STC10363-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10363-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01063-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de junio de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 improcedente la salvaguarda promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado 12 Laboral del Circuito de la misma ciudad, al se\u00f1or Richard Salazar Guerrero y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso ordinario laboral objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Richard Salazar Guerrero instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la UGPP, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional contenida en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo del ISS 2001-2004. <\/p>\n
2.2. El 10 de abril de 2019, el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Cali conden\u00f3 a la entidad demandada al reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, a partir del 22 de agosto de 2020, fecha en la que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad, decisi\u00f3n que fue revocada el 27 de noviembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, colegiatura que la absolvi\u00f3 de todas las pretensiones. <\/p>\n
2.3. El 25 de octubre de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por el se\u00f1or Salazar Guerrero, cas\u00f3 la sentencia emitida en segunda instancia y confirm\u00f3 el fallo del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, que conden\u00f3 a la UGPP a reconocer y pagar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 98 numeral 3 de la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que la Sala acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al ordenar la pensi\u00f3n reclamada, desconociendo que el actor no reuni\u00f3 los requisitos de edad y tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010, con lo cual inobserv\u00f3 \u00ablos criterios se\u00f1alados en el Acto Legislativo 01 de 2010 frente a su vigencia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se abstuvo de declarar la compartibilidad pensional, por lo que fue condenada a pagar el 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida al demandante, cuando aquella solo debe cancelar \u00ablos mayores valores que se originen entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida por el ISS Patrono (hoy UGPP) y la posible pensi\u00f3n de vejez que sea reconocida por el ISS Asegurador (hoy COLPENSIONES)\u00bb. De otro lado, precis\u00f3 que, aunque contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste no era eficaz, porque tendr\u00eda que pagar la pensi\u00f3n reconocida, en el 100% que le fue impuesto. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia proferida el 25 de octubre de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral y que se le ordene dictar una nueva providencia, en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda. Como petici\u00f3n subsidiaria requiri\u00f3 que se suspenda la providencia atacada hasta que \u00abse resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS manifest\u00f3 que no se evidenciaba la vulneraci\u00f3n de los derechos de la Entidad accionante; adem\u00e1s, indic\u00f3 que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa, pues con la liquidaci\u00f3n de la entidad el tema deb\u00eda ser asumido por la UGPP. <\/p>\n
2. El Juzgado 12 Laboral del Circuito de Cali sostuvo que la tutela no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad y que la decisi\u00f3n adoptada no se apartaba del precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
3. Quien adujo ser apoderado externo de la UGPP apoy\u00f3 los argumentos expuestos en la tutela. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia del amparo, dado que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, porque la entidad ten\u00eda a su alcance el recurso de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. A su vez, afirm\u00f3 que \u00abno se hall\u00f3 que la prestaci\u00f3n social declarada en favor de Richard Salazar Guerrero hubiera sido concedida con abuso del derecho [ni que] [\u2026] su pago constituya un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, en raz\u00f3n a su monto. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La entidad accionante impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia, reiterando lo dicho en su escrito inicial y enfatizando que, a pesar de la existencia del recurso de revisi\u00f3n, la tutela era procedente, porque de otro modo \u00abser\u00e1 imposible recuperar los dineros pagados en virtud del principio de buena fe\u00bb, lo cual causaba un perjuicio irremediable al patrimonio p\u00fablico, m\u00e1xime que era evidente el abuso del derecho. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al proferir la sentencia del 25 de octubre de 2021, que cas\u00f3 el fallo dictado el 27 de noviembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces y, por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Richard Salazar Guerrero, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, precis\u00f3 que en el cargo no era motivo de controversia que el se\u00f1or Salazar Guerrero i) naci\u00f3 el 22 de agosto de 1965; ii) labor\u00f3 al servicio del ISS desde el 20 de septiembre de 1993 hasta el 31 de marzo de 2015; iii) la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo estableci\u00f3 su vigencia general hasta el 31 de octubre del 2004; y iv) dicha convenci\u00f3n \u00abno fue objeto de denuncia, de manera que por efecto del art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente por periodos sucesivos de seis meses\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a analizar lo planteado por el recurrente, en el sentido que se hab\u00edan establecido unas condiciones convencionales antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional del a\u00f1o 2005 y que las mismas, contrario a lo sostenido por el Tribunal, s\u00ed pod\u00edan extenderse m\u00e1s all\u00e1 de esa anualidad e incluso de 2010, de acuerdo con lo pactado. <\/p>\n
Al respecto, la Sala consider\u00f3 que el ad quem no tuvo en cuenta que era viable extender las cl\u00e1usulas convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, t\u00e9rmino establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 como fecha l\u00edmite para la aplicaci\u00f3n de las prerrogativas pensionales, acorde con la postura expuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia CSJ SL3635-2020, en la que estableci\u00f3 que, en principio, las disposiciones convencionales en materia de pensi\u00f3n que estaban rigiendo a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 manten\u00edan su vigencia hasta la fecha se\u00f1alada, salvo \u00aben los eventos en que las reglas pensionales se hayan suscrito antes de la expedici\u00f3n del acto legislativo y al 29 de julio de 2005 se encontraban en curso\u00bb, las cuales conservaban eficacia \u00abpor el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 lo referido en la sentencia CSJ SL5116-2020 por Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en cuanto a que era posible concluir que \u00ab[…] a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cl\u00e1usula convencional ven\u00eda rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017\u00bb, de manera que el acuerdo generaba unos \u00abderechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por lo menos, durante su plazo de vigencia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que, seg\u00fan lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL3343-2020, \u00abla interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de dicha cl\u00e1usula es la que aqu\u00ed se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, no de causaci\u00f3n\u00bb, por lo cual asever\u00f3 que se realiz\u00f3 una deficiente interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 98 de la referida Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, al no tener en cuenta que la edad era un requerimiento de exigibilidad, que no de causaci\u00f3n, por lo que cas\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, en sede de instancia, determin\u00f3 que Richard Salazar Guerrero \u00ablabor\u00f3 al servicio del ISS hasta el d\u00eda 31 de marzo de 2015, y solicit\u00f3 el reconocimiento pensional a partir del 22 de agosto de 2020, dado que en esta fecha cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad, petici\u00f3n que resulta coherente con lo dispuesto en las providencias antes citadas\u00bb. <\/p>\n
4. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que se estructuraba el yerro jur\u00eddico que el se\u00f1or Salazar Guerrero le endilgaba al Tribunal, pues a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 la cl\u00e1usula convencional se encontraba en vigor y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, reg\u00eda hasta el a\u00f1o 2017; por lo que el cumplimiento de los requisitos all\u00ed exigidos pod\u00eda darse con posterioridad al 31 de julio de 2010, raz\u00f3n por la cual cas\u00f3 la providencia del Tribunal y emiti\u00f3 la sentencia de instancia, aplicando el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para definir el asunto. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, en lo relativo al deber de pronunciamiento sobre la compartibilidad pensional y a la omisi\u00f3n de la Sala accionada en resolver ese aspecto, resulta pertinente destacar que la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral ha considerado que, al tratarse de un asunto que opera por disposici\u00f3n legal, no requiere declaraci\u00f3n judicial; aunado a que, para el efecto, la entidad respectiva debe solicitar la adici\u00f3n del fallo y, en todo caso, como lo indic\u00f3 la misma tutelante, dicho tema e, incluso, la posible ilegalidad del reconocimiento ordenado puede ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, esta Sala considera que no puede el juez de tutela entrar a subsanar la falta de proposici\u00f3n de los instrumentos legales ni adelantarse a resolver un aspecto que puede ser sometido a conocimiento del competente, mediante la interposici\u00f3n del referido recurso. Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, al resolver un caso con alguna similitud, esto es, un recurso de revisi\u00f3n presentado por la UGPP contra el reconocimiento pensional contenido en las sentencias dictadas en segunda instancia y en sede de casaci\u00f3n, en el que se aleg\u00f3, entre otros, lo relativo a la falta de decisi\u00f3n sobre la compartibilidad en materia pensional, sostuvo: <\/p>\n
\u2026la compartibilidad opera por ministerio de la ley, con el fin de que solo quede obligado al pago el mayor valor de la pensi\u00f3n primigenia a cargo del empleador a consecuencia del acuerdo convencional (CSJ SL2238-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, resulta infundada la causal alegada, ya que se debe precisarse, que es responsabilidad de la entidad realizar los actos necesarios para que internamente se concreten los efectos de la compartibilidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que correspond\u00eda al recurrente era solicitar la adici\u00f3n del fallo que ahora controvierte, pues la revisi\u00f3n no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar supuestas irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a trav\u00e9s de las herramientas jur\u00eddicas previstas para el efecto (SL1031-2022, radicaci\u00f3n interna 88138, providencia del 30 de marzo de 2022, se subraya). <\/p>\n
A su vez, en sentencia CSJ SL4335-2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, respecto de la compartibilidad de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, afirm\u00f3 que la jurisprudencia ha sido pac\u00edfica en cuanto a que, al ser una figura que opera por ministerio de la ley y, por tanto, no requiere declaraci\u00f3n judicial, \u00abpuede ser aplicada por las respectivas entidades y administradoras de pensiones encargadas del pago de las obligaciones pensionales, sin que sea necesario un pronunciamiento judicial previo\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Por su parte, en pronunciamiento CSJ SL2576-2021, la referida hom\u00f3loga Laboral explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026uno de los soportes que relaciona la U.G.P.P., para la revisi\u00f3n, es el aplicativo \u201cDocumento, radicado No 201880030731132 del 12 de marzo de 2018\u201d en la que se cre\u00f3 la solicitud de estudio de revocatoria del acto que concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez y que, precisamente, dej\u00f3 evidenciado que la pensi\u00f3n convencional debe ser compartida con la vejez reconocida por el ISS. Entonces (\u2026) es ella la obligada y responsable de que se produzcan los efectos de la subrogaci\u00f3n y bajo ninguna consideraci\u00f3n, tal responsabilidad puede ser traslada a los funcionarios judiciales (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, observa la Sala que, si la entidad consideraba que la accionada omiti\u00f3 su deber de pronunciarse sobre un aspecto de la litis, debi\u00f3 hacer uso de la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia, falencia que no puede suplirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza subsidiaria y residual, lo cual torna inviable el amparo invocado. Lo anterior, sumado a que, trat\u00e1ndose de un aspecto que opera por disposici\u00f3n legal no requiere declaraci\u00f3n judicial y, en todo caso, la accionante a\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n aludido en la tutela2. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n constitucional depende del agotamiento previo de los mecanismos de defensa y de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada, entre muchas otras, en sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares ver: STC7189-2022 y STC6022-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10363-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10363-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01063-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66030"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66030\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}