STC10102-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10102-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2022-00017-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (05) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil\u2013Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 17 de junio de 2022, con la cual se deneg\u00f3 por improcedente el amparo invocado por Lilia Yanet L\u00f3pez G\u00e1mez y Ruth Estella Vega Albino, contra los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de San Gil y Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a todas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda de radicado 2017-00123. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras, a trav\u00e9s de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, denegaci\u00f3n de justicia, exceso ritual manifiesto, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Luis Alejandro Caballero promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra las accionantes, con fundamento en las letras de cambio emitidas el 1\u00ba de diciembre de 2015 y 18 de enero de 2016, por el capital, m\u00e1s los intereses desde la fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta el pago de la misma. El proceso de radicado 2017-123 correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Gil (Santander). <\/p>\n
2.2. En el curso de dicho tr\u00e1mite, previo mandamiento de pago y notificaci\u00f3n a las demandadas por aviso, se profiri\u00f3 el auto del 19 de julio de 2018, en el cual se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, aval\u00fao y remate de bienes. <\/p>\n
2.3. El 21 de junio de 2019, se puso en conocimiento del Despacho la cesi\u00f3n de los derechos litigiosos por parte del demandante, Luis Alejandro Caballero a Mauricio Forero Sarmiento por la suma de $20.000.000. Cesi\u00f3n que fue aceptada por el Juzgado accionado con providencia del 18 de septiembre de 2019, que adem\u00e1s orden\u00f3 notificar la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito a la parte pasiva y tuvo como liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito la suma de $23.336.155. Asunto del que se notific\u00f3 por conducta concluyente y su apoderado present\u00f3 el incidente de beneficio de retracto en favor de las ejecutadas. <\/p>\n
2.4. El incidente formulado, se apertura con providencia del 5 de marzo de 2021. Posteriormente, por auto del 28 de junio de 2021, el juzgado decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso a partir del 29 de abril de 2021, en consideraci\u00f3n a que el apoderado de las ejecutadas se encontraba hospitalizado. <\/p>\n
2.5. El 9 de noviembre de 2021, la autoridad judicial encartada resolvi\u00f3 reanudar el proceso, teniendo en cuenta que: <\/p>\n
\u00abde acuerdo con los antecedentes, se tiene que el apoderado judicial de LUIS ALEJANDRO CABALLERO, dio cumplimiento a lo ordenado en el auto del veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), esto es, notificar dicha decisi\u00f3n por avis\u00f3 a la ejecutante LILIA YANETH LOPEZ GAMEZ, acto procesal que fue realizado quince (15) de julio, tal y como consta en el expediente y a partir del d\u00eda siguiente empezaba a correr el termino de cinco (05) d\u00edas que ten\u00eda para que designara un nuevo apoderado judicial, termin\u00f3 que finalizaba el veintisiete (27) de ese mismo mes y a\u00f1o en el cual la demandada no design\u00f3 no se pronunci\u00f3 al respecto ni tampoco design\u00f3 ning\u00fan apoderado judicial. Por ello, vencido dicho termin\u00f3, de conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 163 del C.G.P., se dispondr\u00e1 la reanudaci\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
2.6. El apoderado de las ejecutadas el 25 de noviembre de 2021, present\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n a Lilia Yaneth L\u00f3pez G\u00e1mez del auto mediante el cual se orden\u00f3 la interrupci\u00f3n del proceso, puesto que el correo electr\u00f3nico liliayanethgamez@gmail.com, no pertenece a ella. <\/p>\n
2.7. Posteriormente, con providencia del 1\u00ba de diciembre de 2021 se neg\u00f3 la nulidad por improcedente, comoquiera que el 25 de noviembre de 2021, la apoderada judicial de las ejecutadas sustituyeron el poder al doctor Jos\u00e9 Heriberto Vega, por lo que la nulidad qued\u00f3 saneada de acuerdo al art\u00edculo 136-3 del C.G.P. <\/p>\n
2.8. Dicho apoderado ha actuado en el proceso, solicit\u00f3 aplazamiento de la audiencia del incidente programada para el 4 de noviembre de 2021, en la cual se resolver\u00eda el retracto. Adem\u00e1s, radic\u00f3 memorial el 25 de noviembre de 2021 solicitando la nulidad de todas las actuaciones del proceso ejecutivo desde noviembre de 2018 al 26 de julio de 2020, dado que una de las demandadas se encontraba privada de la libertad. <\/p>\n
2.9. En la anterior providencia, emitida en audiencia se neg\u00f3 el incidente de retracto, ya que en dicho proceso el 19 de julio de 2018 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, es decir que ya se hab\u00eda proferido la sentencia y por lo tanto no era procedente. As\u00ed mismo, dej\u00f3 sin efecto los numerales primero, segundo y tercero del auto del 19 de julio de 2018, por medio del cual se hab\u00eda aceptado la cesi\u00f3n de derechos litigiosos efectuada entre Luis Alejandro Caballero y Mauricio Forero Sarmiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el momento procesal ya no ten\u00eda aplicabilidad. <\/p>\n
2.10. Tal decisi\u00f3n fue apelada por las accionantes. Sin embargo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil -con providencia del 22 de marzo de 20222- la confirm\u00f3. <\/p>\n
3. Solicitaron que se ordene a los Juzgados accionados \u00ab\u2026Rehagan la actuaci\u00f3n del d\u00eda 18 de septiembre del a\u00f1o 2019, adecuando la providencia en el entendido que es una cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, tal cual fuere solicitado por la parte pasiva y en atenci\u00f3n al principio de unidad sustancial, as\u00ed como a las normas del C.G.P, que permiten la correcci\u00f3n de los actos procesales; mas no la nulidad oficiosa, tal cual fuere expuesto dentro del presente amparo y se de aplicaci\u00f3n a la analog\u00eda iuris consagrada como principio art 12 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDAS <\/p>\n
1. Oscar Fernando Estancio Salazar3, apoderado del se\u00f1or Luis Alejandro Caballero en el proceso ejecutivo, manifest\u00f3 que \u00ablos despachos accionados han emitido sus decisiones basado en las normas que rigen el proceso ejecutivo con radicado 2017-123, pues en cuanto al incidente de beneficio de retracto propuesto por las demandadas, el C\u00f3digo Civil y la Jurisprudencia Nacional, es clara en se\u00f1alar que este incidente no procede contra procesos ejecutivos, como tampoco es procedente un cesi\u00f3n de derechos litigiosos, por esas razones el juzgado conductor basado en derecho decidi\u00f3 negar las pretensiones de las incidentantes, decisiones que fueron totalmente acertadas, por tal raz\u00f3n no se le ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a las accionantes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Gil, comparti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo invocado. Para ello, apoy\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado de segunda instancia, pues \u00abla nulidad qued\u00f3 saneada, al tenor de lo estatuido en los art\u00edculos 135 y 136 ib\u00eddem, pues la solicitud de nulidad se deprec\u00f3 el 25 de noviembre de 2021, es decir, algo m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de haber recobrado su libertad, am\u00e9n de que el mismo recurrente hab\u00eda formulado el beneficio de retracto \u2013el 11 de septiembre de 2020-, actuaci\u00f3n que denota de manera inequ\u00edvoca el saneamiento de cualquier irregularidad de tipo procesal, incluida la nulidad procesal, a lo cual se suma la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela -5 de marzo de 2021- con la cual pretend\u00eda impulsar el tr\u00e1mite procesal, espec\u00edficamente, el beneficio de retracto solicitado, habi\u00e9ndose proferido en esta \u00faltima fecha prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual, se daba inicio al tr\u00e1mite incidental respectivo\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que la misma \u00abno puede tildarse de arbitraria o abusiva por el solo hecho de no coincidir con el planteamiento expuesto por la parte ejecutada, menos a\u00fan, cuando la misma consult\u00f3 debidamente los medios de prueba obrantes en el proceso y la normatividad que regula la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de las gestoras, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 22 de marzo de 2022, con el cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del 1\u00ba de diciembre de 2021, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad deprecada por la parte incidentante, as\u00ed como el beneficio de retracto. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil con providencia del 22 de marzo de 2022, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Para ello, comenz\u00f3 por referirse a la nulidad planteada, invocando los art\u00edculos 132 a 138 del C.G.P. en el sentido que los mismos \u00abcontienen el r\u00e9gimen de las nulidades procesales e introducen una descripci\u00f3n de las causales o motivos que constituyen vicios de tal naturaleza, dando lugar a invalidar una actuaci\u00f3n procesal, no sin antes hacer salvedad que no todas las irregularidades acarrean nulidades, pues esta categor\u00eda queda reservada para aquellas expresamente calificadas como tal\u00bb. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, destac\u00f3 que el inconformismo del apelante \u00abradica en que, se est\u00e1 de cara a las causales 3 y 8 del art\u00edculo 133 de la norma ut supra, pues de un lado, se dice que existi\u00f3 interrupci\u00f3n del proceso por la privaci\u00f3n de la libertad de la ejecutada Lilia Yaneth L\u00f3pez G\u00e1mez, desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 26 de junio de 8 2020; y de otro, que no se notific\u00f3 la interrupci\u00f3n del proceso que decret\u00f3 el a quo en debida forma, ya que se comunic\u00f3 dicha providencia a un correo que no pertenece a la ejecutada, por lo que, no pudo ejercer su debida representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, se pronunci\u00f3 sobre la causal 3\u00aa de la mencionada disposici\u00f3n, y puntualiz\u00f3 que la misma debi\u00f3 ser rechazada de plano, toda vez que \u00abel argumento fundante deviene de la interrupci\u00f3n del proceso, con motivo de la privaci\u00f3n de la libertad de la ejecutada Lilia Yaneth L\u00f3pez G\u00e1mez, la cual se repite, acaeci\u00f3 durante el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2018 y el 26 de junio de 2020; no obstante, olvid\u00f3 el recurrente que la nulidad qued\u00f3 saneada, al tenor de lo estatuido en los art\u00edculos 135 y 136 ib\u00eddem, pues la solicitud de nulidad se deprec\u00f3 el 25 de noviembre de 2021, es decir, algo m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de haber recobrado su libertad, am\u00e9n de que el mismo recurrente hab\u00eda formulado el beneficio de retracto \u2013el 11 de septiembre de 20201-, actuaci\u00f3n que denota de manera inequ\u00edvoca el saneamiento de cualquier irregularidad de tipo procesal, incluida la nulidad procesal, a lo cual se suma la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela -5 de marzo de 2021- con la cual pretend\u00eda impulsar el tr\u00e1mite procesal, espec\u00edficamente, el beneficio de retracto solicitado, habi\u00e9ndose proferido en esta \u00faltima fecha prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual, se daba inicio al tr\u00e1mite incidental respectivo\u00bb <\/p>\n
De lo anotado, extrajo que \u00abcomo la parte interesada actu\u00f3 al interior del proceso sin proponer previamente la nulidad que hoy alega, con la actuaci\u00f3n descrita \u2013beneficio de retracto- zanj\u00f3 la posible irregularidad que pudo haberse ocasionado, pues tal actuaci\u00f3n se suscit\u00f3 varios meses atr\u00e1s y previamente a invocar la ineficacia que hoy ocupa la atenci\u00f3n de esta instancia; sumado a que, igualmente qued\u00f3 saneada al haber trascurrido el t\u00e9rmino que se\u00f1ala el numeral 3 del art\u00edculo 136 ejusdem, pues contaba con cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que ces\u00f3 la causa de interrupci\u00f3n \u2013esto es, una vez recobr\u00f3 la libertad la se\u00f1ora Lilia Yaneth L\u00f3pez 26 de junio de 2020- para alegar tal eventualidad, pero nada se hizo para ello, contrario sensu, dej\u00f3 pasar la oportunidad procesal que le otorga la ley para efectuar esta clase de alegaciones, pese a que conoc\u00eda del asunto desde el instante en que se le comunic\u00f3 el inicio de la presente contienda \u2013documento 12 del cuaderno principal de 10 primera instancia digitalizado, 1 de diciembre de 2017 y 15 de enero de 2018-\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que de llegar al caso en que fuese procedente decretar la nulidad por la no interrupci\u00f3n del proceso debido a la privaci\u00f3n de la libertad de la ejecutada, con apoyo en el principio de transparencia definido por esta Corporaci\u00f3n, sostuvo que \u00ab\u2026ninguna trascendencia traer\u00eda el decreto de la nulidad invocada en este estadio procesal, pues resulta innegable que para cuando la misma se present\u00f3 ya exist\u00eda en firme auto ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n -19 de julio de 2018-, la cual fue proferida con anterioridad a la privaci\u00f3n de su libertad -28 de noviembre de 2018 – 26 de junio de 2020; luego no entiende entonces esta instancia, cu\u00e1l ser\u00eda la causa real o indispensable para que opere en este momento su decreto, si adem\u00e1s no se coartaron las garant\u00edas constitucionales de la demandada, ni se gener\u00f3 de forma ostensible un perjuicio con las caracter\u00edsticas de inminente y grave para conjurarlo a trav\u00e9s de la nulidad, pues al menos nada de esto se demostr\u00f3 dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, en lo tocante con la indebida notificaci\u00f3n del auto que dispuso la interrupci\u00f3n del proceso, expuso que \u00abvalga decir, no por la privaci\u00f3n de la libertad de la ejecutada, sino por la enfermedad que en su momento presentaba el apoderado de la parte ejecutada, observa esta instancia que, tampoco ser\u00eda de trascendencia para el proceso el decreto de dicha nulidad, pues se pretende anular el acto notificatorio que se efectu\u00f3 del prove\u00eddo del 28 de junio de 2021-, pero indistintamente de tal hecho, desde la interrupci\u00f3n y hasta la reanudaci\u00f3n del proceso -9 de noviembre de 2021-, seg\u00fan se otea en el expediente, no existi\u00f3 actuaci\u00f3n judicial que ocasionara un detrimento real a los intereses de la ejecutada Lilia Yaneth L\u00f3pez, y menos, se vislumbr\u00f3 el quebrant\u00f3 de los derechos de la ejecutada, lo que por contera, permite entrever la inexistencia de una real y seria afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas procesales\u00bb. <\/p>\n
2.4. En la misma l\u00ednea, record\u00f3 que \u00abprevia a la reanudaci\u00f3n del proceso, el propio apoderado de la parte recurrente, el 3 de noviembre de 2021, mediante memorial solicit\u00f3 la fijaci\u00f3n de una nueva fecha para resolver el beneficio de retracto, situaci\u00f3n que indefectiblemente conlleva a que la presunta irregularidad haya quedado convalidada, al menos con la actuaci\u00f3n que despleg\u00f3 el apoderado de la parte apelante, quien pese a conocer de la interrupci\u00f3n del proceso por su enfermedad, y de la comunicaci\u00f3n que se realiz\u00f3 a su poderdante, la que por dem\u00e1s fue anexada al expediente el 16 de julio de 20213 , nada adujo sobre el particular, y en su lugar, actu\u00f3 previamente sin alegar oportunamente la falta de notificaci\u00f3n, pues t\u00e1citamente solicit\u00f3 el impulso del incidente de retracto, lo que por contera, impide revivir t\u00e9rminos que resultan preclusivos, en aras de obtener el derecho que ahora reclama\u00bb. <\/p>\n
2.5. Ahora bien, respecto al beneficio de retracto, luego de referirse al art\u00edculo 1971 del C.C, enfatiz\u00f3 que la apelaci\u00f3n sobre este punto no tiene prosperidad. \u00ab{P}rimero porque, los argumentos de disenso poco o nada atacan la providencia apelada, ya que parte de los reparos giran en torno a la interrupci\u00f3n del proceso y a la nulidad sobre dicho t\u00f3pico, que nada tienen que ver con el beneficio de retracto y porque adem\u00e1s, ya fueron debatidos y decididos en la providencia de primera instancia objeto de alzada; y segundo porque, la parte apelante no tiene legitimaci\u00f3n para deprecar la ineficacia del auto censurado que neg\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, en virtud de que el mencionado prove\u00eddo dej\u00f3 sin valor alguno el auto que hab\u00eda aceptado dicha cesi\u00f3n, luego entonces, si no hay cesi\u00f3n de derechos litigiosos en este proceso, tampoco puede hablarse de incidente de retracto, sencillamente, porque no hay materia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, reiter\u00f3 que \u00ablos reparos que expuso la parte impugnante los cuales est\u00e1n enfilados al decreto de una nulidad, los mismos nada tienen que ver con el auto censurado, pues al parecer insiste la parte ejecutada en alegar la nulidad por la interrupci\u00f3n del proceso y la ineficacia de las actuaciones desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 26 de julio de 2020, por lo que se estima oportuno resaltar, que sobre dichos razonamientos ning\u00fan pronunciamiento cabe realizarse, dado que, en este prove\u00eddo ya se hizo referencia a tales reparos\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por otra parte, sobre los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n de primera instancia, referentes a la teor\u00eda del antiprocesalismo, sostuvo que \u00aba pesar de que la jurisprudencia insista en que las providencias judiciales no son revocables ni reformables por el mismo juez que las profiri\u00f3, no resulta factible desconocer los deberes con los que cuenta la autoridad judicial para corregir o sanear los vicios que configuren una irregularidad en el proceso, tal como lo estipula el art\u00edculo 132 del estatuto adjetivo, pues lo que se procura, es que no se contin\u00fae con el tr\u00e1mite procesal viciado, ni que se afecten los intereses de los sujetos procesales, de ah\u00ed que la decisi\u00f3n discutida no emerja invalida\u00bb. <\/p>\n
2.7. Finalmente, agreg\u00f3 que \u00absi el cr\u00e9dito que se pretendi\u00f3 ceder en favor del acreedor conten\u00eda un derecho cierto y real, lo factible hubiese sido la formulaci\u00f3n y posterior aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito y no la cesi\u00f3n de derecho litigiosos, en raz\u00f3n del momento procesal y de las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que rodeaban tal instituto sustancial; sin embargo, al zanjar tal actuaci\u00f3n y dejar sin validez la misma, tambi\u00e9n consider\u00f3 que era pertinente negar la cesi\u00f3n deprecada, pues el derecho cedido carec\u00eda de los presupuestos legales, y si lo anterior es as\u00ed, como en el efecto lo es, tal circunstancia, es la que ilegitima al apelante para interponer el recurso de alzada, pues n\u00f3tese que no tiene inter\u00e9s, ante la inexistencia de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos solicitada por el ejecutante\u00bb <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por las tutelantes. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-17. Anexo 02Escrito de Tutela y Anexos.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-18. Anexo 12AutoJuzg1roCivCircSgilProc2017-00123.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-3. Anexo 08RespuestaOscarEstacio.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC10102-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10102-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2022-00017-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., cinco (05) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65964"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65964\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}