STC10346-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10346-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02563-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Transportes de Anserma contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Anserma (Caldas) y los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2019-00031. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 2 de junio de 2022, mediante la cual el tribunal encartado -con una valoraci\u00f3n probatoria desacertada y una argumentaci\u00f3n incompleta de cara a los fundamentos de las excepciones de m\u00e9rito- revoc\u00f3 el fallo desestimatorio de primer grado y, en su lugar, accedi\u00f3 al reclamo indemnizatorio que se formul\u00f3 en su contra por haber dilatado la expedici\u00f3n de un paz y salvo de un rodante que estaba vinculado a su empresa comercial. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicho prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Hasta el momento en que se discuti\u00f3 el asunto, no se hab\u00eda recibido ning\u00fan informe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal acogi\u00f3 la demanda de responsabilidad civil formulada contra la aqu\u00ed accionante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura inici\u00f3 recordando que <\/p>\n
\u00abEl demandante se\u00f1al\u00f3 como hecho generador del menoscabo de su patrimonio, la negativa de la demandada a expedir el paz y salvo necesario para efectuar el traspaso del automotor de placas WEJ905, as\u00ed como, los formularios FUEC21 requeridos para continuar con la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica a trav\u00e9s de esa empresa o de otra, actuaci\u00f3n que considera trasgrede el art\u00edculo 7 del Decreto 174 de 2001. <\/p>\n
Dicha norma en lo pertinente reza: \u201cArt\u00edculo 7. Definiciones. Para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del presente decreto, se tendr\u00e1n en cuenta las siguientes definiciones: (\u2026) Paz y salvo. Es el documento que expide la empresa a propietario del veh\u00edculo, en el que consta la inexistencia de obligaciones derivadas exclusivamente del contrato para la vinculaci\u00f3n.\u201d (subrayado propio). <\/p>\n
En ese contexto, es relevante mencionar que, pese a que los contendientes se abstuvieron de adosar el contrato de vinculaci\u00f3n, de sus exposiciones y del material suasorio recaudado es plausible deducir que la suma de dinero que adujo el extremo pasivo le adeudaba Tur Anzea Ltda. no proced\u00eda de ese acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en la Resoluci\u00f3n 018 del 5 de abril de 201722 , a trav\u00e9s de la cual la Direcci\u00f3n Territorial Caldas del Ministerio de Transporte resolvi\u00f3 en primera instancia la rogativa de desvinculaci\u00f3n administrativa del veh\u00edculo de placas WEJ905, se rese\u00f1\u00f3 que las causales invocadas se contra\u00edan a \u201c1. El cobro de sumas de dineros por conceptos no pactados en el contrato de vinculaci\u00f3n. 2. No gestionar oportunamente los documentos de transporte a pesar de haber reunido la totalidad de los requisitos exigidos en el presente decreto\u201d; indicando en sus consideraciones que, \u201c[a]s\u00ed mismo aparece(sic) probados en este expediente los cargos efectuados por el se\u00f1or Hern\u00e1n Alfonso Rodas Montoya, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 4.346.307 de Anserma, Caldas, actuando en su calidad de representante legal (Liquidador) de TUR ANZEA LTDA., con NIT 900.134.424-1, con sustento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 41\u00ba(sic) del Decreto 174 de 2001, y que seg\u00fan las pruebas aportadas por las partes, evidencia en el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de vinculaci\u00f3n y de la totalidad de los requisitos exigidos en el decreto aqu\u00ed multicitado o en los reglamentos para el tr\u00e1mite de los documentos de transporte, por las partes\u201d. <\/p>\n
No obstante que ese acto administrativo neg\u00f3 la desafiliaci\u00f3n al encontrar que el solicitante no ten\u00eda competencia para adelantar el tr\u00e1mite administrativo, porque la sociedad que representaba hab\u00eda desaparecido jur\u00eddicamente; deja ver que la deuda esbozada por la Cooperativa como justificaci\u00f3n para abstenerse de entregar el paz y salvo, no ten\u00eda su origen en el contrato de vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, el Director de Transporte y Tr\u00e1nsito (E) mediante Resoluci\u00f3n 0004291 del 11 de octubre de 2017, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y el acto administrativo 026 del 19 de mayo de 201725; autoriz\u00f3 la desvinculaci\u00f3n administrativa del veh\u00edculo WEJ905 afiliado a la Cooperativa Cootranserma Ltda. y, advirti\u00f3 que ese legajo reemplazaba el paz y salvo que deb\u00eda expedir la transportadora (\u2026) <\/p>\n
Si bien los argumentos de la autoridad administrativa tienen relaci\u00f3n con las consecuencias de la liquidaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica propietaria del automotor a desvincular, de cara a los derechos de los adjudicatarios, pues el an\u00e1lisis se circunscribi\u00f3 a los motivos de impugnaci\u00f3n; no pasa desapercibido que desde la primera instancia se hab\u00eda divulgado la configuraci\u00f3n de las causales aducidas, aunado a que en la autoridad enfatiz\u00f3 en la viabilidad de las acciones civiles y comerciales para resolver las controversias existentes entre los interesados, con independencia de la decisi\u00f3n de desvinculaci\u00f3n. De lo anterior emana el convencimiento del Ministerio de Transporte, en que la obligaci\u00f3n controvertida entre los trabados en esta litis no derivaba exclusivamente del acuerdo de vinculaci\u00f3n, pues de haber considerado lo contrario, se habr\u00eda sustra\u00eddo autorizar la desvinculaci\u00f3n y de otorgar al acto administrativo los efectos de paz y salvo para tal fin\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, coligi\u00f3 que <\/p>\n
\u00abno cumpli\u00f3 la demandada con la carga de enervar las manifestaciones del escrito genitor; limit\u00e1ndose su representante legal a declarar que su actuaci\u00f3n ten\u00eda sustento en el Decreto 174 de 2001, sin allegar prueba de que el origen de la obligaci\u00f3n reclamada era el contrato de vinculaci\u00f3n, y por tanto, que la negativa a expedir el documento implorado estaba plenamente justificada. <\/p>\n
Termina por dar fuerza a la tesis del actor el testimonio del se\u00f1or Oscar Iv\u00e1n S\u00e1nchez, quien fue socio en nombre propio y en representaci\u00f3n de Consultor\u00edas Nacionales de la extinta Tur Anzea Ltda., as\u00ed como revisor fiscal de esta y de Cootraserma a trav\u00e9s de la firma consultora; al ser indagado sobre las condiciones en que la Cooperativa prestaba dineros a los vinculados o a terceros, precis\u00f3 que Tur Anzea Ltda. no era cooperada al momento de la adquisici\u00f3n del bus y por tanto, el mutuo se le otorg\u00f3 en calidad de \u201ctercero\u201d. Su versi\u00f3n ofrece credibilidad dado su conocimiento directo de los acuerdos iniciales y de las relaciones contractuales entre los trabados en la litis; adem\u00e1s de ser coherente con el sustrato f\u00e1ctico demostrado en el decurso. <\/p>\n
Acorde con lo discurrido, err\u00f3 la A quo al considerar que la existencia de un pasivo era suficiente para que Cootranserma se negara a emitir el paz y salvo echado de menos, obstruyendo el traspaso y la libre explotaci\u00f3n del veh\u00edculo; pues como se desprende de los art\u00edculos 7 y 40 num. 2 del Decreto 174 de 2001, la transportadora solo estaba autorizada para rehusarse si la deuda derivaba del contrato de vinculaci\u00f3n; de ah\u00ed que resulte innecesario ahondar en los pagos aducidos por el promotor, porque al margen de que solventen o no la obligaci\u00f3n en su totalidad, la demandada incurri\u00f3 en culpa al obstaculizar el tr\u00e1mite de desvinculaci\u00f3n del mencionado automotor\u00bb. <\/p>\n
Al abordar los efectos econ\u00f3micos del hecho imputable que encontr\u00f3 acreditado, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel se\u00f1or Rodas Montoya ten\u00eda un leg\u00edtimo chance de obtener el provecho que aduce, pues la Empresa GPS S.A.S. fue enf\u00e1tica en informarle que hab\u00eda decidido contratar el servicio con \u00e9l, teniendo en cuenta la cotizaci\u00f3n que hab\u00eda presentado y las condiciones del veh\u00edculo, de ah\u00ed que s\u00f3lo restaba que aceptara y presentara los documentos exigidos para la celebraci\u00f3n del contrato, por tanto, la posibilidad era seria, real, verdadera y actual. A la par, no era posible que con posterioridad o a futuro pudiera obtener el beneficio que pretend\u00eda, porque el contrato no pudo celebrarse. <\/p>\n
El pretensor se encontraba en una condici\u00f3n apta para signar el acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta que a la fecha de la oferta -01 de mayo de 2015-, el veh\u00edculo cumpl\u00eda los requisitos f\u00edsicos y mec\u00e1nicos para prestar el servicio p\u00fablico de transporte terrestre especial de pasajeros y contaba con tarjeta de operaci\u00f3n dado que la misma se obtiene con la vinculaci\u00f3n de rodante a una empresa de transporte autorizada37 , afiliaci\u00f3n que efectivamente se encontraba vigente y lo habilitaba para continuar con la activad hasta su desvinculaci\u00f3n, tal como lo establece el par\u00e1grafo del art\u00edculo 41 del Decreto 174 de 200138. <\/p>\n
Despunta as\u00ed el da\u00f1o sufrido por el promotor por concepto de p\u00e9rdida de oportunidad, en tanto no pudo suscribir el contrato ofertado por causas externas, imposibles de resistir en ese momento, pues qued\u00f3 probado que en varias ocasiones solicit\u00f3 sin \u00e9xito el paz y salvo y los FUEC\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, pas\u00f3 a estudiar el nexo de causalidad entre el da\u00f1o reclamado y el actuar omisivo de la convocada, asunto sobre el cual anot\u00f3 que \u00ablas omisiones en que incurri\u00f3 la convocada fueron determinantes para la consumaci\u00f3n del da\u00f1o que se le enrostra, en particular, la p\u00e9rdida de la chance de suscribir el contrato para prestar el servicio de transporte terrestre especial en el periodo comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016, ya que de haberse emitido el paz y salvo y los FUEC, los adquirentes del veh\u00edculo hubieran estado en condiciones de cumplir con las exigencias de la propuesta y su ejecuci\u00f3n, pues habr\u00edan materializar el traspaso y adquirido las habilitaciones para desarrollar la actividad como personas naturales, a trav\u00e9s de la misma empresa transportadora o de otra. Lo discurrido, es suficiente para considerar que tampoco tienen vocaci\u00f3n de prosperidad los medios de defensa denominados \u201cinobservancia del principio onus probandi y de necesidad de la prueba\u201d y \u201cmala fe y temeridad en el demandante\u201d\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, puntualiz\u00f3 que \u00abAcreditado el da\u00f1o a los derechos de los se\u00f1ores Hern\u00e1n Alfonso Rodas Montoya, Hern\u00e1n Rodas Escudero (Q.E.P.D) y Arnoldo Ocampo Montoya, debido a la inobservancia de la obligaci\u00f3n de expedir paz y salvo y los FUEC, y atendiendo al tenor del art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil que manda la reparaci\u00f3n \u00fanicamente del da\u00f1o causado, se proceder\u00e1 a estudiar el perjuicio por p\u00e9rdida de oportunidad en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016. El actor calcul\u00f3 la p\u00e9rdida de oportunidad en la suma de $50.700.000, con base en el valor mensual de $6.500.000 consignado en la oferta, previa deducci\u00f3n del gasto de rodamiento del automotor de $2.275.000, indicando un valor a indemnizar de $4.225.000 mensual, multiplicado por el periodo del contrato de 12 meses. Dicho c\u00e1lculo se avizora acertado y razonable, pues es claro que la remuneraci\u00f3n mensual que se promet\u00eda es la observada por el extremo activo, adem\u00e1s, honr\u00f3 su cotizaci\u00f3n, la cual precisaba que ese valor inclu\u00eda los costos de rodamiento del veh\u00edculo, procediendo a discriminar el valor asignado a ese rubro y descontarlo, sin que su monto fuere controvertido por el extremo pasivo en debida forma, ni ados\u00f3 prueba en contrario. La cifra adem\u00e1s fue incorporada en el juramento estimatorio, que no fue objetado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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