STC10338-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10338-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2022-00097-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de julio de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 \u00c1lvaro Aristizabal Mart\u00ednez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2020-00024. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales a la igualdad, de petici\u00f3n, trabajo, debido proceso, \u00abPROPIEDAD PRIVADA\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abCONSULTAR O APELAR TODA SENTENCIA JUDICIAL\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
Alexander Bustamante Mu\u00f1oz promovi\u00f3 demandas ejecutivas con garant\u00edas real contra el aqu\u00ed accionante, con el prop\u00f3sito de obtener la cancelaci\u00f3n de las sumas de dinero contenidas en tres (3) pagar\u00e9s y dos (2) letras de cambio, libr\u00e1ndose los respectivos mandamientos de pago el 31 de julio de 2020 y 21 de octubre siguiente. <\/p>\n
Adelantado el tr\u00e1mite de rigor, el 7 de diciembre de 2021 el obligado alleg\u00f3 aval\u00fao comercial del inmueble perseguido, pero el d\u00eda 15 del mismo mes y a\u00f1o el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo, y se dispuso \u00abTENER EN CUENTA el aval\u00fao comercial presentado por la parte actora, en el momento procesal oportuno\u00bb (subrayado intencional), decisi\u00f3n que fue atacada en reposici\u00f3n por aqu\u00e9l. <\/p>\n
Sin embargo, por auto del 20 de enero de 2022 se rechaz\u00f3 de plano el citado mecanismo, y, se corrigi\u00f3 de manera oficiosa la preanotada decisi\u00f3n en el sentido de indicar que el valor que reposa en el expediente fue presentado por el extremo demandado. <\/p>\n
Como el 18 de febrero de los corrientes el acreedor tambi\u00e9n present\u00f3 estimaci\u00f3n del valor comercial del predio, en prove\u00eddo del d\u00eda 24 subsiguiente se corri\u00f3 traslado de los dos (2) aval\u00faos comerciales, para que cada una de las partes se pronunciara respecto del allegado por la otra; como solo el demandante objet\u00f3 lo apreciado por el obligado, en auto del 25 de mayo de la presente anualidad se puso en conocimiento de \u00e9ste el escrito de objeciones presentado por el otro extremo procesal. <\/p>\n
El 6 de junio pasado, el juzgado resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR FUNDADA la observaci\u00f3n (primera) planteada por la gestora judicial del demandante ALEXANDER BUSTAMANTE MU\u00d1OZ frente al aval\u00fao allegado por el demandado y rendido por el perito CESAR AUGUSTO POTES BETANCOURTH\u00bb y, en consecuencia, \u00abTENER como AVAL\u00daO para el bien inmueble distinguido con la MATRICULA INMOBILIARIA NO. 375-94610, seg\u00fan el Dictamen Pericial rendido por el perito ANDRES FELIPE RESTREPO, la suma de $279.183.387.oo y, aportado por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
El ejecutado interpuso los recursos ordinarios contra lo decidido, los que fueron \u00abRECHAZADOS DE PLANO, POR EXTEMPOR\u00c1NEOS\u00bb, el 17 de junio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Inconforme con lo dispuesto, el actor acude al presente mecanismo excepcional alegando no solo que el aval\u00fao presentado por el acreedor, \u00abbasado en la factura del impuesto predial y su valor catastral (\u2026) no deb\u00eda haberse tenido en cuenta\u00bb, toda vez que \u00e9l hab\u00eda presentado uno con antelaci\u00f3n del cual \u00abse dio traslado y no se presentaron observaciones\u00bb quedando \u00aben firme\u00bb, sino que \u00abNi a m\u00ed en la direcci\u00f3n f\u00edsica aportada en la demanda, ni a mi apoderada en su direcci\u00f3n f\u00edsica o correo electr\u00f3nico, se nos dio traslado del aval\u00fao, ni de los autos, todos han sido p\u00fablicos de manera exclusiva en el estado electr\u00f3nico del despacho, con las falencias que este (sic) presenta de conectividad y fallas t\u00e9cnicas entre otras\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, aunque no se formula pretensi\u00f3n concreta, del escrito introductorio se extrae que lo reclamado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n es que se ordene a la operadora judicial convocada tener en cuenta el aval\u00fao comercial del bien perseguido que fue allegada por el aqu\u00ed interesado, y no la de su contraparte. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito de Cartago se opuso a la prosperidad del amparo ante la \u00abdesidia\u00bb del gestor, pues desaprovech\u00f3 las oportunidades procesales con que cont\u00f3 dentro del decurso criticado para exponer las inconformidades que ahora alega a trav\u00e9s de la tutela, m\u00e1s aun cuando \u00ablas decisiones emitidas en el curso del coercitivo cuestionado por esta Falladora fue[ron] producto de un estudio juicioso de los supuestos de hecho presentados en el mismo, una aplicaci\u00f3n correcta de la normativa que disciplina la acci\u00f3n bajo mi instrucci\u00f3n y, una valoraci\u00f3n probatoria ajustada a la m\u00e1xima jur\u00eddica de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. Alexander Bustamante Mu\u00f1oz, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos esbozados en el escrito inicial, solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada por cuanto \u00abno se ha vulnerado, ni desconocido, los Derechos Constitucionales Fundamentales, invocados por el Accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por improcedente ante \u00abla omisi\u00f3n del accionante, en punto de formular oportunamente el respectivo reproche contra el prove\u00eddo que decidi\u00f3 sobre el avalu\u00f3 del bien inmueble objeto de embargo y secuestro en el juicio ejecutivo, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que las decisiones tomadas por la autoridad judicial competente \u00abno pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas, toda vez que, tal y como se observa de la providencia cuestionada, la juez valor\u00f3 minuciosamente los dict\u00e1menes allegados por las partes, con observancia del art. 232 del CGP\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el censor, se\u00f1alando que los argumentos del a-quo constitucional \u00ab[c]arecen de fundamento, ya que dentro del proceso reposan irregularidades de hecho, proc\u00e9sales (sic) y sustanciales al no darle el trato debido a los aval\u00faos, y la forma legal de pronunciarse frente a ellos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso ejecutivo que Alexander Bustamante Mu\u00f1oz promovi\u00f3 en contra del libelista, por tener como aval\u00fao del inmueble materia de garant\u00eda el dictamen allegado por el extremo demandante (n\u00b0 2020-00024). <\/p>\n
2. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, esta Sala advierte que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del tribunal a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que el pretensor guard\u00f3 silencio en el t\u00e9rmino de traslado que le fue corrido del aval\u00fao comercial presentado por su contraparte en prove\u00eddo del 24 de febrero de 2022, desaprovechando la oportunidad con que cont\u00f3 para objetar el mismo y exponer las inconformidades ahora tra\u00eddas a este escenario. Adem\u00e1s, tampoco efectu\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna frente al escrito de objeciones presentado por su contraparte, una vez se le puso en conocimiento por auto del 25 de mayo siguiente (num. 2\u00b0, art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si bien atac\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el auto proferido el 6 de junio de los corrientes por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, que resolvi\u00f3 lo pertinente frente a los aval\u00faos allegados por las partes en contienda de cara al remate teniendo en cuenta el dictamen presentado por la parte ejecutante, los citados recursos fueron rechazados de plano el pasado 17 de junio por haber sido presentados de manera extempor\u00e1nea, pese a haber sido notificada en debida forma la citada determinaci\u00f3n en estado electr\u00f3nico del 7 de junio, desaprovechando de esta manera los medios que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural la decisi\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
3.2. En consecuencia, las prenotadas omisiones en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por el recurrente, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.3. Por lo dem\u00e1s, aunque el gestor tambi\u00e9n alega no haber recibido, ni su apoderada, las citadas decisiones tomadas en el decurso en sus correos electr\u00f3nicos, basta con se\u00f1alar que la Sala ha precisado que para formalizar la notificaci\u00f3n por estado de las disposiciones judiciales \u00abno se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u2018correos electr\u00f3nicos\u2019, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional\u2019. \u2018Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u2018notificaci\u00f3n\u2019, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477, reiterada en STC9383-2020, 30 oct. 2020, rad. 02669). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia, pues, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC, 26 ene. 2011. exp. 00027-005048-2018, citada en STC5048-2018, 19 abr. 2018, rad. 00902-00). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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