STC10057-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10057-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00167-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 8 de febrero de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Germ\u00e1n Alarc\u00f3n contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Penal del Circuito y la Fiscal\u00eda 8\u00aa de la Unidad Seccional de Homicidios, ambos de esa ciudad, y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2021-00006. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que la fiscal\u00eda le imput\u00f3 el delito de \u00abfeminicidio agravado\u00bb en calidad de autor material; luego, radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n, cuyo conocimiento avoc\u00f3 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, que fij\u00f3 para el 13 de mayo de 2021 la realizaci\u00f3n de la audiencia respectiva. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en la calenda indicada, instalada la diligencia, su defensor solicit\u00f3 a la fiscal\u00eda \u00ab(\u2026) adec\u00fae la conducta penal a una premisa f\u00e1ctica m\u00e1s acorde a los hechos jur\u00eddicamente relevantes [pero] el fiscal afirma que se sostiene en el pliego de cargos, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 al defensor p\u00fablico plantear nulidad en aras que se garantice el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 28 de mayo de 2021, en la continuaci\u00f3n de la audiencia, el juzgado neg\u00f3 la nulidad presentada, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 posteriormente el Tribunal Superior de Yopal mediante auto del 7 de julio de ese a\u00f1o, al resolver la alzada. <\/p>\n
Acus\u00f3 los prove\u00eddos rese\u00f1ados de incurrir en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues, tanto el juzgado de conocimiento como el tribunal, no apreciaron las inconsistencias que evidencia la acusaci\u00f3n formulada por el ente persecutor, por cuanto \u00abconfrontados los hechos jur\u00eddicamente relevantes con los tipos penales, vemos que distan de los principios de legalidad y estricta tipicidad\u00bb; al respecto, aleg\u00f3 que \u00aben el escrito de acusaci\u00f3n, la fiscal\u00eda [\u2026] incurri\u00f3 en el error de referirse al contenido de la denuncia y de las versiones de otros testigos, para reiterar las conductas endilgadas [que] encajaban en otro tipo penal menos gravoso, sin embargo, es claro que en la acusaci\u00f3n, la fiscal\u00eda, pese a que se advirti\u00f3 por la defensa, no modific\u00f3 la adecuaci\u00f3n t\u00edpica, lo que dio lugar a la formulaci\u00f3n de cargos por un delito m\u00e1s grave, pues, [\u2026] la imputaci\u00f3n se hizo por feminicidio\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que \u00abse declare la nulidad de lo actuado desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, integrante de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, defendi\u00f3 la postura all\u00ed adoptada y precis\u00f3 que se fund\u00f3 en \u00abel an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica presentada y la interpretaci\u00f3n de las normas aplicables [\u2026] [por lo que] ning\u00fan dislate se advierte en la providencia judicial cuestionada y menos de aquellos que permiten la inferencia del juez constitucional en asuntos ordinarios\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad por cuanto, \u00ab(\u2026) la actuaci\u00f3n penal se encuentra en juicio oral y, es en ese escenario procesal, ante el funcionario natural, donde debe el demandante, por s\u00ed mismo o a trav\u00e9s de su defensor, presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estime desconocedora de sus garant\u00edas tal y como lo viene haciendo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del querellante reiterando en extenso los argumentos del escrito introductor. Refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo y el criterio de soluci\u00f3n adoptado, por cuanto \u00ablos mecanismos que ten\u00eda la defensa para retrotraer la actuaci\u00f3n ya se agotaron en absoluto y no existe otro mecanismo para salvaguardar el derecho constitucional sino el de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el quejoso con el auto del 7 de julio de 2021 que confirm\u00f3 el del juez a quo, denegatorio de la solicitud de nulidad (en el proceso penal que por el delito de \u00abfeminicidio agravado\u00bb se adelanta \u2013 radicado n\u00ba 2021-00006), incurriendo con ello en v\u00eda de hecho, supuestamente, por omitir ejercer control sobre la acusaci\u00f3n presentada por la fiscal\u00eda, la que se\u00f1al\u00f3 de contener errada calificaci\u00f3n jur\u00eddica, de conformidad con los hechos. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, al encontrase el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde al promotor del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
As\u00ed entonces, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior de la causa y, hall\u00e1ndose vigente la etapa del juicio, subsisten las posibilidades jur\u00eddicas para reformular los cuestionamientos en torno a las inconsistencias que se\u00f1ala el actor de la acusaci\u00f3n y ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n planteando, por ejemplo, dicha argumentaci\u00f3n en el escenario de los alegatos de conclusi\u00f3n o, a trav\u00e9s de los recursos que el ordenamiento procesal penal contemple, si es que la sentencia le es desfavorable. <\/p>\n
Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
En esas circunstancias, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de la determinaci\u00f3n aqu\u00ed atacada ser\u00eda no solo una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, dado que el actor cuenta con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 21 de julio de 2022 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 25 de julio de 2022. <\/p>\n
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