STC10309-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01252-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Jairo Fernando Vargas Cruz contra el fallo de 28 de junio de 2022, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial y el Agente Interventor de Minerg\u00e9ticos S.A., extensiva a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de intervenci\u00f3n con radicado N\u00b0 69309. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende que a trav\u00e9s del presente mecanismo se ordene al Juez aludido \u00abCANCELE LOS SALARIOS Y DEM\u00c1S EROGACIONES LABORALES\u00bb que le fueron reconocidas por la justicia especializada en lo laboral. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, indic\u00f3 que es una persona con m\u00e1s de 60 a\u00f1os de edad que se ha visto afectada con el tr\u00e1mite referido en l\u00edneas anteriores, en el que pese a que acredit\u00f3 que concili\u00f3 todas sus acreencias laborales antes de la intervenci\u00f3n de Minerg\u00e9ticos S.A. y que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n lo reconoci\u00f3 como v\u00edctima en el curso del proceso que se sigue por el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero, la Delegatura de la Superintendencia de Sociedades convocada neg\u00f3 la solicitud para tener en cuenta dichas obligaciones. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, aunque por un lado, ya se adjudicaron los activos para resarcir a la totalidad de las v\u00edctimas que se hicieron parte, y por la otra, el Juez Laboral orden\u00f3 el pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas por su empleador, ahora intervenido, remitiendo las diligencias al concurso para que se haga efectiva la sentencia, la autoridad aludida no la hizo efectiva incurriendo en mora judicial; el actor asegura que han resultado vanas las suplicas para el recaudo de tales acreencias junto con las peticiones para levantar el velo corporativo de la mentada sociedad, circunstancias todas que le han causado a \u00e9l y a su esposa graves afectaciones de salud, personales y econ\u00f3micas comoquiera que no cuentan con recursos suficientes para su subsistencia. <\/p>\n
2. La Directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades advirti\u00f3 que el actor con anterioridad ya implor\u00f3 en 10 ocasiones la salvaguarda por los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual el presente asunto resulta temerario; agreg\u00f3 que de conformidad con el Decreto 4334 de 2008 \u00abno se contempla una etapa de reconocimiento y pago de acreedores y expresamente establece que todos los activos de los sujetos intervenidos, deben estar destinados a las devoluciones a afectados\u00bb; igualmente aclar\u00f3 que no ha incurrido en la mora endilga pues adem\u00e1s del asunto criticado conoce \u00abde m\u00e1s de 50 procesos con m\u00e1s de 400 sujetos intervenidos\u00bb. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo tras considerarlo temerario, comoquiera que <\/p>\n
(\u2026) las acciones m\u00e1s recientes que ha instaurado, de las cuales tiene conocimiento esta Sala, comparten fundamentos f\u00e1cticos similares relativos a lo sucedido en el proceso de intervenci\u00f3n, las actuaciones desplegadas por el Ministerio P\u00fablico, la captaci\u00f3n ilegal de dineros, su estado de salud y el de su esposa y sus condiciones econ\u00f3micas actuales, con una que otra variaci\u00f3n, sin embargo, las pretensiones son id\u00e9nticas. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, apoyado en que las circunstancias expuestas ahora son diferentes a las que dieron lugar a las salvaguardas anteriores, pues <\/p>\n
(\u2026) no era ciudadano de tercera edad (\u2026), no ten\u00eda los graves padecimientos de salud f\u00edsica y mental, (\u2026) no hab\u00eda fallo laboral ejecutoriado (\u2026), el juez laboral no hab\u00eda negado el ejecutivo laboral y en consecuencia remitido el expediente a supersociedades para hacer efectiva la sentencia judicial (\u2026) [y] no se hab\u00eda resarcido a las v\u00edctimas reconocidas de captaci\u00f3n ilegal de dinero\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, se anticipa que la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada, pero por razones diferentes a las expuestas en la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En primer lugar, es del caso advertir que en el presente asunto no concurren los elementos propios de la temeridad, comoquiera que, si bien en los fallos referidos por el a quo1 el actor dirigi\u00f3 sus quejas a los mismos accionados, con algunos hechos similares y pretensiones encaminadas al reconocimiento y pago de acreencias laborales, se evidencia que esto \u00faltimo no obedec\u00eda a las sentencias proferidas por la jurisdicci\u00f3n laboral, como ahora ocurre, sino a la mentada conciliaci\u00f3n extraprocesal que le precedi\u00f3, lo que var\u00eda sustancialmente la salvaguarda ahora instada, sin contar adem\u00e1s que en el interregno de las citadas actuaciones la Superintendencia convocada se pronunci\u00f3 respecto de las m\u00faltiples peticiones que el inconforme elev\u00f3 en busca del cumplimiento del citado fallo. <\/p>\n
En segundo lugar y sentado lo anterior, se evidencia que el ruego superlativo no cumple con todos los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, por ausencia de la denominada subsidiariedad. <\/p>\n
Revisadas en conjunto las diligencias, se advierte que la Delegatura para Procesos de Insolvencia convocada en prove\u00eddo del 19 de mayo de 2022 neg\u00f3, entre otras, las peticiones elevadas por el actor en busca del pago de los salarios y dem\u00e1s prestaciones sociales que le fueron reconocidas judicialmente; sin embargo, el impulsor guard\u00f3 silencio y dej\u00f3 de interponer el recurso de reposici\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C.G.P., norma aplicable en virtud de la \u00abremisi\u00f3n\u00bb que hace el art\u00edculo 15 del Decreto 4334 de 2008 a la Ley 1116 de 2016, medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos expuestos. <\/p>\n
En este punto debe memorarse que esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, <\/p>\n
(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC7730-2020 reiterada en STC15544-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, <\/p>\n
(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (STC494-2021). <\/p>\n
Por \u00faltimo, luce oportuno agregar que la aducci\u00f3n de un da\u00f1o irreparable no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un simple enunciado, puesto que el convocante no demostr\u00f3 objetivamente la inminencia del da\u00f1o causado por el supuesto incumplimiento de los fallos judiciales aludidos, ni mucho menos la gravedad de esa actuaci\u00f3n, para que as\u00ed puedan elaborarse conjeturas acerca del perjuicio alegado (CSJ STC11816-2018, STC1415-2021, STC4737-2022); razones que se estiman suficientes para mantener inc\u00f3lume la providencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rad. 2021-00425-00 y 2021-01375-00. <\/p>\n
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