STC10410-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10410-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02529-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Axia Energ\u00eda S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2020-00040. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de segunda instancia de 22 de junio de 2022, mediante la cual el tribunal encartado confirm\u00f3 la prosecuci\u00f3n del coactivo que en su contra promovi\u00f3 Emgesa S.A. <\/p>\n
Afirma que no se tuvo en cuenta que el negocio jur\u00eddico que le subyace al pagar\u00e9 materia de ese recaudo, prev\u00e9 una cl\u00e1usula compromisoria que debi\u00f3 ser acatada por el ejecutante, antes de diligenciar el cartular, pues solo mediante un pronunciamiento judicial en firme era viable establecer la existencia y alcance del incumplimiento contractual que se le atribuy\u00f3 y en cuyo sustento se incorporaron al t\u00edtulo unas sumas que Axia Energ\u00eda realmente no adeuda. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicho prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Enel Colombia S.A. E.S.P. pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio, tras recalcar que la providencia objeto de censura no involucra una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal confirm\u00f3 la continuidad de la ejecuci\u00f3n promovida contra quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, al estudiar lo atinente a la excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria, en cuya configuraci\u00f3n insisti\u00f3 la convocada al formular sus reparos contra la sentencia de primera instancia, el tribunal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSostuvo la parte opositora que el fallador de primera instancia \u201cusurp\u00f3\u201d la competencia del juez arbitral al que las partes, de com\u00fan acuerdo, le confiaron la resoluci\u00f3n de las controversias derivadas del contrato de suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica (cl\u00e1usula 11 del anexo 2, \u201cReglamento de Prestaci\u00f3n de Servicio de Energ\u00eda de Axia Energ\u00eda a Generadores y Comercializadores del Mercado Mayorista\u201d 1), que subyace al pagar\u00e9. <\/p>\n
No es de recibo la aducci\u00f3n de esa circunstancia, que m\u00e1s parece la reiteraci\u00f3n de la invocaci\u00f3n de la desestimada excepci\u00f3n previa de \u201ccompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u201d, respecto de la cual ya se pronunci\u00f3, de manera adversa, la juez de primer grado mediante auto de 30 de noviembre de 2020, que cobr\u00f3 ejecutoria y que ni siquiera fue recurrido por parte interesada. <\/p>\n
Cabe recordar que \u201cel concepto de la preclusi\u00f3n lo ha entendido generalmente la doctrina moderna y la jurisprudencia como \u2018la p\u00e9rdida, extinci\u00f3n o consumaci\u00f3n de una facultad procesal\u2019, y resulta ordinariamente, de tres situaciones procesales: a) por no haberse acatado el orden u oportunidad preestablecido por la Ley para la ejecuci\u00f3n de un acto; b) por haberse realizado una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya, anterior y v\u00e1lidamente esa facultad\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, pas\u00f3 a estudiar el m\u00e9rito cambiario del pagar\u00e9 aportado con la demanda, y sobre el particular resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abEs importante destacar ahora que -como se resalt\u00f3 en la sentencia apelada- ese pagar\u00e9 re\u00fane tanto los requisitos previstos en el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio para la generalidad de los t\u00edtulos-valores, como las exigencias que para esta clase espec\u00edfica de instrumentos negociables consagra el art\u00edculo 709, ibidem, pues incorpora la promesa incondicional de pagar (a la orden) una suma determinada de dinero ($28.509\u2019164.579) a favor de Emgesa S.A. E.S.P. (ejecutante) y a cargo de Axia Energ\u00eda S.A.S. E.S.P. (ejecutada), con sus intereses de mora. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, ni al plantear los reparos, ni al sustentarlos, la ejecutada especific\u00f3 las razones por las cuales el t\u00edtulo valor base de este litigio no reunir\u00eda los requisitos formales previstos en el estatuto mercantil\u00bb. <\/p>\n
Volviendo sobre la cl\u00e1usula compromisoria invocada por la all\u00ed ejecutada, sostuvo que, <\/p>\n
\u00abTampoco emerge, de la literalidad del pagar\u00e9, ni del texto de la carta de instrucciones, que la viabilidad del cobro coercitivo estuviera supeditada a las resultas de un proceso arbitral o a cualquier otra condici\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, en el cartular reza, expresamente, que Axia Energ\u00eda S.A.S. E.S.P. prometi\u00f3 pagar de forma \u201cincondicional\u201d la cifra capital que all\u00ed se registr\u00f3, al paso que en la carta de instrucciones se consign\u00f3 que en el espacio en blanco destinado al capital (A) se incluir\u00eda \u201cel monto de las sumas en mora adeudadas por el deudor al acreedor por concepto de eventual incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Oferta Mercantil de 30 de octubre de 2018\u201d. 2.4. <\/p>\n
Vista la aptitud del pagar\u00e9 para soportar la ejecuci\u00f3n, y que en \u00e9l confluyen las exigencias que contempla el art\u00edculo 709 del estatuto mercantil, conviene resaltar que, como el cartular no fue endosado, en propiedad, por su beneficiario inicial, la viabilidad, mas no la prosperidad, de las defensas perentorias aludidas en los antecedentes de esta providencia, emerge a la luz del art\u00edculo 784 (n. 12) del estatuto mercantil, que permite oponer, a la ac\u00e1 ejecutante, las excepciones derivadas del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo, en este caso, de suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
Ya se anot\u00f3 que -al plantear su apelaci\u00f3n- la ejecutada aleg\u00f3 que la juzgadora a quo desconoci\u00f3 la importancia de lo narrado por el \u201ctestigo de cargo\u201d Javier Mauricio Cepeda Navarro (ingeniero industrial al servicio de la entidad ejecutante); que \u201cno se valor\u00f3 el an\u00e1lisis integral del ordenamiento y contenido de la cl\u00e1usula penal pecuniaria, descartando de tajo pronunciarse sobre la condici\u00f3n acordada por las partes en cuanto que \u2018el valor de esta pena pecuniaria se tomar\u00e1 de los valores pendientes de pago o de las garant\u00edas otorgadas\u2019\u201d y que, en \u00faltimas, el pagar\u00e9 con espacios en blanco se habr\u00eda llenado de forma arbitraria por parte de la ejecutante. <\/p>\n
Sobre el punto ha de decirse que, en estricto sentido, lo \u00fanico que con esa orientaci\u00f3n plante\u00f3 la demandada -apelante- es que su contraparte estaba en la obligaci\u00f3n de demostrar (y no lo hizo) que diligenci\u00f3 el t\u00edtulo con estricto apego a la cl\u00e1usula 9\u00aa del Anexo 23 y a la carta de instrucciones que para el efecto se otorg\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, otra es la distribuci\u00f3n de la carga de la prueba que en la materia consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, es tema suficientemente decantado que los t\u00edtulos valores son documentos que se presumen aut\u00e9nticos, y como tales, hacen fe de su otorgamiento y de las declaraciones o disposiciones que en ellos se hayan consignado (arts. 244 y 261, C.G.P.). Por tal motivo, su contenido, en l\u00ednea de principio, ha de considerarse como una expresi\u00f3n cierta de la voluntad del signatario y, por ende, si alguna duda subsistiera en punto al diligenciamiento o al contenido del cartular, la misma habr\u00eda de absolverse en contra de la parte ejecutada, pues al tenor del art\u00edculo 167, C.G.P., es a ella a quien corresponde probar la veracidad del sustrato f\u00e1ctico de su oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo particular, agreg\u00f3, <\/p>\n
\u00abAqu\u00ed, es asunto pac\u00edfico que la parte opositora suscribi\u00f3 un pagar\u00e9 con espacios en blanco para que fuera diligenciado por su leg\u00edtimo tenedor de conformidad con la carta de instrucciones, en la que se plasm\u00f3 que \u201cel espacio en blanco denominado A. El Valor que se encuentra en el primer p\u00e1rrafo del pagar\u00e9 001 se incluir\u00e1 el monto de las sumas adeudadas por el deudor al acreedor por concepto del eventual incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la oferta mercantil de fecha 30 de octubre de 2018\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el \u00e9xito de aquellas excepciones de m\u00e9rito respecto de las cuales, con su apelaci\u00f3n, la opositora insiste en sacar airosas, estaba condicionado a que ella hubiera demostrado, y no lo hizo, que su contraparte diligenci\u00f3 los espacios en blanco dejados en el pagar\u00e9 con franco desconocimiento de la carta de instrucciones. <\/p>\n
Con su apelaci\u00f3n, la ejecutada ni siquiera hizo alusi\u00f3n a un monto dinerario de capital distinto por el que, en su sentir, hab\u00eda de completarse ese t\u00edtulo valor. Tampoco nada prob\u00f3 a esos respectos, seg\u00fan le incumb\u00eda. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre la cuant\u00eda de la suma principal que se insert\u00f3 en el pagar\u00e9, en la demanda se ofreci\u00f3 suficiente ilustraci\u00f3n, pues armonizando con lo dicho en el escrito que recoge el negocio jur\u00eddico de oferta mercantil, aceptada, y que involucra un contrato de suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la actora advirti\u00f3 que tom\u00f3 el 10% del \u201cvalor del contrato\u201d y le rest\u00f3 unas cantidades que, a su vez ella adeudaba a su contraparte. <\/p>\n
La opositora apelante no exterioriz\u00f3 razones que espec\u00edficamente desvirtuaran el c\u00e1lculo que, de forma consecuente y arm\u00f3nica con lo reci\u00e9n resaltado por el Tribunal, se ofreci\u00f3 en la sentencia apelada, ni tampoco las cifras, conceptos y pautas temporales que su contraparte aplic\u00f3 para cuantificar la obligaci\u00f3n principal pecuniaria materia de este litigio. <\/p>\n
Sobre ello y de manera un tanto lac\u00f3nica, la ejecutada aleg\u00f3 que el \u201ctestigo de cargo\u201d Javier Mauricio Cepeda Navarro (ingeniero industrial al servicio de la entidad ejecutante), se pronunci\u00f3 sobre ese tema tan relevante en este debate, pero que, en \u00faltimas refiri\u00f3 datos que no ofrecer\u00edan total coincidencia con los conceptos y cifras por los que se complet\u00f3 el pagar\u00e9 y que no se aplic\u00f3 lo que -en punto al principio de congruencia- establece en su inciso cuarto el art\u00edculo 281 del C. G. del P., pese a que la opositora lo invoc\u00f3 as\u00ed en la fase de alegaciones de primera instancia. <\/p>\n
En el criterio del Tribunal, la debilidad de ese reproche es ostensible, porque a la vaguedad del ataque -carente de una verdadera confrontaci\u00f3n en torno a la cuantificaci\u00f3n de la pena, entre el contenido del cartular que soporta la ejecuci\u00f3n, y lo que se impondr\u00eda concluir sobre estos \u00edtems a partir del testimonio en cita- se a\u00f1ade que, de conformidad con el art\u00edculo 225 del C. G. del P., el m\u00e9rito probatorio del testimonio se ve mermado con motivo de la presencia de la prueba documental (pagar\u00e9, carta de instrucciones y escrito que recoge la \u201copci\u00f3n de compra\u201d), que refrenda un\u00edvoca e inequ\u00edvocamente los montos y cifras que se incorporaron al pagar\u00e9 por ese concepto principal (pena). <\/p>\n
A diferencia de lo que esboz\u00f3 la apelante, la situaci\u00f3n en comento no se amolda a la hip\u00f3tesis que regula el inciso cuarto del art\u00edculo 281, ibidem, que impone el reconocimiento de \u201ccualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por supuesto, la presencia de un hecho sobreviniente de tanta trascendencia no puede deducirse del acto mismo de recepci\u00f3n del testimonio en menci\u00f3n, el cual -para lo que aqu\u00ed importa- vers\u00f3 sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar concernientes a situaciones acaecidas con antelaci\u00f3n a la radicaci\u00f3n de la demanda, y en las que la parte opositora finc\u00f3 sus defensas principales. <\/p>\n
Bueno es poner en relieve que la opositora dej\u00f3 de atacar el despacho adverso que el juez de primera instancia imprimi\u00f3 a la excepci\u00f3n de \u201cinexistencia del incumplimiento contractual por la parte demandada, defensa perentoria de la que ella quiso prevalerse con soporte en una eventual variaci\u00f3n sobreviniente de las condiciones del mercado que conciernen al negocio jur\u00eddico subyacente, de suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica, que le habr\u00edan impedido seguir proporcionando tal aprovisionamiento a su contraparte, seg\u00fan lo esperado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10410-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10410-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02529-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Axia Energ\u00eda S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}