STC10299-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10299-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02619-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Diana Mercedes Rodr\u00edguez Cifuentes le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los Juzgados Primero y Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a Carlos Alberto Garc\u00eda Sierra, Mar\u00eda del Pilar Rodr\u00edguez Cifuentes, Compa\u00f1\u00eda de Medios de Informaci\u00f3n Limitada, Casa Editorial El Tiempo y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2013-00799. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad, debido proceso, acceso a la justicia\u00bb para que, se \u00abdeterminara (i) \u00abdesde el punto de la Sana Critica y el an\u00e1lisis de pruebas en conjunto, adem\u00e1s de los principios fundamentales principales y anexos\u00bb (ii) \u00abla situaci\u00f3n de perjuicio irremediable\u00bb (iii) y, \u00abque las actuaciones de la suscrita ACCIONANTE han sido leg\u00edtimas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3, adujo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 conoci\u00f3 el juicio declarativo que Carlos Alberto Garc\u00eda Sierra y Mar\u00eda del Pilar Rodr\u00edguez Cifuentes promovieron contra la Compa\u00f1\u00eda de Medios de Informaci\u00f3n Limitada \u2013 CM& Televisi\u00f3n y la Casa Editorial El Tiempo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que all\u00ed se profiri\u00f3 sentencia (27 ag. 2021), decisi\u00f3n que como apoderada de los demandantes recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, que el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 concedi\u00f3; no obstante, la Sala Civil del Tribunal superior de esta capital inadmiti\u00f3 la alzada por extempor\u00e1nea (6 jul. 2022), raz\u00f3n por la cual interpuso \u00abrecurso\u00bb de s\u00faplica, despachado desfavorablemente (28 jul.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 asumir la responsabilidad como abogada litigante \u00abrespecto de los t\u00e9rminos de presentaci\u00f3n de un escrito legal, de all\u00ed que el conteo de t\u00e9rminos se considera y reconoce de pleno derecho. Otra situaci\u00f3n es que, a pesar de las dificultadas expuestas y no reconocidas por la ACCIONADA, solvent\u00e9 todos los impasses y finalmente dentro del t\u00e9rmino present\u00e9 el escrito principal. Evitando a toda costa embrollar la gesti\u00f3n jur\u00eddica, situaci\u00f3n demostrada por la aclaraci\u00f3n formulada al JUZGADO 51 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 D.C, quien as\u00ed lo entendi\u00f3, al conceder el Recurso de Apelaci\u00f3n. Por lo tanto, mal puede considerarse un error de su parte sino, por el contrario, el cumplimiento del principio de acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1 allegaron link de acceso al expediente; adem\u00e1s, la primera se opuso al resguardo, porque \u00abla promotora del amparo no es parte, ni tercero con inter\u00e9s en el juicio, vale decir, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; adem\u00e1s, cuando se cuestionan providencias emitidas en las instancias judiciales ordinarias, deben verificarse ciertas condiciones determinadas como \u201ccausales de procedencia\u201d, tanto gen\u00e9ricas como espec\u00edficas, que menoscaben su legitimidad y legalidad, determinen una indebida apreciaci\u00f3n probatoria, una inadecuada labor de adecuaci\u00f3n normativa o un impropio entendimiento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a conocimiento, presupuestos que en el caso bajo tutela no se configuran\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que la salvaguarda resulta improcedente, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
1.1.- Los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como requisitos para el ejercicio de este remedio supralegal, la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, que en punto de eventuales violaciones de las prerrogativas fundamentales por el obrar jurisdiccional debe predicarse, en estricto rigor, de quienes integran alguno de los extremos de la Litis o de los terceros directamente afectados, no de los profesionales que los representan, quienes mal podr\u00edan alegar la trasgresi\u00f3n de sus particulares \u00abderechos\u00bb en una lid donde tan solo participan en nombre de otros. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa en la tutela\u00bb recae en el \u00abtitular de los derechos\u00bb presuntamente conculcados, de ah\u00ed que s\u00f3lo a \u00e9l incumbe exigir su custodia. <\/p>\n
Precepto sobre el que la jurisprudencia constitucional ha esbozado: <\/p>\n
[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (se resalt\u00f3) -STC3778-2021, citada en la STC894-2022-. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, en reiteradas oportunidades esta Corte ha se\u00f1alado que <\/p>\n
(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante (Resaltado fuera del texto) -STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC10476-2021, 19 ago., rad. 2021-00267-01 y STC2000-2022, 23 feb., rad. 2021-01295-. <\/p>\n
En ese orden de ideas, como del libelo constitucional se desprende que Diana Mercedes Rodr\u00edguez Cifuentes \u00abno es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido\u00bb en el pleito que concita la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n (n\u00ba 2013-00799), esa circunstancia descarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar en \u00abcausa propia\u00bb por esta extraordinaria v\u00eda, los prove\u00eddos all\u00ed emitidos. <\/p>\n
3.- Son estas razones que llevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta por Diana Mercedes Rodr\u00edguez Cifuentes. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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