STC10407-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10407-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00213-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por William Germ\u00e1n Jim\u00e9nez frente al fallo proferido el 1\u00ba de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Consejo Nacional Electoral, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y el candidato presidencial Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a ejercer de manera libre el sufragio, presuntamente conculcado por las autoridades y el particular accionados, al participar el \u00faltimo en la contienda presidencial, pese a estar inhabilitado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se establezca que \u00abel candidato Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez est\u00e1 incurso de inhabilidades (sic) para seguir en la contienda presidencial\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para definir este caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el actor que Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez fue alcalde de Bucaramanga entre el 2016 y el 2019, e intervino en el contrato de consultor\u00eda 096 de 2016 suscrito con la Empresa de Aseo de Bucaramanga y el ingeniero Jorge Hern\u00e1n Alarc\u00f3n Ayala, quien tendr\u00eda relaci\u00f3n con la empresa Vitalogic. <\/p>\n
2.2. En el mes de mayo de 2021 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n acus\u00f3 formalmente a Rodolfo Hern\u00e1ndez del delito de Inter\u00e9s indebido en la Celebraci\u00f3n de Contratos, que atenta contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que, seg\u00fan el accionante, inhabilita a aquel para aspirar a la Presidencia de la Rep\u00fablica, seg\u00fan el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 27 de la Ley 1475 de 2011, contienda para la cual se inscribi\u00f3 el 29 de julio de 2021 por el partido pol\u00edtico Liga Anticorrupci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Sostiene el gestor que la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral debieron ejercer control para impedir la mencionada irregularidad, por estar comprometida la honorabilidad de un importante cargo p\u00fablico, adem\u00e1s de vulnerarse el derecho de los electores a poder elegir a un candidato \u00abintachable en su honra\u00bb, m\u00e1xime cuando dicho pol\u00edtico financi\u00f3 su campa\u00f1a con su propio dinero. <\/p>\n
2.4. Asegur\u00f3 que, de ser elegido el mencionado candidato como Presidente de la Rep\u00fablica, \u00absu nombramiento estar\u00e1 viciado de inhabilidades que se encuentran enunciadas en la ley que se deben cumplir en obedecimiento a la Constituci\u00f3n y la Ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral precis\u00f3 que la inscripci\u00f3n del candidato se hace ante la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, sin que pueda intervenir en la misma, por lo cual consider\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no ser la entidad competente para satisfacer las pretensiones del accionante. <\/p>\n
2. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil se\u00f1al\u00f3 que cumpli\u00f3 con la verificaci\u00f3n de requisitos formales para la inscripci\u00f3n de los candidatos a la presidencia, de manera que, de existir alguna inhabilidad en uno de ellos, es el CNE el llamado a revocar la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al advertir que, para la finalidad perseguida con la tutela, el actor debi\u00f3 acudir primero ante el Consejo Nacional Electoral a hacer vales su descontento, dentro del t\u00e9rmino previsto en la Ley 130 de 1994, y agreg\u00f3 que, en todo caso, el estudio de la acci\u00f3n se tornaba inocuo por carencia actual de objeto, porque para la fecha del fallo constitucional ya se hab\u00eda surtido la elecci\u00f3n presidencial y exist\u00eda nuevo presidente electo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor haciendo \u00e9nfasis en que lo perseguido con la tutela es la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos a \u00abelegir un candidato presidencial que brinde todas las garant\u00edas electorales\u00bb, es decir, que no tenga impedimento alguno, cometido que no pudo procurar a trav\u00e9s de la acci\u00f3n ante el Consejo Nacional electoral, porque se enter\u00f3 del supuesto de inhabilidad del candidato Rodolfo Hern\u00e1ndez cuando faltaba una semana para la segunda vuelta de los comicios, y que tampoco puede buscar acudiendo a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, porque la definici\u00f3n del caso tardar\u00eda varios a\u00f1os. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con fundamento en tales premisas, la Corte anticipa la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado pero, exclusivamente, por la actual insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la proposici\u00f3n del resguardo, al advertir que, materializados los comicios del pasado 19 de junio para la elecci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica, surgi\u00f3 el correspondiente acto electoral definitivo frente al cual el quejoso cont\u00f3 o cuenta con la acci\u00f3n de nulidad electoral, mecanismo ordinario id\u00f3neo para cuestionar los actos preparatorios a dicha elecci\u00f3n, entre los cuales se encuentran el de inscripci\u00f3n de la candidatura para dicha contienda, situaci\u00f3n sobre la cual consider\u00f3 esta Sala en un asunto que guarda similitud con el presente, que, \u00aben efecto, tras la configuraci\u00f3n del acto definitivo que constituye la declaraci\u00f3n de elecci\u00f3n de los representantes a la C\u00e1mara por el departamento de Bol\u00edvar, era o es propicio criticar la legalidad de los actos preparatorios que dieron lugar al mismo (entre ellos la audiencia referida a espacio), como actos administrativos que son, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad electoral dispuesta en el canon 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC6372-2022). <\/p>\n
Consecuentemente, es de recordar que los actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica gozan de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que susciten deben ser develadas ante el operador competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar\u00bb, de modo provisorio, \u00abel objeto del proceso\u00bb, y entre ellas, la suspensi\u00f3n provisional de dichas manifestaciones, conforme a lo indicado en los art\u00edculos 229 y 230 -numeral 3\u00b0- de la codificaci\u00f3n en cita; aspecto que derruye lo aducido por el accionante en torno a la supuesta inidoneidad de este tipo de instrumento judicial y, por dem\u00e1s, cualquier viso de perjuicio irremediable, lo que torna inviable la protecci\u00f3n reclamada, incluso como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica ha dicho el Consejo de Estado que, <\/p>\n
58. Esta Sala de Decisi\u00f3n anticipa que confirmar\u00e1 la sentencia\u2026 a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar declar\u00f3 la improcedencia del amparo solicitado de acuerdo con los argumentos que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
59. En primer lugar, es necesario estudiar la naturaleza del acto controvertido por la accionante. Esta Secci\u00f3n, en su calidad de m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativo en materia electoral, ha reiterado1 la distinci\u00f3n que, de acuerdo con esta Corporaci\u00f3n, existe entre acto electoral y acto de contenido electoral. <\/p>\n
\u2022 Actos electorales: son aquellos que corresponden a decisiones administrativas por medio de las cuales se declara una elecci\u00f3n o se hace un nombramiento o designaci\u00f3n, como por ejemplo, los actos de elecci\u00f3n popular o de elecci\u00f3n de corporaciones electorales. <\/p>\n
\u2022 Actos de contenido electoral: en estos, la decisi\u00f3n administrativa afecta de alguna manera un acto electoral y cuentan con la virtualidad de influir en la decisi\u00f3n de elecci\u00f3n, nombramiento o designaci\u00f3n que se realiza. <\/p>\n
60. A su vez, el Consejo de Estado2 ha establecido que estos actos expedidos en cumplimiento de la funci\u00f3n electoral pueden distinguirse entre actos definitivos y de tr\u00e1mite, de la siguiente forma: <\/p>\n
\u2022 Actos definitivos: son los que contienen la decisi\u00f3n definitiva del electorado tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes y se constituyen como verdaderos actos electorales, seg\u00fan lo consagrado por el art\u00edculo 139 del CPACA, los cuales son pasibles de ser controlados, de forma exclusiva, por el medio de nulidad electoral. Son entonces aquellos por medio de los cuales se declara una elecci\u00f3n o se hace un nombramiento o designaci\u00f3n, como los actos de elecci\u00f3n popular o los de elecci\u00f3n por corporaciones electorales. <\/p>\n
\u2022 Actos de tr\u00e1mite o preparatorios: son aquellos proferidos en el devenir del procedimiento electoral, distintos de los actos electorales y que, por tanto, no son pasibles de control judicial de forma aut\u00f3noma. Estos actos ser\u00e1n controlados al examinar el acto definitivo, mediante el estudio de los actos que precedieron a la elecci\u00f3n cuando la autoridad judicial correspondiente estudia los cargos de la demanda presentada contra la designaci\u00f3n. Son, entonces, aquellos previos, pero necesarios para adoptar una decisi\u00f3n de fondo. En tal sentido, estos son demandables por medio de la nulidad electoral, pero de manera indirecta. <\/p>\n
61. Por lo expuesto con antelaci\u00f3n, es posible concluir que la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 1456 del 18 de febrero de 2022 proferida por el CNE que declar\u00f3 la validez de la modificaci\u00f3n de la lista de candidatos a la C\u00e1mara de Representantes de la coalici\u00f3n \u201cPacto hist\u00f3rico\u201d en el departamento de Bol\u00edvar, es un acto de tr\u00e1mite o preparatorio, pues si bien no contiene una decisi\u00f3n definitiva del electorado tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes, fue proferida en el devenir del procedimiento electoral y cuenta con la virtualidad de influir en dicha elecci\u00f3n. <\/p>\n
62. Por tanto, si bien en principio podr\u00eda afirmarse que\u2026 Villadiego Villadiego no cuenta con un mecanismo judicial para controvertir la legalidad del acto cuestionado, lo cierto es que actualmente existe un acto electoral de car\u00e1cter definitivo que es susceptible de control mediante la nulidad electoral. En efecto, en cumplimiento de sus funciones oficiosas como juez constitucional, esta Secci\u00f3n encontr\u00f3 que el 23 de marzo del 2022 el CNE expidi\u00f3 el formulario E-26 CAM por medio del cual se declararon electos los representantes a la C\u00e1mara por el departamento de Bol\u00edvar\u2026 <\/p>\n
63. En tal sentido, al existir un acto de car\u00e1cter definitivo al interior del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, la demandante cuenta con el medio de control de nulidad electoral para controvertir de manera indirecta la legalidad del acto cuestionado. Esto puede materializarse al demandar la elecci\u00f3n con fundamento en que la lista de la coalici\u00f3n del \u201cPacto Hist\u00f3rico\u201d estuvo presuntamente mal conformada, al existir un vicio de procedimiento en la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 la validez de dicha lista. Por tal motivo, al existir un mecanismo judicial id\u00f3neo, la presente acci\u00f3n constitucional se torna improcedente. <\/p>\n
64. Al respecto, la Corte Constitucional3 ha indicado que la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos de tr\u00e1mite s\u00f3lo es posible cuando el acto demandado cuenta con la virtualidad de definir una situaci\u00f3n especial y sustancial dentro del tr\u00e1mite y se ha proferido de manera palpablemente irrazonable o desproporcionada, lo que configura una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales. De esta forma, el Alto Tribunal ha considerado que: <\/p>\n
\u201cEn estos eventos, la acci\u00f3n de tutela act\u00faa como mecanismo definitivo sobre el acto de tr\u00e1mite, para encauzar el procedimiento administrativo en curso y permitir al afectado el ejercicio de las garant\u00edas del debido proceso, pero sin interferir en el sentido de la decisi\u00f3n definitiva que deba adoptar la Administraci\u00f3n y sin sustituir, por tanto, el control posterior de legalidad que corresponde ejercer a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u201d4 (Negrillas fuera del texto). <\/p>\n
65. A su vez, la Corte ha expuesto que cuando se interpone una tutela contra actos de esta naturaleza, uno de los requisitos para su procedencia es que el proceso dentro del cual se expidi\u00f3 el tr\u00e1mite no haya finalizado. En palabras de este Tribunal: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando en v\u00eda de tutela se alega la existencia de una v\u00eda de hecho en un acto de tr\u00e1mite, es necesario que la correspondiente actuaci\u00f3n administrativa no haya finalizado, pues al existir un acto administrativo definitivo, el interesado cuenta con un medio de defensa judicial efectivo (acci\u00f3n contenciosa), a trav\u00e9s del cual puede controvertir las irregularidades que a su juicio han sido cometidas por el Estado en la tramitaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa\u201d5 (Negrillas fuera del texto). <\/p>\n
66. De conformidad con lo desarrollado anteriormente, no es posible que esta Secci\u00f3n, en su calidad de juez constitucional, decida sobre el fondo del asunto en cuesti\u00f3n. Aunado a ello, se tiene que la accionante, en los escritos de tutela e impugnaci\u00f3n, no expuso ning\u00fan argumento relacionado con la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable o con la necesidad de establecer una medida de car\u00e1cter inminente, urgente e impostergable que posibilite desconocer el ejercicio del mecanismo judicial otorgado, en este caso, por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
67. As\u00ed las cosas, es evidente que esta acci\u00f3n constitucional es improcedente puesto que, existiendo otro mecanismo de defensa judicial que resulta id\u00f3neo y eficaz para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a este y no a la tutela. <\/p>\n
2.7. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
68. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisi\u00f3n confirmar\u00e1 la sentencia\u2026 a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar declar\u00f3 la improcedencia del amparo invocado por\u2026 Villadiego Villadiego, toda vez que cuenta con el medio de control de nulidad electoral para controvertir el acto administrativo objeto de censura (CE, Secci\u00f3n Quinta, 21 abr. 2022, rad. 2022-00128-01). <\/p>\n
3. Las anteriores consideraciones imponen la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias: CE, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 03.11.94, rad. 3104; Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Quinta, auto de 31.05.18, rad. 2018-00058-00; Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Quinta, auto de 18.05.18, rad. 2018-00050-00; Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Quinta, auto de 9.05.19, rad. 2019-00019-00. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias: CC C-557\/01 y T-123\/07. <\/p>\n
4\u0002 CC T-123\/07. <\/p>\n
5\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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