STC10063-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10063-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02472-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido con el auto de 17 de mayo de 2022, mediante el cual el fallador de primera instancia accionado se neg\u00f3 a inaplicar las sanciones pecuniarias que inicialmente se les impuso (en su condici\u00f3n de funcionarios adscritos a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas) por desacatar el fallo de tutela de 15 de diciembre de 2021, proferido en la referida actuaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. Piden, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se ordene inaplicar las sanciones econ\u00f3micas impuestas. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un breve recuento de lo ocurrido en la actuaci\u00f3n constitucional sobre la que versa este tr\u00e1mite y recalc\u00f3 que all\u00ed se respetaron las garant\u00edas fundamentales de los involucrados, incluyendo los ahora accionantes. <\/p>\n
2. Jorge Roberto Bernal (accionante en la acci\u00f3n de tutela sobre la que aqu\u00ed se contiende) pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo, en consideraci\u00f3n a que los accionantes realmente no le han otorgado las ayudas que les fueron ordenadas, raz\u00f3n por la cual tambi\u00e9n solicit\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n requiera a los accionantes a cumplir el fallo de tutela dictado en la actuaci\u00f3n primigenia. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social histori\u00f3 la participaci\u00f3n que tuvo en el tr\u00e1mite incidental objeto de la demanda de tutela y resalt\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en esta nueva actuaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela refleja una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de acciones de tutela contra disposiciones proferidas al interior de un tr\u00e1mite para el cumplimiento de un mandato constitucional, la Corte ha reiterado su improcedencia en la medida que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
(\u2026) reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras en STC1072-2017, 2 feb. 2017, rad. 00884-01). <\/p>\n
Pese a lo anterior, el precedente constitucional se\u00f1ala que las determinaciones adoptadas dentro de un incidente de esta naturaleza pueden ser atacadas por la misma v\u00eda tutelar en el que \u00e9ste tuvo origen, siempre y cuando se extraiga, con solvencia, la conculcaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). Por ende, solo es viable ceder al principio de la cosa juzgada, \u00abcuando se encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb, aunque en esos excepcionales casos es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n el llamado a remediarlo para evitar \u00abdecisiones contradictorias que terminen en un desconocimiento masivo de la cosa juzgada constitucional\u00bb (CC T-218\/12). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, si la providencia reviste algunas de las caracter\u00edsticas vulneradoras de derechos fundamentales, luego de que el afectado hubiera agotado la instancia para hacer ver el yerro y este persiste, el mecanismo excepcional tambi\u00e9n deviene procedente (STC de 8 de febrero de 2008, exp. 00344-01, reiterada el 3 de marzo de 2010, rad. 00082-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Es importante enfatizar preliminarmente que, dados los t\u00e9rminos en que los accionantes perfilaron sus pretensiones y la inviabilidad de cuestionar sentencias de tutela a trav\u00e9s de una demanda de la misma naturaleza, las ulteriores consideraciones permanecer\u00e1n ajenas a la legalidad de las ordenes que a los accionados les fueron impuestas en el fallo constitucional de 15 de diciembre de 2021, as\u00ed como a la sanci\u00f3n que, por desacatar dichos mandatos, se les impuso en autos de 27 de abril y 3 de mayo de 2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, debiendo iniciarse el estudio de razonabilidad de la providencia objeto de censura, a partir de los t\u00e9rminos en que qued\u00f3 fijada la orden que a los convocantes se les imparti\u00f3 en la referida sentencia constitucional, resulta relevante memorar que en virtud de dicho fallo (el cual fue modulado posteriormente por el tribunal en providencia del 1\u00ba de abril de 2022), los aqu\u00ed querellantes quedaron compelidos a determinar \u00absi es procedente o no el retorno del se\u00f1or Jorge Roberto Bernal en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad al municipio de El Play\u00f3n \u2013 Santander, y de ser el caso, brinde el apoyo y acompa\u00f1amiento en el proceso que de ello se derive\u00bb. En esa misma oportunidad, el tribunal hizo especial \u00e9nfasis en que \u00aben la decisi\u00f3n que se adopte, deber\u00e1 el accionado indicar de forma clara y congruente las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta la respuesta que defina la solicitud que hizo el accionante para lograr su retorno, la que en todo caso no podr\u00e1 negarse en el hecho de la reubicaci\u00f3n de la que \u00e9l se benefici\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a que los funcionarios tutelados no hab\u00edan dado cumplimiento a lo resuelto en los citados fallos, mediante auto de 27 de abril de 2022, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga sancion\u00f3 a los aqu\u00ed accionantes \u00abcon arresto que se conmuta por una multa de cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos, adem\u00e1s de una multa por valor de tres SMMLV adicionales al arresto conmutado\u00bb; decisi\u00f3n que m\u00e1s tarde confirmar\u00eda el tribunal, en grado de consulta, el 3 de mayo de 2022, en prove\u00eddo en el cual exterioriz\u00f3 las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00abes cierto que, en escrito fechado del 7 de abril de 2022, Enrique Ardila Franco, Director T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n de la UARIV, comunic\u00f3 al incidentante que, comoquiera que aquel fue beneficiario de una medida de reubicaci\u00f3n en la ciudad de Bucaramanga, y firm\u00f3 un acta en la que consta tal informaci\u00f3n, no puede solicitar la medida de protecci\u00f3n de retorno al municipio de su procedencia. <\/p>\n
No obstante, como reiteradamente se anunci\u00f3 a la entidad accionada, tal documento no es suficiente para tener por cumplida la sentencia de tutela, comoquiera que, precisamente, el tribunal le advirti\u00f3 que la petici\u00f3n de retorno del se\u00f1or Jorge Roberto Bernal \u201cno podr\u00e1 negarse en el hecho de la reubicaci\u00f3n de la que \u00e9l se benefici\u00f3\u201d. Lo anterior, por cuanto el accionante manifest\u00f3 que, por su condici\u00f3n de salud y su calidad de v\u00edctima del conflicto, le fue imposible adaptarse a la calidad de vida de la ciudad y realizar su proyecto de vida como campesino, cuestiones que fueron pasadas por alto por parte de la entidad accionada\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, el fallador accionado anot\u00f3 que \u00abla accionada Unidad para las V\u00edctimas, solicit\u00f3 en los archivos 77 y 78 se inaplicara la sanci\u00f3n impuesta en providencia del 27 de abril de 2022, porque la orden fue cumplida comoquiera que implicaba determinar si era o no procedente el acompa\u00f1amiento solicitado por Jorge Roberto Bernal para el retorno, el que no se puede brindar de acuerdo con lo informado al tutelante mediante comunicaci\u00f3n 20227208797981 del 7 de abril de 2022, en donde expone que por haberse suscrito el acta de voluntariedad del 30 de septiembre del a\u00f1o 2015, manifestando la intenci\u00f3n de permanecer en el municipio de Bucaramanga, donde actualmente se encuentra, el retorno pedido es improcedente. <\/p>\n
De acuerdo con la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021, modulada por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en providencia del 1\u00ba de abril de 2022, la actividad esperada por parte de la entidad accionada consiste en dar una respuesta de fondo, clara y congruente mediante la cual se determine si es procedente o no el retorno del se\u00f1or Jorge Roberto Bernal, en consiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad al municipio de El Play\u00f3n, sin que al ser negativa la respuesta se justifique en la reubicaci\u00f3n de la que \u00e9l se benefici\u00f3. <\/p>\n
Seg\u00fan los argumentos expuestos por la incidentada, la respuesta ahora bajo an\u00e1lisis se fundament\u00f3 nuevamente en aquello que se prohibi\u00f3 en la sentencia \u2013 pues justific\u00f3 la improcedencia del retorno en el hecho de haberse realizado un procedimiento de reubicaci\u00f3n-, entonces, evidente es que no se puede deducir el cumplimiento de la sentencia de tutela y que la accionada insiste en desconocer aquella orden, luego, deben mantenerse los efectos de la sanci\u00f3n impuesta porque a la fecha nos e ha verificado un comportamiento que permita acreditar el cumplimiento de la sentencia, luego, se negar\u00e1 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Sala que la fustigada providencia conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente de que la Corte la proh\u00edje, no puede tildarla de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y del otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Anotaci\u00f3n final. <\/p>\n
En raz\u00f3n a la naturaleza subsidiaria de esta actuaci\u00f3n constitucional, en esta oportunidad no es factible acceder al pedimento de Jorge Roberto Bernal, orientado a que se module el fallo dictado en la acci\u00f3n de tutela que antecedi\u00f3 a este tr\u00e1mite y a que se requiera a los accionantes a que le otorguen las prestaciones a que tiene derecho. T\u00e9ngase en cuenta que tales asuntos son de competencia de los falladores constitucionales que aqu\u00ed fungen como accionados, de manera que es ante ellos que el memorialista debe acudir para plantear las cuestiones que aqu\u00ed ventil\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda resulta improcedente porque se cuestiona lo resuelto al interior de un incidente de desacato y, en todo caso, la providencia reprochada no constituye un desafuero susceptible de corregirse por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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