STC10365-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10365-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01284-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Xiaomi Colombia S.A.S. -hoy Mi Store Colombia S.A.S.- frente al fallo proferido el 30 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por ella contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al dictar sentencia en el asunto incoado en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la convocada revocar \u00abla sentencia de\u2026 24 de marzo de 2022, y de manera consecuencial\u2026[,] convoque a la audiencia del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026, en la cual se tenga en cuenta la verificaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor de m\u00ednima cuant\u00eda que contra la accionante entabl\u00f3 Lady Tatiana Torres Ca\u00f1\u00f3n, pretendiendo la devoluci\u00f3n de los $729.000,oo pagados ante el establecimiento de comercio Alkosto por la adquisici\u00f3n de un tel\u00e9fono celular de la marca Xiaomi que present\u00f3 fallas en su funcionamiento; al no haberse contestado la demanda y al considerar que las pruebas allegadas con el libelo inicial eran \u00absuficientes para resolver de fondo el litigio\u00bb, el 24 de marzo \u00faltimo la Superintendencia acusada dict\u00f3 sentencia en la que acogi\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
2.2. La tutelante solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de ese fallo indicando que se omiti\u00f3 verificar la existencia de la relaci\u00f3n de consumo, m\u00e1xime cuando ninguna de las pruebas acreditaba su legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; a lo que el 26 de abril de 2022 no accedi\u00f3 la entidad acusada; decisi\u00f3n \u00faltima respecto de la cual, el 17 de mayo siguiente, desech\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la demandada. <\/p>\n
2.3. As\u00ed mismo, la condenada deprec\u00f3 la nulidad de la sentencia invocando las causales 5\u00aa y 6\u00aa del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por omitirse la pr\u00e1ctica de pruebas y el traslado para alegar de conclusi\u00f3n; petici\u00f3n que el mismo 17 de mayo la convocada declar\u00f3 infundada. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela la accionante afirm\u00f3 que aunque se le imposibilit\u00f3 contestar la demanda, estaba atenta a la citaci\u00f3n para la audiencia de que trata el precepto 392 ib\u00eddem para aclarar, en el interrogatorio de parte, que \u00abno estaba llamada a responder, en tanto el producto fue adquirido ante el almac[\u00e9]n ALKOSTO y reparado en garant\u00eda por el proveedor de estos equipos para ALKOSTO, es decir, \u2026MN FOTO S.A.S., como se desprend\u00eda de la factura de compra\u2026 y de los documentos de reparaci\u00f3n del servicio t\u00e9cnico\u00bb; y que aunque \u00abaparec\u00eda registrada en c\u00e1mara de comercio como XIAOMI COLOMBIA S.A.S.[,] ello NO obedec\u00eda al hecho de que fuera representante de la marca China XIAOMI, ni a que esta \u00faltima ejerciera sobre [ella]\u2026 alg\u00fan tipo de control, o que conformaran un grupo empresarial, sino a asuntos individuales de comercio y de mercadeo, lo cual se pod\u00eda corroborar de la lectura del certificado de c\u00e1mara de comercio\u00bb; documentos, todos, que reposaban en el expediente. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, sin embargo, cercen\u00e1ndole tal oportunidad, as\u00ed como la de alegar de conclusi\u00f3n, irregularmente, la Superintendencia dict\u00f3 \u00absentencia anticipada en ejercicio del art\u00edculo 390 del C.G.P.\u00bb, accediendo a las pretensiones bajo una deficiente valoraci\u00f3n probatoria e insuficiente motivaci\u00f3n para dar por acreditada la relaci\u00f3n de consumo, comoquiera que \u00abdel material probatorio que ya obraba en el expediente se lograba determinar que\u2026 no comercializ\u00f3 el producto objeto del proceso, como tampoco intervino de ninguna manera en la cadena de consumo como productor, proveedor o importador del mismo\u00bb; lo que se mantuvo a pesar de sus justificadas solicitudes de aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y nulidad. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00abel hecho de que la demanda no haya sido contestada no eximia al operador judicial de realizar el an\u00e1lisis juicioso a las pruebas que obraban dentro del expediente, m\u00e1xime cuando\u2026 de [su] lectura\u2026 se lograba determinar sin lugar a duda [su] falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, a m\u00e1s que, a pesar de ello, era inviable presumirla porque \u00abla relaci\u00f3n entre el demandante y [ella]\u2026 no fue un hecho que fuese afirmado en la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque \u00abno se encuentra vulneraci\u00f3n alguna a ning\u00fan derecho fundamental del accionante, por el contrario, a diferencia de lo manifestado en el escrito de tutela, desde el inicio de la acci\u00f3n\u2026 ha salvaguardado los derechos de las partes, acatando conforme lo establecido en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 (actual Estatuto del Consumidor), en concordancia con las reglas del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que fund\u00f3 su decisi\u00f3n \u00aben las pruebas oportuna y legamente aportadas al proceso\u00bb, con las que se acredit\u00f3 la \u00abrelaci\u00f3n de consumo entre\u2026 TORRES CA\u00d1\u00d3N con la sociedad MI STORE COLOMBIA S.A.S.\u00bb, estableci\u00e9ndose que \u00abla parte demandada hab\u00eda vulnerado los derechos de la consumidora al vender un celular marca Xiaomi Modelo: 2, Serial: 869582051984604869582051984612 defectuoso\u00bb; que \u00abla falta de contestaci\u00f3n de la demanda obedece a un descuido propio de la parte demandada y de su apoderado, por lo cual no es posible endilgar responsabilidad alguna a [esa] Entidad\u00bb; y que es inadmisible que la accionante, \u00abpor medio de solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n y\u2026 nulidad pretenda subsanar su negligencia de no contestar la demanda, pues por medio de estas herramientas legales pretende no solo revocar o reformar el fallo en litigio sino tambi\u00e9n justificar su silencio en un proceso por el cual se dict\u00f3 sentencia condenatoria en su contra\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que, efectivamente, el inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso autorizaba a la Superintendencia a dictar su sentencia por escrito al hallar que las pruebas aportadas eran suficientes para decidir de fondo, m\u00e1xime cuando la accionante no contest\u00f3 la demanda; as\u00ed mismo, porque tal providencia \u00abno resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegal, pues se motiv\u00f3 razonadamente, teniendo en cuenta las normativas aplicables, las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y las probanzas oportunamente relacionadas, todo lo cual lleva a negarse las pretensiones de la ahora\u2026 tutelante, toda vez que -contrario a lo afirmado-, se demostr\u00f3 la legitimaci\u00f3n por pasiva, por no acreditarse la existencia de una causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad, a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 16 del Estatuto del Consumidor, como lo concluy\u00f3 el juez natural\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela claramente se desprende que la reclamante se duele de que la Superintendencia accionada emitiera fallo en su contra sin contar con el material suasorio suficiente para establecer la relaci\u00f3n de consumo en que fund\u00f3 su supuesta legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en el asunto recriminado. <\/p>\n
Con base en las premisas denotadas, halla la Corte que el resguardo de que se trata estaba llamado a prosperar, con alcance parcial, lo que impone revocar la decisi\u00f3n del Tribunal a-quo, al advertir que con la mentada sentencia del pasado 26 de abril, la autoridad accionada cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque efectivamente incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y procedimental que se le reprobaron, con claras repercusiones de cara, no s\u00f3lo al debido proceso de la censora, sino a sus derechos sustanciales. <\/p>\n
3.1. En ese sentido se observa que, vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, en tal providencia, emitida por escrito por la Superintendencia invocando la aplicaci\u00f3n del inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso1, llanamente se consider\u00f3 que \u00abla relaci\u00f3n de consumo se encuentra debidamente acreditada con las manifestaciones y el material probatorio allegado por la parte demandante, en virtud de los cuales se acredita que la parte actora adquiri\u00f3 un celular marca Xiaomi Modelo: 2, Serial: 869582051984604869582051984612, el d\u00eda 11 de agosto de 2020, por valor de $729.900\u00bb; a lo que de forma escueta a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
La anterior circunstancia da cuenta de la satisfacci\u00f3n del presupuesto de la legitimaci\u00f3n por activa de la parte demandante, quien es la compradora del bien objeto de reclamo judicial, m\u00e1s a\u00fan cuando la demandada no desvirtu\u00f3 la relaci\u00f3n de consumo y calidad de consumidor final de la accionante. <\/p>\n
Respecto a la reclamaci\u00f3n, se tiene acreditado que la accionante agot\u00f3 el requisito de reclamaci\u00f3n directa previsto en el numeral 5 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 el d\u00eda 30 de agosto de 2020, documento que se anexo en el consecutivo No.21-88952-00000. <\/p>\n
3.2. Ahora, basta volver sobre los fragmentos transcritos respecto de la providencia del ente criticado para, tras contrastarlos con las alegaciones del tutelante y los medios probatorios aportados por la demandante en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en cuesti\u00f3n, avistar que se incurri\u00f3 en el defecto probatorio denunciado, pues, al margen del valor suasorio que pueda darse i) a la factura de compra del dispositivo m\u00f3vil de comunicaci\u00f3n adquirido por la consumidora a la firma Alkosto S.A., ii) a la orden de servicio expedida por MN Foto S.A.S., como asesor postventa y prestador del servicio t\u00e9cnico autorizado para ese producto, iii) as\u00ed como a las diferentes comunicaciones intercambiadas por \u00e9sta con la demandante con antelaci\u00f3n a ese juicio, \u00fanicas piezas aportadas con la demanda all\u00ed presentada; lo cierto es que de tales documentos no se desprende intervenci\u00f3n o v\u00ednculo alguno que permita afirmar que la aqu\u00ed accionante intervino en la cadena de consumo fuente del reclamo, ya como productor, proveedor o expendedor del producto que, a la postre, vendido por Alkosto y reparado por MN Foto S.A.S., seg\u00fan se adujo all\u00ed, result\u00f3 defectuoso. <\/p>\n
Por tanto, si no estaban dados los supuestos contemplados en la Ley 1480 de 2011, en especial en sus art\u00edculos 2\u00ba2, 5\u00ba3 y 10\u00ba4, para considerar que entre Lady Tatiana Torres Ca\u00f1\u00f3n y Xiaomi Colombia S.A.S. -hoy Mi Store Colombia S.A.S.- se present\u00f3 la relaci\u00f3n de consumo de la cual se deriv\u00f3 la responsabilidad exigida a \u00e9sta, siendo evidente que la simple enunciaci\u00f3n en su nombre de la expresi\u00f3n Xiaomi era insuficiente para ello; patente es que, al margen de que omitiera contestar la demanda e invocar causales de exoneraci\u00f3n, la aludida legitimaci\u00f3n en causa por pasiva permaneci\u00f3 hu\u00e9rfana de prueba, supuesto suficiente para concluir que, en el estadio procesal en que se encontraba el asunto, era inviable la emisi\u00f3n de la sentencia fustigada, por lo menos, en el sentido -condenatoria a la pasiva- que se emiti\u00f3, denot\u00e1ndose la incursi\u00f3n en el defecto procedimental referido, al no estar presente el supuesto contemplado en el aludido inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 3\u00ba del canon 390 del actual estatuto adjetivo civil, esto es, que las pruebas recabadas fueran suficientes para pronunciarse en el sentido que se hizo. <\/p>\n
3.3. En ese orden, atendiendo a tales circunstancias, como acertadamente lo adujo la quejosa, es incuestionable que la Superintendencia de Industria y Comercio emiti\u00f3 una apresurada y errada decisi\u00f3n sin contar con apoyo probatorio para sostener la supuesta acreditaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de consumo entre demandante y demandada, omitiendo, incluso, de considerarlo necesario, decretar pruebas de oficio para despejar las dudas existentes frente al particular, comoquiera que, se itera, dio por demostrada, sin estarlo, la intervenci\u00f3n de la accionante en la cadena de consumo en que particip\u00f3 y cuestion\u00f3 Torres Ca\u00f1\u00f3n, siendo evidente que las \u00fanicos medios suasorios al respecto fueron la factura de compra expedida por el establecimiento de comercio Alkosto, que no por Xiaomi Colombia S.A.S., y una orden de servicio por garant\u00eda que expidi\u00f3 MN Foto S.A.S., no Xiaomi Colombia S.A.S., deriv\u00e1ndose de all\u00ed la ausencia o no acreditaci\u00f3n de la participaci\u00f3n de \u00e9sta en la relaci\u00f3n f\u00e1ctica inspeccionada. <\/p>\n
Por tanto, las pruebas existentes se mostraban insuficientes para la emisi\u00f3n de una sentencia en el sentido en que se dict\u00f3 la misma, denot\u00e1ndose tambi\u00e9n la errada aplicaci\u00f3n del citado inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.3.1. En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la apreciaci\u00f3n probatoria se tiene que: <\/p>\n
\u2026ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (se destac\u00f3 – CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
3.3.2. En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026(i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
3.3.3. De otro lado, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado que el juzgador, de considerarlo necesario, ha de acudir al decreto de pruebas de oficio; as\u00ed, en forma general y en vigencia del derogado estatuto procesal civil, pero aplicable de cara al C\u00f3digo General del Proceso, se sostuvo que: <\/p>\n
\u2026es un poder que otorga el legislador al fallador para esclarecer los supuestos materia de debate y dilucidar la verdad sobre el particular, lo que encuentra sustento en el art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando se\u00f1ala que <<[l]as pruebas pueden ser decretadas (\u2026) de oficio cuando el magistrado o juez las considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes>>. Y la regla 180 del mismo estatuto prescribe que <<[p]odr\u00e1n decretarse pruebas de oficio, en los t\u00e9rminos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar>>. <\/p>\n
Es al funcionario judicial a quien compete determinar la viabilidad y utilidad de ejercer dicha potestad para dilucidar la realidad f\u00e1ctica del litigio puesto a su conocimiento; facultad que obviamente est\u00e1 supeditada a que del examen cr\u00edtico de los medios de convicci\u00f3n y dem\u00e1s piezas, emerja la necesidad de recaudar otros diferentes a los que se practicaron a instancia de las partes. <\/p>\n
(\u2026) [c]uando una prueba, pese a tener el car\u00e1cter de incompleta, aparece sugerida o insinuada de tal forma que todos los dem\u00e1s elementos de juicio indiquen de modo inequ\u00edvoco que solo ella falta y que, por ende, su decreto oficioso se torna necesario para arribar al resultado que se muestra evidente, su decreto oficioso se erige como deber insoslayable del juez. (\u2026) Lo anterior no debe interpretarse como si de una imposici\u00f3n insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresi\u00f3n del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograr\u00eda equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas y en la realizaci\u00f3n de la justicia como fin esencial del derecho. (\u2026) En s\u00edntesis, el decreto de pruebas de oficio, en materia civil, no es una mera facultad discrecional del juez, como tampoco una obligaci\u00f3n que se imponga de modo necesario en todas las circunstancias; sino que el caso concreto indicar\u00e1, de manera razonable, cu\u00e1ndo esa atribuci\u00f3n se erige en un verdadero deber legal. Para tal efecto el funcionario deber\u00e1 emplear los poderes que el estatuto procesal \u201cle concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes\u201d (num, 4\u00ba, art. 37 C. de P.C.); cuando \u2018las considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2019 (art. 179 ib\u00eddem) (\u2026) (CSJ STC, 7 jun. 2012, rad. 01083-00; criterio reiterado en STC, 24 en. 2013, rad. 2012-00164-01; STC, 8 ag. 2013, rad. 00152-01; STC1274-2014, 10 feb., rad. 00632-01; y STC6223-2014, 16 may., rad. 2014-00058-01). <\/p>\n
4. Las anotadas contingencias, sin duda, comprometieron la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la actora, lo que impone revocar la decisi\u00f3n del a-quo constitucional para, en su lugar, conceder el resguardo, con alcance parcial, ordenando a la autoridad acusada que, tras dejar sin efecto la providencia censurada, junto con todas las determinaciones que de ella dependan, proceda a dictar la que en derecho corresponda. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en tanto que la concesi\u00f3n del resguardo en los t\u00e9rminos denotados conlleva el decaimiento de la sentencia reprochada, dictada por la Superintendencia accionada, junto con todas las decisiones derivadas de ella, por sustracci\u00f3n de materia, la Sala se abstendr\u00e1 de abordar los restantes reproches de la reclamante, pues lo dicho en precedencia impone que la acusada emita una nueva decisi\u00f3n en la que habr\u00e1 de abordar el asunto como juzgador natural, con todas sus vicisitudes, sin que pueda la Corte, de momento, como sentenciador supralegal, anticiparse a tal pronunciamiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, el amparo al derecho al debido proceso de Mi Store Colombia S.A.S. (antes Xiaomi Colombia S.A.S.), por la incursi\u00f3n en defectos f\u00e1ctico y procedimental, con alcance sustancial, por parte de la autoridad acusada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, tras dejar sin efecto la sentencia que emiti\u00f3 el 24 de marzo de 2022 en el asunto objeto de esta queja (acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor de m\u00ednima cuant\u00eda entablada por Lady Tatiana Torres Ca\u00f1\u00f3n contra Xiaomi Colombia S.A.S. – radicado 21-88952), junto con todas las determinaciones que de ella dependan, adopte la que en derecho corresponda para continuar o poner fin a tal actuaci\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abCuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podr\u00e1 dictar sentencia escrita vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el art\u00edculo 392, si las pruebas aportadas con la demanda y su contestaci\u00f3n fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese m\u00e1s pruebas por decretar y practicar\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 2\u00ba. OBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. <\/p>\n
<\/p>\n
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la econom\u00eda respecto de los cuales no exista regulaci\u00f3n especial, evento en el cual aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados\u00bb. (se destac\u00f3) <\/p>\n
3\u0002 \u00abART\u00cdCULO 5\u00ba. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jur\u00eddica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacci\u00f3n de una necesidad propia, privada, familiar o dom\u00e9stica y empresarial cuando no est\u00e9 ligada intr\u00ednsecamente a su actividad econ\u00f3mica. Se entender\u00e1 incluido en el concepto de consumidor el de usuario. <\/p>\n
5. Garant\u00eda: Obligaci\u00f3n temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garant\u00eda legal no tendr\u00e1 contraprestaci\u00f3n adicional al precio del producto. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
9. Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, dise\u00f1e, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. Tambi\u00e9n se reputa productor, quien dise\u00f1e, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento t\u00e9cnico o medida sanitaria o fitosanitaria. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin \u00e1nimo de lucro\u2026\u00bb. (se destac\u00f3) <\/p>\n
4\u0002 \u00abART\u00cdCULO 10. RESPONSABLES DE LA GARANT\u00cdA LEGAL. Ante los consumidores, la responsabilidad por la garant\u00eda legal recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos. <\/p>\n
<\/p>\n
Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad, bastar\u00e1 con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneraci\u00f3n de responsabilidad establecidas en el art\u00edculo 16 de la presente ley\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
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STC10365-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10365-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01284-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Xiaomi Colombia S.A.S. -hoy Mi Store […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66031","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66031","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66031"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66031\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66031"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66031"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66031"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}