STC10274-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10274-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00aa 08001-22-13-000-2022-00497-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 19 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por la Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales Comsel contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil Municipal de ese municipio y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo bajo radicado 2021-00303 (2018-00014). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales Comsel demand\u00f3 a Jos\u00e9 Vertel Fuentes a fin de obtener el pago de las sumas de dinero contenidas en los pagar\u00e9s Nos. 8322 y 17258, juicio que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por auto de 23 de enero de 2018, el despacho decret\u00f3 el embargo del 40% de la pensi\u00f3n, cesant\u00edas y dem\u00e1s emolumentos que devengara por cualquier causa el ejecutado, decisi\u00f3n contra la que el demandado solicit\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar, despu\u00e9s de 2 a\u00f1os de haber sido practicada, que neg\u00f3 el Juzgado el 8 de octubre de 2020. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que apelada la decisi\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, mediante providencia de 7 de abril de 2022 la revoc\u00f3 y declar\u00f3 el levantamiento de esa cautela, redujo a la 1\/5 el embargo del salario que devengue el se\u00f1or Vertel Fuentes en la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de C\u00f3rdoba, y mantuvo el embargo de las sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias de las que fuera titular. <\/p>\n
A juicio de la Cooperativa accionante, la determinaci\u00f3n del Juzgado accionado desconoce la primac\u00eda del derecho sustancial y el debido proceso, \u00abutilizando una v\u00eda de hecho para justificar su decisi\u00f3n en contra de los intereses del accionante, rompiendo con el principio de confianza leg\u00edtima y desconociendo la verdadera naturaleza del beneficio cooperativo de embargar hasta el 50% de los salarios\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 \u00ab[dejar sin efectos el auto de 7 de abril de 2022 emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad \u2013 Atl\u00e1ntico, dentro del radicado 2021-300 (2018-00014) (\u2026) En consecuencia de lo anterior, mantener inc\u00f3lume la medida cautelar de embargo de hasta el 40% sobre la parte demandada]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, inform\u00f3 que la providencia cuestionada se ajusta a derecho y a la jurisprudencia que regula la materia, adem\u00e1s de ser consecuente con las pruebas documentales que obran en el expediente, y solicit\u00f3 negar el amparo suplicado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, tras considerar que la providencia atacada \u00abno solo no desconoce el precedente y alcance dado a la normatividad aplicable en dicho caso por la jurisprudencia, sino que tampoco se funda en una hermen\u00e9utica no sistem\u00e1tica de la norma, con omisi\u00f3n del an\u00e1lisis de otras disposiciones que regulan el caso, pues tuvo en cuenta adem\u00e1s de la sentencia que estudia la exequibilidad de la norma, otra jurisprudencia aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Descontenta con la anterior decisi\u00f3n, la Cooperativa accionante la impugn\u00f3, bajo los mismos argumentos del escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
Para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos, debe acreditarse que el reproche que se le hace a la actividad judicial es arbitraria, caprichosa, infundada o contra el ordenamiento legal que rige el tema debatido. <\/p>\n
2. A partir del examen de la providencia cuestionada y de los argumentos en que la Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales Comsel fundamenta su inconformismo, no advierte la Sala la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que en la providencia de 7 de abril de 2022 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, no se evidencia arbitraria ni irrazonable, porque se sustent\u00f3 en las pruebas obrantes en el proceso y en las disposiciones legales que deb\u00eda aplicar frente a la solicitud elevada por el ejecutado, esto es, en el art\u00edculo 156 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, as\u00ed como en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 134 de la Ley 100 de 1993, y el art\u00edculo 344 de la citada codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, realiz\u00f3 una adecuada interpretaci\u00f3n de las sentencias C-589 de 1995, T-246 de 2003 de la Corte Constitucional y STC3786-2019 de esta Sala, y de lo anterior concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn efecto, seg\u00fan las pruebas obrantes en el dossier, si bien es cierto que el se\u00f1or JOS\u00c9 VICENTE VERTEL FUENTES, suscribi\u00f3 los pagar\u00e9 n\u00fameros 8322 y 17258 a favor de la empresa SOLUCI\u00d3N CAPITAL y a la COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFINANCIAMIENTO; no es menos cierto, que este no es beneficiario o asociado de la demandante COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LEGALES COMSEL, siendo que la obligaci\u00f3n por esta perseguida, se dio por virtud del endoso, pues, es originaria de una persona jur\u00eddica diferente, como consta en el t\u00edtulo valor suscrito pagar\u00e9 aportada como t\u00edtulo de recaudo ejecutivo\u00bb. (May\u00fascula fija en texto) <\/p>\n
Tanto las normas referidas, como la jurisprudencia en que bas\u00f3 su decisi\u00f3n, son coincidentes en que el embargo de la pensi\u00f3n, procede cuando una cooperativa demanda el incumplimiento de obligaciones pecuniarias ocasionadas por la prestaci\u00f3n de un servicio, contra\u00eddas a su favor y con cargo a sus afiliados o beneficiarios. <\/p>\n
Luego, como del proceso ejecutivo 2021-00303 (2018-00014) se extrae que el cr\u00e9dito que se ejecuta, no fue otorgado inicialmente por la cooperativa al demandado, sino que se constituy\u00f3 como legitima tenedora por endoso a que su favor hizo otra persona jur\u00eddica, y este, a su vez, no tiene la condici\u00f3n de afiliado ni beneficiario de aquella, f\u00e1cil resulta concluir que no era viable el embargo de la mesada pensional del deudor. <\/p>\n
As\u00ed pues, se reitera, la decisi\u00f3n atacada por esta v\u00eda se profiri\u00f3 con pleno respaldo en la ley y en la jurisprudencia aplicable, lo que permite evidenciar que no existe transgresi\u00f3n a la garant\u00eda constitucional de la que se busca su protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por tanto, las divergencias exteriorizadas por la Cooperativa reclamante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que la impugnaci\u00f3n est\u00e1 destinada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que se ha revisado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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