STC10058-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10058-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02642-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 20 de enero de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lizzette Senior Fern\u00e1ndez como curadora de Rafael Gregorio Senior Fern\u00e1ndez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en la causa confutada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista, actuando en la citada calidad y a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su agenciado al debido proceso, \u00abm\u00ednimo vital, (\u2026) seguridad social, (\u2026) en armon\u00eda con el principio de legalidad; (\u2026) acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Rafael Gregorio Senior Fern\u00e1ndez, por medio de la citada curadora, instaur\u00f3 ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-, en procura de obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con ocasi\u00f3n del deceso de su progenitor, puesto que \u00abdepend\u00eda econ\u00f3micamente de su padre debido a la enfermedad que padece de trastorno afectivo bipolar; que al fallecer su madre qued\u00f3 desprotegido econ\u00f3micamente, por haber sido a ella a quien se le sustituy\u00f3, el ciento por ciento la pensi\u00f3n de su padre\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla, que absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
Inconforme, la procuradora del gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que el actor no ostentaba \u00abla calidad de inv\u00e1lido al fallecimiento de su padre\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la libelista, incurri\u00f3 en defecto sustantivo, pues \u00ab[l]a norma vigente para cuando se produjo el fallecimiento del se\u00f1or RAFAEL AUGUSTO SENIOR BLANCO (28 de abril de 2010), (\u2026) respecto a la fecha de estructuraci\u00f3n rige el art\u00edculo 3 del Decreto 917 de 1999 (\u2026) [que] fue derogada por el art. 6 del Decreto Nacional 1507 de 2014\u00bb y en defecto f\u00e1ctico \u00abcomo consecuencia de una equivocada valoraci\u00f3n de los elementos probatorios que condujo a que diera por demostrado, a pesar de no estarlo, que la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez del se\u00f1or RAFAEL GREGORIO SENIOR FERNANDEZ fue el 3 de enero de 2016\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la decisi\u00f3n SL3348-2021 del 28 de julio de 2021, y, en consecuencia, se \u00abemita una nueva [providencia] de conformidad con los lineamientos constitucionales aqu\u00ed invocados, reconociendo (\u2026) el derecho a la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del fallo confutado realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en el mismo y manifest\u00f3 que \u00abno puede tildarse de arbitrari[o] o caprichos[o] y, por el contrario, emerge con claridad que se soport\u00f3 en una labor hermen\u00e9utica jur\u00eddica v\u00e1lida, de modo que se imposibilita la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n reclamada y la intervenci\u00f3n constitucional, comoquiera que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela requiere como presupuesto l\u00f3gico necesario que exista una amenaza seria y actual o una vulneraci\u00f3n concreta, requisitos que no est\u00e1n configurados en este asunto\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla refiri\u00f3 que \u00aba la parte hoy accionante no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto al resolver el recurso de apelaci\u00f3n se hizo teniendo en cuenta el principio de congruencia consagrado en el art\u00edculo 66 A del C.P.T.S.S., atendiendo la normatividad vigente para resolver el caso en concreto e igualmente, aplicando los criterios jurisprudenciales relacionados con el tema objeto de la litis, como lo es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral, 13278 del 2017 Rad 54948\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de esa ciudad inform\u00f3 las actuaciones procesales surtidas en el juicio y explic\u00f3 que \u00ab[l]as pretensiones del tr\u00e1mite tutelar van dirigidas contra la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por lo que ninguna actuaci\u00f3n puede realizar este Despacho contra las decisiones emitidas por su superior Jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. se\u00f1al\u00f3 que \u00abdentro del [asunto] laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. o el extinto I.S.S\u00bb. <\/p>\n
5. Quien fungi\u00f3 como apoderada de Colpensiones en el ordinario reliev\u00f3 que \u00abno realizamos actuaci\u00f3n alguna que afectara los derechos fundamentales (\u2026) del se\u00f1or RAFAEL GREGORIO SENIOR FERNANDEZ, todo lo contrario, siempre se ha respetado la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y normas internacionales, que regulan la seguridad social y los manuales de defensa que maneja la entidad\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo en tanto que \u00abde la lectura de la decisi\u00f3n dictada por la por Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, con facilidad puede apreciarse que se resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, dando cabal respuesta a los cuestionamientos planteados por el casacionista, como qued\u00f3 detallado en la trascripci\u00f3n efectuada en precedencia. En ese orden de ideas, los razonamientos de la accionada no pueden controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela dado que estos no se advierten arbitrarios o caprichosos\u00bb. <\/p>\n
La impetr\u00f3 la parte convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, y resalt\u00f3 que \u00aben virtud de [la] favorabilidad, nada impide que se aplique ultractivamente lo dispuesto en art\u00edculo 3 del decreto 917 de 1999, respecto a la fecha de estructuraci\u00f3n, seg\u00fan el cual, \u201cPara cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia cl\u00ednica, los ex\u00e1menes cl\u00ednicos y de ayuda diagn\u00f3stica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificaci\u00f3n.\u201d Tal apreciaci\u00f3n es coherente con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica que aqu\u00ed se ha planteado y, de esta manera, se cumplir\u00eda con los fines de la seguridad social basados en los principios de universalidad, solidaridad y equidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la curadora del gestor (SL3348-2021 rad. 88868), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada mantuvo inc\u00f3lume el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, tras considerar que el censor no detentaba \u00abla calidad de inv\u00e1lido (sic) al fallecimiento de su padre\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar conjuntamente los dos cargos, encaminados por la v\u00eda directa, en la modalidad de \u00abinfracci\u00f3n directa del art\u00edculo 3 del Decreto 917 de 1999, \u00ab[\u2026] lo que condujo a la INTERPRETACI\u00d3N ERRONEA del art\u00edculo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la ley 797 del 2003, vulnerando as\u00ed mismo el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb y por la v\u00eda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 del 2003, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: \u00ab[L]e corresponde a la Corte dilucidar si el fallador de segunda instancia incurri\u00f3 en alg\u00fan dislate jur\u00eddico y\/o f\u00e1ctico que lo llev\u00f3 a no dar por demostrado que la p\u00e9rdida de capacidad laboral del actor se estructur\u00f3 con anterioridad al fallecimiento de su padre\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente indic\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que el padre del actor, quien disfrutaba de una pensi\u00f3n reconocida por el ISS, falleci\u00f3 el 28 de abril de 2010; (ii) que dicha prestaci\u00f3n le fue sustituida a la madre del demandante, quien falleci\u00f3 el 25 de mayo de 2015; (iii) que el actor naci\u00f3 el 27 de julio de 1970; y (iv) que Colpensiones, mediante dictamen del 17 de marzo de 2018, le determin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 55%, con fecha de estructuraci\u00f3n de 3 de enero de 2016.\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00aben trat\u00e1ndose del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, esta Sala en forma pac\u00edfica y reiterada ha sostenido que, por regla general, la norma que gobierna el derecho reclamado es la vigente al momento del fallecimiento del causante, que para este caso corresponde al art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, dado que la defunci\u00f3n ocurri\u00f3 el 28 de abril de 2010, y norma que dispone que se tendr\u00e1 derecho a la prestaci\u00f3n en calidad de hijo inv\u00e1lido, siempre que se acredite esa condici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 38 de la Ley 100, conjuntamente con la dependencia econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, explic\u00f3 que \u00abel precepto materia de an\u00e1lisis [estipula] que para determinar cu\u00e1ndo hay invalidez se aplicar\u00e1 el criterio previsto por el art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993, que b\u00e1sicamente se refiere a que se debe establecer una p\u00e9rdida de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%, para efectos de que se considere inv\u00e1lida la persona, conforme al manual \u00fanico para la calificaci\u00f3n de la invalidez vigente a la fecha de la calificaci\u00f3n, (\u2026) que, en este caso, por haber la entidad demandada calificado al actor el 17 de marzo de 2018, corresponde al manual contenido en el Decreto 1507 de 2014, que derog\u00f3 expresamente el Decreto 917 de 1999, lo que se traduce en la impertinencia del cargo al plantear la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 3 de este \u00faltimo decreto, pues, (\u2026) no era la norma aplicable, por encontrarse derogada al momento de la calificaci\u00f3n\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Respecto de los yerros de car\u00e1cter f\u00e1ctico endilgados al tribunal, la Corporaci\u00f3n convocada reliev\u00f3 que \u00ablas pruebas denunciadas como err\u00f3neamente apreciadas, como ocurre con el dictamen de calificaci\u00f3n emitido por Colpensiones y el informe pericial proferido por el Instituto de Medicina Legal de la Seccional Barranquilla, no son medios de convicci\u00f3n calificados en el examen del recurso de casaci\u00f3n, conforme lo establece el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, coligi\u00f3 que \u00ab[n]o obstante, al ser la historia cl\u00ednica un medio h\u00e1bil en casaci\u00f3n, es pertinente su estudio (\u2026) y en ese ejercicio encuentra la Sala que ning\u00fan dislate puede ser atribuido el ad quem en su valoraci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Prosigui\u00f3 se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab[N]o es dable concluir que con los datos consignados en la historia cl\u00ednica quede desvirtuada la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez asignada en la calificaci\u00f3n que realiz\u00f3 la entidad demandada, pues no se desprende de ellos que el actor haya consolidado el estado de invalidez requerido en la ley desde el mismo momento en que recibi\u00f3 atenci\u00f3n para el a\u00f1o 2001, al no evidenciarse soportes cl\u00ednicos, tratamientos, ni ex\u00e1menes diagn\u00f3sticos anteriores al 10 de abril de 2010, fecha de la defunci\u00f3n de su se\u00f1or padre, donde se especifique el grado de lesi\u00f3n originada por la patolog\u00eda trastorno depresivo bipolar, se insiste, que logre demostrar que la invalidez se estructur\u00f3 en una fecha anterior al fallecimiento del causante\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que \u00abal no quedar demostrado el error ostensible y manifiesto en que pudo haber incurrido la sentencia recurrida, no es posible proseguir con el examen de los testimonios indicados por la censura como demostrativos de la dependencia econ\u00f3mica que el Tribunal tambi\u00e9n dio por no acreditada en este proceso, en primer lugar, por no ser prueba calificada en casaci\u00f3n y, en segundo lugar, por resultar irrelevante al no ostentar el actor la calidad de inv\u00e1lido al fallecimiento de su padre\u00bb y de esta manera desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la curadora del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia del criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 25 de julio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC10058-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10058-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02642-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65957\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}