STC10390-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10390-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01324-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del 10 de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la salvaguarda exigida por Jorge Ernesto Montoya Uribe en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y el Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio -Cundinamarca-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 110013103023201200485001. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, recta administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales querelladas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Rosalba G\u00f3mez de Lobelo instaur\u00f3 una demanda ejecutiva en contra de Patricia Mej\u00eda Sendoya y Jorge Ernesto Montoya Uribe, que correspondi\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que profiri\u00f3 sentencia el 26 de marzo de 2014, en la que se declararon probadas algunas excepciones, se negaron otras y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Decisi\u00f3n que fue apelada y, el 21 de julio de 2014, se revocaron algunos numerales de la sentencia de primera instancia y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n sobre la totalidad de los t\u00edtulos base de cobro. <\/p>\n
2.2. Aprobadas las liquidaciones de costas y del cr\u00e9dito, por auto del 13 de septiembre de 2019 se se\u00f1al\u00f3 fecha de remate del inmueble involucrado en el proceso, que se llev\u00f3 a cabo el 15 de octubre siguiente, siendo aprobado el 22 de octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. El tutelante narr\u00f3 que, con antelaci\u00f3n al remate, el 26 de julio de 2019, solicit\u00f3 que se le concediera amparo de pobreza, que fue otorgado el 22 de octubre posterior, designando un apoderado, que \u00abnunca se notific\u00f3, ni acept\u00f3 el cargo que se le hizo, ni mucho menos, ejerci\u00f3 el mismo\u00bb. <\/p>\n
3. El promotor considera que, debido al amparo de pobreza que solicit\u00f3, se present\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n del proceso en los t\u00e9rminos consagrados en el inciso final del art\u00edculo 161 del c\u00f3digo general del proceso por darse la circunstancia prevista en la disposici\u00f3n especial contenida en el art\u00edculo 152 de la codificaci\u00f3n antes indicada\u00bb, de manera que el proceso deb\u00eda interrumpirse hasta que el encargo fuera aceptado por su apoderado, lo cual no sucedi\u00f3, pues sigui\u00f3 su curso hasta la diligencia de entrega del bien rematado, de modo que se afect\u00f3 su derecho de defensa. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias indic\u00f3 que, el 21 de junio de 2022, el accionante remiti\u00f3 una solicitud de nulidad al correo institucional, invocando la causal 3\u00b0 del art\u00edculo 133 del C.G.P., en la medida en que el proceso ejecutivo sigui\u00f3 su tr\u00e1mite, a pesar de que el abogado que se le design\u00f3 en amparo de pobreza nunca intervino en su defensa. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, dado que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. Se\u00f1al\u00f3 que tramit\u00f3 el despacho comisorio 046 proveniente del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y que las partes acordaron que la entrega del inmueble se realizar\u00eda el 28 de junio de 2022. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 sostuvo que, \u00aben aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el acuerdo PSAA-13-9984 de septiembre 5 de 2013, el expediente arriba referido se remiti\u00f3 a la oficina de apoyo para los juzgados civiles del circuito\u00bb, por lo que el conocimiento del asunto fue asignado al juzgado de ejecuci\u00f3n accionado y ello \u00able imposibilita el pronunciamiento de fondo\u00bb. <\/p>\n
4. Jaime Alberto Mendieta Pineda, adjudicatario en el proceso ejecutivo, respald\u00f3 la legalidad de lo actuado y aleg\u00f3 la improcedencia de la tutela, toda vez que la nulidad formulada es \u00abde mala fe [y] fue presentada el 21 de junio de 2022, por un hecho que sucedi\u00f3 hace mas de cuatro a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda exigida, por improcedente, ya que \u00abhasta el momento no se ha resuelto la solicitud de anulaci\u00f3n, formulada el 21 de junio del a\u00f1o en curso, esto es, el mismo d\u00eda que se radic\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la parte actora, quien insisti\u00f3 en los argumentos iniciales de la tutela y manifest\u00f3 que, si bien en este caso se demostr\u00f3 el hecho que gener\u00f3 la solicitud de amparo y la violaci\u00f3n de mis derechos fundamentales, \u00abse me revictimiza con los infundados argumentos all\u00ed expuestos que en nada corresponden a lo realmente acontecido convirtiendo as\u00ed la acci\u00f3n de tutela en un mecanismo simb\u00f3lico frente al atropello de que estoy siendo v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se suspenda el proceso ejecutivo de radicado 2012-00485, hasta que se resuelva la solicitud de nulidad que formul\u00f3 el 21 de junio pasado, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto, una vez concedido el amparo de pobreza el 22 de octubre de 2019, se design\u00f3 un abogado, que nunca se notific\u00f3 ni actu\u00f3 en el proceso; pese a ello, el asunto sigui\u00f3 su tr\u00e1mite, hasta fijar fecha para la entrega del inmueble involucrado en el proceso el 28 de junio de 2022. <\/p>\n
2. Vistas las actuaciones procesales, advierte esta Sala que, en efecto, como lo dictamin\u00f3 el a quo constitucional, la salvaguarda propuesta es improcedente, pues la nulidad impetrada por el actor el 22 de junio de 2022 ingres\u00f3 al Despacho el 5 de agosto del a\u00f1o en curso2, por lo que aqu\u00e9lla estaba en tr\u00e1mite al momento de instaurar la tutela. <\/p>\n
En ese orden, la Sala concluye la inviabilidad del ruego incoado, por cuanto resulta prematuro, pues, como se observa, la solicitud elevada por el tutelante dirigida a que se declare la nulidad del proceso ejecutivo seguido en su contra se encontraba en curso, asunto en el cual el operador judicial podr\u00eda adoptar las determinaciones pertinentes en torno las actuaciones adelantadas y, por lo mismo, no le es dable al Juez constitucional sustituir la competencia de la autoridad natural y emitir una decisi\u00f3n anticipada, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna la acci\u00f3n de tutela. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que <\/p>\n
\u2026es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026). STC11209-2020. <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha sostenido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. STC5325-2019, se subraya. <\/p>\n
4. Por lo razonado, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Rosalba G\u00f3mez de Lobelo y Patricia Mej\u00eda Sendoya. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan informaci\u00f3n registrada en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial. <\/p>\n
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