STC10314-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10314-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-22-14-000-2022-00061-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez frente al fallo proferido el 30 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el estrado acusado porque, en la acci\u00f3n popular que \u00e9l instaur\u00f3 contra Andr\u00e9s Mauricio Sierra Betancur, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado Droguer\u00eda Central La 15 -ubicado en la carrera 15 Nro. 14- 04 de Armenia- (rad. 2022-00133), no le ha notificado el auto admisorio de la demanda (dictado el 26 de mayo de 2022) ni ha citado para la respectiva diligencia de pacto de cumplimiento, desatendiendo los t\u00e9rminos perentorios que gobiernan el asunto. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado encausado i) \u00abcumplir [los] t\u00e9rminos\u2026 y citar a pacto de cumplimiento, amparado [en los] art[s.] 5, 84 [de la] ley 472 de 1998\u00bb; y ii) \u00abnotificar el auto admisorio\u2026 a futuro al accionante[,] a fin de garantizar [el] art. 29 CN\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque \u00ablas solicitudes que hace el accionante en el tr\u00e1mite de tutela se echan de menos en la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00ablos hechos planteados\u2026 carecen de sustento, pues el auto que admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular se notific\u00f3 mediante anotaci\u00f3n en estado el\u2026 27 de mayo del a\u00f1o en curso, y por si fuera poco tambi\u00e9n se le remiti\u00f3 el auto que admiti\u00f3 la demanda el\u2026 21 de junio de 2022\u00bb; que era inviable citar a la diligencia de pacto de cumplimiento sin antes acatar \u00ablo indicado en el art\u00edculo 22 de la Ley 472 de 1998[,] que indica que el juez ordenar\u00e1 el traslado al demandado por el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para contestar\u2026 Tambi\u00e9n dispondr\u00e1 informarle que la decisi\u00f3n ser\u00e1 proferida dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino de traslado y que tiene derecho a solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas con la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. El Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia de Armenia pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno ha vulnerado derechos fundamentales algunos (sic) de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Municipio de Armenia se opuso a la prosperidad del resguardo porque \u00abes claro que la solicitud del accionante versa sobre hechos que no est\u00e1n dentro del fuero de las actuaciones realizados por [ese ente territorial]\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n, de un lado, al considerarla prematura, por ser inexigible \u00absolicitar la citaci\u00f3n a la audiencia de pacto de cumplimiento, ante la falta de vencimiento del t\u00e9rmino de traslado para responder la acci\u00f3n popular\u00bb; y de otra parte, por no vulneraci\u00f3n, comoquiera que \u00abel despacho [s\u00ed] notific\u00f3 al demandante el auto admisorio de [\u00e9sta]\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se torna viable de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se verifica que la inconformidad del querellante se circunscribi\u00f3 a la tardanza que, seg\u00fan \u00e9l, se ha suscitado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular objeto de censura constitucional, tanto por no enter\u00e1rsele de su admisi\u00f3n como por no haberse agotado la diligencia de pacto de cumplimiento. <\/p>\n
Con base en tales premisas, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Ahora, descendiendo al sub examine, advierte la Sala que la solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, como lo defini\u00f3 el a-quo constitucional, porque de la inspecci\u00f3n efectuada sobre el expediente contentivo del asunto fustigado se deriva que, efectivamente, desde el pasado 27 de mayo el estrado encausado notific\u00f3 al quejoso de la admisi\u00f3n de la demanda popular, tanto por anotaci\u00f3n en estado como mediante misiva remitida a su correo electr\u00f3nico, estando cumplida as\u00ed, en \u00faltimas, su exigencia constitucional al respecto, por lo cual carecer\u00eda de objeto impartir una orden con miras a que ello se produzca. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corte que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
4. De otro lado, del informe allegado por el juzgado accionado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, y de la aludida inspecci\u00f3n al diligenciamiento reprochado, emerge que la tardanza en la citaci\u00f3n a la diligencia de pacto de cumplimiento de la que se duele el gestor del resguardo, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de las particularidades del caso concreto, en tanto que para cuando se present\u00f3 la demanda tutelar ello era inviable al no haber fenecido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda y, con posterioridad, porque al evidenciarse falencias en la vinculaci\u00f3n de la pasiva, en auto del 12 de julio \u00faltimo result\u00f3 necesario disponer la repetici\u00f3n de su enteramiento, lo que evidencia la intenci\u00f3n del querellado en cumplir con la actuaci\u00f3n que se pregona insatisfecha; supuestos que descartan, en este espec\u00edfico evento, acceder a la protecci\u00f3n suplicada, comoquiera que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Lo sucintamente consignado impone ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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