STC10262-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10262-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02581-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Consuelo Mar\u00edn Vel\u00e1squez interpuso contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 14 de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el expediente No. 76-001-31-10-008-2011-00097-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Del escrito de tutela se infiere que la actora pretende dejar sin valor y efecto la providencia que la conden\u00f3 al pago de honorarios en favor de sus apoderados. <\/p>\n
Como sustento, se extrae que la promotora suscribi\u00f3 contrato de prestaci\u00f3n de servicios con los abogados Jos\u00e9 Nayib V\u00e1squez Ram\u00edrez y Sonia Inlen Bueno Dimate con el objeto de representarla judicialmente en el juicio de sucesi\u00f3n de su fallecido padre, pact\u00e1ndose como honorarios el \u00ab25% del valor comercial y total de los bienes que se adjudiquen a su favor (\u2026) aunque los abogados no hayan finiquitado el proceso\u00bb. Indic\u00f3 que pese a la \u00abmala labor de sus apoderados\u00bb, a quienes, adem\u00e1s, les revoc\u00f3 el poder otorgado, aquellos promovieron un \u00abincidente de regulaci\u00f3n de honorarios\u00bb y el Juzgado accionado la conden\u00f3 a pagarles la suma de $3.000.000. Frente a esa decisi\u00f3n interpuso el recurso de apelaci\u00f3n y el Tribunal convocado la confirm\u00f3. De esa decisi\u00f3n deriva la lesi\u00f3n ius fundamental, pues en su criterio \u00ablos abogados aspirantes a sus honorarios actuaron de forma pasiva ante su defensa y sus intereses\u00bb. <\/p>\n
2. Para el momento en que se elabor\u00f3 el proyecto no se hab\u00edan recibido informes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada, sobre la que se circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, al margen de que se comparta, no luce antojadiza, irracional, o contraria al ordenamiento jur\u00eddico, como se pasa a exponer: <\/p>\n
En efecto, revisada la providencia censurada se hall\u00f3 que la Magistratura plante\u00f3 que el problema jur\u00eddico sometido a su escrutinio estrib\u00f3 en determinar si \u00abel monto de honorarios fijados en primera instancia es adecuado conforme la gesti\u00f3n desempe\u00f1ada por los abogados y las pruebas documentales que obran dentro del incidente\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, memor\u00f3 las actuaciones m\u00e1s relevantes desplegadas por los apoderados de la actora y reliev\u00f3 que si bien <\/p>\n
(\u2026) la audiencia de inventarios y aval\u00faos se dej\u00f3 sin efecto por decisi\u00f3n en sede de tutela de esta Corporaci\u00f3n, (\u2026) en amparo de los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Consuelo Mar\u00edn Vel\u00e1squez (\u2026) ello no es \u00f3bice para reconocer la labor que en esa diligencia desempe\u00f1\u00f3 el abogado que a esta asisti\u00f3, porque, al margen que esta no surtiera finalmente efectos, signific\u00f3 el estudio de un voluminoso expediente y de diferentes predios que conforman el patrimonio partible, aunado a lo dispendioso que fue comunicarse con los herederos para que le permitieran ingresar a avaluar los inmuebles que interesan al proceso, como se desprende de la solicitud de requerimiento que hicieran al juzgado para ese efecto\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el reproche de la censora en torno a la idoneidad de la representaci\u00f3n que hicieron dichos profesionales del derecho, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) es su deber poner en conocimiento de la autoridad competente para, de ser el caso, investigar los hechos que eventualmente pudieran ser objeto de sanci\u00f3n disciplinaria o penal, no siendo este el escenario propicio para ello, pues la finalidad del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios es establecer el monto de estos, haciendo un an\u00e1lisis de la labor desempe\u00f1ada, la complejidad de la misma y el tiempo de duraci\u00f3n, pero no de su idoneidad por escapar de la competencia de esta agencia judicial\u00bb. <\/p>\n
En punto al contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito entre Jos\u00e9 Nayib V\u00e1squez Ram\u00edrez, Sonia Inlen Bueno Dimate y Consuelo Mar\u00edn Vel\u00e1squez, precis\u00f3 que no se puede desconocer que <\/p>\n
(\u2026) en su cl\u00e1usula segunda establece: \u201cHonorarios. \u2013 La Parte Demandante pagar\u00e1, por concepto de honorarios a favor de los abogados que la representan en la sucesi\u00f3n, la suma a que ascienda un porcentaje del 25% del valor comercial y total de los bienes que se adjudiquen a su favor dentro de la sucesi\u00f3n, o que reciba la mandante, en cualquier negociaci\u00f3n, conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n o sentencia, aunque los abogados no hayan finiquitado el proceso y su gesti\u00f3n; ese porcentaje se liquida sobre el valor real y comercial, de los bienes adjudicados, sin lugar a descuento alguno, salvo los abonos que se efect\u00faen a favor de los abogados\u201d, mientras que la cl\u00e1usula Cuarta establece como obligaciones de la mandante \u201ccubrir el monto de los honorarios al d\u00eda siguiente de haber celebrado conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n o negociaci\u00f3n con los dem\u00e1s herederos, de obtener conciliaci\u00f3n extraprocesal o sentencia favorable a sus intereses o pretensiones\u201d, lo que, analizado en conjunto con el poder conferido, seg\u00fan el cual el mandato se otorg\u00f3 para defender los intereses de la mandante dentro del proceso de sucesi\u00f3n de su padre \u201chasta su terminaci\u00f3n\u201d, se colige que el monto de honorarios establecido en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios y el pago de los mismos estaba sujeto a la adjudicaci\u00f3n de los bienes en cabeza de la mandante o a \u201cnegociaci\u00f3n, conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n o sentencia\u201d\u00bb(resaltado visible en el original). <\/p>\n
Bajo ese marco, destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) si bien se estableci\u00f3 que los honorarios se deben pagar \u201caunque los abogados no hayan finiquitado el proceso\u201d y que la revocatoria del poder da lugar al pago total de estos (cl\u00e1usula sexta), no puede perderse de vista que el objeto del contrato l\u00f3gicamente era que fuera representada \u201chasta su terminaci\u00f3n\u201d. Entonces, si el objeto no se cumpli\u00f3 totalmente, porque se revoc\u00f3 el mandato antes de la \u201cterminaci\u00f3n\u201d del proceso, no pueden pretender devengar unos honorarios por el total del valor establecido, m\u00e1xime cuando estos penden del valor de los bienes que se le adjudique, etapa procesal a la que el proceso a\u00fan no ha llegado, pues, como se indic\u00f3, la audiencia de inventarios y aval\u00faos dejada sin efecto por v\u00eda de tutela, a\u00fan no ha sido rehecha, como tampoco hay noticia de negociaciones, conciliaciones, ni transacciones, comoquiera que aquel acuerdo al que hacen referencia los abogados en la solicitud de regulaci\u00f3n de honorarios, seg\u00fan el cual la heredera Yulieth Mar\u00edn Calle pagar\u00eda a la se\u00f1ora Consuelo Mar\u00edn la suma de $19.000.000 finalmente no se materializ\u00f3 porque la audiencia de inventarios y aval\u00faos se dej\u00f3 sin efectos y con ella el \u201cacuerdo\u201d para recibir esa suma de dinero, seg\u00fan lo relatan tanto los incidentantes como la incidentada\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia se confirmar\u00e1, atendiendo que los apelantes no lograron derruir los argumentos en los que se edific\u00f3 la misma y toda vez que la suma establecida por la a quo se atempera a la gesti\u00f3n de los abogados, el tiempo que dur\u00f3 la misma (cinco meses), la complejidad del asunto, el contrato de prestaci\u00f3n de servicios conforme al an\u00e1lisis efectuado en precedencia y se encuentra dentro del rango de la tarifa de agencias en derecho aplicable a los procesos liquidatorios conforme al Acuerdo 1887 de 2003 que rige en este asunto por ser el vigente al iniciarse, que para primera instancia se establece en hasta 7 SMMLV (Art\u00edculo sexto, numeral 1.10), por as\u00ed mandarlo el inciso segundo del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso. Ante la improsperidad de los recursos de alzada formulados por ambas partes, no hay lugar a condenar en costas\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n atacada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la Colegiatura encartada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a las pruebas que le adosaron, a partir de las cuales, determin\u00f3 que los emolumentos ordenados se encuentran acorde con la naturaleza, la calidad y la duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por los abogados de la precursora en relaci\u00f3n con la labor jur\u00eddica desarrollada. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puesto que la providencia cuestionada en esta queja descansa en un discernimiento razonable conforme a la normativa y jurisprudencia que regulan la materia, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Consuelo Mar\u00edn Vel\u00e1squez. Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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