STC10304-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10304-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00872-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Aide\u00e9 Jagua Giraldo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2015-435. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abseguridad social [y] m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Blanca Aide\u00e9 Jagua Giraldo y Javier Osorio Fl\u00f3rez instauraron ordinario laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., en procura de obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hijo, toda vez que \u00ab[\u00e9ste se] encontr[aba] afiliado en los riesgos de vejez, invalidez y muerte en Protecci\u00f3n S. A [y] cotiz\u00f3 100.34 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a su deceso\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, que acogi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad revoc\u00f3 lo resuelto en primera instancia y, en su lugar, absolvi\u00f3 a la all\u00ed enjuiciada, puesto que no encontr\u00f3 probada la \u00abdependencia econ\u00f3mica\u00bb de los demandantes con el causante. <\/p>\n
Inconforme, la aqu\u00ed querellante, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que, el primer cargo \u00abcarece de los presupuestos necesarios pasa su estimaci\u00f3n\u00bb y que \u00abel fallo recurrido se ajust\u00f3 en lo jur\u00eddico a la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la censora, desconocieron el precedente constitucional fijado \u00abcon la sentencia C111 de 2006\u00bb. Adicional a ello, \u00abse evidencia igualmente un defecto f[\u00e1]ctico por parte del Tribunal, puesto que este valor\u00f3 err\u00f3neamente los testimonios rendidos durante el tr\u00e1mite de primera instancia, toda vez que estos dieron fe de la dependencia econ\u00f3mica de los padres frente a su hijo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos \u00abla sentencia proferida el 12 de junio de 2018, emanada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia de casaci\u00f3n confutada realiz\u00f3 un recuento de esta e indic\u00f3 que \u00ablo expuesto por la accionante refleja que su inconformidad es en realidad frente al fallo de segunda instancia, sus manifestaciones y pedimentos en todo caso no pueden ser de recibo, pues acceder a los mismos implicar\u00eda, en primer lugar, permitirle utilizar con abuso la acci\u00f3n constitucional del art\u00edculo 86 superior, que est\u00e1 destinada a proteger derechos fundamentales, no para que la parte de un litigio solucione sus deficiencias y la utilice como si se tratara de una tercera instancia, y en segundo lugar, desconocer que el asunto ya fue resuelto por el juez natural dentro de la actuaci\u00f3n ordinaria, en un asunto que requiri\u00f3 varios a\u00f1os para su definici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira expuso que las diligencias fueron remitidas al despacho de origen. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad alleg\u00f3 enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
4. Protecci\u00f3n S.A. solicit\u00f3 que se \u00abdeclar[e] improcedente la presente acci\u00f3n de tutela, toda vez que la parte accionante, consciente de la existencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, dejo pasar esta oportunidad procesal\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al advertir que \u00abno se acreditan los presupuestos gen\u00e9ricos de inmediatez y subsidiariedad. (\u2026) En torno a la inmediatez, se aprecia que la sentencia proferida en sede de casaci\u00f3n SL3102-2021 data del 12 de julio de 2021 y la acci\u00f3n de tutela fue presentada el 26 abril de 2022. (\u2026) En cuanto al presupuesto de subsidiariedad, se evidencia que, pese a que BLANCA AIDE\u00c9 JAGUA GIRALDO interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n (\u2026) lo cierto es que no hizo un uso efectivo del mismo, al punto que Sala de Casaci\u00f3n Laboral Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 examin\u00f3 los cargos propuestos, desestim\u00f3 el an\u00e1lisis del primero, por ausencia del cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos para el estudio de fondo del asunto y el segundo no prosper\u00f3, al encontrar demostrado en este caso la independencia econ\u00f3mica de la interesada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abal encontrarnos frente a una situaci\u00f3n que genera una vulneraci\u00f3n grave y permanente en el tiempo a los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Blanca Aidee Jagua Giraldo, el an\u00e1lisis del requisito de inmediatez no deb\u00eda ser tan riguroso por parte del juez de primera instancia y mucho menos aun aplicar un t\u00e9rmino que injustificadamente el mismo ha contemplado para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno puede el juez de primera argumentar el no agotamiento de las herramientas en el recurso de casaci\u00f3n, puesto que lo realmente [influyente] en la decisi\u00f3n del Tribunal fue la indebida valoraci\u00f3n de los testimonios (\u2026), lo cual no era posible discutirlo en sede de casaci\u00f3n, por lo que la indebida formulaci\u00f3n del cargo se debi\u00f3 a que no se contaban con elementos argumentativos para la sustentaci\u00f3n del recurso, pues en lo que en realidad fall\u00f3 el Tribunal, fue en la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de las pruebas testimoniales, las cuales como se mencion\u00f3, no era viable su discusi\u00f3n en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL3102-2021, rad. 82044), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 12 de junio de 2018 y 12 de julio de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, es decir, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 12 de julio de 2021 y la tutela se intent\u00f3 el 25 de abril de 2022, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que el embate inicial \u00abcarece de los presupuestos necesarios pasa su estimaci\u00f3n\u00bb y que \u00abel fallo recurrido se ajust\u00f3 en lo jur\u00eddico a la jurisprudencia\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el primer cargo, encaminado por la v\u00eda indirecta, \u00aben la modalidad de \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb del literal d) del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 y el art\u00edculo 48 de la CP\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que \u00abel [ataque] carece de los presupuestos necesarios pasa su estimaci\u00f3n, por las siguientes razones\u00bb y a continuaci\u00f3n las enumer\u00f3: <\/p>\n
En principio, indic\u00f3 que \u00ab[e]l alcance de la impugnaci\u00f3n fue deficientemente propuesto, en raz\u00f3n a que se solicita la casaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, para que la Corte, actuando como Tribunal, proceda a \u00abrevocar\u00bb el primer fallo, pasando por alto la censura, que \u00e9sta le fue favorable, en raz\u00f3n a que all\u00ed se le concedi\u00f3, junto con el no recurrente en casaci\u00f3n, el derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que, de superarse tal defecto, exist\u00edan otros yerros, pues \u00abse dirigi\u00f3 por la v\u00eda de los hechos, pero acus\u00e1ndose la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas de la proposici\u00f3n jur\u00eddica, lo que no es admisible, toda vez que esa modalidad de trasgresi\u00f3n legal es exclusiva de la senda jur\u00eddica de la causal primera de casaci\u00f3n, como se ha explicado en la sentencia CSJ SL656-2018 (\u2026) A lo anterior se suma, como lo afirma la opositora, que el cargo se funda sobre prueba no calificada\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese material probatorio, manifest\u00f3 que \u00abel formato para investigaci\u00f3n de dependencia econ\u00f3mica expedido por Protecci\u00f3n S. A., diligenciado por la sociedad Abogados Consultores e investigadores de Riesgos – ACIR Ltda., que contiene las afirmaciones de la recurrente, (\u2026), no tienen la connotaci\u00f3n de documento aut\u00e9ntico, como se adujo con error en el cargo, debido a que es un documento declarativo de tercero, asimilable a testimonio\u00bb. <\/p>\n
Respecto de dos testimonios, reliev\u00f3 que \u00abs\u00f3lo pueden ser apreciadas en sede extraordinaria, cuanto (sic) se demuestra la comisi\u00f3n del error manifiesto sobre uno de los elementos de convicci\u00f3n h\u00e1biles, hip\u00f3tesis que no se cumple en el caso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel cargo es incompleto, puesto que la censura omiti\u00f3 el deber ineludible de atacar todas las valoraciones probatorias que cimentaron el fallo de la apelaci\u00f3n, seg\u00fan lo ha adoctrinado la Sala en la sentencia CSJ SL, 10 mar. 2000, rad. 13046, cuya regla se reitera en la CSJ SL5158-2018\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[C]orresponde determinar si el Colegiado incurri\u00f3 en el error intelectivo que se le enrostra, al considerar que la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica que da lugar a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, debe ser total y absoluta\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, estim\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n a la recurrente en la cr\u00edtica de legalidad que hace a la segunda sentencia ordinaria, puesto que, contrastado su contenido, se observa que el Juez de alzada ciment\u00f3 su decisi\u00f3n, en lo jur\u00eddico (\u2026) se sujet\u00f3 a las reglas jurisprudenciales en torno al concepto de dependencia econ\u00f3mica de los padres respecto de los hijos, las cuales fueron reiteradas en el cargo y que, se enfatiza a modo de doctrina, permanecen inalterables\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en la providencia SL1469-2021, arguy\u00f3 que \u00ab el fallo recurrido se ajust\u00f3 en lo jur\u00eddico a la jurisprudencia, pues partiendo de las reglas anteriores, encontr\u00f3 demostrado, desde lo f\u00e1ctico \u2013 probatorio, la independencia pecuniaria de la recurrente frente a su descendiente, tras considerar que la mesada pensional que recib\u00eda su consorte, teniendo en cuenta que viv\u00edan en casa propia, les permit\u00eda \u00abser autosuficientes, para atender las necesidades b\u00e1sicas [\u2026], situaci\u00f3n que [imped\u00eda] tenerlos como beneficiarios\u00bb de la pensi\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que \u00abatendiendo el car\u00e1cter rogado del control de legalidad que debe hacer la Corporaci\u00f3n y sujet\u00e1ndose a las cr\u00edticas en derecho que hace la censura a la decisi\u00f3n de segunda instancia, el ataque no prospera\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia del criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 28 de julio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC10304-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10304-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00872-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66007\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}