STC10051-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10051-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00211-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el pasado 31 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dar\u00edo Manuel Arrieta Morillo contra el Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
2. Dice que en su contra cursa la actuaci\u00f3n administrativa \u00ab202000005075-00\u00bb ante la autoridad electoral accionada, en la que, mediante \u00abresoluci\u00f3n No 8680\u00bb de 25 de noviembre de 2021, \u00abse abre investigaci\u00f3n y se formulan cargos, a unos excandidatos a corporaciones y cargos uninominales, en todo el territorio nacional, por la no presentaci\u00f3n de informes de ingresos y gastos, la omisi\u00f3n de la designaci\u00f3n de gerente de campa\u00f1a y por no abrir la cuenta para el manejo de los recursos y el no manejo de los mismos en la respectiva cuenta\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el pasado 27 de febrero \u00abrealiz[\u00f3] derecho de petici\u00f3n al Consejo Nacional Electoral\u00bb a trav\u00e9s del cual \u00abse declar\u00f3 en pobreza extrema\u00bb y solicit\u00f3 ser excluido del aludido tr\u00e1mite en tanto \u00abfue utilizado por el movimiento pol\u00edtico Alianza Democr\u00e1tica Afrocolombiana ADA\u00bb. <\/p>\n
3. Asegura que a la fecha de formulaci\u00f3n del presente amparo no ha obtenido pronunciamiento alguno, raz\u00f3n por la cual solicita \u00abordenar a la parte accionada, responder de fondo mi petici\u00f3n, dentro de las 48 horas siguientes al fallo que as\u00ed lo ordene [sic]. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una empleada adscrita a la Oficina Jur\u00eddica y de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que afirm\u00f3 que \u00abla petici\u00f3n relacionada por la parte accionante\u2026 m\u00e1s que una solicitud\u2026 son apreciaciones subjetivas que hacen parte del proceso sancionatorio que se adelanta en esa corporaci\u00f3n\u00bb, de all\u00ed que deba ser resuelta en el acto administrativo que ponga fin a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Personer\u00eda de Cartagena, por conducto del jefe de la Oficina Jur\u00eddica pidi\u00f3 acceder a las s\u00faplicas de la demanda en tanto que \u00abcon las pruebas allegadas\u2026 es evidente que la entidad accionada no ha dado respuesta al peticionario\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena neg\u00f3 por improcedente la salvaguarda tras considerar que el escrito presentado por el gestor \u00abno contiene una petici\u00f3n de aquellas a las que se hace referencia en el art\u00edculo 13 del C. de P. y de lo C. A., sino un memorial de descargos planteados con respecto a la Resoluci\u00f3n No. 8680\u2026 a trav\u00e9s de la cual el Consejo Nacional Electoral abri\u00f3 investigaci\u00f3n administrativa y formul\u00f3 cargos\u00bb. <\/p>\n
De tal manera, agreg\u00f3, al ser un asunto estrechamente ligado con el objeto del procedimiento en curso, la resoluci\u00f3n de la solicitud \u00abdeber\u00e1 atenderse a las normas que regulan las etapas del proceso administrativo del cual hace parte\u00bb el peticionario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los que agreg\u00f3 que el tribunal de primer grado \u00abno consider\u00f3\u00bb los derechos de petici\u00f3n que present\u00f3 el 7 de marzo y 10 de mayo de 2022 a la dirigencia del movimiento pol\u00edtico por el que fue candidato, y que ante la falta de respuesta a ellos fue que \u00abpromovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela\u2026 por la flagrante violaci\u00f3n a los derechos fundamentales al derecho de petici\u00f3n que est\u00e1n siendo vulnerados por el Consejo Nacional Electoral [SIC]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad electoral convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada por el demandante, porque supuestamente no respondi\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 el pasado 27 de febrero a trav\u00e9s del cual \u00abse declar\u00f3 en pobreza extrema\u00bb y solicit\u00f3 ser excluido del proceso sancionatorio 5075-20, en tanto \u00abfue utilizado por el movimiento pol\u00edtico Alianza Democr\u00e1tica Afrocolombiana ADA\u00bb. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al funcionario que adelanta la actuaci\u00f3n, la misma debe ser propuesta y debatida en su interior, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la providencia o acto administrativo que le ponga fin pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al competente, comoquiera no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
La Corte ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, pero no por lo razonado por la colegiatura a quo, sino porque desatiende el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
De acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen a la actuaci\u00f3n debatida y, tal como pudo comprobarse, el proceso administrativo sancionatorio que se adelanta en contra de Arrieta Morillo por la presunta violaci\u00f3n del art\u00edculo 25 de la Ley 1475 de 2011 cuando fue candidato a una Junta Administradora Local de la ciudad de Cartagena por el movimiento pol\u00edtico Alianza Democr\u00e1tica Afrocolombiana ADA, se encuentra en curso, habi\u00e9ndose, hasta ahora, dado apertura formal a la investigaci\u00f3n y formulado cargos, de all\u00ed que a\u00fan este pendiente que el despacho querellado emita el pronunciamiento que en derecho corresponda frente al pedimento del gestor que, se resalta, persigue la misma finalidad que el presente amparo. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente la salvaguarda porque por medio de este tr\u00e1mite constitucional no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir a otro funcionario ordinario en las instancias oportunas, pues la acci\u00f3n tuitiva no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte inviable mientras el diligenciamiento controvertido est\u00e9 surti\u00e9ndose. <\/p>\n
En punto de lo dicho, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a las manifestaciones presentadas por el quejoso en la impugnaci\u00f3n, referentes a que el tribunal a quo no tuvo en cuenta dos derechos de petici\u00f3n que, al parecer, formul\u00f3 a la dirigencia del movimiento pol\u00edtico que aval\u00f3 su candidatura a la Junta Administradora Local y que no han sido contestados, debe advertir la Corte que se trata de alegaciones novedosas que no fueron incluidas en el libelo inicial. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto la petici\u00f3n de amparo se circunscribi\u00f3 exclusivamente al presunto quebrantamiento, por parte del Consejo Nacional Electoral, de la garant\u00eda supralegal consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin que se atribuyera lesi\u00f3n alguna a la aludida organizaci\u00f3n privada, de all\u00ed que no pueda atribuirse a la corporaci\u00f3n de primer grado desatenci\u00f3n alguna al momento de resolver la instancia, por cuanto, se itera, tales aseveraciones ni siquiera fueron consignadas en la demanda. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la negativa del amparo, pero porque subsiste para el promotor, en el proceso administrativo sancionatorio que se adelanta en su contra, la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que dice conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo resuelto a las partes y al tribunal a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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