STC10415-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10415-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 20001-22-14-004-2022-00144-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 8 de julio de 2022, en la acci\u00f3n tutela promovida por Sonia Salazar Ortiz contra el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1-Cesar-, tr\u00e1mite al que se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en la acci\u00f3n popular con radicado 2016-00212. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la solicitante, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, en el tr\u00e1mite atr\u00e1s referido. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 12 de diciembre de 2016 la Gobernaci\u00f3n del departamento de Cesar instaur\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Inversiones Argos y Otros, que le fue asignada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, despacho que declar\u00f3 su incompetencia por falta de jurisdicci\u00f3n y orden\u00f3 remitirla al Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, despacho que a su vez plante\u00f3 una colisi\u00f3n de competencias negativas, siendo resuelta por el Tribunal Superior de Valledupar, autoridad que determin\u00f3 que el competente era este \u00faltimo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, luego de m\u00e1s de 5 a\u00f1os de haber avocado conocimiento, el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, en auto de 29 de marzo de 2022 declar\u00f3 la falta de competencia y orden\u00f3 remitirlo a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n, sin que hasta la fecha de formulaci\u00f3n de la tutela hubiese sido resuelto. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 revocar el auto mencionado de 29 de marzo de 2022 y ordenar al Juzgado accionado, que, en el t\u00e9rmino de 48 horas, profiera la sentencia correspondiente en la acci\u00f3n popular referida. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, luego de referir las actuaciones adelantadas en la acci\u00f3n popular objeto de la queja constitucional, manifest\u00f3 en el tr\u00e1mite constitucional se ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa de todos los intervinientes en este asunto. <\/p>\n
2. Grupo Argos SA y Sator SAS, solicitaron declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues no advierten v\u00eda de hecho alguna en la decisi\u00f3n censurada por la accionante, puesto que, la declaratoria de falta de competencia del Juzgado accionado se efectu\u00f3 con fundamento en las normas que rigen la competencia para conocer de las acciones populares. <\/p>\n
3. Juan Manuel Ruiseco Vieira, solicit\u00f3 negar el amparo constitucional, en tanto que el Juzgado accionado con su decisi\u00f3n de 29 de marzo de 2022, no vulner\u00f3 los derechos alegados por la peticionaria, puesto que la controversia planteada en la acci\u00f3n popular versa respecto de un contrato de concesi\u00f3n minera, cuyo titular es el Estado. En tal medida, el juez natural que se encuentra llamado al resolver las controversias en las que se encuentran involucrados contratos estatales y -en particular-t\u00edtulos mineros es el juez contencioso administrativo. <\/p>\n
4. CNR III LTDA. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACI\u00d3N se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de la tutela, en tanto que, el juez de tutela no puede impartir \u00f3rdenes que desconozcan y violen la autonom\u00eda judicial, imponiendo al juez de la acci\u00f3n popular que pase por encima del procedimiento previsto en la ley para dar tr\u00e1mite a ese tipo de procesos, obviando sin m\u00e1s las etapas procesales pertinentes que exige la ley para poder emitir un fallo de fondo. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de Agust\u00edn Codazzi Cesar, adujo que no tiene conocimiento de los hechos que originan la presente acci\u00f3n de tutela, ni ha recibido solicitudes de ninguna clase por parte de la accionante, as\u00ed como tampoco tiene relaci\u00f3n con las dem\u00e1s entidades vinculadas al proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Valledupar, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al acreditarse el requisito de la subsidiariedad por prematura, por contar la accionante con otros mecanismos a su alcance, al referir que, el recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n formulados contra el auto de 29 de marzo de 2022, fueron objeto de pronunciamiento el 4 de mayo siguiente, donde la decisi\u00f3n qued\u00f3 inc\u00f3lume y neg\u00f3 el recurso subsidiario de apelaci\u00f3n por improcedente, providencia que a su vez fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio de queja, por lo que se concedi\u00f3 este \u00faltimo ordenando remitir las diligencias al Tribunal Superior de Valledupar, encontr\u00e1ndose a la espera de pronunciamiento por parte de tal autoridad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n al insistir en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, al no resolverse en tiempo prudencial el litigio, lo que genera un perjuicio irremediable \u00abel que se avizora en contra de la Gobernaci\u00f3n del Cesar y los particulares coadyuvantes de dicha acci\u00f3n popular, porque podr\u00eda entrar en liquidaci\u00f3n el ente empresarial y perderse el valor econ\u00f3mico de las cien (100) acciones del Ente p\u00fablico, que se quieren recuperar mediante la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que bien, el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con esta figura, para acudir a este mecanismo, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que el fallo objeto de censura ser\u00e1 confirmado, pero ante la falta de legitimaci\u00f3n de la accionante y, por ende, del abogado que formul\u00f3 el amparo, respecto de la acci\u00f3n popular con radicado 2016-00212 acumulada con la 2018-00063. <\/p>\n
V\u00e9ase como el abogado presenta la acci\u00f3n de tutela en calidad de apoderado judicial de la se\u00f1ora Sonia Salazar Ortiz, quien a su vez afirma ser coadyuvante en la citada acci\u00f3n popular, y anexa para el efecto poder en aquellos t\u00e9rminos, sin embargo, revisadas las extensas piezas digitales allegadas al expediente constitucional, no se observa que la se\u00f1ora Salazar Ortiz haya sido reconocida como coadyuvante o interesada en la referida acci\u00f3n popular, lo que a todas luces la deslegitima para iniciar la presente acci\u00f3n de tutela contra decisiones proferidas por el despacho accionado. <\/p>\n
4. Y es que, con el fin de constatar tal situaci\u00f3n, el 5 de agosto pasado, mediante correo electr\u00f3nico, se requiri\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 Cesar, a fin de que informara a esta Sala, si la accionante fue reconocida en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, como coadyuvante, demandante o tercera interesada, recibiendo respuesta el 8 de agosto, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
5. Puestas de ese modo las cosas, observa la Sala que las pretensiones de la aqu\u00ed accionante estaban llamadas al fracaso, toda vez que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, en tanto que, en la acci\u00f3n popular tantas veces referida, la titular de los derechos superiores supuestamente vulnerados, no integra ninguno de los extremos de la litis, luego es incontrovertible que no revela legitimaci\u00f3n en la causa para elevar el reclamo constitucional aqu\u00ed pretendido. <\/p>\n
6. Conforme a lo anterior, y puesto que la legitimaci\u00f3n para actuar es un presupuesto de la acci\u00f3n de tutela, que en este caso no se cumple, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, pero por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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