STC10413-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10380-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Jorge Ernesto Umbarila Velandia frente a la sentencia del pasado 20 de enero, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por \u00e9l contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de esta misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Laboral) y el Juzgado 26\u00b0 Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, as\u00ed como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. ESP – ETB y la Procuradur\u00eda Delegada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abfavorabilidad, (\u2026) prevalencia del derecho material, (\u2026) seguridad social\u00bb y \u00abnegociaci\u00f3n colectiva\u00bb, presuntamente conculcadas por la Colegiatura repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene dirimir de nuevo en sede extraordinaria, dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2016-00447\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado 26\u00b0 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se surti\u00f3, bajo el consecutivo y especialidad descritos a espacio, demanda del titular del pedido de resguardo de marras contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. ESP – ETB, dirigida al reconocimiento y pago de una \u00abpensi\u00f3n [de jubilaci\u00f3n] convencional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda provino fallo adverso a las pretensiones, el 24 de agosto de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La resoluci\u00f3n en cita la mantuvo el Tribunal Superior del correspondiente Distrito Judicial, Sala Laboral, en v\u00eda de apelaci\u00f3n del all\u00ed reclamante (ahora quejoso), a trav\u00e9s de sentencia de 7 de marzo de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Veredicto este que, a su turno, no lo cas\u00f3 la Colegiatura fustigada, en pronunciamiento CSJ SL4020, 23 ag. 2021, rad. 84467, por recurso del mismo extremo litigante. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El ac\u00e1 precursor critic\u00f3 la decisi\u00f3n del juez extraordinario pues, en estricto compendio, quiso pasar por alto el \u00abprecedente constitucional\u00bb y de su Sala permanente sobre la aplicabilidad del principio de interpretaci\u00f3n \u00abm\u00e1s favorable\u00bb, con mayor raz\u00f3n si el cumplimiento de la edad de retiro a la luz de convenciones colectivas como la de la ETB \u00abes un requisito de exigibilidad\u00bb, que no de \u00abcausaci\u00f3n\u00bb; por tanto, podr\u00eda cumplirse en cualquier tiempo posterior. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 26\u00b0 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 memor\u00f3 lo rituado en el decurso de trabajo disentido. Se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar, a la postre, que la determinaci\u00f3n cuestionada \u00abno se advierte(\u2026) arbitrari[a]\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el convocante, quien asistido del mandatario persisti\u00f3 en sus ataques y discrep\u00f3 de las conclusiones del a-quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corresponder\u00e1 indagar en sus cimientos el fallo CSJ SL4020, 23 ag. 2021, rad. 84467, dimanado de la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n repelida, al ser el que acapara las cr\u00edticas ahora tra\u00eddas por el quejoso y, en \u00faltimas, porque defini\u00f3 cualquier tipo de discusi\u00f3n sobre la prestaci\u00f3n por \u00e9l perseguida en el litigio disentido. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[L]a Sala identifica como problema jur\u00eddico establecer si se equivoc\u00f3 el Tribunal al no reconocer una pensi\u00f3n de car\u00e1cter convencional al demandante, por el influjo del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre su expectativa pensional, con lo que hubiera desconocido el status pensional hab\u00eda adquirido con anterioridad al 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Para resolverlo, se advierte que quedaron por fuera de cualquier discusi\u00f3n, y as\u00ed lo admite la censura, las siguientes conclusiones f\u00e1cticas: (i) el demandante naci\u00f3 el 16 de julio de 1964, por lo que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2014; (ii) entre las partes existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido que comenz\u00f3 el 31 de mayo de 1990 y estaba vigente al momento de presentaci\u00f3n de la demanda; (iii) para el 31 de julio de 2010 contaba con m\u00e1s de veinte a\u00f1os de servicios; (iv) que ejecut\u00f3 un contrato de aprendizaje entre el 30 de enero de 1989 y el 2 de abril de 1990 y (v) que era beneficiario de las convenciones colectivas pactadas entre la compa\u00f1\u00eda demandada y Atelca, organizaci\u00f3n sindical a la cual estaba afiliado. <\/p>\n
Bajo el anterior panorama, el reproche de la censura est\u00e1 dirigido a considerar que su expectativa pensional se vio consolidada al 31 de julio de 2010 dado que cumpli\u00f3 con los requisitos consagrados en los art\u00edculo[s] 25 y 26 de la recopilaci\u00f3n de normas convencionales realizada al 31 de diciembre de 1997. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Advierte la Sala que la expectativa pensional convencional estaba supeditada al cumplimiento por parte del trabajador interesado al menos, de veinticinco a\u00f1os de servicios a la compa\u00f1\u00eda, o de veinte en entidades oficiales, incluida la demandada y 50 de edad. <\/p>\n
Sin embargo, este panorama extralegal se vio impactado por el influjo del Acto Legislativo 01 de 2005, sobre el cual ya la Corte ha sentado de tiempo atr\u00e1s su postura, por la cual se concluye, en contrav\u00eda de lo dicho por el demandante, que el entendimiento de los efectos del citado Acto Legislativo sobre las previsiones pensionales extralegales corresponde a la salvaguarda de los derechos adquiridos, b\u00e1sicamente, (i) si se consolidaron con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia del Acto Legislativo y (ii) si fueron negociados por primera vez antes del vigor del mencionado acto, pero se consolidaron durante \u00e9ste, dependiendo de la vigencia inicial. <\/p>\n
De esta manera, si el demandante ten\u00eda la expectativa de pensionarse bajo un r\u00e9gimen extralegal como el vigente en la compa\u00f1\u00eda demandada, deb\u00eda consolidar su derecho con antelaci\u00f3n al 29 de julio de 2005, fecha de vigencia de la mencionada reforma constitucional y que fij\u00f3 hasta tal fecha, el acceso a cualquier r\u00e9gimen extralegal pensional con la finalidad de unificar las reglas pensionales conforme los postulados de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Ahora bien, con posterioridad a dicha fecha, las reglas que gobernaban el derecho pensional se mantendr\u00edan vigentes \u00ab[\u2026] por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb en el acuerdo extralegal, seg\u00fan el Acto Legislativo 01 de 2005, y en general, perder\u00edan vigencia el 31 de julio de 2010, de manera que, en principio, para poder acceder, el demandante deb\u00eda completar tanto el requisito de tiempo de servicios, como el requisito de edad, antes de aquella fecha, es decir, antes del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
As\u00ed lo ha dejado en claro la Sala en diversas providencias donde se ha discutido el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, entre otras, en CSJ SL15583-2017, CSJ SL14075-2017, CSJ SL13756-2017, CSJ SL12498-2017; CSJ SL12420-2017; CSJ SL4927-2017; CSJ SL13649-2017; CSJ SL6116-2017; CSJ SL4285-2017; CSJ SL4963-2016; CSJ SL13267-2016; CSJ SL4963-2016; CSJ SL1409-2015; CSL SL642-2013; CSJ SL, 24 abril 2012, radicado 39797; CSJ SL, 20 octubre 2009, radicado 34044; CSJ SL, 23 enero 2009, radicado 30077; CSJ SL, 3 abril 2008, radicado 29907; CSJ SL, 31 enero 2007, radicado 31000; y as\u00ed lo expres\u00f3 en sentencia CSJ SL12498-2017, reiterada en las recientes providencias CSJ SL2257-2018, CSJ SL836-2018, CSJ SL726-2018, CSJ SL1400-2018, CSJ SL110-2018, CSJ SL314-2018, CSJ SL459-2018, CSJ SL461-2018, CSJ SL703-2018, CSJ SL1428-2018, CSJ SL1286-2018, CSJ SL1495-2018, CSJ SL1799-2018, CSJ SL1961-2018, CSJ SL1996-2018, CSJ SL2094-2018, CSJ SL2407-2018, CSJ SL2417-2018, CSJ SL2413-2018, CSJ SL2677-2018 y la CSJ SL602-2018\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo anterior quiere decir que, para el caso bajo estudio, las reglas extralegales pensionales afectaban la expectativa del demandante circunscribiendo su procedencia a la plena conformidad de todos los requisitos antes del 31 de julio de 2010, lo que no logr\u00f3 ni respecto del tiempo de servicios de veinticinco a\u00f1os, pues fue lo que solicit\u00f3 en su primigenia demanda, ni de la edad m\u00ednima exigida, conforme lo sent\u00f3 el Tribunal, pues cumpli\u00f3 los 50, el 16 de julio de 2014. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por todo lo anterior, no se equivoc\u00f3 el Tribunal cuando concluy\u00f3 que la pensi\u00f3n convencional reclamada hab\u00eda perdido vigencia el 31 de julio de 2010, fecha para la cual el demandante no cumpli\u00f3 con los requisitos previstos en el texto extralegal para su disfrute, todo lo cual qued\u00f3 protegido bajo el amparo del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u2026 <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que desdice de las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Colegiatura encartada, con asidero en criterios de su Sala permanente, dispuso no invalidar el fallo de apelaci\u00f3n, adverso a las pretensiones laborales de aquel, luego de estimar que la pensi\u00f3n reclamada no se caus\u00f3 (m\u00e1s all\u00e1 de lo referente al factor de tiempo de servicios), dada la insatisfacci\u00f3n del requisito de la edad de retiro al \u00ab31 de julio de 2010\u00bb2, fecha \u00faltima prevista en el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio, no sin antes recordar, con ocasi\u00f3n del soslayo de jurisprudencia atribuido en los reproches, que para esta Magistratura es crucial el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad del amparo, no atisbadas en el debate sub examine. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los precedentes CSJ STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo fue remitido a esta Sala Civil de Casaci\u00f3n, para tales fines, s\u00f3lo hasta el 14 de julio \u00faltimo, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Pues, como se acotara en el fallo disentido, el aqu\u00ed inicialista cumpli\u00f3 los 50 a\u00f1os convencionalmente exigidos el \u00ab16 de julio de 2014\u00bb. <\/p>\n
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