STC10104-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10104-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del tres de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (05) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2022, por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Blanca Esther Bustos M\u00e1rquez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2013-03871. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales cuestionadas al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. El 31 de mayo de 2021 el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de C\u00facuta, declar\u00f3 como presuntos responsables a Luis Alfonso G\u00f3mez Coronado y a la accionante -de la comisi\u00f3n del delito de prevaricato por acci\u00f3n-. El primero en calidad de autor. Y a la segunda como interviniente. Adem\u00e1s, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.2. Inconforme con esa decisi\u00f3n, los precitados elevaron recurso de apelaci\u00f3n. El Tribunal cuestionado, con fallo de 5 de noviembre de 2021, confirm\u00f3 la responsabilidad penal de Luis Alfonso G\u00f3mez Coronado. Y declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal frente a la promotora por el delito de prevaricato por acci\u00f3n. En consecuencia, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n a su favor y orden\u00f3 al juzgador de primer grado informar la cesaci\u00f3n del procedimiento. <\/p>\n
3. La actora considera que las autoridades judiciales fustigadas incurrieron en una v\u00eda de hecho; puesto que, en su sentir, como no tiene la calidad de funcionaria p\u00fablica, no pod\u00eda haber sido condenada por el delito de prevaricato por acci\u00f3n en calidad de interviniente. <\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos las sentencias censuradas, ordenar al juez de primera instancia que profiera un prove\u00eddo \u00abde reemplazo\u00bb y \u00abCONDENAR, en abstracto a los despachos judiciales accionados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n de 5 de noviembre de 2021, donde se inform\u00f3 que contra dicha determinaci\u00f3n proced\u00eda el remedio extraordinario de casaci\u00f3n, fue notificada a los sujetos procesales el 16 de noviembre siguiente. No obstante, la providencia qued\u00f3 ejecutoriada el 24 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, porque no fue recurrida. Esto es, se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de origen, con oficio TSC-SP-SRIA No. 5151-20211. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de C\u00facuta, luego de relatar las actuaciones al interior del tr\u00e1mite, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo; tras advertir que \u00ablos argumentos de la peticionaria est\u00e1n encaminados a generar una tercera instancia\u00bb. Aclar\u00f3 que si bien, la actora sostiene que \u00abal ser una particular no se debi\u00f3 adelantar el proceso\u00bb en su contra. Lo cierto es que, \u00abinterviniente en material penal [es aquel] que no teniendo las calidades especiales exigidas por el tipo penal concurra en la realizaci\u00f3n de la conducta\u00bb. Finalmente, resalt\u00f3 que la accionante incurri\u00f3 una \u00abflagrante insatisfacci\u00f3n del requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela que se ve representado en el principio de subsidiariedad, ya que ha contado con los medios necesarios para realizar las argumentaciones que hace ahora\u00bb2. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esa ciudad, manifest\u00f3 que el 5 de junio de 2015, adelant\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en contra de la actora y que no intervino con posterioridad en el juicio3. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo. Para ello, constat\u00f3 la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad pues, \u00abla demandante no puso en marcha los recursos ofrecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, en aras de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. Por lo tanto, en este caso la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada para reactivar t\u00e9rminos que se han dejado vencer\u00bb. Acto seguido, precis\u00f3 que \u00absi bien, en la primera instancia, BLANCA ESTHER BUSTOS M\u00c1RQUEZ fue declarada penalmente responsable del il\u00edcito de prevaricato por acci\u00f3n, en calidad de interviniente, esa condena qued\u00f3 sin efecto, en atenci\u00f3n a la decisi\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta el 5 de noviembre de 2021, en la cual declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en favor de la mencionada y, en consecuencia, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n. En ese orden, no es dable reabrir el debate sobre la tipicidad de la conducta de prevaricato por acci\u00f3n o la responsabilidad que, en ella, pueda asistirle a BUSTOS M\u00c1RQUEZ, pues, se itera en la actualidad, los efectos jur\u00eddicos de la sentencia condenatoria cesaron en atenci\u00f3n a la declaratoria de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. Finalmente, indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n censurada \u00abcontiene argumentos razonables pues, para arribar a la conclusi\u00f3n de declarar la referida extinci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, fund\u00f3 su postura en la aplicaci\u00f3n de las normas legales que reg\u00edan la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, al referir que acude a la acci\u00f3n de amparo porque \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n No es el adecuado ni mucho menos eficaz para la protecci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u00bb. Adicionalmente, insisti\u00f3 en que los accionados \u00abcometieron una v\u00eda de hecho (\u2026) y de prevaricato por acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante. Con ocasi\u00f3n de la providencia dictada el 31 de mayo de 2021 y de la decisi\u00f3n de 5 de noviembre de ese a\u00f1o. Sobre el particular, esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis probatorio, se observa que, mediante prove\u00eddo del 31 de mayo de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de C\u00facuta, entre otras determinaciones, resolvi\u00f3 condenar a la querellante por la comisi\u00f3n delito de prevaricato por acci\u00f3n -en calidad de interviniente-. Frente a ello, se formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. El 5 de noviembre de 2021, el Tribunal censurado, al desatar la alzada, decidi\u00f3 en relaci\u00f3n con la solicitante: <\/p>\n
\u00abTERCERO. \u2013 DECLARAR LA EXTINCI\u00d3N de la acci\u00f3n penal proveniente de la conducta que se le adelant\u00f3 en la presente actuaci\u00f3n a BLANCA ESTHER BUSTOS MARQUEZ por el punible de prevaricato por acci\u00f3n, por PRESCRIPCI\u00d3N. En consecuencia, DECRETAR LA PRECLUSI\u00d3N a favor de la mencionada por la conducta anotada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. (\u2026) <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR que por el juzgado de instancia se oficie a las autoridades la determinaci\u00f3n de la cesaci\u00f3n del procedimiento aqu\u00ed dispuesto, se hagan las comunicaciones a que haya lugar y se cancele todo requerimiento en contra de BLANCA ESTHER BUSTOS MARQUEZ por este proceso. (\u2026) <\/p>\n
SEXTO: Contra esta sentencia procede el recurso de Casaci\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.2. Frente a esa determinaci\u00f3n, la actora guard\u00f3 silencio4. <\/p>\n
3. De lo narrado, esta Sala concluye la improcedencia del amparo, pues la querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses. Por cuanto pudo impetrar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.5 <\/p>\n
4. Finalmente, se hace necesario reiterar a la suplicante lo dicho por la Hom\u00f3loga constitucional a quo, en el sentido de que los efectos jur\u00eddicos de la sentencia condenatoria cesaron.6 <\/p>\n
5. Por lo considerado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(en comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201c0002 Respuesta Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta\u201d. Carpeta \u201cRESPUESTAS\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Anexo \u201c0001 Respuesta Juzgado Tercero Penal del Circuito\u201d. Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Anexo \u201c0003 Juzgado Octavo Penal de Garantias\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Constancia de ejecutoria de 24 de noviembre de 2021. Anexo \u201c29ConstanciaEjecutoria\u201d. Carpeta \u201c121589\u201d. Expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
6\u0002 Lo que significa que, la condena que se le impuso en primera instancia qued\u00f3 sin efecto como consecuencia de la determinaci\u00f3n proferida el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal censurado, con la cual se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal a su favor y se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por haber operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
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