STC10053-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10053-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02433-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Coltanques S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2017-00906. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con las sentencias -de primera y segunda instancia- de 3 de diciembre de 2020 y 11 de febrero de 2022, mediante las cuales los juzgadores encartados accedieron al reclamo indemnizatorio que se formul\u00f3 en su contra, sin percatarse de que, desde el 16 de octubre de 2018, la mandataria judicial que hab\u00eda designado, abandon\u00f3 por completo su defensa judicial, pese a que no se le lleg\u00f3 a aceptar la renuncia que en su momento present\u00f3 ante el fallador de primer grado. <\/p>\n
Afirma que esa circunstancia comprometi\u00f3 seriamente su derecho de defensa, dado que le impidi\u00f3 participar en las audiencias que se surtieron ante el juez a quo (inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento) y conocer los pormenores del litigio, para el momento en que deb\u00eda sustentar su recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un breve recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a este tr\u00e1mite y dijo remitirse a las providencias all\u00ed proferidas. <\/p>\n
2. Neydis Cenit S\u00e1nchez Cuadrado pidi\u00f3 desestimar el pretendido resguardo, en consideraci\u00f3n a que la trasgresi\u00f3n que la actora le pretende endilgar a los juzgadores convocados no es m\u00e1s que el producto de la negligencia de su propio mandatario judicial. <\/p>\n
3. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la solicitud de amparo en estudio satisface el presupuesto de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el cuadro f\u00e1ctico all\u00ed narrado involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas como fundamento de las pretensiones. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura dicha modalidad, dado que el accionante no acredit\u00f3 (ni tampoco as\u00ed lo indic\u00f3 en su escrito incoativo) que la irregularidad sobre cuya base pretende la anulaci\u00f3n del juicio objeto de censura, fue puesta de presente ante los falladores accionados tan pronto tuvo conocimiento de la misma. <\/p>\n
De hecho, a partir de los elementos de juicio que conforman el expediente, observa la Corte que, en su momento, la accionante apel\u00f3 la sentencia estimatoria de primera instancia, sin hacer referencia alguna a las dificultades que aqu\u00ed dijo haber enfrentado para conocer a cabalidad la foliatura de ese juicio declarativo, inconvenientes estos que, de haber ocurrido realmente, tampoco constituyen un obst\u00e1culo significativo para el ejercicio del derecho a la defensa de la convocante, quien, al elevar su impugnaci\u00f3n, evidenci\u00f3 un conocimiento suficiente de los pormenores de la actuaci\u00f3n y de las razones que llevaron a la prosperidad de la demanda formulada en su contra. <\/p>\n
Ante tal panorama, colige la Corte que la actora no est\u00e1 habilitada para prevalerse de los efectos tuitivos de esta tramitaci\u00f3n constitucional, pues – salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable- esta no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s medios que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En estas circunstancias, cuando sin mediar justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, la parte actora invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Lo anterior, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al auxilio solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
A lo anterior se suma que la Sala ha venido se\u00f1alando que la improcedencia de la tutela por el comportamiento incurioso de la parte demandante, no encuentra respaldo jur\u00eddico en exculpaciones como aquella de que no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, la Corte resalt\u00f3 que \u00abno se puede dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (providencia de 29 de enero de 2007, exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (STC 10 may. 2011, rad. 00365-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha declarado la improcedencia de la acci\u00f3n, cuando \u00abel gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). Tambi\u00e9n, que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01, citada entre otras en STC747-2019, 31 ene. 2019, rad. 00204-01). <\/p>\n
Ante eventos como el que ac\u00e1 se expone, retoma vigencia el precedente seg\u00fan el cual, para soportar una salvaguarda \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental\u00bb, sino que es menester la demostraci\u00f3n de que \u00e9ste u otros de orden superior \u00abhan sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, citada en STC11384-2019, 26 ago. 2019, rad. 02418-00, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone declarar improcedente el resguardo, porque la demanda en referencia desatiende el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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