STC10061-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10061-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02483-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Julio Ochoa Castellanos contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el hipotecario 2017-00325. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00abal debido proceso constitucional\u2026 y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
En el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 cursa el compulsivo con garant\u00eda hipotecaria 2017-003251, promovido por Judy Tatiana Medina Granados contra Jos\u00e9 Armando Ochoa Amaya, en el que act\u00faan como sucesores procesales del demandado (fallecido el 1\u00ba de julio de 2018), Mar\u00eda Amparo Castellanos \u00c1ngel (c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite) y Carlos Julio Ochoa Castellanos (hijo). <\/p>\n
Por conducto de apoderado judicial, los sucesores procesales solicitaron la nulidad de lo actuado, al considerar que se presentaron defectos en la forma en que se notific\u00f3 el mandamiento de pago y la sentencia. <\/p>\n
Con auto de 12 de octubre de 2021, el juzgado cognoscente acogi\u00f3 el anterior pedimento y dispuso la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite a partir de los autos de 12 de octubre de 2017 y 4 de septiembre de 2018 mediante los cuales se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, dejando a salvo las cautelas practicadas; asimismo, tuvo por notificados por conducta concluyente a los sucesores procesales del demandado y les otorg\u00f3 el t\u00e9rmino consagrado en el inciso final del art\u00edculo 301 del Estatuto Procesal General. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la ejecutante, siendo modificada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 21 de enero2 en el sentido de aclarar que la nulidad operaba a partir del 1\u00ba de julio de 2018, fecha del deceso del demandado principal y revocando las dem\u00e1s disposiciones adoptadas por el juzgado a quo. <\/p>\n
3. Para el gestor, la providencia de segundo grado adolece de \u00abdefecto procedimental absoluto por indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago [sic]\u00bb y \u00abpor exceso ritual manifiesto en materia probatoria [que se correlaciona] con el defectos [sic] f\u00e1ctico [SIC]\u00bb, habida consideraci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) consider\u00f3 que con la mera formalidad externa del env\u00edo del citatorio y aviso del mandamiento errado, se cumpl\u00eda a cabalidad con el rito formal de los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el demandado deb\u00eda hacer caso omiso al error en su nombre; con lo cual se renunci\u00f3 conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva del proceso, donde mediante auto en firme se hab\u00eda reconocido y corregido el error en el mandamiento de pago y se le hab\u00eda ordenado al demandante notificar de manera simult\u00e1nea ambos autos al demandado [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abordenar que se devuelva la providencia impugnada para que sea proferida nuevamente con el pleno respeto por los derechos fundamentales del accionante [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que la intenci\u00f3n del accionante es \u00abreanudar el debate de una controversia que ya se resolvi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, tras rememorar las principales actuaciones surtidas en el proceso objeto de escrutinio, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda pues la misma \u00abno ha sido instituida para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos o tr\u00e1mites alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, o de las actuaciones que deban surtirse\u2026 ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, como tampoco para impulsar determinado asunto o reemplazar los recursos ordinarios o extraordinarios establecidos\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto sobre el que versa la presente tutela hasta el 27 de enero de 2020, data en la que lo remiti\u00f3 a la oficina apoyo para los despachos de ejecuci\u00f3n de sentencias. <\/p>\n
Solicit\u00f3 desestimar el ruego en lo que a esa agencia judicial ata\u00f1e, en tanto las decisiones que se dicen lesivas de derechos fundamentales \u00abno fueron proferidas por es[e] despacho\u00bb. <\/p>\n
4. Un abogado que dijo ser el \u00abapoderado de la demandante\u00bb en el compulsivo que origin\u00f3 la queja3 resalt\u00f3 que el presunto quebrantamiento de las prerrogativas superiores del actor \u00abno es m\u00e1s que un desacuerdo en el an\u00e1lisis que de los distintos medios de prueba realizara el ad quem al momento de desatar la controversia puesta para su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en s\u00edntesis, denegar el resguardo dado que lo pretendido es \u00abrevivir el debate\u2026 como si la\u2026 acci\u00f3n de tutela fuera una tercera instancia\u00bb, al tiempo que \u00abcon la providencia fustigada no se viola ni pone en inminente peligro derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si dentro del proceso ejecutivo 2017-00325 en el que Carlos Julio Ochoa Castellanos es demandado, la autoridad judicial convocada lesion\u00f3 sus prerrogativas fundamentales al modificar la fecha a partir de la cual operaba la declaratoria de nulidad dispuesta por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
En efecto, para que la corporaci\u00f3n cuestionada decidiera modificar la fecha a partir de la cual operaba la invalidaci\u00f3n y las consecuencias procesales de tal declaraci\u00f3n, rememor\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que para la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal la parte interesada debe enviar la comunicaci\u00f3n a la direcci\u00f3n del demandado que haya informado la parte demandante, comunicaci\u00f3n que deber\u00e1 ser cotejada y sellada por la empresa de correos para ser entregada en la sede judicial junto con una constancia sobre su entrega con el fin de que obre dentro del expediente, disposici\u00f3n que impone al funcionario judicial verificar que la entrega est\u00e9 documentada, cotejada y sellada por la empresa que prest\u00f3 el servicio de correo con la constancia de que el notificado vive, reside o labora all\u00ed. <\/p>\n
Ahora, en el caso que no asista en el t\u00e9rmino dispuesto para ello, la misma normatividad dispone que \u201cel interesado proceder\u00e1 a practicar la notificaci\u00f3n por aviso\u201d, que deber\u00e1 incluir \u201csu fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificaci\u00f3n se considerar\u00e1 surtida al finalizar el d\u00eda siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino\u201d, y cuando se trate del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, \u201cel aviso deber\u00e1 ir acompa\u00f1ado de copia informal de la providencia que se notifica\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se detuvo en las causales de interrupci\u00f3n del proceso consagradas en el art\u00edculo 159 del Estatuto Adjetivo, resaltando que el ordinal 1\u00ba se\u00f1ala que dicha consecuencia acaece \u00abpor muerte\u2026 de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial\u00bb y opera \u00aba partir del derecho que la origine\u00bb correspondiendo al juez cognoscente \u00abinmediatamente tenga conocimiento\u2026 notificar por aviso al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis del caso concreto, de cara a los reparos formulados por la parte apelante, advirtiendo, inicialmente, que el mandamiento de pago fue efectivamente comunicado, al ser enviado a las direcciones registradas, tanto la notificaci\u00f3n personal entregada el 17 de agosto de 2017, como el aviso recibido por Amparo Castillo el 9 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien no se adjunt\u00f3 a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago\u2026 el auto del 5 de julio de 2017, a trav\u00e9s del cual el juzgado corrigi\u00f3 su nombre de Jorge a Jos\u00e9, ello en modo alguno resulta ser una causal trascendente que afecte su derecho de contradicci\u00f3n, pues se trata de un error de digitaci\u00f3n del cual no se advierte se haya ocasionado un perjuicio, m\u00e1xime cuando su otro nombre y apellidos se encuentran debidamente escritos, y los oficios enviados, as\u00ed como el destinatario del mensaje informado a la oficina de correos, se especific\u00f3 correctamente como Jos\u00e9 Armando Ochoa Amaya, notificaci\u00f3n que valga precisar, se realiz\u00f3 a la direcci\u00f3n reportada al momento de constituir la hipoteca en escritura p\u00fablica\u2026 recibida por sus familiares el 17 de agosto y 9 de septiembre de 2017, esto es, antes de su deceso (1\u00ba de julio de 2018), fechas a partir de las cuales, pudo hacerse parte del proceso pero no lo hizo, sin que resulte viable retrotraer la actuaci\u00f3n por la inactividad e incuria de \u00e9ste en el asunto, s\u00f3lo con el objeto de revivir los t\u00e9rminos ya fenecidos (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Seguidamente, al abordar la censura relacionada con \u00ablas personas que deb\u00edan ser citadas para suceder en el proceso al demandado fallecido, quien no estaba representado por abogado\u00bb resalt\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n al incidentante cuando se quej\u00f3 porque \u00abno se notific\u00f3, ni emplaz\u00f3 en debida forma a [los] sucesores procesales\u00bb por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revisado el plenario se evidencia que si bien los familiares de \u00e9ste recibieron el citatorio y la notificaci\u00f3n por aviso cuando iba dirigida al demandado, no se puede entender saneada su notificaci\u00f3n como sucesores por tal hecho, toda vez que lo correcto era realizar el tr\u00e1mite legal que consagra el art\u00edculo 160 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, dirigir las citaciones y\/o emplazamientos a las direcciones reportadas por el se\u00f1or Jos\u00e9 Armando Ochoa Amaya, bien sea\u2026 donde fueron enviadas inicialmente, o\u2026 en\u2026 [el] inmueble sobre el cual recae la hipoteca y en la que por conocimiento del demandante una vez se realiz\u00f3 la diligencia de secuestro el d\u00eda 5 de febrero de 2018, fueron atendidos por el hermano del ejecutado\u2026 quien se enter\u00f3 del objeto de la diligencia y permiti\u00f3 el acceso al lugar. Adem\u00e1s, el causante hab\u00eda manifestado ser una persona casada, al momento de suscribir la escritura p\u00fablica (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es cierta la afirmaci\u00f3n realizada por el apoderado demandante en cuanto al desconocimiento de ubicaci\u00f3n de c\u00f3nyuge y\/o herederos, en virtud de que si bien su representada no estaba en la obligaci\u00f3n de saber o conocer la existencia de herederos determinados, s\u00ed pudo realizar el procedimiento legal expuesto en precedencia, con los datos obrantes dentro de las diligencias y no acudir directamente con el emplazamiento de herederos indeterminados y posterior designaci\u00f3n de curador ad litem, resultando inane el paso del tiempo de \u00e9stos para invocar la nulidad, pues efectivamente su vinculaci\u00f3n al proceso no se realiz\u00f3 conforme a derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por la colegiatura convocada no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto material, de hecho o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, habida consideraci\u00f3n que la modificaci\u00f3n de la providencia en cuanto a la fecha en que operaba la invalidaci\u00f3n de lo actuado obedeci\u00f3, no al capricho de la funcionaria de segundo grado, sino al juicioso an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y de las piezas procesales obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el querellante disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, adem\u00e1s de que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Procedente del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2\u0002 Providencia notificada por estado del 24 de enero de 2022. <\/p>\n
3\u0002 No aport\u00f3 poder especial conferido por la persona que dice representar, que lo habilitara para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
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