STC10284-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10284-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02600-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Jorge Humberto Arroyave Dorado le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado Quince Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Cali, extensiva a la Secretar\u00eda de Infraestructura de ese municipio, Piedad Moncayo Bola\u00f1os, Gestiopolis S.A.S. y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2014-00431. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb para que, se declarara \u00abla nulidad de la decisi\u00f3n adoptada en el incidente de [responsabilidad patrimonial] adelantado por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, en diligencia llevada a cabo en septiembre 30 del a\u00f1o 2021 y confirmada por el Tribunal Superior de Cali, en marzo del presente a\u00f1o\u00bb y, en consecuencia, se designaran \u00ablos peritos a efecto de determinar los perjuicios generados a la demandada tal como lo indic\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en decisi\u00f3n adoptada al surtirse la impugnaci\u00f3n a fallo proferido por el Tribunal Superior de Cali \u2013 Sala Civil en sede de tutela incoada por el Municipio de Cali\u00bb. <\/p>\n
De la prueba allegada al plenario se colige que: <\/p>\n
La Secretar\u00eda de Infraestructura y Valorizaci\u00f3n de Cali decret\u00f3 de \u00abutilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social\u00bb una cuota parte del inmueble con registro catastral F101700060000 de propiedad de Piedad Moncayo Bola\u00f1os, con el fin de prolongar la avenida circunvalar de esa localidad, por consiguiente, firm\u00f3 promesa de compraventa con \u00e9sta, en la que se estableci\u00f3 la forma de pago, as\u00ed: \u00ab\u2026la promitente vendedora autoriza al Municipio de Cali a realizar un pago por ($11.722.298) a FONAVIEMCALI, con el fin de cancelar la hipoteca que se encuentra en la anotaci\u00f3n No. 6 (\u2026) folio de matr\u00edcula 370-56999 (\u2026) El valor restante del primer pago, es decir la suma de ($44.638.275), se har\u00e1 a su nombre (\u2026) dentro de los diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la radicaci\u00f3n de documentos para el pago respectivo y el saldo que corresponde al 20% (\u2026) es decir (\u2026) ($14.084.200), ser\u00e1n cancelados dentro de los 15 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la escritura p\u00fablica debidamente registrada \u2026\u00bb (28 jun. 2013). <\/p>\n
La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de dicho lugar, abri\u00f3 el folio de matr\u00edcula n\u00ba 896027 a nombre del Municipio de Cali – Secretar\u00eda de Infraestructura y Valorizaci\u00f3n, como titular del derecho de dominio de 74.06 metros cuadrados del bien ubicado en la carrera 80 1 A \u2013 36 o carrera 80 Oeste # 1 A-36 (14 ene. 2014). <\/p>\n
El organismo municipal, ante el incumplimiento de la vendedora en la entrega del predio, demand\u00f3 la expropiaci\u00f3n del terreno parcial y construcci\u00f3n total, aportando con ello dep\u00f3sito judicial por el aval\u00fao catastral m\u00e1s el 50%, esto es, $94.788.823, (2 feb. 2015). <\/p>\n
Posteriormente, Moncayo Bola\u00f1os, frente a la admisi\u00f3n del libelo, por intermedio de su apoderado judicial, Jorge Humberto Arroyave Dorado, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y solicit\u00f3 la nulidad, pedimentos que fracasaron porque respecto del primero, el estrado acusado dijo que \u00ablos documentos anexos y la demanda son suficientes para admitir\u00bb y, del segundo, acept\u00f3 su desistimiento. <\/p>\n
El Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali en audiencia del 5 de octubre de 2015, accedi\u00f3 a las pretensiones del ente territorial y dispuso \u00ab\u2026a trav\u00e9s de peritos el aval\u00fao del bien a expropiar y separadamente las indemnizaciones a favor de los distintos interesados\u00bb, por lo que, en acatamiento de ello, \u00abel auxiliar de la justicia designado, avalu\u00f3 comercialmente el bien en $114.171.102 y tas\u00f3 los perjuicios en un total de $161.562.635, por concepto de indemnizaci\u00f3n por diferencia del valor que se pag\u00f3 e indemnizaci\u00f3n por no pago previo a la entrega, para un total de $275.733.737\u00bb, experticia que aprob\u00f3, por falta de objeciones. Por esta raz\u00f3n, \u00abmand\u00f3 el pago del valor restante del dep\u00f3sito judicial obrante en las diligencias a la pasiva, as\u00ed como requerir a la Secretar\u00eda para que realizara el pago de la diferencia\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con tal directiva, la entidad all\u00e1 demandante promovi\u00f3 un auxilio, ya que en su sentir \u00abla juzgadora accionada obr\u00f3 con desconocimiento de la normatividad procesal y de todos aquellos hechos que la alertaban sobre la imposibilidad de admitir y tramitar hasta su culminaci\u00f3n la demanda de expropiaci\u00f3n que se present\u00f3 en nombre del municipio de Cali, pues del libelo inicial, el recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio, la contestaci\u00f3n de la demandada y la solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n posteriormente desistida, se extra\u00eda con absoluta claridad que no era por esa senda que deb\u00eda resolverse la controversia\u00bb, acogido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali (27 feb. 2017) y refrendado por esta Corporaci\u00f3n en fallo de 21 de abril siguiente, mediante el cual \u00abdej\u00f3 sin efecto la sentencia dictada por la juzgadora accionada y le orden\u00f3 emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a la legalidad. Adicionalmente, dispuso compulsar copias de la actuaci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con miras a que se determinara si hab\u00eda lugar a las investigaciones y sanciones correspondientes\u00bb (Rad. 2017-00105-01). <\/p>\n
En obediencia de ese veredicto, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali neg\u00f3 las aspiraciones de la \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb, porque \u00abla demandante carece de legitimaci\u00f3n de adelantar la expropiaci\u00f3n por ser titular del derecho de dominio del inmueble objeto de debate\u00bb (11 may.), determinaci\u00f3n que el ad quem revoc\u00f3 parcialmente, para disponer que aquel \u00abdeber\u00e1 devolver a favor del Municipio de Santiago de Cali \u2013 Secretar\u00eda de Infraestructura y Valorizaci\u00f3n, el dep\u00f3sito judicial que por valor de $94.788.823, que estos hicieron en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 78 del 12 de Agosto de 2014. De haber sido entregado para su pago, deber\u00e1 iniciar los tr\u00e1mites para el reintegro de esos valores\u00bb (12 dic.). <\/p>\n
El despacho censurado, previo requerimiento a Piedad Moncayo Bola\u00f1os y a su abogado para el reembolso de la suma referida, les inici\u00f3 incidente responsabilidad patrimonial (6 jul. 2020), decret\u00f3 las pruebas pertinentes (26 feb. 2021), los sancion\u00f3 al pago de la multa equivalente a 10 S.M.L.M.V. por \u00abincurrir con mala fe, en la obstrucci\u00f3n y desarrollo normal y expedido del procedimiento suscitado en el proceso de expropiaci\u00f3n luego de la decisi\u00f3n del 12 de diciembre de 2017 emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali\u00bb y les orden\u00f3 que, de manera inmediata, retornaran \u00abla cifra de dinero equivalente a $94.788.823, rubro que conforme se tiene de la consulta del Portal del Banco agrario, fueron reclamados el 13 de octubre de 2016, por el abogado JORGE HUMBERTO ARROYAVE\u00bb (30 sep. 2021), resoluci\u00f3n que el Superior convalid\u00f3 el 8 de marzo de 2022. <\/p>\n
En opini\u00f3n del actor, el correctivo impuesto es \u00abuna v\u00eda de hecho que no consulta la verdad procesal obrante en el plenario, pues adem\u00e1s de los innumerables yerros los cuales advirt[i\u00f3] oportunamente se dio tr\u00e1mite a un proceso que jam\u00e1s debi\u00f3 surtirse y de ello tiene pleno conocimiento despacho y tribunal accionados, como dicha corporaci\u00f3n (\u2026) Adicional a ello, en la prueba de interrogatorio de parte la demandada indica que el suscrito le expres\u00f3 que deb\u00eda devolver el dinero a ella entregado, sin embargo a pesar de ello se me sanciona, pues no es de mi resorte que la se\u00f1ora lo devuelva o no, frente a lo cual no le indago el despacho, si lo iba o no a realizar\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cali dijo atenerse a lo que se defina en este medio tuitivo. <\/p>\n
El Juzgado Quince Civil del Circuito de dicha capital remiti\u00f3 el enlace del pleito criticado, cont\u00f3 lo rituado all\u00ed y destac\u00f3 la improcedencia de la guarda. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de Infraestructura Distrital de Santiago de Cali pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y se opuso al amparo, puesto que \u00abno se vislumbra que se haya vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Las inconformidades del promotor se enfilan contra el interlocutorio de 8 de marzo de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, que ratific\u00f3 el del Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad que lo sancion\u00f3 con multa equivalente a 10 S.M.L.M.V. y le mand\u00f3 que, de manera inmediata, devolviera \u00abla cifra de dinero equivalente a $94.788.823\u00bb (30 sep. 2021), el cual no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del infolio. <\/p>\n
Para el efecto, inicialmente enfatiz\u00f3 que los reparos del recurrente se enfilan a que, <\/p>\n
[S]u intenci\u00f3n con la interposici\u00f3n de recursos ante las decisiones tomadas en el presente proceso no tienen como intenci\u00f3n la dilaci\u00f3n en la entrega del dinero del dep\u00f3sito judicial equivalente a $94.788.823, consignado en raz\u00f3n al proceso de expropiaci\u00f3n, sino que son exclusivamente tendientes a que se le liquide y reconozcan a su mandataria las indemnizaciones que haya a lugar y a que se designen peritos con el fin de establecer los perjuicios ocasionados con la negativa de las pretensiones con la devoluci\u00f3n de la cosa que era imposible efectuar y por los perjuicios causados con el proceso que iniciaron. [Adem\u00e1s] expresa su completa disposici\u00f3n a devolver el dinero y su buena fe, por lo que no encuentra la raz\u00f3n de la imposici\u00f3n de la multa. <\/p>\n
Bajo ese contexto, memor\u00f3 que dicha Colegiatura conoci\u00f3 con anterioridad en segunda instancia el \u00abproceso de expropiaci\u00f3n\u00bb que dio origen al \u00abincidente de responsabilidad patrimonial\u00bb reprochado y, que, en aquella oportunidad estableci\u00f3, en lo atinente a las \u00abindemnizaciones reclamadas por el apoderado\u00bb, que: <\/p>\n
(…) en el presente tr\u00e1mite no es dable discutir indemnizaciones como las planteadas por el demandado al descorrer el traslado, tales como compensaci\u00f3n por afectaci\u00f3n, da\u00f1o emergente y lucro cesante, y actualizaci\u00f3n del aval\u00fao, como al parecer, lo estim\u00f3 el fallo recurrido. Cualquier reclamaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 hacerse a partir del contrato de compraventa y en el escenario correspondiente, que no era la expropiaci\u00f3n, como as\u00ed se precisa en la soluci\u00f3n dada en la acci\u00f3n de tutela, frente al incumplimiento de obligaciones de cualquiera de los dos contratantes, por tanto, adem\u00e1s de ser improcedente la orden indemnizatoria por la inexistencia de la legitimaci\u00f3n en causa por activa y por pasiva, ya que fracasada la pretensi\u00f3n principal devienen improcedentes la declaraciones consecuenciales, y ni siquiera so pretexto de adentrarse en el intenci\u00f3n del demandante para concluir que se quer\u00eda la entrega por el tradente al adquirente, podr\u00edan disponerse estas indemnizaciones ya que lo ser\u00edan de orden contractual. <\/p>\n
En tal virtud, precis\u00f3 que <\/p>\n
Este no es el escenario para buscar la compensaci\u00f3n de las indemnizaciones que pueda tener o no derecho su mandante y que, tal y como \u00e9l lo se\u00f1al\u00f3 desde la contestaci\u00f3n a la demanda, en el incidente de nulidad del que desisti\u00f3, hasta en la sustentaci\u00f3n del recurso que aqu\u00ed se resuelve, el presente proceso no es el adecuado para satisfacer las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, seguidamente, que <\/p>\n
(\u2026) si bien se dispuso un dinero a favor de la parte por orden judicial, la parte no deb\u00eda disponer de este al tener conocimiento que no estaban bien fundamentados los cimentos del proceso y, en caso de haber dispuesto de este, en cuanto se impuso la orden de reintegrar el dep\u00f3sito judicial, debi\u00f3 proceder como tal; circunstancia que se advirti\u00f3 anteriormente por esta Sala, como ya se se\u00f1al\u00f3, cuando se resolvi\u00f3 la segunda instancia del presente proceso. <\/p>\n
Acto seguido expuso que, tal como sostuvo el funcionario de primer nivel, \u00abla conducta que denota su mala fe es el haber obstruido con el desarrollo y finalizaci\u00f3n normal del proceso, ya que lo procedente en la presente etapa es la devoluci\u00f3n del dinero, sin tener cabida los argumentos de que este dinero se trata de la compensaci\u00f3n por las indemnizaciones que la parte tiene derecho, pues estos tendr\u00e1n que ser reclamados en otro proceso, no en el actual y, mucho menos, en el presente incidente\u00bb, actuar que \u00abno se atempera a las normas legales vigentes y las \u00f3rdenes judiciales ya suscitadas, yendo en contrav\u00eda del adecuado proceder judicial y la falta a los deberes y responsabilidades en que incurre la parte demandada y su abogado\u00bb. <\/p>\n
Y observ\u00f3 que \u00absus constantes peticiones est\u00e1n infundadas y van en contra de una orden judicial ya emitida, como ya se ha explicado en la presente providencia\u00bb, por ende, cavil\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) aunque parece que hay un saldo pendiente de pago a favor de la demandada por concepto de la compraventa del inmueble pretendido en expropiaci\u00f3n, es lo cierto que, el abogado, desde el requerimiento realizado en enero de 2018, ha dilatado la devoluci\u00f3n del dinero ordenado en sentencia de diciembre de 2017, o por lo menos, proponer o acreditar la propuesta del pago descontando el remanente que asiste a Piedad Moncayo, sin embargo, si bien, dicha situaci\u00f3n es enunciada por el apoderado, de ello no existe prueba alguna en el expediente. <\/p>\n
Finiquit\u00f3, aduciendo que <\/p>\n
(\u2026) no se re\u00fanen los presupuestos para revocar la providencia recurrida, puesto que el proceder del apoderado y su mandante se ajustan al numeral 5 del art\u00edculo 79 del C.G.P., que establece que se presumir\u00e1 que ha existido temeridad o mala fe cuando \u2018(…) por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso\u2019, situaci\u00f3n que se encuentra acreditada en el presente al tener en cuenta que en la etapa actual se debe reintegrar el dinero y no ha sucedido de tal manera. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para rebatir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC9950-2022). <\/p>\n
3.- Son estas las razones que llevan a la no prosperidad del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Jorge Humberto Arroyave Dorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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