STC10393-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10393-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 7 de junio de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por Gloria Luc\u00eda Escalante -en nombre propio y en representaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Temporal de Alumbrado P\u00fablico El Cerrito-, contra los Juzgados Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Buga y Promiscuo Municipal de San Juan Bautista de Guacar\u00ed – Valle del Cauca. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00155, y el incidente de desacato 2021-00224. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior de las causas referidas. <\/p>\n
2.1. Alfonso Soto C\u00e1rdenas promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la mencionada entidad. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Municipal accionado, el cual, con fallo del 23 de septiembre de 2021 concedi\u00f3 el amparo implorado. En consecuencia, orden\u00f3 a la accionada que dispusiera el reintegro del se\u00f1or Soto al cargo que desempe\u00f1aba, \u00abmientras se agotan los recursos ordinarios ante la jurisdicci\u00f3n laboral o, si no hiciere, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia\u00bb. Asimismo, la cancelaci\u00f3n de los salarios y prestaciones dejados de percibir. <\/p>\n
2.2. Tal determinaci\u00f3n fue impugnada y confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Buga, el 10 de noviembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. La actora sostuvo que el 27 de enero de 2022 le fue notificado el inicio del tr\u00e1mite incidental de desacato, pese a que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 4 meses y Alfonso Soto no hab\u00eda acudido a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Se\u00f1alo que el Juzgado de primera instancia -con prove\u00eddo del 15 de febrero de esta anualidad- determin\u00f3 que el t\u00e9rmino correspondiente a los 4 meses para acudir a la jurisdicci\u00f3n laboral se contabilizaba a partir de la sentencia de segunda instancia. Igualmente, le impuso sanci\u00f3n por desacato, que fue confirmada el 25 de febrero siguiente. <\/p>\n
2.4. Inconforme con ello, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela. La Sala Penal del Tribunal Superior de Buga -con fallo del 23 de marzo de 2022- ampar\u00f3 sus derechos fundamentales y dej\u00f3 sin efecto la providencia del 25 de febrero de 2022. Adem\u00e1s, orden\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga que, al desatar la consulta correspondiente a la sanci\u00f3n por desacato, tuviera en cuenta los argumentos referentes a la \u00abp\u00e9rdida de vigencia del fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.5. Manifest\u00f3 que el Juzgado del Circuito encarado -con prove\u00eddo del 30 de marzo de 2022- modific\u00f3 la sanci\u00f3n, reduci\u00e9ndola a un d\u00eda de arresto y una multa de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente. Auto en el que la mencionada autoridad Judicial consider\u00f3 que no hab\u00eda claridad desde cuando se deb\u00edan cumplir los 4 meses. <\/p>\n
2.6. En su sentir, con tal determinaci\u00f3n el Tribunal vinculado consider\u00f3 cumplido el fallo de tutela, sin tener en cuenta que la primera sentencia constitucional no se encontraba vigente. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se deje sin efecto el auto proferido por el Juzgado Penal del Circuito encarado el 30 de marzo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga1, manifest\u00f3 que se atiene \u00ab\u2026a lo resuelto en la sentencia de primera instancia proferida por esta Corporaci\u00f3n, aprobada mediante acta No. 85 del 23 de marzo del corriente a\u00f1o, y en el auto aprobado en acta No. 130 del 6 de mayo de 2022 a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 no dar apertura al incidente de desacato por el presunto incumplimiento a la mencionada providencia. Adjunto las decisiones en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Buga2 relat\u00f3 sus actuaciones. Y destac\u00f3 que \u00abno se puede rehacer el tr\u00e1mite de acci\u00f3n de tutela, como pretende la parte accionante, adem\u00e1s de ello se dio cumplimiento en debida forma a lo ordenado por el Honorable Despacho Judicial de la doctora MARTHA LILIANA BERTIN GALLEGO, ampliando la motivaci\u00f3n de la consulta de desacato, haciendo una valoraci\u00f3n y equilibrio sobre lo peticionado, sobre el cumplimiento del fallo de primera instancia y que fuere confirmado en segunda instancia, de igual manera, lo manifestado por el se\u00f1or ALFONSO SOTO CARDENAS, a quien se le contin\u00faan vulnerando sus derechos fundamentales, los cuales fueron salvaguardados\u00bb. Motivo por el cual pidi\u00f3 que se niegue el amparo. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n3, sostuvo que \u00ablas actuaciones y pretensiones que dan origen a la presente acci\u00f3n constitucional se derivan del ejercicio propio de las funciones de la rama judicial, en particular del Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buga, Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan Bautista de Guacar\u00ed y el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tulu\u00e1 en su Sala Penal, y NO respecto del P.A.R. I.S.S en Liquidaci\u00f3n; por lo tanto, ser\u00e1n los mencionados despachos judiciales los competente para atender cualquier requerimiento realizado por los accionante\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan Bautista de Guacar\u00ed4, luego de narrar sus actuaciones, asever\u00f3 que \u00abno son de recibo las pretensiones de la demanda constitucional por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, por parte de las dos entidades judiciales accionadas, por su errada convicci\u00f3n que la sentencia proferida en primera y segunda instancia perdieron autom\u00e1ticamente su vigor, por cuanto el accionante dentro del t\u00e9rmino otorgado en la sentencia no acudi\u00f3 ante la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral; situaci\u00f3n que no comparte la judicatura; pues al no acatar las decisiones de los Jueces accionados, se adelant\u00f3 el incidente de desacato, durante el tr\u00e1mite se constat\u00f3 la responsabilidad subjetiva de la accionada, sin que se pueda predicarse por parte de la suscrita, un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del incidente de desacato\u00bb <\/p>\n
5. El representante legal de la ARL Sura5, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones6, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
7. Christian David Fern\u00e1ndez, apoderado del se\u00f1or Alfonso Soto7 manifest\u00f3 que \u00abla conducta endilgada por la parte accionante se evidencia como temeraria\u00bb, pues \u00abel mismo accionante en los hechos 10 y 11 de la acci\u00f3n de tutela, acepta que ya interpuso una acci\u00f3n de tutela en contra del mismo accionado de esta ocasi\u00f3n, con el fin de dejar sin efecto el auto que sanciona por desacato\u00bb Por lo que implor\u00f3 negar el amparo invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo resolvi\u00f3 negar el amparo invocado. Para ello, despu\u00e9s de descartar la temeridad, consider\u00f3 que \u00abrevisada la providencia objeto de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, no puede concluirse que aquella constituya una v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos que lo plante\u00f3 la demandante, como que de igual manera no puede aducirse con grado de acierto la existencia de alg\u00fan defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad del amparo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, determin\u00f3 que \u00abGLORIA LUC\u00cdA ESCALANTE MANZANO pretende que el juez de tutela realice un juicio de valor diferente al efectuado por la autoridad demandada y que en esta sede se acceda a sus pretensiones y se revoque la sanci\u00f3n por desacato impuesta, convirtiendo con su actuar, el mecanismo de amparo en una tercera instancia donde se haga eco de sus solicitudes, pero ello es improcedente, pues la tutela no es una fase adicional en la que se intente revivir etapas procesales ya fenecidas y que se sustentan en decisiones amparadas bajo las presunciones de acierto, legalidad y constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora insistiendo en los mismos argumentos planteados en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Para comenzar, se hace claridad que, entre los dos tr\u00e1mites constitucionales impetrados por la actora, existen claras diferencias. En efecto, la acci\u00f3n constitucional de radicado 2022-00155, se enfil\u00f3 contra las determinaciones proferidas el 15 y 25 de febrero de 2022, mientras que, en el presente amparo lo que se cuestiona es lo referente al prove\u00eddo dictado el 30 de marzo de este a\u00f1o. As\u00ed las cosas, se descarta la temeridad y se abordar\u00e1 el estudio de fondo de la presente acci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
3. Sobre el particular, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga con prove\u00eddo del 6 de mayo de 2022, al resolver sobre la procedencia de la apertura del tr\u00e1mite incidental promovido por la Uni\u00f3n Temporal Alumbrado P\u00fablico El Cerrito contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la misma Corporaci\u00f3n el 23 de marzo de 2022, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a no dad apertura incidente propuesto. Para ello, comenz\u00f3 por analizar si la providencia del 30 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, cumpli\u00f3 con lo dispuesto en el fallo de tutela. <\/p>\n
3.1. Para ello, destac\u00f3 que el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 8\u00ba del decreto 2591 \u00abotorga un t\u00e9rmino de 4 meses contados a partir del fallo de tutela para que el accionante acuda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria cuando se concede un amparo de manera transitoria, pero no indica de manera expresa que dicho t\u00e9rmino se debe contabilizar a partir de la sentencia de primera instancia, por lo que, partiendo de un an\u00e1lisis del concepto de \u201cFallo\u201d, el cual se constituye en una unidad cuando se emiten las sentencias de primera y segunda instancia en determinado caso, estableci\u00f3 que la contabilizaci\u00f3n del referido t\u00e9rmino tambi\u00e9n se puede realizar desde la providencia de segundo grado. Esto, adem\u00e1s, procurando el amparo efectivo de los derechos fundamentales de la parte que se advierte m\u00e1s vulnerable en el asunto en particular, desde la noci\u00f3n proteccionista que reviste a la norma analizada\u00bb. <\/p>\n
De lo dicho estableci\u00f3 que el Juzgado del Circuito atacado \u00abfij\u00f3 su postura estableciendo que los t\u00e9rminos para el cumplimiento del fallo transitorio se pueden contar desde el fallo de segunda instancia, a partir de una motivaci\u00f3n clara, razonable y plausible en punto del alcance del art\u00edculo 8 del decreto 2591 de 1991. Sin que sea este tr\u00e1mite incidental el mecanismo adecuado para debatir el acierto o no de una decisi\u00f3n judicial, pues, en el marco de la autonom\u00eda judicial, estas gozan de presunci\u00f3n de veracidad y acierto\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00abcomo quiera que el amparo constitucional emitido por esta instancia ten\u00eda por finalidad la protecci\u00f3n del debido proceso en torno a que la providencia proferida por el juzgado accionado fuese debidamente motivada, sin advertir ni sugerir el sentido de la misma, considera este Tribunal que la autoridad demandada cumpli\u00f3 con tal imperativo, en la medida que abord\u00f3 la tem\u00e1tica propuesta por la parte incidentada en ese caso\u00bb. Por lo tanto, consider\u00f3 que el auto debatido del 30 de marzo de 2022, proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, \u00abatendi\u00f3 la orden de tutela, pues se reitera, el despacho accionado expuso los motivos por los cuales consider\u00f3 que el fallo de tutela se encontraba vigente al momento de la interposici\u00f3n del incidente de desacato. De esta manera, ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales\u00bb. Y concluy\u00f3 que \u00abla orden judicial se encuentra cumplida a cabalidad y, por ende, ninguna finalidad comporta iniciar el tr\u00e1mite incidental descrito en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
4. Por otro lado, y en cuanto al cuestionamiento tra\u00eddo en la tutela, se observa que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Con Funci\u00f3n de Conocimiento de Buga, en el mencionado auto del 30 de marzo de 2022, luego de colegir que \u00abel comportamiento desplegado por dicha funcionaria, en especial la doctora GLORIA LUCIA ESCALANTE MANZANO como Representante Legal de la Uni\u00f3n Temporal Alumbrado P\u00fablico el Cerrito, a quien directamente se le dio la orden de cumplir con el precitado fallo tutelar (que incluy\u00f3 la orden de \u201c\u2026cancelar los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde su desvinculaci\u00f3n hasta su reintegro. En el evento que haya sido desvinculado a la seguridad social deber\u00e1 proceder a su afiliaci\u00f3n.) y encargada de cumplirlo, es indicativo de que, a \u00e9sta incidentada, no le asiste el \u00e1nimo de cumplir cabalmente con la sentencia de tutela\u00bb. Por lo cual, enfatiz\u00f3 que \u00aben el caso presente se configura el desacato, pues la entidad accionada, se ha rebelado al cumplimiento del fallo de tutela, situaci\u00f3n que lleva a inferir a esta instancia judicial sin mayores disquisiciones que la orden impartida deb\u00eda cumplirse, toda vez que se pone en total vulnerabilidad al accionante\u00bb. <\/p>\n
4.1. Respecto a la sanci\u00f3n impuesta a la libelista, resolvi\u00f3 modificarla teniendo en cuenta que \u00abde acuerdo a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia T-188 de 2002 la finalidad del incidente de desacato es \u201csancionar con arresto y multa, a quien desatienda las \u00f3rdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo\u201d. Es decir, el objeto del incidente no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado\u00bb. En consecuencia, aclar\u00f3 que \u00abla sanci\u00f3n que se impone al culminar el incidente por desacato es concebida como una de las formas a trav\u00e9s de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela cuando la persona obligada decidi\u00f3 no acatarla, en modo alguno como un castigo por el incumplimiento. Por lo expuesto se dispondr\u00e1 que la sanci\u00f3n sea de un (1) d\u00eda de arresto y multa equivalente a un (1) salarios m\u00ednimo legal mensual\u00bb. <\/p>\n
5. De lo transcrito esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal y el juez accionado, para esta Sala, las decisiones cuestionadas no podr\u00edan ser recibidas como irrazonables.8 Ello pues, fueron proferidas por las autoridades naturales, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
5.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
5.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-11. Anexo 124199Salapenalbuga.pdf. Carpeta 124199Respuestas. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-8. Anexo 124199J2ctobuga.pdf. Carpeta 124199Respuestas. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-5. Anexo 124199Pariss.pdf. Carpeta 124199Respuestas. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-5. Anexo 124199Juzgadopromiscuo.pdf. Carpeta 124199Respuestas. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-16. Anexo 124199Segurosvidasuramericana.pdf. Carpeta124199Respuestas. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-5. Anexo 124199Colpensiones.pdf. Carpeta 124199Respuestas. <\/p>\n
7\u0002 Folio 6-18. Anexo 124199Apoderadoalfonso.pdf. Carpeta 124199Respuestas. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC10393-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10393-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01047-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66042","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66042"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66042\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}