco se tiene noticia de que do\u00f1a Ana se haya hecho parte en el juicio de sucesi\u00f3n de su expareja o que haya reclamado por la v\u00eda administrativa o judicial el reconocimiento al menos parte de la pensi\u00f3n de sobreviviente a que se ha hecho alusi\u00f3n y si ella, desde el 2018, no recibe la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que aqu\u00ed reclama, se desdibuja la urgencia, inminencia, gravedad e impostergabilidad que caracteriza a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla pretensi\u00f3n encaminada a que La Previsora S.A. y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santa Marta le paguen a la actora los alimentos correspondientes al 40% de la pensi\u00f3n del fallecido, tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso pues dicha prestaci\u00f3n ya no se encuentra en cabeza de dicho causante, sino de sino de los se\u00f1ores \u201cSandra Mireya Tovar Caribe y [de] sus hijos (\u2026)\u201d, a quienes se les reconoci\u00f3 la sustituci\u00f3n pensional de aquel, mediante Resoluci\u00f3n 0107 del 06\/02\/2019, y no han sido vinculados por la accionante dentro del proceso ejecutivo, como se advirti\u00f3 anteriormente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para insistir en los argumentos de su demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la demandante, al no ordenar descontar de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida a terceros, la cuota alimentaria que hab\u00eda sido fijada a su favor y que ejecuta dentro del litigio n\u00b0 2009-00202. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santa Marta y Fiduciaria La Previsora S.A., el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 a la supuesta omisi\u00f3n de la autoridad judicial, puesto que de la orden que esta emita depende el proceder de las entidades pagadoras de la respectiva prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza al reclamo constitucional y con sujeci\u00f3n a las piezas procesales adosadas al expediente, se establece que el fallo desestimatorio del amparo ser\u00e1 ratificado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque la negativa de embargar la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida por el deceso del ejecutado, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Aunque inicialmente la actora enfil\u00f3 la censura contra el prove\u00eddo del 21 de enero de 2022, de la revisi\u00f3n que la Sala realiza a la actuaci\u00f3n procesal subsiguiente para brindar una respuesta integral al problema planteado, encuentra que la razonabilidad de lo resuelto se predica del auto proferido el 21 de junio de 2022, en tanto que es all\u00ed donde el despacho accionado realiz\u00f3 el abordaje de la situaci\u00f3n que confuta la actora a trav\u00e9s del presente mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, para abstenerse de decretar el embargo de pensi\u00f3n de sobrevivientes de H\u00e9ctor Rojas G\u00f3mez -quien fungi\u00f3 como demandado en el pleito alimentario seguido por la ac\u00e1 accionante-, el despacho accionado, sin citarla, se apoy\u00f3 en lo expuesto por esta Corte en sentencia STC9523-2016, en la que se neg\u00f3 amparo deprecado bajo supuestos similares a los que se plantearon en esta oportunidad. <\/p>\n
Para mayor precisi\u00f3n en tales argumentos, la Sala se remite a las consideraciones pertinentes de dicho pronunciamiento, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de alimentos se fundamenta en el principio de solidaridad social, reconocido en los art\u00edculos 1 y 95 (num 2) de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y es reflejo de la ayuda y el socorro mutuo que se espera debe existir entre sujetos unidos por lazos afectivos, apoyo que no siempre se produce de manera voluntaria, por lo que la ley determin\u00f3 los casos en los que es imperativo su cumplimiento. <\/p>\n
Es un derecho personal\u00edsimo de contenido patrimonial, intransferible a cualquier t\u00edtulo, por acto entre vivos o por causa de muerte, inembargable, irrenunciable e imprescriptible por expresa disposici\u00f3n de los textos legales 424 y 425 del estatuto civil. <\/p>\n
La obligaci\u00f3n alimentaria tiene origen en la ley o en el testamento, para el primer caso el C\u00f3digo Civil se\u00f1ala de manera taxativa en el canon 411 quienes son los beneficiarios de esa prestaci\u00f3n, entre los que se incluye al \u00abc\u00f3nyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa\u00bb y a cargo del exesposo culpable de la separaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, como consecuencia de la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo marital o por la separaci\u00f3n de cuerpos, se puede condenar a uno de los integrantes de la relaci\u00f3n conyugal a pagar al otro una pensi\u00f3n alimenticia, debido a que con su conducta culposa ha dado origen a la ruptura, se trata pues de una sanci\u00f3n establecida por el legislador. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es necesario para que se pueda exigir el reconocimiento de los alimentos que el beneficiario los necesite, que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la persona a quien se le piden le permita proporcionarlos y que la ley le otorgue el derecho a exigirlos. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, la regla general es que los alimentos se deben durante toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda, as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 422 del estatuto civil, de ah\u00ed que si var\u00edan esas condiciones, el cumplimiento de ese deber legal cese de manera ineludible. <\/p>\n
Esa obligaci\u00f3n se puede extinguir por la muerte del alimentario o cuando \u00e9ste deja de estar en estado de necesidad o el alimentante no se halla en condiciones econ\u00f3micas de prestar los alimentos. <\/p>\n
Sin embargo, el deceso del alimentante no genera esa misma consecuencia, porque trat\u00e1ndose de alimentos adeudados por disposici\u00f3n legal, la masa hereditaria debe gravarse, pues se trata de una asignaci\u00f3n forzosa, como lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 1226 del C\u00f3digo Civil: \u00abAsignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, a\u00fan con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones forzosas son: 1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas\u00bb. <\/p>\n
Entonces, cuando se trata de alimentos forzosos, la obligaci\u00f3n es intrasmisible y, en principio, no se transfiere a los herederos, sino que afecta de manera general la masa herencial, de ah\u00ed que la cuota alimenticia deba pagarse con cargo a ella y no en detrimento del patrimonio propio de los sucesores del fallecido. <\/p>\n
As\u00ed el art\u00edculo 1016 del C\u00f3digo Civil dispone que en todo caso \u00abse deducir\u00e1n del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado (\u2026): 4\u00ba) Las asignaciones alimenticias forzosas.\u201d, por ello el ordenamiento civil previ\u00f3 que las personas legitimadas para recibir alimentos puedan seguir percibiendo su pago, con independencia de la muerte de la persona que los preve\u00eda, por lo que el cumplimiento de esa prestaci\u00f3n se debe hacer con cargo a la masa de bienes que integran la sucesi\u00f3n del difunto\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, la Corte explic\u00f3 la diferencia entre los \u00abdos reg\u00edmenes solidarios excluyentes\u00bb que el art\u00edculo 12 de la Ley 100 de 1993 contempla dentro del sistema general de pensiones, se\u00f1alando que en el de ahorro individual con solidaridad, \u00abno existen beneficiarios que puedan obtener la sustituci\u00f3n de la mesada pensional, ocurrida la muerte del afiliado o pensionado\u00bb y por tanto, al tenor del art\u00edculo 76 ibidem, \u00ablas sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional, har\u00e1n parte de la masa sucesoral de bienes del causante\u00bb, mientras que en el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida: <\/p>\n
\u00abUna vez fallece el pensionado o afiliado, los aportes realizados bajo ese r\u00e9gimen, en caso de que no existan beneficiarios, entran a integrar el fondo com\u00fan al que se refiere la norma citada, pero no forman parte de la masa herencial del causante y, por lo tanto, no puede ordenarse el pago de la cuota alimentaria con cargo a esos dineros, pues esa obligaci\u00f3n \u2013se reitera- debe ser pagada con los bienes dejados por el difunto. <\/p>\n
(\u2026) Entonces, cuando no existen beneficiarios que puedan obtener la sustituci\u00f3n pensional, la ley dispone que los aportes realizados por el afiliado o pensionado, ingresen a la sucesi\u00f3n del fallecido y ser\u00e1 en este tr\u00e1mite liquidatorio, que se disponga la manera en la que deber\u00e1 ser cancelada la obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n
Ahora bien, si hay beneficiarios, la pensi\u00f3n se sustituye a quien, de acuerdo con la ley, tiene derecho de percibir esa prestaci\u00f3n, evento en el cual los dineros correspondientes a la mesada pensional le pertenecen a ese tercero y, por consiguiente, no integran la sucesi\u00f3n del fallecido, motivo suficiente para que quien obtiene el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, no tenga el deber legal de solventar la deuda por concepto de alimentos. <\/p>\n
(\u2026) En sentencia C-081 de 1999, la Corte Constitucional se refiri\u00f3 al tema aqu\u00ed tratado y se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) que no pueden confundirse, como lo hace la demandante, los derechos herenciales con el reconocimiento de prestaciones sociales originadas en la muerte de uno de los miembros de la pareja, titular de la pensi\u00f3n, pues se reitera, se trata de instituciones jur\u00eddicas diversas, las cuales no pueden equipararse ni someterse a interpretaciones semejantes o anal\u00f3gicas, pues, son diferentes los principios que animan la hermen\u00e9utica jur\u00eddica en este campo del ordenamiento legal, a los que prevalecen en el \u00e1rea del derecho privado\u201d. <\/p>\n
Entonces, tal como se estableci\u00f3 en ese fallo, deben distinguirse los derechos herenciales que pueden ser transmitidos a los herederos del causante y el derecho propio de los beneficiarios de la pensi\u00f3n de sustituci\u00f3n que no pertenece a la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en lo anterior, asever\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Bajo los par\u00e1metros expuestos, le corresponde a la accionante intervenir en el juicio de sucesi\u00f3n de (\u2026), para que al interior de ese tr\u00e1mite se disponga de qu\u00e9 manera se cancelar\u00e1 la cuota alimentaria, con cargo a la sucesi\u00f3n, sin que sea viable disponer a priori y mediante este mecanismo constitucional, gravar la mesada pensional que fue sustituida a favor de un tercero, a quien no se le puede imponer el pago de una prestaci\u00f3n que legalmente no adeuda y quien es titular de un derecho propio. <\/p>\n
En ese sentido, de la mesada pensional reconocida a (\u2026), como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del difunto (\u2026), no se puede deducir la cuota alimentaria fijada a favor de la accionante, porque esa prestaci\u00f3n no forma parte de los bienes dejados por el causante, sobre los cuales debe recaer el pago de esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal circunstancia, en modo alguno supone que se desconozca la orden judicial en la que se fij\u00f3 la cuota alimenticia, pues su pago debe realizarse en la forma establecida en el ordenamiento civil; adem\u00e1s, no debe confundirse el monto de la prestaci\u00f3n y la forma en la que se orden\u00f3 pagar, con la obligaci\u00f3n misma, pues si bien el funcionario judicial estableci\u00f3 que correspond\u00eda al 32% de la pensi\u00f3n que recib\u00eda (\u2026), ello no supone que la \u00fanica manera en la que deba cumplirse con esa prestaci\u00f3n, sea a trav\u00e9s de la deducci\u00f3n de ese porcentaje de la mesada pensional sustituida, sino que debe cancelarse por ese monto, con cargo a los bienes dejados por el causante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el principio de solidaridad social y los derechos fundamentales de la accionante se encuentran protegidos, porque el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria se garantiza con cargo a los bienes dejados por el difunto, sin que so pretexto de la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas constitucionales, pueda imponerse a un tercero el cumplimiento de una obligaci\u00f3n que legalmente no le corresponde, en detrimento de su patrimonio, a\u00fan bajo el supuesto de que con la masa herencial no se pueda satisfacer la prestaci\u00f3n alimenticia, supuesto en el que se habr\u00e1n modificado las condiciones iniciales en las que fue fijada la cuota alimentaria y, por lo tanto, conducir\u00edan a la extinci\u00f3n de esa obligaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC9523-2016, 13 jul. 2016, rad. 00032-02, citada en STC8064-2020, 1\u00b0 oct. 2020, rad. 00074-02). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, la decisi\u00f3n del juzgado consistente en denegar el descuento de la cuota alimentaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida a personas ajenas a la obligaci\u00f3n, no constituye yerro susceptible de corregirse por esta senda, en tanto que para ello realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa, jurisprudencial y probatoria que lejos est\u00e1 de revelar arbitrariedad o desmesura sino una divergencia conceptual que por s\u00ed misma no abre paso al amparo como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corte. <\/p>\n
Ciertamente, cuando la actuaci\u00f3n del estrado convocado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, la salvaguarda se torna inviable porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, lo no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC5784-2022, 11 may. 2022, rad. 01389-00, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se ha sostenido que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC8546-2022, 6 jul. 2022, rad. 00479-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala insiste en se\u00f1alar que las decisiones que obedecen a un criterio razonable, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, inhiben al fallador del resguardo para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de conocimiento, pues es claro que la tutela no es un instrumento alternativo sino una herramienta jur\u00eddica excepcional y residual. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, pero porque la determinaci\u00f3n refutada, no es producto de un subjetivo criterio que justifique la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del instrumento invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, por la puntal raz\u00f3n expresada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10047-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10047-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00581-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65948"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65948\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}