STC10295-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC10295-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00719-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Myriam Elena G\u00f3mez de Sandoval frente a la sentencia de 26 de abril de 20221, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de esta ciudad, el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas Cesant\u00edas y Pensiones \u2013FONCEP\u2013 y la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital, extensiva a los intervinientes en el proceso laboral No. 110013105018-2015-00624-01 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante pretende se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n convocada (SL3669-2021, 17 ago.), que resolvi\u00f3 no casar la expedida por el Tribunal de Bogot\u00e1 y, en su lugar, emitir un nuevo veredicto en el que se acojan sus pedimentos. En sustento, indic\u00f3 que demand\u00f3 a \u2013FONCEP\u2013 y a la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital con el fin de que se declarara que es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y obtener la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de vejez, seg\u00fan la Ley 33 de 1985, \u00abincluyendo los factores salariales del art\u00edculo 1 de la ley 65 de 1985\u00bb. Adujo que el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 sus pretensiones de reajuste pensional (20 sep. 2017), apel\u00f3 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado (15 oct. 2019). Postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; sin embargo, la Sala enjuiciada no cas\u00f3 la sentencia de segundo grado (17 ago. 2021). De esa decisi\u00f3n deriva la lesi\u00f3n de sus prerrogativas, pues en su criterio, no se dio \u00abaplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las normas sustanciales (\u2026) y, de contera, el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n frente a la aplicaci\u00f3n del principio de igualdad frente al imperio de la ley\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala acusada defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. El Juzgado accionado realiz\u00f3 un breve recuento de la actuaci\u00f3n surtida. La Secretar\u00eda Distrital de Hacienda indic\u00f3 que la promotora \u00abNO registra como exfuncionaria de alguna de las entidades liquidadas a cargo de la Secretar\u00eda Distrital de Hacienda\u00bb. \u2013FONCEP\u2013 inst\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. La precursora impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos de la gestora como pasa a explicarse. <\/p>\n
Revisada la providencia criticada, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los cargos formulados por la aqu\u00ed accionante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral convocada tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la concesi\u00f3n del reajuste pensional. <\/p>\n
Delanteramente, aun\u00f3 el estudio de los dos cargos formulados por la recurrente, tras destacar que hab\u00eda escogido \u00abla v\u00eda directa, y por error de hecho sin indicar la modalidad, pero de los argumentos se deduce que, se trata de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y la aplicaci\u00f3n indebida\u00bb. As\u00ed, expuso que en el caso no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u00ab(i) la calidad de pensionada de la actora; (ii) el reconocimiento de la prestaci\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 515 del 1.o de enero de 2004, conforme a la Ley 33 de 1985, al ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; (iii) que dicha pensi\u00f3n, fue liquidada con el 75% del promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho y; (iv) que la prestaci\u00f3n fue reconocida a partir del 1o de octubre de 2000\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n con apoyo en <\/p>\n
(\u2026) que la actora cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os el 5 de diciembre de 2001, que al 30 de junio de 1995, fecha en la que entr\u00f3 en vigencia la Ley 100 de 1993 para el sector p\u00fablico contaba con 7534 d\u00edas, equivalentes a 21 a\u00f1os y 14 d\u00edas de servicio oficial, \u00aba la actora le faltaba menos de 10 a\u00f1os para acceder al derecho pensional, m\u00e1s exactamente 6 a\u00f1os 5 meses y 5 d\u00edas\u00bb; teniendo claridad de lo anterior, precis\u00f3 que conforme a la Ley 33 de 1985, el IBL aplicable a quienes gozaban del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y a la vigencia de la norma actual les faltara menos de 10 a\u00f1os para consolidar el derecho, aquel se liquidar\u00eda con \u00abel promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior\u00bb, teniendo como soporte disposiciones reiteradas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. <\/p>\n
No liquid\u00f3 la prestaci\u00f3n con el promedio de los salarios devengados en toda su vida laboral, conforme al art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, por no existir en el expediente prueba de todos los sueldos cancelados a partir de 1974, teniendo tan solo comprobantes desde el a\u00f1o 1992 al 2002 y arguy\u00f3 que los factores salariales a tener en cuenta son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994\u00bb. <\/p>\n
Luego, que la censora por su parte se quej\u00f3 de <\/p>\n
(\u2026) que en la interpretaci\u00f3n realizada por el Tribunal no se respetaron los principios de favorabilidad y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa al dar aplicaci\u00f3n al Decreto 1158 de 1994, en desconocimiento del art\u00edculo 14 de la Ley 50 de 1990, con lo cual se omitieron como salario las primas de alimentaci\u00f3n, vacaciones, y navidad, los auxilios de transporte y movilidad. <\/p>\n
Seguidamente, plante\u00f3 que el problema jur\u00eddico sometido a su escrutinio estrib\u00f3 en determinar si \u00abel juez plural incurri\u00f3 en el error endilgado\u00bb. <\/p>\n
Enseguida se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis del marco normativo y jurisprudencial sobre el cual se edific\u00f3 la inconformidad, esto es, el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, los c\u00e1nones 36, inciso 3\u00ba o 21 ib\u00eddem y, en entre otras, las sentencias CSJ SL488-2021, CSJ SL3711-2018, reiterada en la CSJ SL967-2019, para establecer que, <\/p>\n
(\u2026) seg\u00fan la l\u00ednea jurisprudencial antes rese\u00f1ada, resulta claro que el ingreso base para liquidar la pensi\u00f3n de la demandante, se debe obtener, en la forma como lo determin\u00f3 la entidad demandada y lo confirm\u00f3 el Tribunal, esto es, de conformidad con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el 21 de la misma normatividad, por lo que, desde el punto de vista jur\u00eddico, no puede ordenarse la reliquidaci\u00f3n del IBL de la pensi\u00f3n de vejez, de conformidad con el art\u00edculo 1.o de la Ley 33 de 1985, adem\u00e1s es una \u00b4posici\u00f3n unificada de las dos objeciones\u00bb. <\/p>\n
En torno a los factores salariales que se deben tener como ingreso base de liquidaci\u00f3n, reliev\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) de manera pac\u00edfica, y uniforme, esta Sala tiene definido que para liquidar las pensiones de los servidores p\u00fablicos que causaron sus prestaciones en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el art\u00edculo 1. o del Decreto 1158 de 1994, que modific\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 691 de ese mismo a\u00f1o. As\u00ed se dej\u00f3 sentado en decisi\u00f3n CSJ SL, 10 may. 2011, rad. 37929, reiterada en la CSJ SL4657-2017. <\/p>\n
Bajo estas premisas, resolvi\u00f3 no casar la sentencia recurrida, tras concluir que: <\/p>\n
la actora tiene derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en la Ley 33 de 1985, con fundamento en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, raz\u00f3n por la cual los factores salariales llamados a integrar su prestaci\u00f3n, respecto al tiempo laborado en el sector p\u00fablico, son los consignados en el art\u00edculo 1.\u00b0 del Decreto 1158 de 1994 y que corresponden a los siguientes: asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual; gastos de representaci\u00f3n; prima t\u00e9cnica cuando sea factor de salario; primas de antig\u00fcedad, ascensional y de capacitaci\u00f3n si son factor de salario; remuneraci\u00f3n por trabajo dominical o festivo; retribuci\u00f3n por trabajo suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna y bonificaci\u00f3n por servicios prestados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita no luce caprichoso o arbitrario, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder al pedimento de reajuste prestacional, habida cuenta que la recurrente era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; por tanto, ten\u00eda derecho a pensionarse conforme a los requisitos de tiempo, edad y monto establecido en las normas anteriores (Ley 33 de 1985), como en efecto ocurri\u00f3; sin embargo, en relaci\u00f3n con la liquidaci\u00f3n, precis\u00f3 que la misma deb\u00eda hacerse conforme a la norma vigente al momento de adquirir el derecho pensional (Ley 100 de 1993), es decir, en vigor de lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 36 o, en su defecto, de conformidad con lo previsto en el canon 21 ib\u00eddem; por tanto, no resultaba viable acudir a disposiciones anteriores para establecerla. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 29 de julio pasado. <\/p>\n
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