STC10384-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC10384-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 81001-22-08-000-2022-00033-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de junio de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Ramiro Soloza Ram\u00edrez, Viviana, Mar\u00eda Soledad, Mar\u00eda Amalia, Carmen y Luisa Mariela Soloza L\u00f3pez contra el Juzgado \u00danico Promiscuo Civil del Circuito de Saravena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, mediante apoderada, demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el proceso de responsabilidad civil extracontractual de radicado 81736318900120210002000. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que los accionantes instauraron el referido proceso contra Pedro Antonio G\u00f3mez Rivero y otros, en el que, por auto del 11 de noviembre de 2021, se dispuso que, el 8 de marzo de 2022, se adelantar\u00eda la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del CGP. <\/p>\n
El 7 de marzo de 2022, la apoderada de los accionantes (all\u00e1 demandantes) present\u00f3 un memorial solicitando el aplazamiento de la diligencia, en consideraci\u00f3n a su estado de salud, para lo cual adjunt\u00f3 incapacidad m\u00e9dica por 3 d\u00edas, del 6 al 8 de marzo de 2022, con diagn\u00f3stico de \u00abRinofaringitis aguda\u00bb y \u00abDisfonia\u00bb. En la misma fecha, la secretaria del Juzgado le respondi\u00f3 que, \u00abPor instrucciones del nominador del Despacho, me permito informarle que no se va a acceder a la solicitud de aplazamiento, advirti\u00e9ndose que su petici\u00f3n ser\u00e1 resuelta en la diligencia prevista para ma\u00f1ana, en los t\u00e9rminos aqu\u00ed indicados\u00bb. <\/p>\n
La audiencia se practic\u00f3 el d\u00eda programado, con ausencia de los demandantes y de su apoderada y en presencia de la parte pasiva. En esta, el Juzgado accionado resolvi\u00f3 \u00abno acceder a la solicitud de aplazamiento elevada por la apoderada de la parte demandante\u00bb e impuso una multa de 5 SMLMV a cada uno de los demandantes, ante su inasistencia, y otorg\u00f3 3 d\u00edas para que presentaran la respectiva justificaci\u00f3n, aclarando que se tendr\u00edan en cuenta \u00absiempre y cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado\u00bb. <\/p>\n
El 11 de marzo siguiente, la apoderada de la parte activa radic\u00f3 dos escritos que denomin\u00f3 \u00abJUSTIFICACI\u00d3N NO COMPARECENCIA\u00bb y \u00abCOMPLEMENTACI\u00d3N DE JUSTIFICACI\u00d3N NO COMPARECENCIA\u00bb, informando que ten\u00eda prueba de COVID positiva (practicada el 9 de marzo de 2022) y que sus poderdantes \u00abno ten\u00edan conectividad, dado los problemas que presenta las redes de internet, d\u00e1ndose una causa justificada de fuerza mayor\u00bb; aport\u00f3, con el segundo memorial, unas declaraciones extraprocesales de sus mandantes, en las que manifestaron la imposibilidad de conectarse a la audiencia, debido a las fallas de internet en el municipio de Tame, Arauca; por tanto, solicit\u00f3 que se anule \u00abla decisi\u00f3n proferida el d\u00eda ocho (8) de marzo del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2.022) y en su lugar, se ordene rehacer esta etapa procesal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En auto del 5 de mayo de 20221, el Juzgado advirti\u00f3 que no era claro \u00absi el objetivo de la abogada era proponer un incidente de nulidad, interponer un recurso o justificar su inasistencia a la audiencia inicial\u00bb; no obstante, resolvi\u00f3 \u00abNo acceder a la anulaci\u00f3n y reprogramaci\u00f3n de la audiencia inicial\u00bb y \u00abNO ADMITIR la justificaci\u00f3n de inasistencia a la audiencia inicial allegada por parte de los demandantes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La parte actora argument\u00f3 que en la decisi\u00f3n atacada se omitieron las formas propias del juicio sobre la justificaci\u00f3n de la inasistencia y agreg\u00f3 que el Juzgado no valor\u00f3 las declaraciones juramentadas de los demandantes. A\u00f1adi\u00f3 que el Juez \u00abobvi\u00f3 su poder oficioso en calidad de garante del debido proceso para decretar la nulidad de la audiencia inicial\u00bb y omiti\u00f3 el precedente jurisprudencial sobre la improcedencia de la sanci\u00f3n, cuando se justifica en forma oportuna la inasistencia. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, decretar la nulidad de los autos del 8 de marzo y del 5 de mayo de 2022 y que se ordene rehacer la audiencia inicial. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado \u00danico Promiscuo Civil del Circuito de Saravena justific\u00f3 las decisiones implementadas por la inasistencia de los demandantes y de su apoderada a la audiencia inicial y solicit\u00f3 negar el amparo, por no estar reunidos los presupuestos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado de Gas Gombel S.A. inst\u00f3 no acceder a las pretensiones, en virtud de que la suspensi\u00f3n o aplazamiento de la audiencia procede cuando la causa proviene de las partes y no de sus apoderados. Indic\u00f3 que, si los accionantes no pod\u00edan asistir a la diligencia y requer\u00edan de su reprogramaci\u00f3n, debieron exponerlo oportunamente, y agreg\u00f3 que no se pod\u00edan revivir oportunidades perdidas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar razonable la decisi\u00f3n cuestionada, pues, seg\u00fan lo contemplado en el art\u00edculo 372 del CGP y la jurisprudencia de esta Sala, las partes son las que pueden solicitar el aplazamiento de la audiencia y no los apoderados. Igualmente, afirm\u00f3 que la excusa allegada con posterioridad a la diligencia debe sustentarse en fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad e irresistibilidad, circunstancias que no se configuraron en este caso. <\/p>\n
En cuanto a la inasistencia de la apoderada, consider\u00f3 que, si bien acredit\u00f3 una incapacidad m\u00e9dica, esta no revela enfermedad grave, \u00abque le impidiera sustituir el poder a otro profesional del derecho\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la justificaci\u00f3n aportada, previo a la audiencia, si bien no interrumpi\u00f3 el proceso, se tuvo en cuenta para exonerar a la apoderada de la sanci\u00f3n pecuniaria. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, reiterando los problemas de conectividad que tuvieron y su car\u00e1cter de fuerza mayor, dado que \u00abnadie sabe cu\u00e1ndo se puede da\u00f1ar el internet o cuando se cae la se\u00f1al del sat\u00e9lite\u00bb. En cuanto a la gravedad de la enfermedad de su apoderada, sostuvieron que la comunidad cient\u00edfica es la que debe determinarla, pues el operador judicial no es profesional id\u00f3neo, y advirtieron que \u00abResulta inadmisible que se contin\u00fae con el desarrollo del proceso sin celebrarse con la abogada una audiencia inicial\u00bb, ya que, con el referido estado de salud, era imposible contactar a un abogado, para que, sin conocimiento alguno del caso, reemplazara a su mandataria. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, los tutelantes pretenden la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, que consideran vulnerados con las decisiones proferidas por el Juzgado accionado en la audiencia del 8 de marzo de 2022 y en el auto del 5 de mayo siguiente, mediante las cuales se neg\u00f3 la justificaci\u00f3n de su inasistencia y la de su apoderada a la audiencia inicial, para que fuera aplazada, y se les impuso una multa por ese motivo. <\/p>\n
2. Verificado el material probatorio, se observa que la parte activa alleg\u00f3 dos escritos para justificar su inasistencia a la referida audiencia inicial. Frente a estos, el accionado profiri\u00f3 el auto del 5 de mayo de 2022, en el que cit\u00f3, inicialmente, la sentencia STC2327-2018 de esta Sala, para destacar que, seg\u00fan la norma referida up supra, se permite suspender o aplazar la audiencia inicial cuando la causa justificativa proviene de las partes, por lo que \u00abel r\u00e9gimen de inasistencia previsto en esa disposici\u00f3n se dirige fundamentalmente a ellas, no a sus defensores\u00bb, quienes est\u00e1n supeditados al r\u00e9gimen del art\u00edculo 159 del estatuto procesal. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que existe una diferencia entre la excusa presentada anticipadamente y la justificaci\u00f3n de inasistencia radicada luego de concluida la diligencia, \u00abpuesto que la norma se enfoca a resaltar que si la parte puede asistir pero no el apoderado, no hay lugar a excusa, debido a que este bien puede sustituir el poder para dicha diligencia\u00bb, a menos que se encuentren incursos en alguna de las causales de interrupci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 159 del CGP, resaltando que, de acuerdo con el precedente de esta Corte, \u00abla enfermedad grave del apoderado debe tener tal entidad que le impida al presunto afectado cumplir absolutamente sus actividades\u00bb, concluyendo que la padecida por la abogada de los demandantes no ten\u00eda tal envergadura. <\/p>\n
Por su parte, la excusa subsiguiente pretende que no se impongan sanciones, raz\u00f3n por la cual, ante la prueba sumaria allegada por la apoderada para justificar su inasistencia, no se impuso sanci\u00f3n alguna en su contra, y s\u00f3lo fueron multados sus poderdantes, quienes no justificaron su ausencia, \u00abpues si los accionantes no pod\u00edan asistir a la diligencia y requer\u00edan de su reprogramaci\u00f3n, debieron exponerlo oportunamente a trav\u00e9s de cualquiera de los canales habilitados por el Despacho para la atenci\u00f3n de los usuarios\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, conforme al inciso 3\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 372 del CGP, la justificaci\u00f3n por inasistencia a esa diligencia presentada con posterioridad \u00absolo se apreciar\u00e1 si se aporta dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la fecha en que se llev\u00f3 a cabo, admiti\u00e9ndose \u00fanica y exclusivamente si se trata de fuerza mayor o caso fortuito\u00bb, circunstancia que, seg\u00fan el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia, debe ser imprevisible e irresistible y, en tal sentido, \u00abla dificultad de las partes frente al acceso a internet\u00bb no cumple con esas caracter\u00edsticas. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron satisfactoriamente los argumentos reiterados en sede de tutela. <\/p>\n
En ese orden, se advierte que, aunque la apoderada aleg\u00f3 una enfermedad grave, las evidencias no dieron cuenta de la imposibilidad absoluta para el cumplimiento de su labor profesional, tanto que aqu\u00e9lla pudo librar comunicaciones al Despacho. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, ha dicho la Sala que: <\/p>\n
La enfermedad del apoderado judicial con capacidad para interrumpir la actuaci\u00f3n, ha de ser la acreditada como \u201cgrave\u201d, es decir, aquella afecci\u00f3n f\u00edsica o intelectualmente impeditiva de cumplir la gesti\u00f3n profesional encomendada, ya de manera directa, ora por interpuesta persona. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho aspecto, esta Corporaci\u00f3n en CSJ AC 7 dic. 2000, rad. 5570, record\u00f3: \u2026 <\/p>\n
Por tanto, no toda alteraci\u00f3n de la salud se erige en causal de interrupci\u00f3n del proceso, sino solo aquella adjetivada de \u201cgrave\u201d, connotaci\u00f3n de la cual carecen las incapacidades m\u00e9dicas llanas, e inclusive, las enfermedades catalogadas como catastr\u00f3ficas, cuando a pesar de ellas, le permiten a la persona el ejercicio de sus funciones intelectivas o desplegar labores cotidianas\u2026 <\/p>\n
Con base en lo precedentemente se\u00f1alado, como la reposicionista no desvirtu\u00f3 el raciocinio efectuado en el prove\u00eddo atacado, pues no demostr\u00f3 de manera fehaciente que la afecci\u00f3n generadora de las incapacidades m\u00e9dicas expedidas, constituya \u201cenfermedad grave\u201d, el segundo motivo de interrupci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso, no se estructura, lo cual impone mantener inmodificable la providencia recurrida. CSJ AC5329-2016, reiterado en CSJ STC10000-2022. <\/p>\n
A su vez, en un asunto de contornos similares al ac\u00e1 debatido, en el que se discuti\u00f3 sobre la realizaci\u00f3n de una audiencia, a pesar de que el apoderado de la parte no pudo participar, debido a problemas de conectividad, la Sala sostuvo: <\/p>\n
Frente al particular, resulta relevante destacar que, ante las circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria y, en aras de dar continuidad y garantizar la administraci\u00f3n de la justicia, la legislaci\u00f3n vigente grav\u00f3 a las partes y a sus apoderados con el deber de proveerse de los medios tecnol\u00f3gicos necesarios para procurar su conectividad a las diligencias que se surtan por esa v\u00eda, incluyendo, naturalmente, un adecuado acceso a internet. En esos t\u00e9rminos, el art\u00edculo 3 del Decreto 806 es claro en establecer que es obligaci\u00f3n \u201cde los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a trav\u00e9s de medios tecnol\u00f3gicos\u201d \u2026 <\/p>\n
\u2026m\u00e1xime, si se tiene en cuenta que es deber del director del proceso adelantar las diligencias con celeridad y velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n (cfr. art. 42.1 CGP). Por lo expuesto, los reproches enfilados en torno a este aspecto no salen avante. CSJ STC5700-2022. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto deneg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 40, expediente 2018-00296-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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