STC10056-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10056-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02438-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Cotty Morales Caama\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00200. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, y sin puntualizar cu\u00e1l es su aspiraci\u00f3n concreta en esta actuaci\u00f3n, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la decisi\u00f3n de los juzgadores encartados de continuar con el curso de la acci\u00f3n popular ya referenciada (en el que ella funge como coadyuvante), sin reparar en que nunca se le garantiz\u00f3 el acceso a los archivos digitales que componen el expediente, raz\u00f3n por la cual no tuvo elementos de juicio suficientes para combatir las decisiones que all\u00ed se adoptaron. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal hizo un recuento de lo ocurrido en la acci\u00f3n popular materia de controversia y enfatiz\u00f3 que all\u00ed no se trasgredi\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental de los intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Con ese cometido, preliminarmente conviene advertir que, aunque el libelo introductor no permite establecer, con suficiente claridad, cu\u00e1l concretamente es la providencia judicial que la actora estima violatoria de sus derechos fundamentales, asume la Sala que se trata del auto de 11 de marzo de 2022, mediante el cual la magistratura convocada declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n que la hoy convocante formul\u00f3 contra la sentencia de primer grado. Lo anterior, en tanto que dicho prove\u00eddo corresponde a la primera (y principal) actuaci\u00f3n de la colegiatura encartada, con relaci\u00f3n a la aqu\u00ed querellante, quien -finalmente- no lleg\u00f3 a obtener un pronunciamiento de fondo en segunda instancia sobre las resultas de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal declar\u00f3 inadmisible la alzada que formul\u00f3 la aqu\u00ed convocante contra lo resuelto en primer grado, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante resaltar que los elementos de juicio recaudados no evidencian (ni tampoco as\u00ed se aleg\u00f3 en el escrito de tutela), que ante el juez de primer grado o incluso ante el mismo tribunal, la querellante hubiera puesto de presente -mediante los conductos procesales pertinentes- las manifestaciones que aqu\u00ed expuso en cuanto a su imposibilidad de acceder al expediente de la acci\u00f3n popular a trav\u00e9s del enlace digital que le fue remitido. <\/p>\n
En tal escenario, resulta razonable que el fallador ad quem hubiera cerrado el paso al recurso de apelaci\u00f3n que la convocante formul\u00f3 contra la sentencia de primera instancia, luego de constatar que la sustentaci\u00f3n de ese medio de impugnaci\u00f3n no guardaba ninguna relaci\u00f3n con lo acaecido en el decurso del litigio. Sobre el particular, el tribunal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSer\u00eda del caso admitir el recurso de apelaci\u00f3n planteado en forma exclusiva por el apoderado judicial de una coadyuvante, si no fuera porque se evidencia incumplida la carga de exposici\u00f3n de los reparos concretos. Se explica. <\/p>\n
En efecto, si bien el apoderado judicial de la coadyuvante Cotty Morales, reconocida en la audiencia de pacto de cumplimiento de primera instancia, present\u00f3 extenso escrito soportando su postura, lo cierto es que aquel no guarda relaci\u00f3n con el presente proceso. N\u00f3tese que aunque el correo electr\u00f3nico en el que se remiti\u00f3 aparece dirigido a esta acci\u00f3n popular (folio 44 archivo 65 del cuaderno de primera instancia), su contenido se refiere a una distinta, m\u00e1s precisamente a la radicada 66001310300120210018500 que enfrenta a GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS con INVERSIONES MERIZALDE RESTREPO S.A. BIG JHON, quien nada tiene que ver con este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Adici\u00f3nese que se hacen una cantidad de consideraciones en rededor de los derechos colectivos y su necesidad de protecci\u00f3n, con cita de fuentes normativas, sin que se precise en alg\u00fan momento en qu\u00e9 consiste el disenso con ese aspecto de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se habla adem\u00e1s de una \u201ccarencia de objeto\u201d que no fue espont\u00e1nea, lo que ratifica que el memorial no se refiere a esta actuaci\u00f3n, pues ac\u00e1 no se produjo tal declaraci\u00f3n, sino que por el contrario, se ampararon los derechos colectivos invocados y se impuso una obligaci\u00f3n de hacer al accionado. Adem\u00e1s, se refiere el apelante en algunos apartes a la ausencia de capacitaci\u00f3n de los accionados para informar sus servicios a los usuarios, asunto que tampoco fue objeto de debate, como s\u00ed lo fue la accesibilidad f\u00edsica. <\/p>\n
En suma, es claro que lo arg\u00fcido por el recurrente no se refiere a la providencia que se profiri\u00f3 en primera instancia, lo que equivale a decir que frente a ella no se precis\u00f3 reparo concreto. En esta hip\u00f3tesis, se puntualiza, ni siquiera existe una verdadera labor de contrastaci\u00f3n del recurrente frente a la sentencia recurrida. Ante la ausencia de esa carga procesal, el recurso debe ser inadmitido. <\/p>\n
Plantear reparos concretos no significa esgrimir cuestiones gen\u00e9ricas. Debe, por el contrario, indicarse con claridad las razones o argumentaciones espec\u00edficas de la decisi\u00f3n que se controvierten, sin que resulten admisibles ejercicios acad\u00e9micos que se limitan a presentar razones, incluso ajenas al debate, con el prop\u00f3sito de dejar a cargo del juzgador la tarea de identificar si en realidad, alguna de ellas controvierte lo que en el caso concreto se decidi\u00f3, tarea que naturalmente corresponde a quien apela. <\/p>\n
Si obviando lo anterior, se pudiera admitir como reparo el cap\u00edtulo IV del escrito, que lo dedica el apelante a invocar unos derechos fundamentales adyacentes (salario m\u00ednimo, salario m\u00ednimo vital), que desarrolla en v\u00eda de criticar la ausencia de condena en costas en primera instancia, lo cierto es que frente a esa determinaci\u00f3n carece de inter\u00e9s para apelar, pues ella no le causa agravio. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto las costas en primera instancia corresponde pagarlas a la parte vencida, a favor de la parte que gan\u00f3 el asunto. Quien ac\u00e1 apel\u00f3 actu\u00f3 como coadyuvante, condici\u00f3n en la que no integra la parte demandante ni la demandada. En consecuencia, cualquier decisi\u00f3n en torno a las costas de primera instancia, se reitera, ning\u00fan agravio le ocasiona, careciendo de inter\u00e9s para recurrir ese aparte de la providencia de manera aut\u00f3noma, como ac\u00e1 lo hace. <\/p>\n
Si el actor popular estuvo de acuerdo con lo decidido, porque no apel\u00f3, no puede el coadyuvante ahora esgrimir argumentos en contra de una determinaci\u00f3n de naturaleza eminentemente individual, como la de negar la condena en costas a favor del accionante, aspecto que est\u00e1 por fuera del inter\u00e9s colectivo que habilita a aquel su participaci\u00f3n en el tr\u00e1mite popular: la condena en costas no responde a la naturaleza de un inter\u00e9s o derecho colectivo del cual se puede promulgar cotitular el coadyuvante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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