STC10288-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10288-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01321-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 7 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Geoman Ltda contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2019-00844. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda solicitante por intermedio de su representante legal, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera quebrantados por la autoridad convocada. <\/p>\n
En uso de la faculta prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, mediante sentencia anticipada del 3 de diciembre de 2020 se declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de pago alegada por la parte obligada, ordenando en consecuencia, seguir adelante con la ejecuci\u00f3n conforme a la orden ejecutiva librada el 19 de septiembre 2019. <\/p>\n
Ante tal determinaci\u00f3n, el extremo pasivo formul\u00f3 apelaci\u00f3n, dado que, en su sentir, \u00abla sentencia no tuvo en cuenta la Excepci\u00f3n de Contrato no Cumplido, adoptada por el ordenamiento jur\u00eddico en el art\u00edculo 1609 del C.C., regla basada en la equidad que orienta los contratos sinalagm\u00e1ticos\u00bb, mecanismo que fue desatado en fallo del 29 de abril de 2022 por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de la misma localidad, revocando lo determinado por el juez cognoscente para declarar probada la citada defensa y, por ende, negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto, la sociedad ac\u00e1 interesada se\u00f1al\u00f3 que el ad quem fall\u00f3 en contra de sus intereses \u00abdesconociendo los t\u00e9rminos judiciales\u00bb, pues, no solo admiti\u00f3 dos veces la alzada \u00absin motivo alguno\u00bb, sino que dict\u00f3 sentencia \u00absin que hubiere pronunciamiento alguno respecto de la p\u00e9rdida de competencia de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) Motivo por el que es totalmente nula de pleno derecho\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que en la decisi\u00f3n que cerr\u00f3 el debate se \u00abdesconoci\u00f3 el precepto legal que regula la factura en Colombia, dejando de lado que era la factura el t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n y no el contrato, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis completamente err\u00f3neo del contrato y sus implicaciones junto al hecho que bas\u00f3 su decisi\u00f3n en conjeturas y err\u00f3neos extractos del contrato allegado\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 \u00abREVOCAR el fallo proferido, en segunda (2\u00aa) instancia, por el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 D.C. por cuanto incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico e hizo caso omiso a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo, habida consideraci\u00f3n que no basta con que la parte accionante se encuentre inconforme con las resultas del proceso revisado para alegar el quebrantamiento de sus garant\u00edas esenciales, y si bien es cierto se emiti\u00f3 una segunda providencia de admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado, ello \u00abobedeci\u00f3 a un mero error involuntario\u00bb. Adem\u00e1s, no puede pretenderse a trav\u00e9s de la tutela alegar la nulidad de que trata del art. 121 del Estatuto Procesal vigente \u00absin haberla propuesta en oportunidad y s\u00f3lo por haber salido vencido en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte el operador judicial cognoscente de la ejecuci\u00f3n criticada solicit\u00f3 ser desvinculado de las presentes diligencias, toda vez que \u00abno logra evidenciarse la configuraci\u00f3n de ninguna v\u00eda de hecho, ni afectarse derecho constitucional alguno de la parte accionante por conducta atribuible a esta dependencia judicial\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado judicial del Consorcio OHL R\u00edo Magdalena solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda, pues \u00abde las actuaciones del Juzgado accionado a contrario sensu de lo afirmado en el escrito de tutela, no se vislumbra la vulneraci\u00f3n de alguna garant\u00eda constitucional (\u2026) [y] la acci\u00f3n que se demanda tampoco puede tomarse como un mecanismo transitorio, pues no se advierte que el (sic) accionante se encuentre inmersa en una situaci\u00f3n que pueda calificarse como un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que en lo que refiere a la p\u00e9rdida de competencia alegada por la parte actora, \u00abno se evidencia que aqu[\u00e9]lla se hubiere servido de los mecanismos con los que contaba para plantear, en el escenario natural, dicha circunstancia\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, no evidenci\u00f3 actuaci\u00f3n arbitraria del funcionario judicial de segunda instancia en la sentencia emitida, por lo que \u00abla actora se alza contra una decisi\u00f3n que no comparte, a fin de que el juez constitucional imponga su criterio sobre los referidos asuntos, se revise la decisi\u00f3n cuestionada a la luz de los elementos y presupuestos que a su juicio deben prevalecer, y consecuentemente se disponga la emisi\u00f3n de una providencia contraria en la que se vea favorecida, lo que en manera alguna podr\u00eda tener lugar en sede constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda gestora disinti\u00f3 de lo determinado, se\u00f1alando que se \u00abdesconoc[i\u00f3] el llamado que realic\u00e9 al Juez 49 Civil del Circuito en escrito de fecha 22 de octubre de 2022 (sic), manifestando la mora superior a siete (7) meses\u00bb, y aunque \u00absi bien es cierto no se hace menci\u00f3n textual al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, tambi\u00e9n lo es que el Juez 49 ignor\u00f3 completamente la solicitud antes mencionada, a tal punto, que la misma ni siquiera fue registrada en el Siglo XIX (sic), lo que da muestra de que dicho memorial no fue revisado y menos \u00e1un (sic) resuelto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada, dentro del proceso ejecutivo adelantado por la interesada frente al Consorcio OHL R\u00edo Magdalena y las sociedades que lo integran (n\u00b0 2019-00844), lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Geoman Ltda acude a esta herramienta especial en procura de obtener la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores que considera vulneradas por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 al interior del proceso ejecutivo n\u00b0 2019-00844, por cuanto, seg\u00fan dice, fall\u00f3 la instancia en detrimento de sus intereses pese a haber perdido competencia para ello de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.1. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01). <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad pues, de conformidad con el material de convicci\u00f3n allegado por la c\u00e9lula judicial querellada, aunque mediante escrito radicado electr\u00f3nicamente el 22 de octubre de 2021 la apoderada judicial de la ac\u00e1 inconforme present\u00f3 \u00abSolicitud de pronunciamiento\u00bb ante el despacho criticado, para que \u00abse contin\u00fae con el tr\u00e1mite correspondiente dentro del asunto de la referencia. Lo anterior, en la medida que desde la recepci\u00f3n del expediente han transcurrido siete (7) meses sin que se profiera la decisi\u00f3n respectiva frente al recurso de alzada propuesto\u00bb, de modo alguno puede entenderse, como se pretende, que con dicha actuaci\u00f3n se pidi\u00f3 al juzgador la p\u00e9rdida de competencia para resolver la segunda instancia conforme a lo previsto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que, al haber tenido la compa\u00f1\u00eda querellada a su alcance la herramienta judicial id\u00f3nea para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, y haberla injustificadamente desaprovechado, le qued\u00f3 vedada toda posibilidad de obtener lo que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que la interesada debi\u00f3 solicitar expresamente en el proceso la p\u00e9rdida de competencia del ad quem para fallar la instancia tras superarse el t\u00e9rmino previsto en la norma en cita, para que el asunto se remitiera al juez que siguiera en turno; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 en ese sentido, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto, m\u00e1s aun cuando la nulidad por esa circunstancia s\u00f3lo opera a petici\u00f3n de parte, raz\u00f3n por la cual, no es posible declarar la invalidez de oficio (Corte Constitucional, C-443 de 2019), sin que por dem\u00e1s, el solo hecho de que por un error involuntario se hubiese proferido dos veces auto admitiendo la alzada, conlleve la invalidez de lo actuado. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
3.2. La razonabilidad <\/p>\n
Ahora bien, analizada la queja enrostrada a la decisi\u00f3n que cerr\u00f3 el debate jur\u00eddico planteado, la Sala establece que la sentencia adoptada por la autoridad convocada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, al revisar los argumentos esbozados por el Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad en el fallo adoptado el 29 de abril de 2022, se advierte que la decisi\u00f3n de revocar la sentencia del 3 de diciembre de 2020 proferida por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal, para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abCONTRATO NO CUMPLIDO\u00bb, obedeci\u00f3 a la revisi\u00f3n no solo de las exigencias previstas para la factura base de recaudo, sino del acto jur\u00eddico subyacente. <\/p>\n
En ese sentido, el despacho criticado, luego de analizar con base en la jurisprudencia la procedencia de la interposici\u00f3n de las excepciones derivadas del negocio jur\u00eddico que dan origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo valor, advirti\u00f3 que entre las partes en contienda se suscribi\u00f3 un contrato de prestaci\u00f3n de servicios el 27 de diciembre de 2017, en el que \u00abla sociedad GEOMAN LTDA se comprometi\u00f3 \u00bb para la Prestaci\u00f3n de Servicios de modificaci\u00f3n de licencia ambiental fuente de material El Aterrado para el proyecto (\u2026)\u00bb, donde la cl\u00e1usula sexta del mismo contiene \u00abel acuerdo de las partes en cuanto a la SUPERVISI\u00d3N y APROBACI\u00d3N DE LOS SERVICIOS, donde se indica que se comprobar\u00e1n los servicios efectivamente prestados por el CONTRATISTA, verificaci\u00f3n que se har\u00e1 por un representante designado por el CONTRATANTE, quien podr\u00e1 objetar los servicios supervisados en un plazo m\u00e1ximo de 1O d\u00edas conforme al numeral 6.2., t\u00e9rmino el que vencido sin haberse hecho pronunciamiento por escrito, se entender\u00e1 que el informe y por tanto los servicios del mes han sido RECHAZADOS\u00bb, acord\u00e1ndose adem\u00e1s en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima que \u00ab\u00bbPara garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del presente Contrato, que le corresponden al CONTRATISTA, se aplicar\u00e1 una retenci\u00f3n de un diez por ciento (10%) en el pago de cada factura (…)\u00bb retenciones las que para su devoluci\u00f3n, del contratante al contratista, se debe acreditar que este: el CONTRATISTA haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales; que el contratante no tenga ninguna reclamaci\u00f3n pendiente contra el CONTRATISTA; que el contratista acredite estar al d\u00eda en el pago de salarios cotizaciones a seguridad social del personal y en su caso el de sus subcontratistas que hayan prestado sus servicios para el objeto el contrato, este al d\u00eda en el pago de obligaciones tributarias y presentado la documentaci\u00f3n relacionada en el contrato; se hayan constituido y aprobado las garant\u00edas y p\u00f3lizas respectivas durante el contrato y las que se deban constituir con posterioridad a la terminaci\u00f3n del mismo. Devoluci\u00f3n de retenciones para las que el CONTRATISTA presentar\u00e1 al CONTRATANTE una relaci\u00f3n detallando los pagos efectuados que haya efectuado en cada una de las facturas presentadas anteriormente y comprobados y cumplidos los requisitos de devoluci\u00f3n, el CONTRATANTE devolver\u00e1 el 100% de su valor \u201c\u2026al momento de la firma del Acta de Liquidaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
De lo que consider\u00f3, que \u00abno se ha demostrado con precisi\u00f3n y claridad el cumplimiento de las obligaciones del contratista contenidas en el anexo denominado \u00abEspecificaciones del Servicio\u00bb el que no fue aportado a los autos, pero hace parte integral del contrato, como tampoco se demostr\u00f3 el cumplimiento de los requisitos pactados por parte del CONTRATISTA para la emisi\u00f3n de factura que se pretende en ejecuci\u00f3n\u00bb, por lo que el demandante pretende cobrar el rubro correspondiente al IVA \u00absin que la factura emitida cumpla los requisitos se\u00f1alados por este efecto pues no se discrimina el IVA PAGADO, como tampoco la calidad de RETENEDOR SOBRE EL IMPUESTO A LAS VENTAS, como lo precept\u00faa el art\u00edculo 617 y 771-2 del E.T. adem\u00e1s, n\u00f3tese que seg\u00fan el numeral 4.4. de la cl\u00e1usula cuarta del contrato en el precio ofertado por el CONTRATISTA, se incluyen, adem\u00e1s de otros \u00edtems, los impuestos, por lo que estos (sic) ya se encuentran inmersos en el valor total del contrato\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puntualiz\u00f3 que \u00aben cuanto al capital pretendido $79’518.000.00, es contrario, precisamente a lo plasmado y pactado por las partes en el numeral 4.4. de la cl\u00e1usula cuarta del contrato el que se cuantific\u00f3 en suma total de $228’500.000.00 M\/cte, por lo que el 30% equivaldr\u00eda a $68.550.000.00 M\/cte, dentro de los que ya esta (sic) incurso lo inherente a IMPUESTOS, por lo que, conforme al mismo pacto contractual celebrado entre las partes, dentro del precio ofertado por el contratista y aceptado por el contratante, ya se encuentra inmerso tal rubro como aparece en el numeral 4.4. de la cl\u00e1usula 4\u00aa citada\u00bb. <\/p>\n
Para finalmente concluir, que \u00abno se demuestra que la demandante hubiere cumplido el contrato pactado entre las partes para que tuviere lugar la emisi\u00f3n de la factura de la que se pretende su cobro, ni que la misma parte, para el nacimiento de la factura, hubiere cumplido con los requisitos antecedentes a su emisi\u00f3n, como fue pactado por las partes en el contrato del que dimana la misma\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la promotora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aqu\u00e9lla frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada. <\/p>\n
4.2. Asimismo, la decisi\u00f3n adoptada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que el demandante pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional o paralela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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