STC10405-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10405-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00337-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 11 de julio de 2022, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo invocado por Carlos Mario Mart\u00ednez Rend\u00f3n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, la sociedad Agroindustrias Villa Claudia S.A., los se\u00f1ores Gloria Cecilia Sanabria Aponte, H\u00e9ctor Julio Hern\u00e1ndez Gallo, Jorge Enrique Garc\u00eda Harker, Juan Jos\u00e9 Berm\u00fadez Echeverry, Luz Helena Leal Diaz, Margarita L\u00f3pez Cely, Myriam Consuelo Parra Barrera, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, Rafael Enrique L\u00f3pez Cely, Rodrigo Armando Manrique M\u00e9ndez, Tito Eduardo Salcedo D\u00edaz y Mar\u00eda Celina L\u00f3pez de Lemus, as\u00ed como a la sociedad Inversiones El Chaparral S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor, en calidad de apoderado de la se\u00f1ora Mar\u00eda Celina L\u00f3pez de Lemus, demandada en el proceso con radicado 2010-0185-01, instaurado por Rafael Enrique L\u00f3pez Cely y otros, present\u00f3, el \u00ab19 (sic) de mayo del a\u00f1o 2022\u00bb, una solicitud de \u00abdesistimiento t\u00e1cito por haber ya transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os de inactividad dentro del referido proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2. Adujo que el despacho accionado no ha respondido su requerimiento y \u00abha realizado actuaciones y emitido autos, a pesar de existir una petici\u00f3n radicada anticipadamente\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar el derecho fundamental invocado y que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga que, en el t\u00e9rmino de 48 horas, \u00abproceda a resolver de fondo el Derecho de Petici\u00f3n de solicitud de Desistimiento T\u00e1cito presentado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga pidi\u00f3 negar el amparo, por cuanto \u00ablo allegado por el mismo corresponde a un memorial o solicitud elevada dentro de un proceso judicial de fecha 16\/05\/2022, como apoderado judicial de la demandada MARIA CELINA LOPEZ DE LEMUS\u00bb y, en esa medida, no se encontraba en la obligaci\u00f3n de emitir respuesta al accionante, en los t\u00e9rminos del derecho de petici\u00f3n, sino de imprimir el tr\u00e1mite a la referida solicitud procesal, la cual ya fue resuelta por auto del 1 de julio del a\u00f1o en curso, en el que se dispuso no proferir pronunciamiento alguno, toda vez que \u00abperdi\u00f3 competencia (\u2026) desde el pasado a\u00f1o 2019, \u00e9poca en la que se remiti\u00f3 de manera f\u00edsica y total el expediente del proceso\u00bb al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, \u00ablo que se traduce en que a la fecha no hay solicitud (\u2026) pendiente de tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la tutela versa sobre actuaciones que no fueron adelantadas por este despacho, aunado a que tampoco es procedente la terminaci\u00f3n del proceso 00185-01, por desistimiento t\u00e1cito, en raz\u00f3n a que hace parte del proceso de insolvencia anteriormente referido. <\/p>\n
3. La curadora ad litem de las se\u00f1oras Luz Helena Leal Diaz y Myriam Consuelo Parra Barrera afirm\u00f3 que se aten\u00eda a lo probado en el tr\u00e1mite de tutela. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por improcedente, al considerar que el aqu\u00ed accionante no est\u00e1 legitimado \u00abhabida cuenta que no es el titular de los derechos fundamentales que busca proteger, ni act\u00faa como agente oficioso de quien s\u00ed lo es\u00bb, es decir, la se\u00f1ora Mar\u00eda Celina L\u00f3pez de Lemus, a lo cual se sum\u00f3 que tampoco pod\u00eda ser considerado como apoderado de esta \u00faltima, dado que \u00abno aport\u00f3 poder especial\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si se superara la falta de legitimaci\u00f3n, el amparo tampoco saldr\u00eda avante, por carencia actual de objeto, por hecho superado, toda vez que la supuesta mora \u00abces\u00f3 durante el tr\u00e1mite de primera instancia, al proferirse el prove\u00eddo del 01 de julio de los corrientes, a trav\u00e9s del cual el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIAS DE BUCARAMANGA\u00bb manifest\u00f3 que se absten\u00eda de emitir pronunciamiento sobre la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, por falta de competencia. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y destac\u00f3 que present\u00f3 la tutela, para impedir que se lesionara un derecho constitucionalmente protegido de su representada en el proceso que se adelant\u00f3 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, dada \u00abla existencia de un mandato celebrado entre la demandada Mar\u00eda Celina L\u00f3pez de Lemus y este profesional del derecho\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo del derecho fundamental de petici\u00f3n, que considera vulnerado por la omisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga de pronunciarse sobre la solicitud de desistimiento t\u00e1cito presentada el 16 de mayo de 2022. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular del derecho fundamental cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Juzgado accionado, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indica que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya). CSJ STC1042-2019. <\/p>\n
Igualmente, debe resaltarse que, en torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados judiciales, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
\u2026(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el gestor pretende la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n de su representada en el juicio rebatido; sin embargo, de los documentos anexados se establece que aqu\u00e9l detent\u00f3 poder para representar a la se\u00f1ora Mar\u00eda Celina L\u00f3pez de Lemus en el proceso ejecutivo con radicado 2010-00185-01, pero no alleg\u00f3 poder especial para actuar en esta senda extraordinaria, en los t\u00e9rminos indicados, y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso, por lo cual resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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