STC10400-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 del 23 de junio de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Elvia Sierra Ayala contra el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00321. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad de armas y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se est\u00e1 tramitando el proceso de responsabilidad civil extracontractual, promovido por Elvia Sierra Ayala contra la sociedad Global Group Col S.A.S. y otros1, derivado de los da\u00f1os generados al inmueble ubicado en la Carrera 14 No. 103-54 de la capital de la rep\u00fablica. <\/p>\n
2.2. El estrado judicial -con auto del 8 de diciembre de 2019- le concedi\u00f3 a la demandante el amparo de pobreza peticionado2. <\/p>\n
2.3. En desarrollo de la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso -celebrada el 13 de mayo de 2022- el despacho decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas dentro de la causa, entre las cuales se encuentra un dictamen pericial para determinar el estado del fundo sobre el que gravita el pleito3. <\/p>\n
2.4. Elvia Sierra Ayala -a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico del 16 de mayo ulterior- remiti\u00f3 memorial solicit\u00e1ndole al juzgador realizar control de legalidad sobre la prueba ordenada de oficio4. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, se duele la gestora que al haber sido radicada la pr\u00e1ctica del peritaje a cargo de los demandados, se restringieron sus derechos fundamentales comoquiera que, al estar cobijada por el amparo de pobreza, no puede contratar un experto para presentar su propio dictamen. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene al juzgado accionado dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 229 del C\u00f3digo General del Proceso de cara a la designaci\u00f3n del perito para la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas de oficio. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Juez Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e15 solicit\u00f3 que fuera desestimada la salvaguarda debido a que la accionante no interpuso recurso alguno contra el auto del 13 de mayo de 2022. Asimismo, indic\u00f3 que el dictamen pericial que se adose a la causa \u00abser\u00e1 objeto de contradicci\u00f3n, as\u00ed que no entiende el despacho la supuesta transgresi\u00f3n alegada\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de Global Group Col S.A.S., Gabriel Ortiz y Mar\u00eda Paulina \u00c1lvarez6 manifest\u00f3 que las determinaciones adoptadas por el juez de instancia han sido fundamentadas de forma correcta, sin que se hayan violado los derechos fundamentales de la promotora. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo rogado por prematuro. Esto, bajo el entendido que \u00abel Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 tiene pendiente la resoluci\u00f3n de la solicitud nominada \u201csolicitud de control de legalidad – prueba de oficio\u201d que la promotora formul\u00f3 el pasado 16 de mayo\u00bb, por lo que, \u00abpara la fecha en que se instaur\u00f3 la presente acci\u00f3n, resulta prematura, por desconocerse la determinaci\u00f3n que tomar\u00e1 el funcionario judicial de conocimiento sobre tal pedimento\u00bb. Asimismo, advirti\u00f3 que no se evidencia la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas ius fundamentales de la actora, toda vez que \u00abel cuestionamiento formulado no representa la arbitrariedad denunciada con la repercusi\u00f3n sustancial en la garant\u00eda fundamental en los t\u00e9rminos alegados\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, rese\u00f1\u00f3 que tampoco se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, por tanto, no se abre pas\u00f3 la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo quien indic\u00f3 que se equivoc\u00f3 el a quo constitucional al rese\u00f1ar que el amparo era prematuro por cuanto \u00abel Art 169 Del C.G.P indica de forma rigurosa que las pruebas de oficio no son sometidas a ning\u00fan tipo de recurso; a\u00f1adiendo que \u00abno resulta prematura la presenta (sic) tutela constitucional porque el hecho en que se incorpore la prueba de oficio de forma ilegal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales de la actora, con ocasi\u00f3n del decreto de la prueba pericial a cargo de los demandados. Ello pues, seg\u00fan su parecer, no existe igualdad de armas ya que los expertos ser\u00e1n pagados por su contraparte, mientras que ella, al estar cobijada por el amparo de pobreza no puede aportar una experticia diferente. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a que el ruego implorado deviene prematuro. <\/p>\n
2.1. Escrutado el material probatorio se observa que la inconformidad de la quejosa frente a la determinaci\u00f3n adoptada en la audiencia del 13 de mayo de 2022, radica en que al decretarse de oficio el dictamen pericial con cargo a los demandados, se violan sus garant\u00edas superlativas puesto que no habr\u00e1 igualdad de armas en el escenario probatorio, por lo que, considera que la elecci\u00f3n del experto debe hacerse obligatoriamente sobre la base de lo estipulado en el canon 229 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No obstante, al no ser posible interponer recurso alguno contra dicha decisi\u00f3n de conformidad con lo rese\u00f1ado por el art\u00edculo 169 ibidem, la actora remiti\u00f3 memorial -en t\u00e9rminos casi id\u00e9nticos al de la presente acci\u00f3n- el 16 del mismo mes y a\u00f1o solicit\u00e1ndole al fallador de instancia que realizara un control de legalidad del auto que decret\u00f3 las pruebas, petitorio el cual se encuentra pendiente por resolver. <\/p>\n
2.2. De igual forma, refulge imperioso resaltar que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, el proceso cuestionado se encuentra en curso, espec\u00edficamente, acaba de ser aportado el dictamen pericial practicado. Por lo tanto, una vez se corra traslado de este, la se\u00f1ora Elvia Sierra Ayala, si a bien lo tiene, podr\u00e1 confutarlo. En este sentido, resulta menester se\u00f1alar que al no existir pronunciamiento de fondo en el sub judice no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, lo que da cuenta de las herramientas procesales con que a\u00fan cuenta la gestora para ejercer su defensa. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, es claro que la reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa; pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes. Al respecto, esta Corte ha reiterado que <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
3. Por lo argumentado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed argumentadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho primero de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Hecho segundo de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Hecho cuarto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Hecho quinto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cD110012203000202201262010Recepci\u00f3n 20memorial202261716167\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c2022617_D_RESPUESTA_ACCI\u00d3N DE TUTELA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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