STC10398-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10398-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76111-22-13-000-2022-00095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga el 30 de junio de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Matilde Verastegui de Vivas y Marino Vivas Jim\u00e9nez, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a Ovidio Zuluaga Ospina. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores reclamaron la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad cuestionada al interior del proceso de radicado 1999-00055-00. <\/p>\n
2. Ovidio Zuluaga Ospina promovi\u00f3 proceso de resoluci\u00f3n de contrato y reconocimiento de mejoras en contra de los quejosos. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado cuestionado, el cual -con sentencia del 30 de septiembre de 2002- accedi\u00f3 a las pretensiones. A su vez, le impuso al demandante la obligaci\u00f3n de restituir el inmueble, previ\u00f3 al pago de los actores por la suma de $70.912.575 y $32.000.000. Ello por concepto de mejoras y el precio recibido con los intereses causados. Igualmente, concedi\u00f3 al demandante el derecho de retenci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Narraron que, con el fin de obtener la entrega del inmueble consignaron a \u00f3rdenes del Juzgado la suma de $70.912.575, correspondiente a las mejoras. No obstante, la autoridad enjuiciada \u00abest\u00e1 exigiendo a los suscritos que se deben cancelar todos los montos econ\u00f3micos o dinerarios mencionados en la sentencia del 30 de septiembre de 2002\u00bb. <\/p>\n
2.2. Inconformes con tal decisi\u00f3n, presentaron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n. Sin embargo, el despacho encarado con prove\u00eddo del 2 de mayo de 2022 mantuvo su postura. <\/p>\n
2.3. Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga -con fallo del 13 de junio de ese a\u00f1o- resolvi\u00f3 determinar que el auto es inapelable pues, lo proferido por el juez no decide nada, sino que est\u00e1 exigiendo es el cumplimiento de una situaci\u00f3n que no es apelable. <\/p>\n
2.4. Manifestaron que cumplir con lo pedido por el Juzgado atacado, es ir m\u00e1s all\u00e1 de lo ordenado por el art\u00edculo 310 del C.G.P., pues \u00abse nos estar\u00eda obligando a cancelar sumas de dinero que est\u00e1n prescritas, como lo es la suma de $32.000.000\u00bb. Informaron que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedonia-Valle, se est\u00e1 ventilando un proceso de prescripci\u00f3n extintiva de la suma referida. Adem\u00e1s, indicaron que la autoridad censurada \u00abNOS ESTA EXIGIENDO pagar valores adicionales a los que realmente corresponden a las mejoras, y del cual depende EL DERECHO DE RETENCION del inmueble\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicitaron que no se les \u00abobligue a cancelar otras sumas dinerarias que no guardan relaci\u00f3n con la RETENCION\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira1, luego de relatar sus actuaciones, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la actuaci\u00f3n no se ha cometido irregularidad alguna y se le han brindado a los sujetos procesales, todas las garant\u00edas del caso\u00bb. Remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
2. Ovidio Zuluaga Ospina2, solicit\u00f3 negar por improcedente el amparo, toda vez que, las providencias proferidas por el accionado, fueron emitidas conforme a derecho, sin que se haya incurrido en ninguna vulneraci\u00f3n al debido proceso de los actores. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que \u00abla posici\u00f3n de los accionantes de considerar que la restituci\u00f3n del precio no se encuentra atada al derecho de retenci\u00f3n, es meramente subjetiva. En el plano objetivo no resiste ning\u00fan an\u00e1lisis, porque la distinci\u00f3n no la hac\u00eda el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y tampoco la contiene el canon 310 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Destac\u00f3 que \u00abmientras las obligaciones impuestas en la sentencia, no se hayan extinguido por los modos previstos en la ley (art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil), el derecho de retenci\u00f3n sigue vigente. Si hasta el momento se ha sufragado el valor de las mejoras, no lo relativo a la restituci\u00f3n del precio, la garant\u00eda del pago tampoco se ha podido terminar\u00bb. Por tanto, concluy\u00f3 que \u00abAl encontrarse que el juzgado no ha incurrido en ninguna falta calificada al exigir, para la entrega del inmueble, el pago de las condenas en favor del demandante, la tutela est\u00e1 llamada a su rotundo fracaso\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formularon los promotores basados en los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental de los accionantes con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 7 de febrero de 2022, con el cual los requiri\u00f3 para que den cumplimiento al numeral 4\u00ba y 5\u00ba de la sentencia emitida el 30 de septiembre siguiente que accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
2. Esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada se confirmar\u00e1, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, por lo que viene. <\/p>\n
3. Escrutados los elementos probatorios, se observa el Juzgado accionado -con sentencia del 30 de septiembre de 2002- resolvi\u00f3, entre otras: <\/p>\n
\u00ab2\u00b0- Declarar resuelto el contrato de compraventa celebrado entre el demandante OVIDIO ZULUAGA OSPINA, como comprador, y los demandados MARINO VIVAS JIMENEZ y MATILDE VERASTEGUI DE VIVAS, por medio de la escritura p\u00fablica No. 6889 del 4 de noviembre de 1994 de la Notaria Novena de Cali y respecto al bien inmueble de que trata la demanda incoada. <\/p>\n
3\u00b0- Como consecuencia de lo anterior, el demandante restituir\u00e1 a los demandados el bien inmueble en menci\u00f3n, una vez se d\u00e9 el pago de las mejoras por aquellas levantadas y conforme a lo que m\u00e1s adelante se resolver\u00e1. <\/p>\n
4\u00b0- Los demandados como vendedores, est\u00e1n obligados a restituir dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y a favor del comprador OVIDIO ZULUAGA OSPINA, la suma de treinta y dos millones de pesos (32.000.000.oo) que recibieron como precio de la compraventa, lo que har\u00e1n, con sus intereses causados, desde la fecha en que lo recibieron y conforme a la tasa estipulada por la superintendencia Bancaria. <\/p>\n
5\u00b0- Declarar que son de propiedad del demandante OVIDIO ZULUAGA OSPINA las mejoras por el levantadas en el inmueble en referencia y que quedaron determinadas y avaluadas en este proceso por un valor de setenta millones novecientos doce mil quinientos setenta y cinco pesos (70.912.575.oo). <\/p>\n
6\u00b0- Conceder al demandante y poseedor OVIDIO ZULUAGA OSPINA el derecho de retenci\u00f3n sobre las mejoras levantadas en el inmueble hasta tanto no se demuestre el pago de las mismas\u00bb <\/p>\n
3.1. Posteriormente, una vez realizada la consignaci\u00f3n en el Banco agrario de la suma de $ 70.920.575.oo, correspondientes a las mejoras ordenadas, los accionantes solicitaron al Juzgado la entrega del respectivo bien inmueble. Sin embargo, la misma autoridad -con auto del 7 de febrero de 2022- requiri\u00f3 a los peticionarios para que conforme al art\u00edculo 310 del C\u00f3digo General del Proceso, demostraran \u00abel acatamiento de lo ordenado en los numerales 4\u00ba y 5\u00ba de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia No. 025, fechada el d\u00eda 30 de septiembre de 2002, pues en el proceso no existe constancia de haberse efectuado los pagos de dichas sumas al demandante OVIDIO ZULUAGA OSPINA\u00bb. <\/p>\n
3.2. Inconformes con esa determinaci\u00f3n, los libelistas promovieron recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, los cuales fueron adversos a sus intereses. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, pretenden que se ordene al Juzgado accionado abstenerse de exigir el pago adicional al ya realizado, puesto que consideran que la restituci\u00f3n de los $32.000.000 de que trata el numeral 4\u00b0 de la sentencia se encuentra prescrito. <\/p>\n
4. De lo narrado se concluye la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, dada la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos alegados. Ello pues, la autoridad Judicial cuestionada -con auto del 7 de febrero de 2022- persigue la verificaci\u00f3n del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 30 de septiembre de 2002, y as\u00ed obtener los elementos probatorios con el fin de adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. En el punto, se comparte lo considerado por el a-quo constitucional, en el sentido de que si las \u00abobligaciones impuestas no se han extinguido por los modos previstos en la ley (art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil), el derecho de retenci\u00f3n sigue vigente\u00bb. Y, por supuesto, si solo se ha pagado la suma de las mejoras -no as\u00ed la restituci\u00f3n del precio-, la garant\u00eda del pago no se ha podido terminar. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, y en lo concerniente a que no se les obligue a cancelar sumas de dinero que no tengan que ver con la retenci\u00f3n, la Sala advierte que el Juez de tutela no est\u00e1 llamado a intervenir en asuntos de conocimiento del juez natural, m\u00e1xime cuando el tramite a\u00fan se encuentra en curso y paralelamente se lleva a cabo un proceso en el Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedonia Valle en el que se persigue la prescripci\u00f3n de la suma decretada en el numeral 4\u00b0 de la precitada sentencia. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se reafirmar\u00e1 el fallo materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-4. Anexo 006Juzgado5CivilCircuitoPalmira.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-4. Anexo 007OvidioZuluagaOspina.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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