STC10308-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10308-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2022-00151-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jhon Mario L\u00f3pez Casta\u00f1o frente al fallo proferido el 22 de junio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El tutelante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso y de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por el estrado judicial acusado en el tr\u00e1mite ejecutivo por alimentos cuestionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado accionado \u00abla devoluci\u00f3n de los dineros retenidos como t\u00edtulos judiciales dentro del proceso ejecutivo\u2026[,] a partir del a\u00f1o 2012\u00bb, as\u00ed como de los \u00abretenidos\u2026 dentro del proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos\u2026, a partir [del]\u2026 23 de octubre del a\u00f1o 2020, hasta el\u2026 8 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el a\u00f1o 2010 se inco\u00f3 juicio ejecutivo por alimentos -causados y futuros- en contra del accionante y a favor de su hija Sara L\u00f3pez Cardona (nacida el 15 de enero de 1994, quien actualmente tiene 28 a\u00f1os de edad), asunto en el cual el Juzgado acusado, el 23 de julio de ese a\u00f1o, libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo del 50% de su salario y dem\u00e1s prestaciones laborales; el 22 de septiembre siguiente redujo el porcentaje de la cautela del 50 al 25%; y el 6 de octubre posterior orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Ante solicitudes del ejecutado de terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de la cautela, dada la mayor\u00eda de edad de su hija y la no acreditaci\u00f3n de encontrarse estudiando, con auto del 10 de septiembre de 2014 el Juzgado no accedi\u00f3 a ello porque al recaer el juicio sobre la exigencia de cuotas causadas, \u00abno tiene ninguna injerencia el que la alimentaria se encuentre o no estudiando y su rendimiento acad\u00e9mico\u00bb; as\u00ed mismo, dijo que por ello era inviable levantar la cautela y que \u00ab[a] efectos de obtener el lugar de ubicaci\u00f3n de Sara\u2026[,] el expediente se encuentra a disposici\u00f3n en la secretar\u00eda del Juzgado para lo que estime pertinente\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 18 de febrero de 2015, por aporte del quejoso, el Juzgado agreg\u00f3 al tr\u00e1mite el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes ante un consultorio jur\u00eddico, en el que la acreedora se comprometi\u00f3 \u00aba hacer llegar al Juzgado\u2026 el certificado de estudio correspondiente en cada semestre\u00bb; sin embargo, en su decisi\u00f3n, advirti\u00f3 que siendo ese \u00abun proceso ejecutivo, de encontrarse la obligaci\u00f3n al d\u00eda, se termina la causa y se levantan las medidas cautelares\u00bb, sin que para ese prop\u00f3sito fuera \u00abrelevante la aportaci\u00f3n del certificado a que alude la concertaci\u00f3n lograda\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 23 de octubre de 2015, ante petici\u00f3n del deudor respecto a requerir el aporte de los certificados de estudio de su hija, el Juzgado no accedi\u00f3 a la misma al considerarla inviable por tratarse de un juicio ejecutivo en el que se cobraban \u00abcuotas alimentarias dejadas de cancelar\u00bb y \u00abpara establecer si la\u2026 ejecutante tiene o no derecho a continuar recibiendo la prestaci\u00f3n alimentaria, el escenario para su debate es el juicio de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria y no \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 9 de diciembre de 2015, a pesar de reiterar lo referido a espacio, el estrado acusado accedi\u00f3 a oficiar a la Universidad de San Buenaventura para que certificara si la acreedora adelantaba estudios all\u00ed; prove\u00eddo que dio lugar a que el ente universitario emitiera constancia positiva de esa situaci\u00f3n, frente a la que las partes guardaron silencio aunque se les puso en conocimiento con auto del 9 de marzo de 2016. <\/p>\n
2.6. El 15 de mayo de 2019 nuevamente, por las razones ya expuestas, el estrado judicial neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de la cautela. <\/p>\n
2.7. Luego, el censor inform\u00f3 que desde el 27 de agosto de 2019 inici\u00f3 proceso para obtener la exoneraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n fuente de la ejecuci\u00f3n, asunto en el que el 22 de octubre de 2020 obtuvo sentencia favorable, por lo que insisti\u00f3 en la terminaci\u00f3n del cobro, el levantamiento de la cautela y, adicion\u00f3, que le entregaran los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a \u00f3rdenes de este asunto; a lo que el 24 de febrero de 2021 el Juzgado atacado tampoco accedi\u00f3, reiterando su improcedencia al hallarse ante \u00abun proceso ejecutivo por alimentos, en el cual se est\u00e1n cobrando cuotas\u2026 dejadas de pagar por el ejecutado\u00bb. <\/p>\n
2.8. El 8 de marzo de 2022, previa revisi\u00f3n del estado del cr\u00e9dito, el convocado dio por terminado el proceso ejecutivo, observando que la obligaci\u00f3n \u00abqued\u00f3 cancelada hasta octubre del 2020 a raz\u00f3n del saldo a favor de que [a]l ejecutado arroj\u00f3 en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb; orden\u00f3 entregar a la acreedora $5.721.732 y al ejecutado \u00ab$9063.141 (sic) m\u00e1s los dineros que se signa (sic) consignando a \u00f3rdenes del Despacho y hasta que se haga efectivo el levantamiento de la medida cautelar\u00bb; y dispuso levantar la cautela all\u00ed decretada. <\/p>\n
2.9. Finalmente, el censor deprec\u00f3 \u00abla devoluci\u00f3n de los dineros retenidos a manera de cuota alimentaria[,] generados desde\u2026 diciembre de 2019 hasta marzo de 2022, toda vez que se hizo caso omiso al acta de conciliaci\u00f3n realizada entre las partes el\u2026 4 de diciembre de 2014 y el registro civil de nacimiento de la joven donde consta que ya es mayor de edad\u00bb; a lo que, con auto del 22 de abril \u00faltimo, no accedi\u00f3 el Juzgado encausado, reiterando su improcedencia al tratarse de \u00abun proceso\u2026 donde se estaban cobrando cuotas dejadas de pagar y por consiguiente dichos dineros corresponden a\u2026 L\u00f3pez Cardona\u00bb; a lo cual a\u00f1adi\u00f3, \u00abrespecto a la documentaci\u00f3n aportada[,] donde pretend\u00edan demostrar que\u2026 Sara\u2026 era mayor de edad y as\u00ed terminar\u00eda la responsabilidad de \u00e9l como padre, debi\u00f3 desde ese momento iniciar el proceso de exoneraci\u00f3n\u2026 y[,] as\u00ed lo hubiera iniciado\u2026[,] no fue exonerado hasta\u2026 febrero de\u2026 2020, fecha en la que termin\u00f3 la obligaci\u00f3n y hasta la cual se hizo la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
2.10. En sede de tutela, en concreto, el actor adujo que en la aludida ejecuci\u00f3n se afectaron sus garant\u00edas esenciales al no dar \u00abtr[\u00e1]mite a la conciliaci\u00f3n en materia de familia realizada el\u2026 4 de diciembre de 2014 y al continuar realiz\u00e1ndo[l]e los descuentos\u00bb sin atender que desde el 2012 su hija cumpli\u00f3 \u00ablos 18 a\u00f1os de edad\u00bb y, a partir de esa anualidad, dej\u00f3 de aportar ante el Juzgado accionado los respectivos certificados de estudios, con lo cual incumpli\u00f3 el citado acuerdo y, a pesar de ello, sin efectuarle ning\u00fan requerimiento y desoyendo sus m\u00faltiples solicitudes, el mismo estrado judicial, irregularmente, sigui\u00f3 entreg\u00e1ndole los dineros cautelados, por lo cual se vio obligado a iniciar el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria y, aunque desde octubre de 2020 obtuvo sentencia favorable en ese \u00faltimo asunto, injustificadamente, \u00absolo hasta el\u2026 8 de marzo de\u2026 2022 se da por terminado el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Octavo de Familia de Medell\u00edn histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, indic\u00f3 que estaba insatisfecho el presupuesto de la inmediatez para la procedencia de la protecci\u00f3n, que \u00ablos dineros que pretende el tutelante l[e] sean devueltos, pertenecen a la alimentaria, y que la negativa a entreg\u00e1rselos no viola ning\u00fan derecho fundamental, como tampoco le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, pues desde diciembre de 2014 ha tenido la oportunidad de pronunciarse y salvaguardar la afectaci\u00f3n que ahora reclama, m\u00e1xime que siempre ha ostentado representaci\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
2. El curador ad-litem designado en este tr\u00e1mite para la representaci\u00f3n de la vinculada Sara L\u00f3pez Cardona sostuvo que el juicio recriminado \u00abcurs\u00f3 conforme todos los presupuestos legales y constitucionales\u00bb, por lo que no hubo \u00abviolaci\u00f3n al debido proceso ni al derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Sara L\u00f3pez Cardona, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 9 de junio (ATC822-2022), neg\u00f3 la salvaguarda por ausencia de vulneraci\u00f3n, al concluir que la invocaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n es inviable de cara a actuaciones judiciales y que \u00abno se observa la omisi\u00f3n\u2026 que se enrostr\u00f3 a la falladora encartada. Por el contrario, se evidencia que mediante prove\u00eddo del 18 de febrero de 2015 imparti\u00f3 tr\u00e1mite al acta de conciliaci\u00f3n\u00bb, hallando procedente el continuar \u00abefectuando los descuentos del salario\u2026, producto del embargo decretado\u2026[,] hasta tanto se emitiera una decisi\u00f3n que ordenara su cesaci\u00f3n, lo que ocurri\u00f3 el 08 de marzo del a\u00f1o en curso, cuando termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n y adem\u00e1s dispuso la devoluci\u00f3n en su favor de unas sumas de dinero existentes en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del despacho\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, sumado a que la queja supralegal insatisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, porque los autos de 18 de febrero de 2015, 8 de marzo y 22 de abril de 2022 no fueron recurridos; lo cierto era que estos \u00abse basaron en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho de la funcionaria\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 no comprender el motivo para denegarle la salvaguarda si, en forma arbitraria, el fallador acusado nunca accedi\u00f3 a la multiplicidad de solicitudes que acredit\u00f3 haberle formulado requiriendo el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, la entrega de los certificados de estudio de su hija y la proporci\u00f3n de sus datos de ubicaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones e insistencia del inconforme, lo cierto es que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado pero, exclusivamente, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, el ruego constitucional era inviable al carecer del requisito de la inmediatez, habida cuenta que entre la data de emisi\u00f3n de los mentados prove\u00eddos de 10 de septiembre de 2014, 18 de febrero, 23 de octubre, 9 de diciembre de 2015, 9 de marzo de 2016, 15 de mayo de 2019 y 24 de febrero de 2021, mediante los cuales el Juzgado acusado se pronunci\u00f3 frente a los requerimientos del reclamante, y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (mayo de 2022), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n era improcedente ante esas determinaciones y frente a las proferidas el 8 de marzo y 22 de abril de 2022, porque contra ninguna de ellas el quejoso formul\u00f3 objeci\u00f3n o recurso alguno ante el juzgador natural, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que tard\u00edamente plantea en esta sede excepcional. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, recordando que la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, impide al fallador constitucional ocuparse del fondo de la situaci\u00f3n sometida a su conocimiento, es motivo por el cual, muy a pesar de los argumentos planteados por el opugnante, las anteriores razones se muestran suficientes para respaldar el fallo atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC10308-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10308-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2022-00151-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jhon Mario L\u00f3pez Casta\u00f1o frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66010","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66010\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}