STC10293-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10293-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00410-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Wilmar Antonio Manrique Prieto y Jonathan Camilo Huertas Naranjo contra el fallo de 2 de marzo de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la acci\u00f3n de tutela que instauraron contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado D\u00e9cimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de la misma ciudad, y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas \u2013 Meta, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el juicio N\u00b0 110016000019201313296. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas pretenden que a trav\u00e9s del presente mecanismo se \u00abexclu[ya] (\u2026) ya sea el calificante del Hurto (violencia) o las Lesiones Personales\u00bb del fallo calendado 29 de agosto de 2019 por medio del cual se confirm\u00f3 la condena a 56 meses de c\u00e1rcel, como responsables de los punibles de \u00abtentativa de hurto calificado agravado atenuado en concurso con lesiones personales\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujeron que fueron procesados en la aludida causa penal en la que desde la audiencia preparatoria hasta la sentencia proferida por el Tribunal convocado que ratific\u00f3 la pena referida en l\u00edneas anteriores, carecieron de defensa t\u00e9cnica, comoquiera que el abogado que los representaba por \u00absu inexperiencia en el nuevo sistema penal acusatorio\u00bb no solo, omiti\u00f3 formular nulidades y el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la citada providencia, sino que, no hizo lo propio contra la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n pues \u00abni siquiera not\u00f3, que (\u2026) la acusaci\u00f3n verbalizada no coincide con el escrito le\u00eddo al inicio de la audiencia y tampoco coincide del todo con la Imputaci\u00f3n\u00bb, luego en el fallo de segundo grado \u00abno se pod\u00eda condenar por el Agravante del Hurto, pues no fue ACUSADO en la audiencia incluso (\u2026) debi\u00f3 requerirse al Fiscal para que especificara de manera correcta la Acusaci\u00f3n, pero, nada se dijo al respecto\u00bb, a m\u00e1s que tampoco solicit\u00f3 la sustituci\u00f3n de la pena con base en el art. 38\u00aa del C.P.P. vigente para la calenda de la comisi\u00f3n de los hechos punibles. <\/p>\n
2. La Corporaci\u00f3n aludida y el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas accionado, aunque en escritos separados, coincidieron en advertir que el se\u00f1or Manrique Prieto acudi\u00f3 en el pasado a la salvaguarda constitucional al estimar la aplicaci\u00f3n err\u00f3nea del art. 32 de la Ley 1709 de 2014; el Juez Penal Municipal convocado memor\u00f3 las actuaciones que conoci\u00f3 de la controversia. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo tras considerar que, por una parte, no concurrieron los requisitos para la temeridad, y por la otra, que no se demostr\u00f3 la falta de defensa t\u00e9cnica pues <\/p>\n
[e]l hecho de manifestar, por s\u00ed solo, que la parte accionante considera que no cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica dentro del proceso penal cursado en su contra, no es suficiente para catalogar como \u00abpasiva\u00bb la participaci\u00f3n del abogado que lo asesor\u00f3 durante todo el debate probatorio dentro del proceso, pues s\u00ed tuvo una participaci\u00f3n activa en el mismo y la oportunidad de interponer los recursos ordinarios contra las decisiones que eran contrarias a los intereses. (\u2026) El simple hecho de no haber sido suficiente los argumentos presentados por la defensa de la parte accionante, para generar un resultado favorable, debido a las pruebas en su contra, no constituye una vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, pronto se advierte que el ruego no puede abrirse paso y, por tanto, debe prohijarse el veredicto confutado al observarse la falta de subsidiariedad e inmediatez que impide el estudio de fondo de lo planteado. <\/p>\n
Ello, porque si los promotores entienden que las determinaciones reprochadas no se encontraban ajustadas a la ley, estaban habilitados para interponer el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb contra el veredicto del Tribunal, herramienta id\u00f3nea dispuesta por el legislador para plantear sus discrepancias en ese proceso y de la que no hicieron uso, sin que sean de recibo las excusas planteadas, en el sentido de que fue culpa del profesional del derecho que representaba sus intereses tal omisi\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, resulta claro que los libelistas no hicieron uso del aludido medio de impugnaci\u00f3n contra el veredicto de segundo grado que estiman transgredi\u00f3 sus garant\u00edas constitucionales, pese a que era el mecanismo id\u00f3neo y eficaz para obtener un pronunciamiento del juzgador en relaci\u00f3n con las censuras respecto de las cuales ahora extra\u00f1an una soluci\u00f3n; incuria que resulta imposible subsanar por esta especial v\u00eda, dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC3579-2020, memorada en STC8092-2021). <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con los motivos que se expuso para justificar la inactividad en la presentaci\u00f3n del citado mecanismo, debe anotarse que la presunta desatinada gesti\u00f3n del letrado no legitima a las partes para controvertir las decisiones judiciales adversas ni sirve de excusa de los eventuales descuidos ya que era deber de los procesados estar atentos al desarrollo del proceso, sin dejar al azar las resultas del mismo. <\/p>\n
Ahora no pueden pretender la anulaci\u00f3n de las etapas suscitadas cuando, por una parte, estuvieron asistidos por su abogado de confianza en todo el litigio, quien formul\u00f3 los recursos que consider\u00f3 id\u00f3neos en su oportunidad, comportamiento que bien pudo obedecer a la forma dispuesta por el profesional del derecho para asumir el juicio, y por la otra, de conformidad con la ley penal estaban facultados para ejercer directamente su defensa material, incluso contra el criterio de dicho abogado, y por supuesto a relevarlo al evidenciar las inconformidades ahora expuestas. <\/p>\n
En otras palabras, <\/p>\n
\u00abla pretensi\u00f3n formulada a partir de dicho aspecto se opone por completo a los fines de la acci\u00f3n de tutela, pues resulta del todo claro que se emplea como \u00faltimo recurso en el anhelo de contrarrestar la condena que se le impuso al actor en una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos fundamentales, de manera que por v\u00eda de tutela no puede disponerse la revisi\u00f3n indiscriminada del proceso y la consecuente repetici\u00f3n de actuaciones v\u00e1lidamente cumplidas, m\u00e1xime que la observancia de dicha garant\u00eda se alcanza no solo a partir de la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, pues ella tambi\u00e9n recae sobre el procesado, quien, obviamente dentro de los l\u00edmites de sus conocimientos en derecho puede intervenir al interior del proceso en pro de sus intereses, y es por ello que no puede dejarse de lado que por voluntad propia el actor se sustrajo al desarrollo del proceso renunciando al ejercicio de su defensa material.\u201d\u00bb (reiterada, entre otras, en STC13801-2019). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que, desde que se profiri\u00f3 la sentencia que confirm\u00f3 la condena que les fue impuesta a los actores (29 de agosto de 2019), hasta la formulaci\u00f3n de este amparo (10 de febrero de 2022), han trascurrido m\u00e1s de (6) meses, lapso que esta Corporaci\u00f3n ha considerado razonable para acudir a esta senda excepcional (CSJ STC196-2021 entre otras). Sin que sea de recibo la justificaci\u00f3n para tal tardanza en los abogados que los representaron con posterioridad a la decisi\u00f3n criticada, pues con independencia de la gesti\u00f3n y asesor\u00eda que aquellos pudieron brindar, nada obstaba para que los actores acudieran directamente a la salvaguarda que hasta ahora reclaman. <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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