STC10388-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10388-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01274-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversora Manare Ltda. en contra de la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la sociedad impulsora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.2. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el apoderado de la interesada formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n1, bajo el argumento de que debi\u00f3 designarse, como promotor, al representante legal de la sociedad y no a un auxiliar de la justicia. <\/p>\n
2.3. El 20 de enero de 2022, la entidad querellada rechaz\u00f3 el recurso, por improcedente, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
3. Al respecto, la empresa gestora reprocha que, en la demanda, solicit\u00f3 que se nombrara a su representante legal como promotor, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 35 de la Ley 1429 de 2010, norma que fue desconocida por la autoridad accionada, al designar a un auxiliar de la justicia en dicha calidad, sin motivaci\u00f3n alguna. Argumenta que, si bien esa disposici\u00f3n contempla que se puede seleccionar a un tercero como promotor, ello debe obedecer a un estudio de las causales previstas, las cuales, en su criterio, no se configuraron; adem\u00e1s, que con esa determinaci\u00f3n se hace m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n financiera, por los honorarios que debe asumir. <\/p>\n
Con estribo en ello, pretende que dejen sin efectos los pronunciamientos de 9 de noviembre de 2021 y de 20 de enero de 2022 y, en su lugar, se le \u00abasignen las funciones de promotor [a su] representante legal\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Superintendencia convocada solicit\u00f3 desestimar el ruego, indicando que su proceder se ci\u00f1\u00f3 a lo prescrito en el art\u00edculo 35 de la Ley 1429 de 2010. <\/p>\n
2. El promotor designado, Herbert Giovanni \u00c1lvarez Cruz, se opuso a la prosperidad de las s\u00faplicas, por cuanto considera que su elecci\u00f3n se efectu\u00f3 con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al no encontrar irregularidad alguna en la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad querellada, pues se ajust\u00f3 a lo dispuesto en la legislaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el extremo activo, insistiendo en lo narrado en el escrito introductorio y haciendo \u00e9nfasis en que el precepto 35 de la Ley 1429 de 2010 establec\u00eda unos criterios espec\u00edficos para no nombrar como promotor al representante legal de la sociedad (\u00abimportancia de la empresa, el monto de sus pasivos, el n\u00famero de acreedores, el car\u00e1cter internacional de la operaci\u00f3n, la existencia de anomal\u00edas en su contabilidad y el incumplimiento de obligaciones legales por parte del deudor\u00bb), cuya constataci\u00f3n concurrente resultaba obligatoria para determinar, por v\u00eda de excepci\u00f3n, la procedencia de la designaci\u00f3n de un auxiliar de la justicia, los cuales no fueron analizados. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el mandatario judicial de la sociedad impulsora exige que se dejen sin efectos los autos de 9 de noviembre de 2021 y de 20 de enero de 2022, emanados de la Superintendencia demandada y que, en su lugar, se designe a su representante legal en el cargo de promotor en el decurso concursal que ante dicha entidad se gestiona. <\/p>\n
2. Frente a lo planteado, advierte la Sala que el ruego propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en vista de que no satisface el requisito de la tempestividad, toda vez que, entre la fecha del auto que admiti\u00f3 a la empresa al proceso de reorganizaci\u00f3n y design\u00f3 al promotor -de 9 de noviembre de 20212- y aquella de reparto del amparo (2 de junio de 2022), han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el citado presupuesto ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar la salvaguarda constitucional, s\u00ed se impone promoverla en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Al respecto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
2.1. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb3. Bajo este contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del requisito de inmediatez y, por tanto, la salvaguarda propuesta se torna improcedente. <\/p>\n
En ese sentido, en un caso similar, la Corte precis\u00f3: <\/p>\n
De la evidencia allegada, muy pronto se advierte que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque respecto de la directriz atacada proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de la sentencia cuestionada (15 dic. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 ag. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y doce (12) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ahora, contrario a lo apreciado por los precursores, en el sub lite no se encuentra satisfecho dicho \u2018presupuesto\u2019, como quiera que el debate suscitado en dicho asunto se cerr\u00f3 con el fallo confutado y no cuando el juzgador del circuito dilucid\u00f3 el \u2018recurso de queja\u2019 propuesto -15 mar. 2021-, habida cuenta de la inidoneidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, al tratarse de un juicio \u2018verbal sumario\u2019, por ende, de \u00fanica instancia. (Se resalta, CSJ, STC13613-2021). <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, la Sala ha concluido, respecto de los recursos improcedentes y el t\u00e9rmino de inmediatez, que las \u00abfalencias de los interesados en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del respectivo proceso no excusan el requisito de interposici\u00f3n oportuna de esta acci\u00f3n excepcional y subsidiaria\u00bb (CSJ STC521-2022). <\/p>\n
3. Corolario de lo razonado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuento neg\u00f3 el auxilio implorado, pero por lo aqu\u00ed consignado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Enviado por correo electr\u00f3nico el 16 de noviembre de 2021 (17:03 pm). <\/p>\n
2\u0002 Recurrida por la parte interesada, seg\u00fan correo enviado el 16 de noviembre de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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