STC10323-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10323-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02500-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Alberto Correa Gonz\u00e1lez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo Penal del Circuito y Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, ambos de Barrancabermeja, y el Segundo Promiscuo del Circuito de Aguachica, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00012. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en el mes de febrero de 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Penal defini\u00f3 la competencia para adelantar el juicio en su contra por la conducta de \u00abfuga de presos\u00bb, indicando que, le corresponde \u00abal juez que ejerci\u00f3 el conocimiento penal que motiv\u00f3 la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento intramural o domiciliaria o, igual, que hubiere impuesto la decisi\u00f3n sancionatoria en contra del procesado\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en contrav\u00eda de lo anterior, seg\u00fan aduce, fue el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja el que lo sancion\u00f3 por el punible de \u00abfuga de presos\u00bb, pese a que la condena por la cual se encontraba en reclusi\u00f3n (por \u00abfraude procesal\u00bb), fue impuesta por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Aguachica. Al respecto, asevera que, tal situaci\u00f3n afecta su debido proceso pues la actuaci\u00f3n la adelant\u00f3, \u00ab(\u2026) otro funcionario judicial de ciudad distante y diferente a cuyas \u00f3rdenes me hallaba al momento de la evasi\u00f3n de mi lugar de detenci\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, dicho cuestionamiento fue expuesto por su defensor en los recursos de apelaci\u00f3n y de casaci\u00f3n, este \u00faltimo a\u00fan sin resoluci\u00f3n, aunque fue radicado el 10 de agosto de 2021. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que elev\u00f3 petici\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 20 de octubre de 2021, la cual reiter\u00f3 el 17 de mayo de 2022, en la cual solicit\u00f3 se \u00able conceda la redosificaci\u00f3n del monto punitivo impuesto, en raz\u00f3n que desde el mismo instante que se celebr\u00f3 la audiencia de imputaci\u00f3n de cargos, acept\u00e9 \u00e9stos ante el Juez Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Barrancabermeja\u00bb, todo ello dentro del radicado 2017-00012 (por fuga de presos) ya que, seg\u00fan sostiene, la \u00fanica rebaja que obtuvo, pese a allanarse a la imputaci\u00f3n, fue de \u00abuna octava parte de la pena\u00bb; empero, a la fecha de presentaci\u00f3n del presente amparo, la Sala accionada no ha emitido ninguna respuesta. Finalmente, afirma que dicha petici\u00f3n es procedente puesto que \u00abes de naturaleza administrativa (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide se anule la sentencia en su contra por el delito de \u00abfuga de presos\u00bb, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja, por carecer de competencia para conocer del asunto; y, se ordene a la Sala Casaci\u00f3n Penal pronunciarse frente a la petici\u00f3n que radic\u00f3 el 20 de octubre de 2021 (y 17 de mayo de 2022), relacionada con la redosificaci\u00f3n de la pena (proceso 2017-00012). <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga inform\u00f3 que, respecto de Correa \u00c1lvarez, tiene a su cargo la vigilancia de la pena de 48 meses de prisi\u00f3n por un delito contra la fe p\u00fablica, radicado 2012-00967, donde le concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. Adicionalmente indic\u00f3 que, le hab\u00eda sido asignado el proceso radicado 2017-00012 por fuga de presos pero, comoquiera que la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante decisi\u00f3n del 25 de marzo de 2021 \u00abreactiv\u00f3 los t\u00e9rminos para impugnar la sentencia de segunda instancia adiada el 17 de junio de 2020, ante la evidente falta de competencia para la vigilancia de la pena, habida cuenta la ausencia de ejecutoria formal y material del fallo condenatorio fechado el 20 de agosto de 2019 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja\u00bb, debi\u00f3 remitir el expediente al Tribunal Superior de Bucaramanga a fin de que proceda seg\u00fan lo ordenado. <\/p>\n
2. Una magistrada integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga destac\u00f3 que, en fallo del 17 de junio de 2020 confirm\u00f3 la condena a 43 meses y 23 d\u00edas de prisi\u00f3n que se le impusiera al ac\u00e1 actor por fuga de presos. Dicha sentencia fue recurrida en casaci\u00f3n por la defensa, y desde el 10 de agosto del a\u00f1o anterior est\u00e1 en tr\u00e1mite en la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
3. La Juez Segunda Penal del Circuito de Barrancabermeja relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio radicado 2017-00012 que se sigui\u00f3 contra Juli\u00e1n Alberto Correa \u00c1lvarez por el il\u00edcito de fuga de presos donde dict\u00f3 sentencia el 20 de agosto de 2019, imponiendo sanci\u00f3n de 43 meses y 23 d\u00edas de prisi\u00f3n y neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que, la supuesta falta de competencia no fue alegada en el momento procesal oportuno, esto es, la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que avoc\u00f3 conocimiento del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la defensa del procesado Correa \u00c1lvarez, se opuso a la prosperidad del amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad puesto que, \u00ab(\u2026) las solicitudes del procesado, en el sentido de que le sea redosificada la pena y, de ser el caso, concedida la prisi\u00f3n domiciliaria, as\u00ed como la declaratoria de nulidad por falta de competencia del Juzgado que emiti\u00f3 la sentencia de primer grado, habr\u00e1n de ser analizadas en el momento en que la Sala se pronuncie sobre la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, aclar\u00f3 que, al enjuiciado, mediante prove\u00eddo del 21 de julio de 2022, se le explic\u00f3 que, como la petici\u00f3n que elev\u00f3 \u00abimplica el ejercicio de funciones judiciales al interior de la actuaci\u00f3n\u00bb, aqu\u00e9lla tendr\u00e1 respuesta por medio de \u00ablas decisiones que corresponda [\u2026] en el marco del proceso penal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron los derechos fundamentales del actor en la causa penal en la que fue condenado por el delito de \u00abfuga de presos\u00bb \u2013 radicado n\u00ba 2017-00012 \u2013 porque, (i) el juzgado fallador (Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja) carec\u00eda de competencia para tramitar el juicio; y, (ii) por no dar respuesta (Sala de Casaci\u00f3n Penal) a la petici\u00f3n elevada el 20 de octubre de 2021 (reiterada el 17 de mayo de 20222) mediante la cual solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que le fue impuesta en dicho asunto. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
En virtud de \u00e9se presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre temas que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso en torno a la falta de competencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja para juzgarlo por el delito de \u00abfuga de presos\u00bb, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, mientras el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, o se encuentre pendiente de definici\u00f3n un recurso impetrado al interior del mismo, la salvaguarda no puede prosperar al evidenciarse claramente anticipada. <\/p>\n
En este evento, seg\u00fan se pudo constatar en el historial web del proceso radicado 2017-00012 y, como el mismo actor lo se\u00f1al\u00f3 en el libelo introductor, su defensor, al sustentar la demanda de casaci\u00f3n, formul\u00f3 la alegaci\u00f3n relacionada con la falta de competencia del juez fallador, v\u00eda extraordinaria que se encuentra a\u00fan surtiendo en la Sala de Casaci\u00f3n Penal, cuya ponencia fue asignada al despacho de la Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n (por virtud de cambio de Magistrado dado que, inicialmente la ponencia correspondi\u00f3 a Eyder Pati\u00f1o Cabrera, quien termin\u00f3 su periodo constitucional). <\/p>\n
De manera que, esa circunstancia por s\u00ed sola emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso cuestionado, lo que impone ineludiblemente declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
En ese sentido, se ha indicado con suficiencia que no puede admitirse que por medio de este juicio constitucional se provea la soluci\u00f3n de problem\u00e1ticas que a\u00fan le corresponde dirimir al competente en la instancia se\u00f1alada, de ah\u00ed que, se reitera, si se present\u00f3 el recurso contemplado en el art\u00edculo 180 y ss., del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 ley 906 de 2004 \u2013, le incumbe a la Hom\u00f3loga Penal resolverlo sin que sea viable interferir, como se dijo, prematuramente en esa controversia o adelantarse al pronunciamiento que pueda adoptar respecto de lo alegado y del contexto procesal discutido. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que no resulta de recibo que los interesados \u00ab(\u2026) en apresurado actuar, haya[n] instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, (\u2026) dado que el juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 feb. 2012 y 22 nov. 2012, rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 mar. y 10 abr. 2013, rads. 00011 y 00251, respectivamente). <\/p>\n
4. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n en asuntos judiciales. <\/p>\n
En cuanto a la reclamaci\u00f3n por la supuesta falta de contestaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n elevado por el accionante (el 20 de octubre de 2021, reiterado el 17 de mayo de 2022), tambi\u00e9n objeto de la presente queja, no puede predicarse vulneraci\u00f3n de dicha prerrogativa en consideraci\u00f3n a que el contenido de aqu\u00e9l \u2013redosificaci\u00f3n de la pena impuesta \u2013 se halla intr\u00ednsecamente vinculado con la causa penal que se adelant\u00f3 su contra (radicado 2017-00012, actualmente en sede de casaci\u00f3n), por lo que, conforme se ha expuesto en precedentes de esta Corporaci\u00f3n en casos como este, la acci\u00f3n de tutela no resulta viable para deprecar la protecci\u00f3n de la garant\u00eda del canon 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En lo atinente, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00abSin embargo, es importante memorar que esta Corte en lo que toca con su ejercicio frente a autoridades judiciales, ha reiterado su improcedencia general, en la medida que las relativas al contenido propio de la litis e impulsos procesales se gobiernan por las reglas propias de cada juicio, en tanto que aquellos que involucren aspectos de tipo administrativo, como el desarchivo de un legajo, lo har\u00e1n sometidos a la normativa general del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que rige la administraci\u00f3n y, particularmente la Ley 1755 de 2015. Lo que impone que \u201ccuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer, si aquella solicitud concierne o no a un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva\u201d\u00bb (STC13412-2019, de 2 oct. de 2019, rad. 2019-00022-02; reiterada en STC de 26 may. 2020, rad. 2020-00084-01). <\/p>\n
Sobre la misma tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en trat\u00e1ndose de actuaciones regladas, [\u2026] la Corte ha reiterado, que las peticiones deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.) [\u2026]. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
[\u2026] no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n (\u2026), cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el [funcionario] que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos (\u2026)\u00bb (STC11135-2015). <\/p>\n
Conforme lo explicado, no es posible predicar afectaci\u00f3n o desconocimiento del derecho suplicado, por involucrar la solicitud un aspecto estrictamente procesal que concierne ser resuelto por el juez competente a trav\u00e9s de pronunciamiento judicial, cuyo proferimiento no se encuentra atado al t\u00e9rmino previsto en art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone declarar el ruego constitucional deprecado improcedente. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. El amparo constitucional se advierte prematuro (y su pertinencia pierde vigor) ya que existen v\u00edas jur\u00eddicas pendientes de resoluci\u00f3n al interior del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
5.2. El derecho de petici\u00f3n como v\u00eda para impulsar actuaciones espec\u00edficas dentro de un tr\u00e1mite judicial resulta improcedente ya que, no puede afirmarse que la Sala Especializada acusada vulnerara esa prerrogativa por no contestar la solicitud referida en los t\u00e9rminos previstos en la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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