STC10273-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10273-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00255-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 22 de febrero de 20221, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Paola Andrea Rojas Roa, en representaci\u00f3n de su menor hija, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 9\u00ba Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 110016000050-2014-19534-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En la calidad descrita, la gestora pidi\u00f3 dejar sin valor y efecto el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 \u00abno declarar la nulidad del proceso y confirm\u00f3 la sentencia apelada\u00bb. Del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae que Jorge Eduardo Mendoza Castro fue condenado por el Juzgado accionado a la pena principal de 32 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abinasistencia alimentaria\u00bb, decisi\u00f3n que no fue recurrida. Posteriormente, el apoderado de v\u00edctimas solicit\u00f3 la apertura del incidente de reparaci\u00f3n integral; empero, la sede judicial atacada (i) neg\u00f3 la nulidad solicitada y, (ii) resolvi\u00f3 no condenar a Mendoza Castro \u00abal pago de perjuicios por causa de la conducta punible en la que incurri\u00f3\u00bb. La gestora apel\u00f3 y el Tribunal convocado confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado (3 ago. 2021). De ese prove\u00eddo deriva la lesi\u00f3n ius fundamental, pues en su criterio se omiti\u00f3 la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas. <\/p>\n
2. Los funcionarios convocados se opusieron a las pretensiones. La Unidad de Fiscal\u00edas Locales de la Direcci\u00f3n Seccional de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que esa entidad no participa en los incidentes de reparaci\u00f3n integral que adelantan las representaciones de v\u00edctimas. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 adujo la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable <\/p>\n
4. La precursora se alz\u00f3 fincada en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se observa la necesidad de ratificar el veredicto confutado, porque la decisi\u00f3n censurada al margen de que se comparta no luce antojadiza, irracional, o contraria al ordenamiento jur\u00eddico, como se pasa a exponer: <\/p>\n
En efecto, revisada la providencia censurada, se hall\u00f3 que dicha autoridad, preliminarmente memor\u00f3 los hechos relevantes acaecidos en ese asunto y, luego, reliev\u00f3 que la recurrente no acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n al debido proceso alegada, pues el juzgado no omiti\u00f3 las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, pues <\/p>\n
(\u2026) por el contrario, durante el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n [el Juzgado] indic\u00f3 de manera inequ\u00edvoca las oportunidades en que el incidentante deb\u00eda enunciar las pruebas que har\u00eda valer en sustento de su pretensi\u00f3n y sustentar tales peticiones. Con base en ello, decret\u00f3 las pruebas oportunamente allegadas al proceso, rechaz\u00f3 las que no cumpl\u00edan con esa condici\u00f3n, y como finalmente no hubo ejercicio probatorio, no conden\u00f3 en perjuicios al procesado. <\/p>\n
Asimismo, seg\u00fan los art\u00edculos 164, 168 y 321.3 del CGP, las decisiones judiciales deber\u00e1n fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso; el juez rechazar\u00e1 las pruebas il\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles; y en contra del auto motivado que niegue el decreto o la pr\u00e1ctica de la prueba proceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Enseguida, precis\u00f3 que la afirmaci\u00f3n de la recurrente es \u00abfalsa\u00bb, pues <\/p>\n
(\u2026) es claro que las normas procesales mencionadas dan cuenta de que la pr\u00e1ctica probatoria en el incidente de reparaci\u00f3n integral est\u00e1 supeditada a la debida aportaci\u00f3n de la prueba, a su conducencia, y a su pertinencia y utilidad para demostrar el tema de prueba del litigio, el cual qued\u00f3 fijado desde la primera audiencia incidental y se circunscribi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales causados a la v\u00edctima por la comisi\u00f3n de un delito. Sin embargo, el apoderado de v\u00edctimas omiti\u00f3 cumplir con dichas cargas e incurri\u00f3 en evidentes deficiencias al no argumentar razonablemente sus solicitudes probatorias cuando fue requerido. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que la incidentante pretende subsanar sus equ\u00edvocos con una solicitud de nulidad presentada de manera \u00abantit\u00e9cnica\u00bb, porque <\/p>\n
(\u2026) adem\u00e1s, de no probar la existencia del hecho al que atribuye la violaci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso y fundamentar su petici\u00f3n en afirmaciones contrarias a la ley, convalid\u00f3 el acto que considera irregular. (\u2026) El apoderado de v\u00edctimas, en su entender, manifest\u00f3 que el yerro sustancial que padeci\u00f3 consiste en que el juzgado rechaz\u00f3 la prueba pericial y no valor\u00f3 las pruebas oportunamente presentadas. Tales sucesos se consolidaron cuando el juzgado del circuito confirm\u00f3 el rechazo de la prueba pericial y cuando la primera instancia decret\u00f3 el cierre de la etapa probatoria sin valorar ninguna prueba. c. Despu\u00e9s, (\u2026) la parte interesada aleg\u00f3 de conclusi\u00f3n y se acogi\u00f3 a la fecha para la lectura del fallo incidental. Sin importar lo anterior, (\u2026) solicit\u00f3 la nulidad horas previas a que el juzgado profiriera la sentencia de rigor. d. Ante esta situaci\u00f3n, el juzgado, en un solo acto procesal, decidi\u00f3 no declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n y no condenar en perjuicios al procesado\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como conclusi\u00f3n provisoria en torno a la invalidez planteada, reliev\u00f3 que \u00abno existe ning\u00fan fundamento serio que permita afirmar la violaci\u00f3n del debido proceso de la v\u00edctima y no se decretar\u00e1 la nulidad de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En punto a la viabilidad de imponer una condena indemnizatoria record\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el juzgado no conden\u00f3 en perjuicios a Jorge porque la parte interesada no aport\u00f3 de manera oportuna pruebas en sustento de su pretensi\u00f3n. El apoderado de v\u00edctimas no est\u00e1 de acuerdo con esta decisi\u00f3n, pues considera que desde la primera audiencia del incidente de reparaci\u00f3n integral aport\u00f3 los elementos de conocimiento necesarios para demostrar el monto de la indemnizaci\u00f3n al que tiene derecho. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que el incidente de reparaci\u00f3n integral es: <\/p>\n
De cara a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el decurso, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) la parte interesada no cumpli\u00f3 con la carga probatoria en aras de acreditar su pretensi\u00f3n indemnizatoria, no solicit\u00f3 pruebas en el momento procesal que el juzgado dispuso para ello y, por ende, no hubo debate probatorio. Si bien la sentencia condenatoria da cuenta de que el procesado est\u00e1 llamado a reparar, hasta tanto no se ordene como tal el pago de las sumas adicionales a las cuotas alimentarias incumplidas, no es prueba de la \u00edndole de los da\u00f1os causados con el delito ni, muchos menos, de la cuant\u00eda a la que estos ascienden. El apoderado de v\u00edctimas omiti\u00f3 cumplir con las mencionadas cargas e incurri\u00f3 en evidentes deficiencias al no argumentar razonablemente sus solicitudes probatorias cuando fue requerido; la decisi\u00f3n recurrida es compatible con su negligencia y no se debe a un acto abusivo del juzgado. <\/p>\n
Bajo estas premisas, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, tras concluir que: <\/p>\n
(\u2026) dada la naturaleza del delito por el que fue condenado Jorge, el cual implica que dej\u00f3 de pagar las cuotas alimentarias debidas a su hijo sin justa causa, dichas cuotas se causaron y esta decisi\u00f3n no conlleva, por s\u00ed misma, su extinci\u00f3n. Por este motivo, el apoderado est\u00e1 legitimado para emprender las acciones judiciales orientadas al pago de esas sumas. Y esto es comprensible, pues, de lo contrario, se incurrir\u00eda en una profunda contradicci\u00f3n ya que, a quien fue condenado penalmente por el no pago de una obligaci\u00f3n, no podr\u00eda exig\u00edrsele su cumplimiento. As\u00ed, debe quedar claro que los perjuicios por los que se ha proferido la absoluci\u00f3n apelada son aquellos distintos a las cuotas alimentarias debidas\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n del Tribunal se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n razonable que desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, a partir de la cual determin\u00f3 que en el tr\u00e1mite cuestionado no se pretiri\u00f3 la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas, situaci\u00f3n diferente es que la unidad de v\u00edctimas no haya enunciado y, luego, sustentado los elementos de juicio que pretend\u00eda hacer valer en la etapa pertinente para ello, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 103 y siguientes de la ley 906 de 2004, raz\u00f3n por la cual, resolvi\u00f3 negar la invalidez alegada y no condenar en perjuicios al procesado. Lo anterior, sin perjuicio de que la promotora pueda \u00abemprender nuevamente las acciones judiciales orientadas al pago de esas sumas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por la precursora, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 28 de julio pasado. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10273-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC10273-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00255-01 (Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65983"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65983\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}