STC10258-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10258-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02543-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Carlos Arturo Montoya instaur\u00f3 contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado 11 de Familia de la misma ciudad y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal No. 05001311001120130062600. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 que se deje sin valor y efecto el auto que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n del prove\u00eddo por medio del cual se resolvieron las objeciones a la diligencia de inventarios y aval\u00faos (29 junio 2022), para que, en su lugar, se ordene al Tribunal accionado que profiera una nueva decisi\u00f3n en la que haga una valoraci\u00f3n integral de las pruebas obrantes en el expediente, a la luz de lo previsto por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En sustento adujo que en el a\u00f1o 2013 instaur\u00f3 la demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que tuvo con Olga Beatriz Jim\u00e9nez Ria\u00f1o. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 11 de Familia de Medell\u00edn; una vez se surti\u00f3 el traslado a las partes de la diligencia de inventarios y aval\u00faos, solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n de algunos bienes indebidamente incluidos en el inventario. Se\u00f1al\u00f3 que el mencionado Juzgado, en cumplimiento a una orden de tutela proferida en la que concedi\u00f3 el amparo por mora judicial, resolvi\u00f3 a su favor algunas de las objeciones a los inventarios y aval\u00faos y neg\u00f3 las compensaciones solicitadas (7 enero 2022). Destac\u00f3 que entre los bienes excluidos del inventario se encuentra el CDT MED0000495 por valor de $87.000.000 y el CDT MED000345 por valor de $33.000.000. y entre las compensaciones negadas fueron la restituci\u00f3n de 120 mil d\u00f3lares y $700.000.000 a cargo de la se\u00f1ora Olga Beatriz Jim\u00e9nez por haber dispuesto de ellos en los tr\u00e1mites del divorcio. <\/p>\n
Las partes apelaron. El Tribunal recov\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y en consecuencia incluy\u00f3 en el inventario las partidas 10 y 12 inicialmente incluidas (CDT), \u00abdecisi\u00f3n que apoy\u00f3 en los dichos del abogado que me asisti\u00f3 en la diligencia de inventarios y aval\u00faos quien estaba desprovisto de autorizaci\u00f3n para dar fe de sucesos que no ha experimentado directamente\u00bb y a quien tuvo que revocarle el poder por su actuar; adem\u00e1s, el cuerpo colegiado neg\u00f3 la compensaci\u00f3n donde se ped\u00eda la suma de 120 mil d\u00f3lares y $700.000.000 por estimar que no se prob\u00f3 la existencia de dichos recursos para el momento en que se disolvi\u00f3 la sociedad conyugal, con lo cual , seg\u00fan el actor, se desconoci\u00f3 que en el a\u00f1o 2021 se le impuso como carga probatoria a la parte demandada, la obligaci\u00f3n de gestionar el oficio 1297 de 2019 ante el Bank of Am\u00e9rica, medio de prueba que ten\u00eda como finalidad acreditar realmente las sumas de dinero existentes en dicha entidad bancaria durante la vigencia de la sociedad conyugal; no obstante, la demandada nunca acat\u00f3 la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n no se hab\u00eda recibido respuesta de las autoridades convocadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La protecci\u00f3n constitucional invocada no est\u00e1 llamada a prosperar habida cuenta que el auto objeto de censura es razonable. <\/p>\n
Encuentra la Sala que el Tribunal accionado aplic\u00f3 las reglas sobre tr\u00e1nsito legislativo y a partir de las mismas advirti\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n deb\u00eda ser decidido con fundamento en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Al respecto dijo: <\/p>\n
El presente proceso, al haber sido presentada la demanda respectiva en el a\u00f1o 2013, comenz\u00f3 sus ritos bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en la medida que la vigencia plena del C\u00f3digo General del Proceso comenz\u00f3 a surtirse apenas el 1 de enero de 2016, acorde con lo dispuesto por el Acuerdo PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015. En tal orden de ideas, deben considerarse las pautas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n contempladas, por una parte, en el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887; y por la otra parte, en los art\u00edculos 624 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, norma esta \u00faltima que establece los par\u00e1metros particulares de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n para cada tipo de proceso, y que dispone en su numeral 6\u00b0 que el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n para todo proceso diferente a ordinarios, abreviados, verbales o ejecutivos, se regir\u00e1 por la regla general establecida en el numeral 5\u00b0, seg\u00fan la cual \u201clos recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieran comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.\u201d En tal orden, los procesos liquidatorios, como el presente, deben atender a la regia de transito legislativo transcrita. <\/p>\n
Por tal motivo como las objeciones presentadas conforme al traslado que se corri\u00f3, se hicieron cuando se encontraba vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es esta la legislaci\u00f3n que debe continuarse aplicando hasta tanto se complete la etapa de aprobaci\u00f3n a los inventarios. <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene con ver con las objeciones presentadas respecto de los CDTS, el Tribunal destac\u00f3 que dichas partidas fueron incluidas en el inventario por el propio demandante, quien luego las objet\u00f3; adem\u00e1s, al analizar la prueba documental existente en el expediente, hall\u00f3 que los referidos t\u00edtulos de dep\u00f3sito fueron constituidos en vigencia de la sociedad conyugal y, aunque con posterioridad los mismos fueron destinados al auxilio de la hija en com\u00fan que tienen las partes, tal circunstancia no mut\u00f3 la naturaleza social de aquellos, raz\u00f3n por la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, no accedi\u00f3 a la objeci\u00f3n que al respecto elev\u00f3 la parte demandante para que se excluyera del inventario la partida donde denunci\u00f3 los dos CDTS relacionados. Sobre este punto precis\u00f3: <\/p>\n
Se ocupa la Sala en primer lugar de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada a trav\u00e9s del cual, pretende que los dineros que representaban los CDTS denunciados por el extremo demandante en su inventario por valores de $87.000.000 y $33.000.000, se incluyan en el activo de la sociedad. <\/p>\n
Pues bien prescribe el art\u00edculo 1795 del C\u00f3digo Civil que: \u201cToda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, cr\u00e9ditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los c\u00f3nyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumir\u00e1n pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario\u201d. Conforme a la prueba documental que se arrim\u00f3 al plenario, reposan los certificados de los t\u00edtulos CDT No 0000345 y 0000495 por valores de $33.000.000 y $87.000.000 con fechas de cancelaci\u00f3n del 23 de enero de 2010 y 12 de diciembre de 2009, respectivamente, ambos constituidos en vigencia de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Adicionalmente, se tiene que en el escrito en que se relacion\u00f3 el inventario por parte del se\u00f1or Carlos Arturo Montoya Ochoa, su apoderado, en principio, hab\u00eda denunciado como activo los t\u00edtulos referidos seg\u00fan se observa del memorial que se hab\u00eda enviado previo a realizaci\u00f3n de la audiencia del 10 de junio de 2015 el cual reposa a folios 197 y 198 del cuaderno uno. Si ello era as\u00ed y dicho rubro no se objet\u00f3 por la parte contraria tal y como se constata de la lectura del expediente, resulta cuestionable que sea la misma parte demandante quien en el traslado correspondiente objete dicha partida con el fin de que se excluya, cuando el fin de dicha objeci\u00f3n conforme el art\u00edculo 601 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, descansa en \u201cque se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas, o que se incluyan las compensaciones de que trata el art\u00edculo precedente\u201d, lo cual no es lo que ocurre en este caso, pues la partida fue debidamente incluida al tratarse de un bien social para el momento en que se present\u00f3 la disoluci\u00f3n, denunciado por la misma parte a efectos de conformar el haber de la sociedad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como se ve, no aparece justificada la disposici\u00f3n de esos dineros que ya se hab\u00edan inventariado como sociales por el mismo demandante en el escrito correspondiente, lo cual fue avalado en la diligencia del 10 de junio de 2015, donde se aceptaron en las partidas d\u00e9cima y doce las sumas representadas en los CDT no sus intereses. As\u00ed las cosas, es claro que al constatarse la existencia de dichos t\u00edtulos valores CDT para el momento de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal de la pareja en litigio en este tr\u00e1mite liquidatorio, lo cual ocurri\u00f3 el 10 de abril de 2008, los mismos eran bienes sociales que le pertenec\u00edan a esta y que por ende deben integrar el haber partible. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo esta hip\u00f3tesis, las conclusiones entregadas por la juez de primera instancia, seg\u00fan las cuales aval\u00f3 la tesis del demandante quien dijo haber invertido las sumas que se representaban en los t\u00edtulos valores en la educaci\u00f3n de la hija en com\u00fan, no pueden aceptarse, pues dichas obligaciones no corresponden a la sociedad conyugal. A pesar que el articulo 1796 numeral 5\u00ba disponga que la sociedad es obligada al pago de \u201cDel mantenimiento de los c\u00f3nyuges; del mantenimiento, educaci\u00f3n y establecimiento de los descendientes comunes, y de toda otra carga de familia\u201d, debe recordarse que para el 10 de abril de 2008, esos dineros eran sociales al ser adquiridos en vigencia del matrimonio y que ya, una vez se dispuso de estos la sociedad estaba disuelta, por lo que dicha obligaci\u00f3n de establecimiento compel\u00eda a partir de ese momento a cada uno de los c\u00f3nyuges por partes iguales. (\u2026). <\/p>\n
De otro lado, en lo que tiene que ver con la objeci\u00f3n realizada por el aqu\u00ed actor para que en el inventario de la sociedad conyugal se incluyera como recompensa a cargo de la misma y a su favor el valor de 120 mil d\u00f3lares consignados en la cuenta de Olga Jim\u00e9nez Ria\u00f1o en el Bank of Am\u00e9rica, as\u00ed como la suma de $700 millones de pesos consignados en cuentas nacionales de la demandada, el Tribunal concluy\u00f3 que la existencia de dichos dineros no fue acreditada; adem\u00e1s, la autoridad judicial advirti\u00f3 que aun cuando la prueba extra\u00f1ada llegara a existir, tal circunstancia no dar\u00eda lugar al reconocimiento de una recompensa a favor del demandante, sino de la sociedad. En concreto consign\u00f3: <\/p>\n
Agr\u00e9guese por dem\u00e1s que el demandante utiliza la figura de la compensaci\u00f3n para pedir en su favor que se le adjudique dicha recompensa, cuando es lo cierto que, por virtud de esa figura, ninguna erogaci\u00f3n le corresponder\u00eda atendiendo a que virtualmente el actor no se encuentra en alguno de los casos en que la sociedad deba recompensarle alguna suma de dinero por \u00e9l invertida, o en los que disponen los art\u00edculos 1801 a 1803 del C\u00f3digo Civil. Lo que eventualmente se habr\u00eda generado, de probarse, hubiese sido una compensaci\u00f3n a cargo de la demandada y a favor de la sociedad, no del demandante. En tal orden, es claro que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo, la parte demandada no asumi\u00f3 la carga probatoria que le correspond\u00eda para lograr la inclusi\u00f3n de los pasivos aludidos en el inventario de la sociedad conyugal. Por lo tanto, no se abre paso la objeci\u00f3n en ese aspecto puntual\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, puede afirmarse que el Cuerpo Colegiado resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n con fundamento en la normativa aplicable al caso; adem\u00e1s valor\u00f3 \u00edntegramente los medios suasorios obrantes en el plenario, por lo que debe admitirse que al margen que el impulsor no comparta las inferencias del Tribunal, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, lo que excluye la intervenci\u00f3n del juez del amparo, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, el Juez constitucional \u00ab(\u2026) no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01, STC8581-2021 memoradas en STC2322-2022). <\/p>\n
Ahora, si lo que pretendi\u00f3 el actor fue cuestionar la labor realizada por el apoderado que lo represent\u00f3, tal hip\u00f3tesis no abre paso a la prosperidad del auxilio, pues ello no resulta suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, aunado a que est\u00e1 facultado para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas <\/p>\n
Por lo expuesto se negar\u00e1 el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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