STC10289-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10289-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00394-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de abril de 2022 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que C\u00e9sar Andr\u00e9s Matituy Rodr\u00edguez le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior y al Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3 se ordene \u00abla redosificaci\u00f3n punitiva\u00bb, en los delitos por los cuales fue condenado. <\/p>\n
Del compendio factual adosado y el escrito inaugural se extrae que el impulsor fue condenado en primera instancia y para dosificar el castigo se tuvo en cuenta la reparaci\u00f3n pecuniaria hecha por el enjuiciado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 401, inciso segundo, del C\u00f3digo Penal, y respecto de la sanci\u00f3n privativa de la libertad por el delito de peculado, lo individualiz\u00f3 en 72 meses, descont\u00f3 una tercera parte, a la cantidad resultante, esto es, 48 meses, le adicion\u00f3 24 meses por el delito de falsedad en documento p\u00fablico y 6 meses por el de falsedad en documento privado, para un total de 78 meses de prisi\u00f3n, y le impuso multa por un monto igual a lo apropiado, es decir, $ 7\u2019000.000, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual lapso de la privativa (25 abr. 20217), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 (27 jul. 2017), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 parcialmente el veredicto de segunda instancia en lo relacionado con la multa para establecerla en $4.666.666,66 (CSJ SP1884-2019, 29 may.). <\/p>\n
Correspondi\u00f3 la vigilancia de la pena al Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de Seguridad de esta ciudad, adonde acudi\u00f3 para pedir la re-dosificaci\u00f3n del castigo, tal como lo se\u00f1al\u00f3, seg\u00fan afirma, la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n el 24 de junio de 2021, pero no fue exitosa en raz\u00f3n a que la misma procede \u00aben aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad por tr\u00e1nsito legislativo o por reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria porque la norma incriminatoria haya sido declarada inexequible o haya perdido vigencia\u00bb (22 sep. 2021), decisi\u00f3n que convalid\u00f3 el juez plural de la alzada (3 feb. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que en las decisiones proferidas por las autoridades acusadas se dio una \u00abaplicaci\u00f3n exeg\u00e9tica a los lineamientos de la constituci\u00f3n y la ley\u00bb, adem\u00e1s que su castigo fue desproporcional y excesivo ya que se debi\u00f3 establecer en 58 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2. El juez de conocimiento dijo que carec\u00eda de competencia para pronunciarse sobre el punto \u00abpor encontrase la sentencia de condena ejecutoriada\u00bb. Tanto el Juzgado de Ejecuci\u00f3n como el Tribunal se remitieron a los argumentos de sus prove\u00eddos. La Defensor\u00eda Regional del Pueblo rese\u00f1\u00f3 que lo alegado le resultaba ajeno. Quien manifest\u00f3 ser apoderado del actor coadyuv\u00f3 en los anhelos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir la falta de subsidiariedad porque lo pretendido puede ser ventilado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n prevista en el numeral 7 art\u00edculo 197 del estatuto procesal penal. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 la ausencia de inmediatez respeto al veredicto de casaci\u00f3n SP1884-2019 de 29 de mayo, porque en esa sede \u00abse encontr\u00f3 acreditada la censura expuesta por el demandante \u2013violaci\u00f3n directa de la ley sustancial- y se procedi\u00f3 a la dosificaci\u00f3n de la pena de multa, aplicando el descuento punitivo establecido en el art\u00edculo 401 de la Ley 599 de 2000, modificado por el 25 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011\u00bb, en el que la dosificaci\u00f3n punitiva tuvo como marco normativo el art\u00edculo 31 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor apoyado en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la negativa a concederle la re-dosificaci\u00f3n de la pena no es arbitraria o caprichosa, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
Pues bien, revisado el interlocutorio de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 (3 feb. 2022), \u00e9ste se edific\u00f3 en el principio de cosa juzgada contemplado en el art\u00edculo 21 de la Ley 906 de 2004, en la sentencia de 3 de agosto de 2011 Rad. 28477 y en un auto de esa misma Corporaci\u00f3n (rad. 2012-08345-01, 27 mar. 2014), para se\u00f1alar que, <\/p>\n
(\u2026) C\u00e9sar Andr\u00e9s Matituy Rodr\u00edguez fue condenado como autor del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, en concurso heterog\u00e9neo con falsedad material en documento p\u00fablico agravado por el uso y falsedad en documento privado, por el Juzgado 23 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, a la pena principal de setenta y ocho (78) meses de prisi\u00f3n, multa equivalente a siete ($7.000.000) millones de pesos, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n principal. <\/p>\n
Esta decisi\u00f3n fue recurrida por la defensa, al considerar que el incremento por el concurso de las conductas punibles carec\u00eda de motivaci\u00f3n; no obstante, la sentencia de primera instancia fue confirmada por esta Corporaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que se fij\u00f3 la pena de cada uno de los delitos conforme a los par\u00e1metros de los cuartos respectivos, y el aumento por el concurso estuvo muy por debajo de la pena m\u00ednima de los punibles de falsedad material en documento p\u00fablico agravado y falsedad en documento privado. <\/p>\n
A su vez, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de mayo de 2019, resolvi\u00f3 casar parcialmente la segunda instancia, a efectos de reformar la sentencia de primera instancia, en el sentido de modificar la multa; sin que all\u00ed se discutiera lo relativo al aumento por el concurso de conductas punibles. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa refiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el juzgado de ejecuci\u00f3n de penas no cuenta con facultades para modificar una decisi\u00f3n judicial debidamente ejecutoriada, en cualquiera de las instancias, salvo que se den los requisitos para dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad o que la norma por la que se profiri\u00f3 condena haya perdido su vigencia; no obstante, en el sub examine, el recurrente no argumenta ninguna de esas circunstancias. <\/p>\n
Si bien, cita unos apartes de una decisi\u00f3n de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, debe advertirse que la misma se produjo en el ejercicio ordinario de tasaci\u00f3n de la pena que hace la Sala de Primera Instancia dentro de un asunto particular y que se trata de la dosificaci\u00f3n de la pena de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, lo que no tiene relaci\u00f3n con lo ac\u00e1 discutido. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) comoquiera que la condena se encuentra en firme, no es posible revisar en sede de ejecuci\u00f3n el aumento por el concurso de conductas punibles. Por lo tanto, la solicitud de readecuar la pena seg\u00fan el punto de vista personal del apelante no puede resolverla esta especialidad, por cuanto la competencia del juez de ejecuci\u00f3n de penas es verificar y hacer seguimiento la sanci\u00f3n impuesta al condenado; salvo las precitadas excepciones. <\/p>\n
En este orden de ideas, no es posible afirmar que el juez que vigila la pena o el Tribunal adoptaron una decisi\u00f3n de forma caprichosa, comoquiera que los apartes transcritos dan cuenta de que la determinaci\u00f3n reprochada fue debidamente fundada y de su lectura es posible concluir que cualquier autoridad puede llegar a la misma conclusi\u00f3n. As\u00ed las cosas, como quiera que las determinaciones no lucen antojadizas o irrazonables, resulta palpable que son producto de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021, memorada en CSJ STC6422-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, y como lo resalt\u00f3 la primera instancia, el ruego tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto el inconforme, si tal como afirm\u00f3, existe el pronunciamiento de la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n que cambi\u00f3 la tesis que en esa especialidad se viene sosteniendo, tiene a su alcance un medio judicial de defensa id\u00f3neo, cual es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, que en su numeral 7\u00ba prev\u00e9: <\/p>\n
7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es el juez de tutela, a trav\u00e9s de este mecanismo breve y sumario, el llamado a definir si le asiste o no raz\u00f3n frente a las argumentaciones e inconformidades planteadas en esta senda, toda vez que dicho asunto debe ser resuelto por el juez natural, esto es, el del recurso de revisi\u00f3n, pues se itera, es el facultado para examinar la viabilidad de aplicar la tesis jurisprudencial a su caso concreto. <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto revisado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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