STC10065-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10065-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2022-00156-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 julio de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mario Alberto Restrepo contra el Juzgado Tercero del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el asunto constitucional n\u00b0 2022-00067. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el despacho querellado \u00abno ha informado a la comunidad sobre la existencia de mi acci\u00f3n ni ha notificado al accionado, desconociendo art 5, ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira \u00abinformar a la comunidad a fin de que proceda a citar a pacto de cumpliemnto (sic)\u00bb y \u00abcumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios y aplicar art 5 ley 472 de 1998\u00bb; as\u00ed como a la Oficina Judicial de Reparto de esa localidad \u00abadmita mis tutelas por el correo institucional de la oficina judicial de reparto, por el cual se envian (sic) TODOS LOS PROCESOS A REPARTO y asi (sic) evitar enviar a la H CSJ SCC\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La operadora judicial accionada inform\u00f3 que en el presente a\u00f1o le ha correspondido el conocimiento de 174 acciones populares presentadas por el actor y Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, donde \u00aben la medida de lo posible y hasta donde f\u00edsica y mentalmente se pueda por parte del personal del despacho se han tratado de evacuar, prueba de ello es que todas tienen su correspondiente auto admisorio y como la carga de la notificaci\u00f3n y publicaci\u00f3n de los avisos fue trasladada a los juzgados, se ha tratado, no obstante los acuerdos de desconexi\u00f3n laboral expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, la constante falla en la conectividad, dedicando tiempo en d\u00edas y horas no h\u00e1biles dar tr\u00e1mite a dichas acciones Populares. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abMiente el accionante y act\u00faa con temeridad y mala fe, por cuanto si se revisa de los archivos 5 al 12 de la carpeta correspondiente a la acci\u00f3n Popular 2022 67 se puede evidenciar que se ha publicado el aviso a la comunidad y se ha intentado la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la accionada, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico suministrado por el se\u00f1or Restrepo\u00bb. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, toda vez que no ha quebrantado garant\u00eda superior alguna del querellante en el marco de la acci\u00f3n constitucional criticada, no sin antes precisar, que la autoridad judicial convocada \u00abha dado cabal cumplimiento a sus deberes funcionales\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional Risaralda solicit\u00f3 apartar de la acci\u00f3n de la referencia al Ministerio P\u00fablico, habida cuenta que una vez esa agencia ha sido notificada de los autos admisorios librados, \u00abse ha designado a los diferentes profesionales de la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial de Pereira, para dar cumplimiento al art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, en relaci\u00f3n con el ejercicio de las acciones populares y de grupo\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 el amparo, tras advertir que la vulneraci\u00f3n superior alegada no ha tenido lugar, \u00abya que es otra la realidad procesal que ha ocurrido en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que para la fecha de formulaci\u00f3n del amparo se encontraba pendiente de resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado por el inconforme contra el auto de fecha 15 de junio de 2022, siendo claro que \u00abse acudi\u00f3 de forma prematura a este mecanismo subsidiario, sin esperar a que la autoridad accionada se pronuncie al respecto en el propio proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el censor se\u00f1alando que \u00abLA TUTELADA DESDE FEBRERO 2022, ha tratado, tratado, tratado de notificar mi accion (sic) al accionado, PERO NO LO HA CONSEGUIDO DESPUES DE CASI 5 MESES, aun asi (sic), sin embargo el juez TUTELAR dice que nada se ampara\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el actor al no notificar a la empresa accionada ni enterar a la comunidad del inicio de la acci\u00f3n popular adelantada contra Cohabitat Inmobiliario SAS (n\u00b0 2022-00067). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que el auxilio se torna improcedente comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales, de tal forma que se habilitara la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a la falta de enteramiento del auto admisorio al interior de la acci\u00f3n popular promovida por Mario Alberto Restrepo contra Cohabitat Inmobiliaria SAS, y sus pretensiones se encaminan a que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se ordene a la autoridad enjuiciada notificar a la citada sociedad el auto admisorio, \u00abinformar a la comunidad a fin de que proceda a citar a pacto de cumpliemnto (sic)\u00bb, y, \u00abcumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios y aplicar art 5 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
No obstante, al examinar el asunto sometido a escrutinio de la Sala, se advierte que contrario a lo que sostuvo el convocante, la autoridad accionada no solo notific\u00f3 en debida forma a Cohabitat Inmobiliaria SAS el auto admisorio el 23 de febrero de los corrientes1, sino que public\u00f3 el respectivo aviso a la comunidad en la misma data2, y, en auto del 4 de abril siguiente, notificado en estados del d\u00eda siguiente, dispuso \u00abdejar a disposici\u00f3n de las partes la prueba de la publicaci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la ley 972 de 1998, que fue realizada en la p\u00e1gina web del despacho judicial\u00bb, mientras que la solicitud de amparo fue presentada el 16 de junio de 2022. <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 el actor resulta infundada, pues ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y menos quebrantado sus intereses superiores, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime cuando mediante correo electr\u00f3nico enviado el 25 de abril de los corrientes el inconforme le manifest\u00f3 al despacho: \u00abmil gracias por dejar a disposici\u00f3n la prueba de la publicaci\u00f3n de la accion (sic)\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data se ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que, \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
4.2. Por otro lado, en el expediente digital tambi\u00e9n obra que en la misma fecha en que se radic\u00f3 el amparo (16 de junio de 2022), el tutelante present\u00f3 reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo del 15 de junio anterior, bajo el argumento que \u00abno se cumple el impulso oficioso que ordena la ley 472 de 1998 ni el t\u00e9rmino de tiempo perentorio para su tr\u00e1mite CONSTITUCIONAL, radicada 2022 673, sin que a la fecha el mecanismo haya sido resuelto, tornando el auxilio en prematuro, lo que impide cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional para resolver la situaci\u00f3n, toda vez que la acci\u00f3n de tutela no puede ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
4.3. Finalmente, en lo atinente a que se ordene a la Oficina Judicial de Pereira dar tr\u00e1mite a las tutelas que presente el actor en las mismas direcciones elecr\u00f3nicas donde se reciben los dem\u00e1s asuntos para reparto, basta con se\u00f1alar que no obra constancia alguna de que el querellante haya acudido previamente a dicha entidad para proponer lo que a trav\u00e9s de esta v\u00eda especial\u00edsima de protecci\u00f3n reclama, lo que torna improcedente el amparo en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c005ConstanciadeNotificaciondelAccionado.pdf\u201d, link expediente digital 66001310300320220006700 <\/p>\n
2\u0002 Archivos \u201c009Aviso.pdf\u201d, \u201c010FormatoAvisoComunidad.pdf\u201d y \u201c011ConstanciaPublicacionAvisos.pdf\u201d, ib\u00eddem <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c017Reposicion.pdf\u201d, Cit. <\/p>\n
<\/p>\n
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